La semana política
Una chispita de populismo

El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas publicado el jueves 16 de septiembre muestra que el 3,8% de la población considera que las tarifas energéticas son una de las tres principales preocupaciones sociales. Es un porcentaje pequeño, muy lejos de los “problemas de índole económica” y del paro, que copan los primeros puestos de ese listado con tanta rotundidad como las Supremes y los Beatles copaban las listas de éxitos de los años 60, y está también lejos de los problemas de moda, relacionados con la crispación política (que nadie sabe muy bien qué es), pero es que, en junio, el porcentaje de encuestados que creían que la factura de la luz es uno de los problemas que más nos afectan era solo de un 0,8%. 

Ese 3% adicional de preocupación en solo dos meses era un aviso. El enfado podía tomar solo dos direcciones: o enfocarse contra quienes obtienen el mayor beneficio de cómo está montado el sistema eléctrico, o contra quien tiene las herramientas para intervenir ese sistema. Aunque lo asumieran con desgana, como algo fuera de su campo de intervención política, la oposición y la extrema derecha podían agitar ese segundo frente, ya estaban amagando con ello. 

El pequeño porcentaje de indignados por el precio de la luz aún no había tomado cuerpo, pero no se podía esperar más antes de que costase demasiado remontar las encuestas y terminase, de forma abrupta o languideciendo, pero con una inequívoca sensación de desencanto, la experiencia del Gobierno de coalición.

Así que cuando Teresa Ribera anunció el 14 de septiembre un plan de choque contra el alza de precios, la legislatura cambió definitivamente de signo. Y, aunque se agote ese esfuerzo en el trámite parlamentario del Decreto, algo perfectamente posible, Pedro Sánchez ya podrá contar que, durante unos pocos días, hizo algo que realmente le confrontó con los poderes establecidos. Y Unidas Podemos podrá defender que su hipótesis de las pequeñas cosas ha funcionado y mejorado la perspectiva para los próximos meses de una mayoría. 

La reacción del lobby eléctrico, como suele ser habitual, es exagerada, recuerda a la indignación maleducada del señorito ante los errores del servicio

Y, más importante que eso, se extenderá el mensaje de que quizá no es tan difícil como se pensaba hasta ahora obligar a las multinacionales a recortar sus beneficios, incluso aunque parte de esos beneficios —según está previsto por el Real Decreto— vayan a ser devueltos a partir de marzo, cuando se prevé que bajen los precios internacionales del gas. Incluso aunque esto no cambie nada el plan de reparto de los Fondos Next Generation, que beneficiará en primer lugar a las mismas empresas damnificadas por ese decreto. Incluso aunque un juzgado de lo contencioso —o una instancia judicial más alta— decida asumir la tesis del “hachazo” y obligue al Estado a pasar por las horcas caudinas e indemnizar, como pasó con el Castor.

Incluso si el business as usual se acaba imponiendo por lo civil o por lo criminal, al menos podrán decir que lo intentaron.

Reacciones estridentes 

El primer indicador de que un giro como el que ha anunciado el Gobierno tiene más efectos que la mera publicidad es la reacción de quienes se ven afectados. Y la respuesta de las tres grandes eléctricas recuerda a la indignación maleducada del señorito ante los errores del servicio.

El Foro Nuclear, formado por las principales energéticas del país, lanzó a las pocas horas del anuncio de Ribera un comunicado en el que amenazaba con el cierre “desordenado” y costoso en términos de empleo de los siete reactores nucleares que aun funcionan en España. No es solo que no tengan derecho a parar esos reactores, es que hablar de desorden cuando se trata de la energía nuclear es una invitación al pánico.

Las eléctricas amenazan tras la intervención del Gobierno: ¿es posible el cierre inmediato de las nucleares?

Pablo Elorduy

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Energía nuclear

Las multinacionales presionan Las eléctricas amenazan tras la intervención del Gobierno: ¿es posible el cierre inmediato de las nucleares?

Pablo Elorduy

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El Foro Nuclear, formado por las principales eléctricas, advierte al Gobierno de un posible cierre de las plantas de energía atómica tras el paquete de medidas para contener el precio de la luz presentado por el Ejecutivo.

Factura de la luz Unidas Podemos celebra que el Gobierno haga “lo que hace una semana no se podía”

Esta misma semana se dan más de esos aspavientos. La subida de 15 euros del Salario Mínimo Interprofesional para el último cuatrimestre del año se aprueba sin el visto bueno de CEOE y Cepyme. El presidente de la patronal acusa de hacer política al Gobierno con la subida salarial, como si ese reformar “en clave política” no sea exactamente lo que se le puede exigir. Antonio Garamendi —sueldo de 300.000 euros anuales— exclama que está en riesgo el Diálogo Social, una especie de bibelot que durante el periodo 2010-2017 estuvo en el desván mientras se aprobaban todo tipo de recortes, decretazos y reformas, y que ahora, cuando habla la patronal, parece el Halcón Maltés, algo por lo que aparentemente merece la pena matar y morir.

Pero estas reacciones estridentes consiguen situar el debate donde conviene al Gobierno, más concretamente donde quiere Unidas Podemos y donde, tácticamente, le viene bien a Pedro Sánchez. Los que ganan mucho nunca van a aceptar que ese mucho es demasiado —de ahí que hagan todo lo posible por eludir el pago de impuestos— así que hay que decretar que mucho se ha convertido, por una vez, en demasiado. Se interrumpe el tiempo de rogar por la empatía y se abre un paréntesis de confrontación en un solo frente —porque sigue sin haber noticias de la Ley de Vivienda, con noticias diarias de desahucios y cortes de suministros—. Esa confrontación añade algo de mordiente al discurso de “que viene la ultraderecha” con el que se estaba rozando la autoparodia y, como se vio en mayo en la Comunidad de Madrid, allanando el terreno para la victoria del Partido Popular.

La tendencia a contrarrestar el plan del neoliberalismo zombie con eso que se llama “populismo” (y nadie sabe muy bien qué es o dónde está) no se está dando solo en España. Esta misma semana, el presidente estadounidense Joe Biden anunciaba un incremento de los impuestos a las grandes fortunas adoptando la retórica de la avaricia del 1% que hizo fortuna hace diez años en Occupy Wall Street. Es un método, más que un deseo, con el que se ponen algunos límites al capital con la intención de preservar las sociedades capitalistas tal y como las conocemos. O sea, sin nacionalización o publificación del ciclo eléctrico. 

La cuestión de cuánto tiempo puede durar este paréntesis populista es la pregunta de la legislatura. Más allá de este ciclo, el rectificado del Gobierno, que comenzó el mes negando que fuese posible la intervención que ha aprobado a mediados de septiembre, da una muestra para el futuro de lo que una mínima movilización, o un cabreo extendiéndose, aunque solo sea entre el 3,8% de la población, es capaz de cambiar.