Fronteras
Por qué la sociedad civil no colabora con la supuesta Guardia Costera Libia

Rescatar en el Mediterráneo no es lo mismo que rescatar en otras aguas, salvar vidas en el Mediterráneo central hoy es sistemáticamente objeto de sospecha, desafío y especulación. Quienes rescataron o fueron rescatados en estas aguas en el último año, también fueron sistemáticamente castigados con semanas de espera en el mar, en condiciones de hacinamiento crítico y recursos limitados, sin un puerto seguro donde desembarcar. Todo esto pasa porque nosotras, la sociedad civil en el mar, nos negamos firmemente a devolver a las personas rescatadas en el mar a Libia.

“Los guardacostas libios están haciendo un gran trabajo y seguiremos apoyándolos”, así hablaba el nuevo ministro del Interior italiano Lamorgese el pasado 23 de septiembre en Malta, tras el esperado encuentro sobre la crisis migratoria con sus contrapartes alemán y francés.

Desde el 27 de junio de 2018 la Organización Marítima Internacional (IMO) reconoce a Trípoli como un Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo (MRCC) gracias al apoyo de los gobiernos europeos a la llamada Guardia Costera Libia, a cambio de su compromiso de interceptar los botes que zarpan de sus costas y devolverlos a Trípoli, a pesar de que las Naciones Unidas hayan declarado abiertamente que Libia no puede ser considerada un lugar seguro donde desembarcar a las personas rescatadas en el mar. Además los supuestos guardacostas libios son de facto una milicia que opera bajo las órdenes de las autoridades de Trípoli, donde se sufre un conflicto civil fuera de control.

Los supuestos guardacostas libios son de facto una milicia que opera bajo las órdenes de las autoridades de Trípoli, donde se sufre un conflicto civil fuera de control.

La sociedad civil comprometida en el rescate marítimo en el Mediterráneo central ha sumado en los últimos años unas cuantas buenas razones para negarse a cooperar con la supuesta Guardia Costera Libia. La sociedad civil estaba allí cuando buques que se identificaban como guardacostas libios disparaban al aire para amenazar a los barcos de las oenegés. La sociedad civil estaba allí el 15 de agosto de 2017 cuando la autoproclamada Guardia Costera Libia intentaba secuestrar en Trípoli al barco de rescate Golfo Azzurro amenazando con abrir el fuego contra los humanitarios. La sociedad civil estaba allí, a bordo de las lanchas de Sea Watch, el 6 de noviembre de 2017 cuando al menos 20 personas se ahogaron ante el barco militar libio Ras Jadir. La sociedad civil estaba allí el 17 de julio 2018, cuando Open Arms encontró a un único superviviente y dos cadáveres, entre ellos el de un niño, abandonados en alta mar por los libios.

Yo misma estaba allí, como equipo médico voluntario de Open Arms, escuchando los testimonios de los marineros en la cubierta del Nuestra Madre de Loreto, el pequeño barco pesquero de Santa Pola, que se negó a traer a doce personas de vuelta a Trípoli después de presenciar la violenta operación de los llamados guardacostas libios cuando se acercaban a un barco de goma a pocos kilómetros. Se quedaron atónitos ante el número de personas en el agua, abandonadas por el buque en la noche en el medio del mar. Sólo lograron rescatar a doce de ellos.

También estuve allí el verano pasado, cuando cruzamos la ruta con la lancha patrullera Tallil 267, acercándonos a alta velocidad mientras completábamos la evacuación de 53 personas de una patera de goma tambaleante. Si hubieran llegado primero, lo más probable es que todas ellas hubieran sido llevadas de vuelta al centro de detención de migrantes de Al-Nasr, a Libia. Pero la milicia no encontró a nadie a bordo, y se conformó con recuperar el motor. ¿Por qué un barco de patrulla de la Guardia Costera estaría interesado en recuperar el motor de una patera de goma abandonada? sería una pregunta legítima. La respuesta es obvia para quienes los conocen. Para usarlo de nuevo.

Más tarde averiguamos que se trataba del Tallil 267, barco militar holandés conocido por ser el buque principal de Abdou al Rahman al-Milad, también conocido como al-Bija, el comandante de la unidad regional de la presunta Guardia Costera libia de Zawiyah. Algunos de los ex detenidos del centro de detención de al-Nasr nos hablaron de un libio, muy violento y siempre armado, encargado de la selección de las personas que desde el centro tenían que embarcarse en las pateras con destino a Europa y llevarlos a la playa. Todos podían reconocerlo por la falta de las dos falanges de su mano derecha. Al Bija Abdou al Rahman al-Milad, juega entonces un doble juego en el que, por un lado, operando como guardacostas libios, detiene a los traficantes rivales. Mientras por el otro lado trafica seres humanos el mismo.

Desde el 7 de junio de 2017, Abdou al-Rahman al-Milad ha sido incluido en la lista de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por estar “sistemáticamente vinculado a la violencia contra los migrantes y contra otros traficantes de personas”. Sus operaciones y su disfraz son igualmente conocidos por las personas que intentan escapar del centro de detención, así como lo son por las más altas autoridades de Europa y de la ONU.

A principios de 2017, Nancy Porsia informaba del testimonio de una fuente militar en Zawyia que declaraba que “Al-Bija es el líder indiscutible del tráfico de migrantes”. Sin embargo, pocos días antes de la publicación de la lista de sanciones, el 11 de mayo de 2017, al-Bija fue invitado a una reunión con funcionarios de los servicios de inteligencia italianos en Mineo, Sicilia, para negociar junto con otras autoridades norteafricanas las estrategias para bloquear la salida de los migrantes de las costas africanas, como lo demostró Nello Scavo en una reciente publicación para su periódico Avvenire. A partir de ese día, las salidas de inmigrantes y refugiados de Libia cayeron a su punto más bajo de todos los tiempos, reduciéndose progresivamente en más de un 50% cada mes después de la reunión con Abdou al-Rahman al-Milad, tal y como muestran claramente los datos de Matteo Villa del ISPI.

Había diez ONG de rescate en el mar en el verano de 2017. Hoy hay cinco. Todas las organizaciones que siguieron rescatando en el Mediterráneo central se convirtieron en blanco de procesos de criminalización

>Ese verano, Italia también elaboró un código de conducta patrocinado por la UE para las oenegés operantes en el Mediterráneo central. El código permite a los buques de las ONG desembarcar a los migrantes en puertos italianos a condición de que colaboren con las autoridades, incluido el supuesto servicio de guardacostas libio, y de que acepten la presencia de personal de las fuerzas del orden a bordo. Cinco de las nueve organizaciones de rescate que operaban en ese momento han firmado el Código y las demás se han negado firmemente. Había diez ONG de rescate en el mar en el verano de 2017. Hoy hay cinco. Todas las organizaciones que siguieron rescatando en el Mediterráneo central se convirtieron en blanco de un proceso de criminalización liderado por las autoridades italianas y de la UE.

El gobierno de al-Sarraj en Trípoli, respaldado por la ONU y la UE, está cooperando con las milicias y las bandas armadas que comparten el negocio de todo el tráfico ilegal, incluido —y especialmente— el de los inmigrantes. Abdou al Rahman al-Milad ha estado luchando para las fuerzas de al-Sarraj y ahora trabaja bajo la protección de Mohamed Khushlaf, también conocido como al-Qasseb, jefe de la milicia que controla la refinería de Zawiyah, un nodo central de operaciones de contrabando de migrantes. Khushlaf también controla varios centros de detención, incluido el centro de detención de Al-Nasr, donde la llamada Guardia Costera local retiene a los migrantes capturados en el mar.

El vínculo entre Khushlaf y al-Milad ha sido señalado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y confirmado por los testimonios de los antiguos prisioneros del centro al-Nasr que reconocen al supuesto capitán de la guardia costera vendiéndoles pasajes a Europa dentro del mismo centro de detención. Los dos básicamente trabajan juntos, uno manejando centros de detención y el otro a cargo de las operaciones de arresto, situados en las altas posiciones tanto de los traficantes como de la fuerza anti-tráfico.

El centro de detención de migrantes de Al-Nasr en Zawyiah es una base militar en desuso, situada cerca del mar y de la refinería donde opera la milicia de Mohamed Khushlaf. Este centro recibe constantemente a unos 500 detenidos a la vez, hombres, mujeres y niños. Los ex prisioneros del centro de detención refirieron también la presencia de una oficina de la OIM (Organización Internacional para las Migraciones, Naciones Unidas) al interior del centro de detención, de la que al parecer están a cargo dos operadores: un libio, conocido como Mohammed, y un asistente, que visten su uniforme de la OIM; sin embargo, en ningún momento el personal de esta agencia internacional pareció estar interesado en ocuparse de las personas encarceladas.

La presencia de los organismos de las Naciones Unidas en Libia parece una formalidad: un antiguo miembro del personal del ACNUR describe a Sara Creta una agencia incapaz de ofrecer ningún tipo de apoyo a los solicitantes de asilo que no están en centros de detención por lo que algunos migrantes afirman tener que pagar a los guardias de los centros de detención oficiales para tener más posibilidades de ser evacuados por el ACNUR; estar detenido en uno de los centros de detención se convierte paradójicamente en una condición necesaria para ser tomado en consideración por la agencia. Hasta las mayores instituciones internacionales parecen fallar en Libia, afectadas por corrupción, por una “cultura de la impunidad” caracterizada por errores de procedimiento y por inadecuación del personal local frente a decenas de miles de migrantes en situación de extrema vulnerabilidad.

Los testimonios directos procedentes del centro de detención son terribles: las personas detenidas son víctimas de repetidos actos de violencia física que consisten en palizas sistemáticas con palos, culatas de rifle, mangueras de goma, latigazos y descargas eléctricas. Se llevan a cabo amenazas graves y constantes con el uso de armas o golpeando brutalmente a otros migrantes como gesto demostrativo, todo ello acompañado de la privación de las necesidades básicas, como agua potable o alimentos, instalaciones sanitarias y atención médica por enfermedades contraídas en el campamento o lesiones graves provocadas por los guardias, hasta asesinatos y ejecuciones.

El pasado 19 de septiembre, la OIM reportaba la muerte de un joven refugiado, asesinado a tiros por los guardias libios debido a los disturbios contra la detención arbitraria tras ser devuelto a Libia desde el mar. Dos días después, el Primer Ministro italiano declaró con orgullo su apoyo a la llamada Guardia Costera de Libia, “porque —aseguró con orgullo— este apoyo mediante la intervención italiana, contiene cada día cientos de migrantes”.

La sociedad civil está luchando en su batalla por los derechos humanos en el Mediterráneo central. Ya sea en tierra o en el mar, estamos denunciando los crímenes de las autoridades locales e internacionales. Como el precio es alto para muchos de nosotros, los resultados hasta ahora han sido insuficientes. Recordaremos estos años como la época en que la única defensa de los derechos humanos provenía de las organizaciones de la sociedad civil. Recordaremos los ataques políticos, la criminalización y el ostracismo intencional de la coordinación del rescate marítimo, ya que las autoridades decidieron cooperar con los criminales, las milicias y los traficantes. Hay una razón clara por la que no cooperaremos con la Guardia Costera libia, y es que traer a la gente de vuelta a Libia no es un rescate: es una devolución en caliente, prohibida por el derecho internacional y los principios más básicos de humanidad. Es un crimen contra los derechos humanos.