El Equipo de Delitos contra las Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de A Coruña, junto con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) de Lugo, están investigando a tres personas como presuntas responsables de un delito contra los derechos de los trabajadores. Durante una inspección en una explotación agrícola situada en el oeste de Lugo, en Begonte, se detectó la presencia de 82 migrantes en situación irregular que, presuntamente, estaban siendo explotados laboralmente al no cumplir la legislación laboral.

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Fran Pérez

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Los empleados denuncian largas jornadas laborales, amenazas y sanciones para que produzcan más rápido, viviendas muy precarias y racismo.

La Guardia Civil tuvo conocimiento de que un centenar de personas de origen africano se encontraba alojado en un antiguo hotel de la localidad de Ordes, pese a que este no contaba con licencia de hostelería. La operación comenzó cuando un residente del inmueble informó sobre la llegada repentina de un gran número de personas que parecían estar desorientadas.

Se descubrió que estas personas habían viajado desde el sur del Estado español, principalmente desde Granada, con la promesa de trabajar en una explotación agrícola en Lugo. Al llegar, eran distribuidas en diferentes inmuebles de varias localidades, donde se les cobraba una tarifa diaria tanto por el alojamiento como por el transporte hacia los campos de cultivo.

La localización de la explotación agrícola llevó a la planificación de un operativo conjunto entre la ITSS de Lugo, la UOPJ de A Coruña y efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo, debido a la gran extensión de la explotación, una de las más grandes de la provincia. Durante la inspección, se encontraron 92 trabajadores, de los cuales 82 eran personas en situación irregular, sin permiso de residencia ni trabajo.

La investigación permitió destapar una trama empresarial dedicada a facilitar la contratación irregular de jornaleros. Las empresas responsables de la explotación subcontrataban a través de una empresa de trabajo temporal con sede en Sevilla. Esta empresa registraba de manera ficticia a un pequeño grupo de trabajadores en situación regular, mientras empleaba sin contrato al resto. Como resultado de esta operación, se está investigando a tres personas vinculadas a varias de las empresas implicadas en estos hechos.