Desahucios
La Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid aplaza solo quince días más el desahucio de Ana María

Como habían advertido los movimientos de vivienda, un día después de las manifestaciones multitudinarias por el derecho a la vivienda en Madrid, ningún partido político se ha personado en el intento de desahucio de María de este lunes. Quienes sí han estado son parte del movimiento de vivienda que ayer marcharon en el 'bloque crítico' de la manifestación de este pasado 13 de octubre.

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Decenas de miles de personas señalan al Gobierno central y al Ejecutivo de Díaz Ayuso por su responsabilidad en la escalada de precios de la vivienda.

El Sindicato de Vivienda de Carabanchel convocaba desde hace días a detener el desalojo de María al que han acudido esta mañana un centenar de personas, no solo vecinas sino también integrantes de otras asambleas de vivienda. La presión ejercida por este grupo ha podido parar de momento el desahucio y aplazarlo hasta el próximo 30 de octubre, en el que se espera la presencia de la UIP.

El caso de Ana María y su familia es sangrante. Lleva más de 30 años viviendo en un piso de Camino Alto de San Isidro 10, cuyo casero es un organismo público, la Agencia Social de la Vivienda de la Comunidad de Madrid, antes el Instituto de la Vivienda de Madrid, IVIMA, que se la concedió entonces a un familiar y que posteriormente mediante poder notarial se la cedió después a ella. En 2017, la Agencia alegó el “incumplimiento de los requisitos de convivencia” para negarle la regularización del alquiler. El Sindicato de Vivienda de Carabanchel (SVC) sostiene que la administración madrileña nunca aportó pruebas de la supuesta conflictividad, “sólo juicios y criminalización de la pobreza”.

De hecho, citan el informe emitido en el mismo año por un técnico de la AVS, en el que se puede leer “El entorno del barrio donde se encuentra enclavada, muestra falta de cuidado tanto en zonas verdes como escaleras y aceras…’’ o ‘‘gran movimiento de gente subiendo y bajando” y presuntamente dedicación a ‘‘actividades delictivas’’. Estos motivos infundados, subrayan desde el Sindicato, son los que se aportaron para declarar a Ana María como ‘‘generadora de dificultades en la convivencia’’. Ana María pagó su alquiler hasta que en 2018 la Comunidad de Madrid no se lo aceptó y en 2019 la demandó.

Ana María lleva dos años pidiendo reunirse con la gerencia de la AVS para que estudien su caso y reconozcan su situación de vulnerabilidad, misma que está confirmada en un informe de Servicios Sociales

Pero Ana María recurrió al Sindicato de Vivienda de Carabanchel y desde 2022 participa en sus asambleas. Su caso ha sido uno de los que han defendido a través de demostrar la inexistencia de conflicto, “a partir de testimonios de las vecinas que han sido desoídos por la Administración, que se ha negado a negociar y no ha ofrecido ninguna alternativa”, recalcan. Ana María, actualmente tiene a su cargo a un hijo con discapacidad y dependencia, a su madre enferma y a sus cuatro nietos pequeños. Tanto ella como su esposo también padecen de algunas enfermedades. Acompañada del SVC lleva dos años pidiendo reunirse con la gerencia de la AVS para que estudien su caso y reconozcan su situación de vulnerabilidad, misma que está confirmada en un informe de Servicios Sociales.

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La amenaza del desahucio de este lunes era inminente y desde la noche anterior algunas personas pernoctaron el interior de la vivienda. De acuerdo al relato que el SVC venía haciendo en sus redes sociales, hacia las 4:00 de la madrugada de este lunes, varios furgones de la policía se hicieron presentes para acordonar la zona. Dos horas más tarde otros vecinos comenzaron a concentrase a la entrada del edificio para hacer fuerza con quienes estaban dentro del portal y acompañar a Ana María. De una de las ventanas del edificio colgaba una pancarta en la que se leía “La ley de vivienda no para desahucios. Ana María se queda”.

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La crisis de vivienda vuelve a marcar la agenda política con acusaciones cruzadas entre el Gobierno central, las administraciones autonómicas, los partidos políticos y las organizaciones sociales.

“La gente que venía a negociar de la Comunidad de Madrid..., no entiende razones ni siquiera un hecho humanitario de personas que se van a aquedar en la calle...”

Poco antes de las 11 de la mañana llegaron las representantes de la AVS, pero “No quieren saber nada: si la comisión quiere ejecutar, por ellos bien”, relataba el Sindicato. Unos minutos después llegó la comisión judicial. Finalmente, hacia las 11:30 horas el SVC con el apoyo de integrantes de otras asambleas de vivienda de Madrid y más vecinos de la zona lograron parar el desahucio, pero solo consiguiendo aplazarlo por 15 días más. “La gente que venía a negociar de la Comunidad de Madrid..., no entiende razones ni siquiera un hecho humanitario de personas que se van a aquedar en la calle...”, explicaba Elsa Riquelme, una de las personas que mediaron con la comisión judicial, a los allí concentrados frente al edificio, y agregaba, “Lo han suspendido únicamente porque estábamos aquí, y porque han considerado que esto es un desorden público”.

Pero desde el Sindicato consideran que la presión ejercida por la vecindad organizada había cumplido con detener el desahucio de Ana María. “Llevamos dos años forzando una negociación para tratar de encontrar una solución y no nos han querido escuchar. Lo único que demuestra es que la vivienda pública no es la solución para la clase trabajadora. Lo único que para desahucios es la gente organizada... porque ellos no quieren solucionar nada y nosotros lo vamos a solucionar todo”, clamaba otro integrante de SVC.

Mientras María y su familia tienen los días contados para su desalojo definitivo -el próximo 30 de octubre- y un día después de las multitudinarias manifestaciones de Madrid y Barcelona, el gobierno de Pedro Sánchez anunció este lunes el reparto de 200 millones de euros para los bonos de alquiler de vivienda para jóvenes, es decir, de nuevo una medida para el trasvase de dinero público para los rentistas.