Especulación inmobiliaria
Los partidos del bloque de la investidura no apoyarán la Ley de Vivienda si no incluye la regulación de los alquileres

El diferencias entre los socios del Gobierno se hace cada vez más patente en la negociación de la Ley de Vivienda. En una reunión mantenida este 24 de febrero los representantes de Unidas Podemos no han arrancado ningún compromiso al PSOE, ni en cuestión de plazos, que ya superan los acordados en el pacto que hizo posible la aprobación de los últimos presupuestos, ni en contenido. Además de la negativa a introducir en la nueva ley la regulación de los alquileres, poco se sabe de las otras reivindicaciones históricas del movimiento de viviendas, como la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional o poner a disposición de la ciudadanía las viviendas vacías de los pisos rescatados. El contenido del borrador de la Ley de Vivienda en la que está trabajando el Gobierno es todavía un misterio, aunque fuentes socialistas aseguran que se dará a conocer “en breve”.

Mientras tanto, aumentan las presiones desde todos los flancos para que el Gobierno cumpla con sus compromisos electorales y con los pactos firmados no solo con Unidas Podemos sino con todo el bloque de la investidura. 

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Redacción El Salto

Derecho a la vivienda

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Los movimientos de vivienda y los sindicatos CC OO, UGT y CGT, entre otras organizaciones, lanzan un manifiesto para presionar al Gobierno en la futura ley de vivienda.

Este 25 de febrero, Unidas Podemos-ECP-GC, ERC, BNG, Compromís, Más País, Nueva Canarias, Bildu, CUP, firmaron el manifiesto “Por una Ley que garantice el Derecho a la Vivienda”, presentado unos días antes por una miríada de organizaciones sociales, sindicatos y plataformas de derechos sociales, entre ellas CC OO, UGT, CGT,  PAH, FACUA, Ecologistas en Acción, los sindicatos de inquilinos, el movimiento pensionista y grandes plataformas en defensa de la sanidad pública, de las personas sin hogar, de los suministros básicos o de lucha contra la pobreza.

Entre las principales exigencias de estos movimientos —y ahora del bloque de investidura casi al completo— figura la regulación estatal de los alquileres “a precios adecuados a los salarios de la población” y la prohibición de los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional “digna y adecuada”, así como la obligación de alquiler social estable para los grandes tenedores. También demandan una ampliación del parque de vivienda público hasta alcanzar el 20% del total y un mayor gasto en vivienda social, hasta alcanzar el 2% del presupuesto estatal. 

La actitud del PSOE, denuncian, “refleja claramente cómo el PSOE está cediendo a las presiones del lobby inmobiliario y de los fondos buitre, y denota, no solo un posicionamiento totalmente antisocial en la gestión del problema”

Las declaraciones del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en las que defendía que la vivienda era también un “bien de mercado” y rechazaba introducir en la futura Ley de Vivienda la regulación de los alquileres, ha acelerado los movimientos de la sociedad civil y los partidos de la izquierda parlamentaria para contrarrestar lo que llaman una “cesión a las presiones” del lobby inmobiliario. 

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Según denuncian los integrantes de esta alianza, en las últimas semanas el PSOE ha intentado “obviar los pactos y acuerdos tanto de Gobierno como de la aprobación de los presupuestos y elaborar una Ley de Vivienda totalmente descafeinada que no protege este derecho humano vulnerado sistemáticamente en el estado español”.

“Ahora está en manos del PSOE definir si esta ley garantizará la vivienda para todos o si seguirá respondiendo a intereses económicos”, concluyen desde las organizaciones impulsoras del manifiesto

Esta actitud, denuncian, “refleja claramente cómo el PSOE está cediendo a las presiones del lobby inmobiliario y de los fondos buitre, y denota, no solo un posicionamiento totalmente antisocial en la gestión del problema en el acceso a la vivienda, si no una falta de ética y elegancia en la forma de abordar los procesos de negociación con las organizaciones sociales y el resto de fuerzas parlamentarias”.

Ante este incumplimiento, estas organizaciones, que representan a millones de personas en el Estado español, ha recabado el apoyo de los partidos que hicieron posible la investidura y la aprobación de los presupuestos para que se comprometan a no dar apoyo a una ley de vivienda que no recoja las ocho demandas recogidas en el manifiesto.

“Ahora está en manos del PSOE definir si esta ley garantizará la vivienda para todos o si seguirá respondiendo a intereses económicos”, concluyen desde las organizaciones impulsoras del manifiesto.