Eléctricas
El Gobierno se enfrenta a las eléctricas para contener la subida de la luz y la caída en las encuestas

En el día 106 de la crisis producida por el espectacular aumento del precio de la electricidad, el Gobierno reaccionó. Con la presentación del “plan de choque” aprobado por el Consejo de Ministros el 14 de septiembre, el objetivo de que los consumidores paguen a fin de año lo mismo que pagaban en 2018 ya no suena a promesa hueca sino a una posibilidad tangible y amenazante para el oligopolio que conforman Endesa, Iberdrola y Naturgy.

“El Gobierno ha aprobado la mayor reforma del sector eléctrico en 20 años sin parangón con ninguna. Por primera vez se reconoce oficialmente que las eléctricas obtienen beneficios caídos del cielo y se las obliga a devolver su mayoría a los consumidores”, escribía en Twitter el economista Jorge Morales de Labra, un experto en el mercado eléctrico convertido en divulgador en los grandes medios de comunicación.

El Ejecutivo ha conseguido cambiar el foco del debate público: las miradas ya no están en el cambio de tarifa que lanzó el 1 de junio sino en los beneficios extraordinarios que las eléctricas

La principal victoria del Ejecutivo ha sido la de cambiar el foco del debate público. En todas las valoraciones realizadas tras la presentación del plan, el cambio en la factura de la luz lanzado por el Gobierno el 1 de junio ya no aparecía como causa de todos los males. Las miradas estaban puestas en los beneficios extraordinarios que las eléctricas obtienen por los precios inflados del gas en los mercados internacionales y por el incremento de los derechos de emisión de CO₂. El hecho de que el auge del precio coincidió con el lanzamiento de la nueva tarifa y la falta de reacción del Gobierno complicó la posición del Ejecutivo de Sánchez. Las encuestas de los últimos meses coincidían en mostrar un debilitamiento constante del bloque progresista y el primer sorpaso de la legislatura del bloque de la derecha y la extrema derecha.

La reacción de las grandes eléctricas representadas en el Foro Nuclear, que amenazaron con el cierre adelantado y desordenado de las centrales, no ha hecho más que incidir en el relato del Gobierno y en señalar a las eléctricas como responsables de la crisis. Según el presidente de Economistas Frente a la Crisis, Jorge Fabra, el comunicado del lobby nuclear no ha hecho más que “reforzar las razones del Gobierno para tomar las medidas que está tomando”. Fabra fue el primer presidente de Red Eléctrica de España, entidad que tendría que avalar con un informe cualquier cierre de una planta nuclear, una decisión que correspondería en última instancia al Gobierno. 

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El Foro Nuclear, formado por las principales eléctricas, advierte al Gobierno de un posible cierre de las plantas de energía atómica tras el paquete de medidas para contener el precio de la luz presentado por el Ejecutivo.

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Un cierre unilateral de las centrales, advierte Fabra, podría llevar a la intervención de las instalaciones en función del artículo 128 de la Constitución, dado que es el Gobierno el “responsable de la seguridad y del suministro energético a un precio razonable”.

Con estas medidas el Ejecutivo ha conseguido pasar a la ofensiva, cuenta a El Salto Mario Sánchez-Herrero, experto en el mercado eléctrico como director de la cooperativa solar Ecooo y miembro de Nuevo Modelo Energético. “Ha sido una medida valiente. En vez de estar a la defensiva escondidos en una esquina evitando golpes, han salido al ataque en el momento adecuado. Ha sido un acierto de estrategia política”, resume. 

Está por ver cuánto de lo anunciado llega a concretarse, matiza, y en qué condiciones se materializa. El regateo con las eléctricas acaba de comenzar y la amenaza del lobby nuclear, que tiene “una parte irracional, de calentón, de gente muy soberbia acostumbrada a mandar porque es parte de su idiosincrasia”, marca un punto de inicio de las negociaciones. 

“Ha sido una medida valiente. En vez de estar a la defensiva escondidos en una esquina evitando golpes, han salido al ataque en el momento adecuado. Ha sido un acierto de estrategia política”, resume Sánchez-Herrero, de Nuevo Modelo Energético y Ecooo

La amenaza del cierre de las nucleares ha colocado al movimiento ecologista en una situación delicada. Es una de sus principales demandas, pero a la vez no es tan fácil prescindir de un día para otro del 20% de la generación eléctrica, un déficit que solo se podría cubrir en un primer momento con una mayor presencia de centrales de ciclo combinado, algo que redundaría en mayores precios y mayores emisiones de gases de efecto invernadero. 

“Un cierre adelantado de las centrales en parte es una buena noticia. Para el movimiento ecologista es una energía que no debería estar funcionando”, dice a El Salto Cristina Rois, del área de Energía de Ecologistas en Acción, pero a la vez “sería un descalabro para el sistema”. Coincide en que las nucleares no pueden decidir por sí mismas ni el momento ni las condiciones del cierre, pero no por ello hay que subestimar la amenaza que está sobre la mesa. “El sector eléctrico es uno de los principales lobbies de este país y están intentando presionar y poner en una situación difícil al Gobierno”, dice. 

El problema no es un cierre adelantado, que es bienvenido, sino un cierre unilateral y desordenado utilizado como herramienta de presión, sostienen en un comunicado WWF, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra. “La seguridad de suministro está sobradamente garantizada, incluso si se anticipa ordenadamente el cierre nuclear pactado por las eléctricas”, afirman.

Más allá de la posibilidad —improbable— de un adelanto del cierre, la amenaza de las eléctricas evidencia “un reconocimiento de las mentiras que las nucleares han venido soltando sobre que es una energía barata”, añade Rois. Ni limpia ni barata. “Ellos dicen que están asfixiados por los impuestos, pero no es cierto porque lo que hacen los impuestos es cubrir futuros gastos como los residuos y otros costes del sistema eléctrico”, añade. 

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“Ahora toca reducir el precio de la luz de forma inmediata”, indica Rois, pero eso no puede desviarnos de lo que considera el principal problema que subyace en esta crisis: el poder de un oligopolio de tres empresas que copan la mayor parte de la generación eléctrica, con centrales de todas las tecnologías, desde nucleares a hidroeléctricas, pasando por instalaciones de ciclo combinado y gigantescos huertos solares. Con el sistema de fijación de precios actual, que paga el precio más alto a todas las energías que se necesitan para cubrir la demanda, independientemente de sus costes, este oligopolio tiene todas las armas para manipular el precio: “Pueden escoger qué centrales ofertan en cada momento para completar la demanda de energía, asegurándose que todas las energías de las que disponen entren en el pool con el precio más alto”. 

Más allá de la posibilidad —improbable— de cierre desordenado de las nucleares, la amenaza de las eléctricas evidencia “un reconocimiento de las mentiras que las nucleares han venido soltando sobre que es una energía barata”, dice Cristina Rois, de Ecologistas en Acción

No es un sistema exclusivo de España. La UE así lo dispone. Lo que ha hecho el Gobierno es buscar los resquicios para abaratar la factura de la luz sin saltarse las directivas europeas. Como señala la coordinadora, “comparado con los anteriores gobiernos, especialmente los del PP, es un movimiento que es de reconocer, es una intervención en un sector ineficiente y problemático. ¿Es una solución del problema? No”. 

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El paquete de medidas del 14 de septiembre completa y da sentido a los intentos previos de atajar la espiral alcista del precio de la factura eléctrica. En junio, el Gobierno lanzaba una ley para reducir los “beneficios del cielo” de las nucleares y las hidroeléctricas por los derechos de emisión de C0₂. El recorte a esta sobrerretribución que reciben ciertas instalaciones eléctricas que no emiten —y por lo tanto no pagan— por los derechos de emisión se cuantificó en un inició en 1.000 millones de euros, aunque nuevos cálculos ajustaron la cifra en 650 millones. Según anunció la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, esta ley se tramitará por la vía de urgencia en el Congreso.

El pasado 14 de septiembre se completaba el círculo: a las nucleares y a las hidroeléctricas se les obligará, además, a devolver los beneficios extraordinarios, también “caídos del cielo”, que obtienen por un precio internacional del gas que se ha multiplicado por cuatro en los últimos meses. Este recorte de beneficios fue cuantificado en 2.600 millones y tiene fecha de caducidad: el 31 de marzo de 2022.

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El Gobierno hace coincidir la introducción de la nueva factura eléctrica, que aumentará el precio de la luz si no se cambian los hábitos, con la presentación del anteproyecto de ley que acabará con una sobrerretribución de las nucleares y las hidroeléctricas calculada en 1.000 millones de euros.

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Jorge Morales de Labra explicaba en la TVE cómo se habían buscado los resquicios que permite la legislación europea: “No se puede tocar el precio porque está prohibido, pero lo que sí se puede hacer es que, después del mercado, las eléctricas devuelvan el dinero y se utilice para reducir sustancialmente la parte de cargos de recibo, los costes regulados de la factura”.

Las organizaciones ambientales celebran la creación del suministro mínimo vital, pero critican “su temporalidad y falta de ambición” pues solo cubre a un millón de personas, cuando más de un cuarto de la población se encuentra en riesgo de pobreza

Ya antes del verano, el Ejecutivo había lanzado otra norma para la creación de un Fondo de Sostenibilidad del Mercado Eléctrico, cuyo objetivo es sacar de la factura de la luz las primas a las renovables, unos 7.000 millones de euros en cinco años. Tanto este fondo como el recorte de los “beneficios caídos del cielo” redundarán en una reducción de la tarifa que pagan los consumidores.

Si se suman la reducción del IVA —de un 21% al 10%—, del impuesto de la electricidad —de un 5,11% a un 0,5%— y la suspensión hasta fin de año del impuesto a la generación eléctrica de un 7%, el recibo se debería abaratar en un 30%, según la ministra Ribera. 

Otra de las medidas que debería ayudar a disminuir el precio de la factura eléctrica es el impulso a las subastas de renovables. Con esta medida, las instalaciones de renovables, tanto pequeños huertos como gigantescas instalaciones, tendrán que subastar parte de su energía en un sistema que asegura un precio fijo durante largos periodos de tiempo. De esta forma, explica Sánchez-Herrero, se consigue bajar el precio, ya que se suele fijar un precio medio “entre lo que se podría cobrar ahora y un escenario futuro en el que el precio sea muy bajo”. Estas subastas no se realizan por fuera del pool energético, continúa este integrante de Ecooo: por esta energía subastada las centrales cobran el precio que dictamina el mercado mayorista pero luego tienen que devolver la diferencia. 

En su comunicado, las organizaciones ambientales celebran también que se cree un suministro mínimo vital, aunque rechazan “su temporalidad y falta de ambición pues solo cubre a los beneficiarios del bono social”, que a día de hoy solo cubre a un millón de personas, cuando más de un cuarto de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, según el Instituto Nacional de Estadística. 

Estas medidas van a tener efectos a corto plazo, decía el expresidente de la Red Eléctrica de España en Hora25, pero “solo pueden ser provisionales”. Hay tiempo hasta marzo, sostiene, “para abordar una reforma estructural del sector eléctrico”. Lo que ha ocurrido con el precio del gas y los derechos de emisión son para este economista, la demostración de que “el sistema es inadecuado, no funciona”. Esta crisis, dice, “ha hecho saltar todas las estructuras de este mercado, que ya habían saltado antes, pero ahora con precios inimaginables”. 

Para las mayores organizaciones ecologistas con presencia en España el plan va por el buen camino, pero solo si son el paso previo a “un cambio radical del sistema eléctrico, a nivel nacional y europeo”

Hasta que finalicen estas medidas coyunturales, hay una oportunidad, señala Sánchez-Herrero, de dar la batalla en Europa y que, a la vista de que esto que ha pasado en España está pasando en otros países comunitarios, la Comisión acepte cambiar las directivas sobre el mercado energético.

Para las mayores organizaciones ecologistas con presencia en España el plan va por el buen camino, pero solo si son el paso previo a “un cambio radical del sistema eléctrico, a nivel nacional y europeo”, que ponga fin al poder del oligopolio, que asegure una reducción de emisiones de CO₂, termine con la pobreza energética, impulse el autoconsumo y la participación ciudadana en la generación de energía.

“El rediseño del mercado es absolutamente imprescindible, porque no funciona bien, porque mezcla tecnologías que tienen estructuras de coste tan dispares que llevan a estos resultados tan absurdos como los que hemos vivido”, dice Sánchez-Herrero.