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Deforestación
Una alianza medioambiental para frenar la deforestación que provoca lo que comes
Coordinador de Clima y Medio Ambiente en El Salto. @PabloRCebo pablo.rivas@elsaltodiario.com
Mayo de 2023 es una fecha clave en lo referente a la conservación de los bosques del planeta Tierra. Es el momento en que está previsto que entre en vigor el Reglamento para minimizar la deforestación y la degradación forestal provocada por la UE, una normativa que pretende reducir el impacto de los productos que importan los 27 y que, cultivados o producidos con malas praxis intensivas, suponen pérdida de hábitats boscosos, principalmente en las grandes naciones exportadoras.
Hablamos principalmente de la soja, el aceite de palma, la carne de vacuno, la madera, el cacao, el café, el caucho y el carbón vegetal —así como de algunos de los subproductos de estos, como el cuero, el papel o el biodiésel—, cultivados en naciones como Argentina, Paraguay, Brasil o Indonesia, países que concentran gran parte de los hábitats boscosos más ricos del planeta. Y lo que haga la UE es importante: tras China es el segundo mayor actor global que produce deforestación asociada al comercio internacional. En concreto, como remarca Isabel Fernández Cruz, de Ecologistas en Acción, mientras el gigante asiático es responsable del 24% de esta, “las importaciones que hace Europa suponen el 16% de esa deforestación a nivel global”.
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Ahora, con el fin de que la aplicación del nuevo reglamento sea “pronta, coherente y ambiciosa” como ha señalado este lunes Miguel Ángel Soto, responsable de Bosques de Greenpeace España, y para aunar esfuerzos para que la normativa sea más ambiciosa en el futuro, ocho organizaciones ecologistas españolas —Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, la Federación de Consumidores y Usuarios, Greenpeace, Mighty Earth, SEO/BirdLife, WWF, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo y Carro de Combate— se han unido en la llamada Alianza Cero Deforestación.
“No se han incluido todas las zonas boscosas en el Reglamento, con lo que dejan desprotegidos amplios espacios de estos países”, denuncia Isabel Fernández
“Cada una de las organizaciones estaba trabajando en su ámbito pero entendíamos que no solo en las instituciones europeas había que coordinarse, sino que había que trabajar también aquí”, señalaba Soto en la presentación de la Alianza. Así, para que no se retrase durante años la redacción del real decreto que deberá concretar aspectos clave del reglamento a nivel nacional, como el régimen sancionador y de control —algo que ya ocurrió con el Reglamento relativo a la comercialización de la madera aprovechada legalmente—, las ocho ONG han decidido sumar esfuerzos y unirse en la Alianza.
Una Hungría deforestada al año
A pesar del aumento de conciencia sobre el desastre global que supone la deforestación y degradación forestal, solo en 2022 el mundo perdió diez millones de hectáreas de tierras boscosas, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Si bien es una cifra menor a periodos anteriores —la media anual del periodo 2010-15 fue de 12 millones anuales y entre 1990 y 2000 fue de 16 millones—, semejante extensión equivale a la superficie de países como Hungría o Islandia.
La expansión agrícola y el agronegocio están detrás del 80% de esa pérdida de bosques, así como de la fragmentación de los mismos y de la pérdida asociada de biodiversidad forestal. Las grandes compañías globales que controlan las plantaciones de cultivos como la soja o la palma aceitera intensiva, y a menudo transgénica, son las grandes responsables de esta catástrofe. Varios informes revelan datos alarmantes al respecto, como el publicado el pasado marzo por la Harvest y la Rainforest Foundation Norway. En este se señalaba que la tasa de deforestación y conversión de vegetación nativa creció un 34% entre 2018 y 2020 en 25 áreas de alto riesgo de la ecorregión de El Cerrado, la sabana brasileña que ocupa el 22% del país (el 36% si se suman sus áreas de transición). Se da la circunstancia de que seis de las grandes comercializadoras de soja globales —DM, Bunge, Cargill, COFCO, Louis Dreyfus Company (LDC) y Viterra (Glencore Agriculture)— anunciaron en 2019 que esas 25 zonas de alto riesgo iban a ser protegidas.
Solo el 6% de la producción global de soja se destina a alimentación humana, mientras que el 70% va destinado a la industria de la alimentación animal
El nuevo reglamento de la UE contra la deforestación importada, si bien entrará en vigor previsiblemente en mayo o junio de 2023, agentes y comerciantes tendrán hasta 2024 para cumplir con todas las obligaciones del mismo. Las pequeñas empresas tendrán un plazo aún mayor: hasta mediados de 2025.
Un acierto con carencias
A pesar de que la normativa ha sido saludada por las organizaciones ecologistas, estas aún mantienen que tiene muchas carencias. La relativa a hábitats como El Cerrado es una de ellas. “No se han incluido todas las zonas boscosas, con lo que dejan desprotegidos amplios espacios de estos países”, denuncia Isabel Fernández, quien remarca además que esas áreas pasarán a ser el blanco de la agroindustria al no estar bajo los preceptos del Reglamento. Tampoco ha tenido en cuenta todo lo relativo a los derechos humanos y de las comunidades locales, a pesar de que el papel de estas “es fundamental en la protección de estos entornos”, remarca la portavoz de Ecologistas en Acción.
Otra de las carencias que tiene la nueva normativa es la no inclusión de cultivos como el maíz, responsable de la deforestación de millones de hectáreas en el mundo, así como de carnes que no sean las de vacuno. Hay que recordar que la inmensa mayoría de la soja que se cultiva en el mundo va destinada a la producción de pienso para alimentación animal: solo el 6% de la producción global se destina a alimentación humana, mientras que el 70% va destinado a la industria de la alimentación animal, como indica el informe Con la soja al cuello, de Ecologistas en Acción.
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Por último, Fernández incide en que bancos y compañías de inversión y seguros no están dentro de las empresas a las que se les podrá exigir rendir cuentas en función del Reglamento para frenar la deforestación importada.
La normativa, eso sí, tendrá una revisión cada dos años, con lo que desde las ocho organizaciones aseguran que pelearán porque estas y otras iniciativas que amplían el freno a la deforestación global sean integradas en el Reglamento, una normativa que, esperan, abra la puerta a que otras naciones del mundo reproduzcan leyes similares.
La expansión agrícola y el agronegocio están detrás del 80% de esa pérdida de bosques, así como de la fragmentación de los mismos y de la pérdida asociada de biodiversidad forestal
El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur es otra de las variables que preocupa a las organizaciones centradas en frenar la deforestación global. Adriana Ramos, coordinadora del Programa de Política y Derecho del Instituto Socioambiental (ISA) de Brasil, y Sergio Rojas, miembro del pueblo indígena Qom del Chaco argentino, presentes en la presentación de la Alianza, han alertado de que el nuevo reglamento sirva para justificar ambientalmente el acuerdo UE-Mercosur. “La firma de este acuerdo va a empeorar la situación social, sanitaria y económica de todas las comunidades indígenas”, ha indicado Rojas, para quien la frontera agraria del agronegocio se expande cada día más, lo que supone una mala noticia para el medio ambiente, el clima y las comunidades locales que viven en las zonas afectadas.
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Las ocho organizaciones que la conforman han elegido las vísperas del Día Mundial de los Derechos del Consumidor —15 de marzo— y del Día Internacional de los Bosques —21 de marzo— para presentar la nueva Alianza, que en su objetivo de promover un consumo responsable en España y en la UE que evite la destrucción de hábitats naturales, pretende ir más allá de lo relativo al Reglamento sobre la deforestación importada en la UE.