Editorial
Frío otoño caliente

Todos los discursos contra la élite económica, los nuevos impuestos a las grandes fortunas y los recortes de beneficios a las eléctricas, todas las políticas sociales que el Gobierno de coalición pueda desplegar en el resto de legislatura quedarán en retrospectiva como meros gestos de buena voluntad si no es capaz de mirar de frente y dar solución al principal problema de las familias españolas: la vivienda.

Y si esto es así es porque la vivienda es el primer gasto de los hogares españoles: en 2021 suponía el 33,8% del presupuesto familiar, el doble que el segundo, la alimentación, según el Instituto Nacional de Estadística. Pero estas cifras solo son una media: para las familias más vulnerables, la vivienda ya suponía antes de la espiral inflacionaria cerca de la mitad del gasto familiar.

Los sindicatos de inquilinos demandan medidas urgentes para regular los alquileres

Redacción El Salto

Derecho a la vivienda

Derecho a la vivienda Los sindicatos de inquilinos demandan medidas urgentes para regular los alquileres

Redacción El Salto

El movimiento de vivienda y los socios de investidura presionan al Gobierno para que congele los alquileres en el siguiente paquete anticrisis.

Y la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo —paradójicamente para contener la inflación— ha supuesto un durísimo golpe para la estabilidad económica de más de cuatro millones de hogares que tienen una hipoteca variable. En el caso de que el euribor llegue al 3% —va por el 2,6% y subiendo— supondría un aumento de más del 50% en su cuota de hipoteca.

Todo lo que pueda hacer el Gobierno de PSOE y UP para aumentar el poder adquisitivo de las familias y contener el impacto de la inflación se quedará corto si no aprueba una Ley de Vivienda que sea algo más que una carcasa vacía

Pero la actual crisis no afecta solo a estas millones de familias. Todas las hipotecas se han encarecido y conseguir un techo digno y asequible se ha convertido en algo todavía más difícil. Después de un breve respiro por la pandemia, los alquileres han seguido su propio camino ascendente que no parece encontrar techo. Sin capacidad de acceder a un alquiler asequible ni de adquirir una vivienda en propiedad ni de poder optar a una vivienda social porque no existe parque público, ¿qué queda para los millones de familias a las que cada vez les cuesta más llegar a fin de mes? ¿A qué gastos esenciales tendrán que renunciar para poder seguir pagando la vivienda?

Todo lo que pueda hacer el Gobierno de PSOE y UP para aumentar el poder adquisitivo de las familias y contener el impacto de la inflación se quedará corto si no aprueba una Ley de Vivienda que sea algo más que una carcasa vacía. Para ello, los alquileres no solo tienen que congelarse sino reducirse considerablemente, todo el patrimonio de la Sareb debe pasar al parque público, los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional deben prohibirse de verdad —no como aparece en la ley— y los grandes tenedores deben estar obligados a ofrecer alquileres sociales.

Sin embargo, la posibilidad de que la Ley de Vivienda —aun descafeinada como salió del Consejo de Ministros— se apruebe en esta legislatura parece cada vez más lejana. Sí es probable que salgan adelante una batería de medidas transitorias que ofrezcan un alivio temporal con una congelación de las hipotecas y de los alquileres. De conseguirse será sin duda una ayuda, al igual que todo el resto de legislación social del Gobierno, pero insuficiente para marcar la diferencia y reducir el empobrecimiento progresivo de la sociedad española.