Editorial
Un punto de inflexión

Más de tres meses de desgaste político y social le han costado al Gobierno de coalición la torpeza y la falta de valentía política para enfrentar la mayor subida en el recibo de la luz de las últimas décadas. Todas las encuestas, salvo la del CIS, mostraban una erosión en la intención de voto de los socios del Gobierno y un impulso de la derecha y la extrema derecha. Semanas antes de que el Gobierno de Pedro Sánchez lanzara el nuevo recibo de la luz —que penaliza el consumo eléctrico en las horas centrales del día— los sondeos ya hablaban de una victoria del eje PP-VOX. Y la gestión de esta crisis ha acentuado esta deriva.

Poco tenía que ver el nuevo recibo de la luz con el encarecimiento de la electricidad, pero el hecho de que entrara en vigor justo en medio de una espiral alcista del precio internacional del gas y de los derechos de emisión de CO2 hizo que todo el mundo mirara hacia la Moncloa a la hora de buscar responsabilidades. El Gobierno, a la defensiva, encajó los golpes como mejor pudo, y las medidas tímidas y parciales que fue sacando quedaron enterradas por una indignación generalizada en la que coincidieron la oposición parlamentaria y las principales organizaciones de la sociedad civil.

Si se trata de un punto de inflexión es pronto para decirlo. Dependerá de la evolución de las encuestas y la rentabilidad que el Gobierno pueda sacar de ser el primero en enfrentarse, aunque sea tímidamente, a las eléctricas

Si bien Unidas Podemos parecía en un principio parte del problema —en especial tras algunas declaraciones poco afortunadas de alguno de sus líderes—, su presión dentro del Gobierno fue clave para encontrar lo que en ese momento parecía la salida a una de las principales crisis que ha tenido que afrontar el Gobierno de coalición. El plan de choque presentado el 14 de septiembre para abaratar el recibo de la luz supone una novedad en la legislatura. Por primera vez, a la hora de elegir entre los privilegios de los grandes poderes económicos y de la ciudadanía más vulnerable, el Gobierno ha escogido a la ciudadanía. No es ni mucho menos la primera medida social, pero las anteriores se desarrollaron previo acuerdo con la patronal o a costa de un mayor endeudamiento o, lo que es lo mismo, postergando la pugna sobre quién pagará estas mejoras sociales o, lo que es lo mismo, echando para adelante futuros recortes. Aunque las medidas no han tardado ni dos semanas en revelarse insuficiente para controlar el precio de la energía, que ha seguido subiendo en la segunda mitad de septiembre, en la gestión de esta crisis ha ocurrido algo distinto.

El Gobierno ha optado por confrontar con los intereses de las eléctricas y estas le han hecho el favor de entrar en el juego y amenazar con el cierre desordenado de las nucleares y con acciones judiciales. Con esta estrategia, el Ejecutivo ha conseguido trasladar la responsabilidad del alza de la luz a las eléctricas. Y no se trata solo de un tema de comunicación: si las medidas se llegan a aplicar significarán un trasvase de más de 3.000 millones de euros desde las grandes eléctricas a la población, que pagará un 30% menos en sus facturas de la luz. Este hecho, en un país en donde el lobby de las eléctricas ha dictado la política energética gracias a las puertas giratorias, resulta, cuanto menos, llamativo. Las organizaciones ambientales y ecologistas han celebrado las medidas, pero han recordado que se tratan de parches temporales y, cuando caduquen, el problema seguirá ahí, donde siempre: un sistema de fijación de precios en el mercado eléctrico que no funciona, dominado por un oligopolio de tres empresas.

Una chispita de populismo

Pablo Elorduy

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El Decreto que pretende congelar la subida de precios de la energía a los consumidores enfrenta al Gobierno con el poderoso sector eléctrico.

Si se trata de un punto de inflexión es pronto para decirlo. Dependerá de la evolución de las encuestas y la rentabilidad que el Gobierno pueda sacar de ser el primero en enfrentarse, aunque sea tímidamente, a las eléctricas. Dependerá de si es capaz de cumplir con el compromiso de que los usuarios no paguen este año más que en 2018, algo que a primeros de octubre ya parece improbable si no hay un nuevo plan de choque.

También dependerá de lo que ocurra con la reforma de la Reforma Laboral y la Ley de Vivienda, paralizadas por el sector neoliberal del PSOE. ¿Se atreverá también el Gobierno a enfrentarse con los intereses de la patronal, de la banca, los fondos de inversión, del lobby inmobiliario y ponerse del lado de la ciudadanía?