Especulación urbanística
Mercadona amenaza 180.000 metros cuadrados de huerta protegida

Son las siete de la tarde de un día primaveral en la huerta de València. Los últimos rayos de sol iluminan los campos ubicados entre Albalat dels Sorells y la pedanía de Mauella y Tauladella. Lluís Fontelles y Marc Ferri, activistas de la asociación Per l'Horta, nos esperan al inicio de un camino que justo separa el complejo de oficinas centrales de Mercadona en Albalat, en proceso de ampliación, y los campos cultivados. Hace seis meses que monitorizan la actividad de la distribuidora alimentaria, desde que junto a las oficinas asfaltó ilegalmente un parking, el cual, después de las protestas ecologistas y vecinales, se vieron obligados a demoler parcialmente. La construcción, sin embargo, ha puesto en el punto de mira cualquier movimiento de Mercadona en una zona dónde, según ha comprobado la Directa, posee 179.486 metros cuadrados —17 campos de fútbol de la máxima superficie— de huerta productiva y protegida, de los cuales, casi 70.000 ya los intentó urbanizar la exalcaldesa del PP Rita Barberà en 2015.

A través de varias consultas en el registro de la propiedad, La Directa ha podido certificar que el presidente de Mercadona, Juan Roig, ostenta la titularidad de 86 parcelas, adquiridas entre los años 2009 y 2023 y repartidas en tres términos municipales: Albalat y Museros, donde la propietaria es Ciudadela Nort SL, la sociedad de Roig destinada a la compra de suelo urbanístico y agrícola; y en València-Mauella, donde la mercantil propietaria es directamente Mercadona SA.

Lluís Fontelles como Marc Ferri defienden que Mercadona “está haciendo compras especulativas de huerta protegida, una clara apuesta por que cambie en un futuro la clasificación y poder así urbanizarla”

Hay que destacar que un total de 86.091 metros cuadrados —la mayor parte en el término municipal de València-Mauella, ante las oficinas— los adquirió a partir de marzo de 2018, cuando ya estaba vigente la ley de l'Horta (del 6 de marzo de 2018) y se estaba tramitando el plan de acción territorial de ordenación y dinamización de la huerta, en vigor desde diciembre de 2018. Es por eso que tanto Lluís Fontelles como Marc Ferri defienden que Mercadona “está haciendo compras especulativas de huerta protegida, una clara apuesta por que cambie en un futuro la clasificación y poder así urbanizarla”.

A pesar de ser huerta protegida, desde el 2018 hasta la actualidad, Mercadona hace uso de una parte de estos terrenos (5.040 metros cuadrados) como zona de almacén a cielo abierto de las obras de ampliación del complejo de oficinas y del Centro de Datos y Servicios de Mercadona, con la construcción de un centro de innovación que prevé inaugurar en 2025. La proximidad de los terrenos de huerta protegida que posee Mercadona con las instalaciones ha hecho saltar las alarmas a las activistas de Per l'Horta: “puede estar muy interesada en estas tierras para continuar ampliando lo centro en los próximos años, y el almacén y el parking son una prueba de sus intereses”, sentencia Ferri. Y añade Fontelles: “Mercadona tiene una gran capacidad de incidencia en el País Valenciano. Podría ejercer mucha presión para construir, más encara con un gobierno favorable a sus intereses”.

Gracias a la presión social ejercida, el pasado abril Mercadona demolió el parking que había asfaltado en febrero de 2024. Para Fontelles y Ferri, la demolición es “insuficiente”

La actividad del almacén pasó desapercibida para el movimiento en defensa de la huerta, hasta que en febrero de 2024, la asociación detectó que en las dos parcelas limítrofes a las pavimentadas en 2018 había empezado a construir un parking de 4.744 metros cuadrados. Per l'Horta interpuso una denuncia a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio y algunos miembros de la asociación, por iniciativa de Mercadona, mantuvieron una reunión con responsables de la cadena. La distribuidora comunicó a las activistas que solo disponía de un permiso “verbal” para pavimentar y que una vez tuvieron el complejo de oficinas construido, lo revertiría y el terreno volvería “a su estado original”.

Gracias a la presión social ejercida, el pasado abril Mercadona demolió el parking que había asfaltado en febrero de 2024. Ahora, unas vallas opacas marcan el perímetro del almacén ilegal de Mercadona levantado en 2018, aún sin derribar, y una mezcla de tierra degradada y grava indica donde había construido el aparcamiento. Para Fontelles y Ferri, la demolición es “insuficiente”. “En primer lugar, porque no se ha quedado como un espacio de huerta cultivable y, en segundo, porque todavía mantienen el asfalto del almacén”, matiza Fontelles. Per l'Horta continúa a la espera de recibir noticias sobre la denuncia presentada para revertir los 10.000 metros cuadrados de huerta protegida pavimentados por Juan Roig.

La Directa ha contactado con el departamento de prensa del Ayuntamiento de València y la concejalía de Urbanismo, tanto por correo electrónico, como por vía telefónica, para consultar si Mercadona disponía de los permisos para pavimentar en 2018 y 2024. Después de insistir a lo largo de varias semanas, desde el departamento de prensa, la única respuesta facilitada ha sido: “entiendo que cuenta con la licencia”. La Directa también ha preguntado en Mercadona sobre los supuestos permisos, si tiene previsto demoler el almacén, así como sobre las futuras actividades previstas en la zona, cuestiones que ha obviado para solo contestar: “el uso provisional que hicimos para parking [en referencia en la zona asfaltada en 2024] ya se revirtió”.

Otro indicio que hace sospechar la Asociación de Per l'Horta de los posibles intereses urbanísticos en la zona es el precio que habría pagado Mercadona por cada fanega —unidad de medida tradicional que equivale a 831 metros cuadrados—. Tal como nos han asegurado varios labradores de Albalat y Mauella, Juan Roig habría pagado entre 40.000 y 50.000 euros por fanega, cosa que supondría un gasto total de entre 8,6 y 10,8 millones de euros. “Queda claro que estaba muy interesado en estos terrenos y no para cultivarlos, precisamente, porque Mercadona se mueve en una escala mucho más grande que el parcelario reducido de la huerta. Además, es una zona muy golosa, porque está rodeada de suelo urbano”, subraya Fontelles. Por ahora, según fuentes consultadas por la Directa, Mercadona tiene arrendadas las tierras a labradores que las cultivan, lo cual, para Ferri, tiene una consecuencia directa sobre la huerta: “si el labrador no es el propietario, no hay el mismo interés en invertir y cuidar la tierra”.

El plan fallido de Rita Barberà para Mauella

No sería la primera vez que parte de los 179.486 metros cuadrados que tiene Mercadona se encontrarían amenazados por “la especulación urbanística”. La superficie de huerta que se extiende ante las oficinas comprende una extensión de casi 70.000 metros cuadrados (26 parcelas), de los cuales la mayor parte (57.501 metros cuadrados, 21 parcelas) ha pasado por varias manos interesadas en urbanizarla. Toni Viciano, funcionario jubilado que ahora dedica su tiempo libre a trabajar sus campos en Albalat y Albuixech, recuerda que durante los años posteriores al estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008 “varias urbanizadoras compraron las tierras a labradores para urbanizarlas”.

Según ha podido certificar la Directa, las mercantiles Prodaemi SL —salpicada en el caso de corrupción Emarsa— y Dueler Manises SL fueron las primeras en comprar algunas parcelas. Después, aterrizó Urbanizadora Huerta Sur, que adquirió los terrenos de Prodaemi y Dueler Manises y algunos más en manos de agricultores. Todos los acabaría comprando Mercadona entre 2018 y 2022. Urbanizadora Huerta Sur SL está participada al 100% por la sociedad Construbecker Insfraestructuras y Proyectos SL, con sede en Tavernes Blanques, en la misma manzana urbana donde Mercadona tiene otras oficinas centrales; y administrada por el empresario Miguel Ángel Sanjose Calabuig, imputado en la causa llamada “trama del fuego”, que investiga varias empresas por presuntamente forjar un monopolio en el servicio de extinción de incendios.

La ex alcaldesa de València Rita Barberà (PP) intentó recalificar los terrenos para hacerlos urbanizables. “Querían hacer casas, muchas, prácticamente un pueblo nuevo”, explica Ramón Palau, vecino de Mauella

La ex alcaldesa de València Rita Barberà (PP) intentó recalificar los terrenos para hacerlos urbanizables cuando pertenecían a Urbanizadora Huerta Sur, mediante una reforma del Plan General de Ordenación Urbana de València en el año 2015. “Querían hacer casas, muchas, prácticamente un pueblo nuevo”, explica Ramón Palau, vecino de Mauella y presidente del pozo que riega los campos. Según publicó el diario Levante, en total eran 628 viviendas nuevas. Palau subraya que el vecindario de la pedanía se opuso “totalmente”: “Lo que necesitamos, antes y ahora, eran servicios, una tienda, bar, centro médico. No nos interesaba un nuevo pueblo lejos de casa, para lo cual ya tenemos Albalat o Albuixech, a cinco minutos en coche”.

Hay que recordar que en Mauella, como el resto de pedanías de l'Horta, el tiempo se paró a finales del XX. “Son alquerías que no han cambiado desde entonces”, describe Ferran Esquilache, doctor en Historia Medieval de la Universitat de València. Y defiende: “forman parte del paisaje agrario, un patrimonio histórico que se tiene que preservar”.

“Es evidente —continúa— que estas empresas y, más recientemente, Mercadona, no compraron las tierras para cultivarlas, sino para especular y esperar el momento político adecuado para hacerlo”, insiste Ferri.

Las demandas del vecindario de Mauella, junto con la lucha por la defensa de l'Horta, fueron recogidas por la asociación Per l'Horta, que consiguió más de un millar de alegaciones y paró la reforma del PGOU de Rita Barberà. En total, la ex alcaldesa planteaba la urbanización de hasta 4.150.000 metros cuadrados de huerta, que habían pasado a manos de empresas como Urbem, Urbanismo Nuevo Siglo SL, Gescap Urbana SA, o entidades financieras como la Sareb. “Es evidente —continúa— que estas empresas y, más recientemente, Mercadona, no compraron las tierras para cultivarlas, sino para especular y esperar el momento político adecuado para hacerlo”, insiste Ferri. La parada de la reforma del PGOU acabó de hacerse efectiva con la llegada del gobierno del Botànic (PSPV y Compromís) después de las elecciones autonómicas de 2015.

PP y Vox, interesados en construir

Con la aprobación de la ley 5/2018 de l'Horta de València, todas las parcelas están declaradas suelo no urbanizable y cuentan con una protección de grado 3. Se trata del nivel menos restrictivo, el cual tiene como objetivo “preservar y recuperar” el carácter agrario-paisajístico de l'Horta y, a la vez, permitir nuevas construcciones, siempre que estén destinadas a la actividad agraria y la empresa o persona solicitante “se dedique a la agricultura de manera profesional”. No sería el caso, pues, de Mercadona. “La ley prohíbe cualquier pretensión de una cadena de supermercados o del sector inmobiliario”, asevera Lluís Fontelles, que conoce a la perfección la normativa. Pero, se muestra preocupado por el hecho que, todo y la ley, “se mantengan los movimientos especulativos a Mauella y otros municipios”. “La actividad de Mercadona se ha detectado en tres términos municipales, pero podría ser que en otras zonas hubiera otras empresas haciendo también una apuesta para presionar el gobierno de la Generalitat para que derogue la ley a medio plazo”, advierte.

Además de la protección otorgada por la ley de l'Horta, los planes urbanísticos municipales de Albalat, Museros y València también protegen el conjunto de los terrenos que posee Mercadona. Por lo tanto, para poder urbanizarlos, “tendrían que modificar la normativa municipal y autonómica”, considera Ferri. La Directa ha contactado con el departamento de prensa de la Consellería de Agricultura, en manos de José Luis Aguirre (Vox), para conocer si, en la actual legislatura, tiene previsto reformar la ley, pero en el momento de publicar el artículo no ha recibido respuesta. En cuanto al Ayuntamiento de València, desde el departamento de prensa, confirman que se están estudiando reformas, pero “en ningún caso cambios que supongan afecciones a la huerta”. Por su parte, las concejalías de Urbanismo de Albalat y Museros han asegurado que no tienen previsto “ningún cambio en el nivel de protección de la huerta”.

Hay que recordar que ayuntamientos como el de Torrent (PP) se han reunido con José Luis Aguirre para exigir una reforma de la ley de l'Horta a favor del crecimiento urbanístico. El consejero de Vox anunció una modificación de la norma en una entrevista

Hay que recordar que ayuntamientos como el de Torrent (PP) se han reunido con José Luis Aguirre para exigir una reforma de la ley de l'Horta a favor del crecimiento urbanístico. El consejero de Vox anunció una modificación de la norma en una entrevista en Cadena Ser, y el Consell que preside Carlos Mazón (PP) ya ha presentado una proposición no de ley en Les Corts para eliminar el Consell de l'Horta, el ente encargado de desarrollar la ley. Además, PP y Vox ya han presentado el anteproyecto de ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, una norma que, según los movimientos ecologistas y vecinales, permitirá la urbanización “masiva” del litoral.

En el ámbito municipal, el Ayuntamiento de València (PP y Vox) ha dado su visto bueno al polémico PAI de Benimaclet y ya ha aprobado el PAI del Grau, recuperando la propuesta de la ex alcaldesa Rita Barberà (PP) y con el fondo de inversión Atitlan —del yerno de Juan Roig, Roberto Centeno, y el empresario Aritza Rodero– posicionado cómo el principal candidato para urbanizar. Fontelles lee las noticias como un “aviso de lo que harán en los próximos tiempos”. “Tienen cuatro años para tumbar todo, pero no se lo pondremos fácil. Tenemos claro que, si hace falta, iremos a los tribunales para proteger la huerta”, remacha.

Desde Per l'Horta también hacen énfasis en el hecho que Mercadona podría intentar recalificar los terrenos bajo el pretexto de ejecutar un proyecto sujeto a un “expediente de interés comunitario”

Desde Per l'Horta también hacen énfasis en el hecho que Mercadona podría intentar recalificar los terrenos bajo el pretexto de ejecutar un proyecto sujeto a un “expediente de interés comunitario”, un documento técnico que justifica la instalación de actividades terciarias en suelo no urbanizable. Una estrategia parecida siguió en 2014 en Albalat dels Sorells, recuerda Fontelles, cuando inició las obras del actual Centro de Datos y Servicios de Mercadona, desde donde garantiza el buen funcionamiento de sus sistemas tecnológicos: “esto antes era huerta que pidió recalificar para construir el centro y las oficinas”.

O también en 2016, en Badalona, Juan Roig consiguió la licencia para abrir tres nuevas sedes, dos de las cuales se pretendían ejecutar como moneda de cambio de la construcción de una nueva sede de la Fundación Badalona Capaz, destinada a trabajar por la inserción laboral de personas con diversidad funcional. El proyecto descarriló después de que se destaparan varias irregularidades. O en Lloret de Mar, donde en 2006 el Ayuntamiento prometió una residencia deportiva en la plaza municipal donde hoy se levanta un centro comercial y un parking de Mercadona.