Crónica desde Catalunya
A punto para el recambio

Tiene algo de novedad y algo de continuidad e incluso una pizca de hecho histórico. Cataluña se prepara estos días para el retorno de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a la presidencia de la Generalitat, un acontecimiento que prácticamente coincide con el nonagésimo aniversario de la fundación del partido. No llega con una holgada distancia respecto a Junts, pero los resultados de las pasadas elecciones del 14 de febrero sí que le otorgan el suficiente margen de maniobra como para asentarse en el poder y los republicanos están decididos a no perder una oportunidad a la que en varias ocasiones han aspirado y hasta ahora se les había escapado

La judicialización no afloja

Ciertamente, marzo no empezó con buen pie para ERC. Nada más comenzar, la Fiscalía interpuso una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el presidente del Parlament de Catalunya de la pasada legislatura, Roger Torrent (ERC), y tres miembros de la Mesa, Adriana Delgado (ERC) y Josep Costa y Eusebi Campdepadrós, de Junts per Catalunya (JxCat), por un supuesto delito de “desobediencia” al Tribunal Constitucional (TC).

Concretamente, alega la providencia de 5 de noviembre de 2019, dictada en el marco de un incidente de ejecución de una sentencia anterior del propio TC (STC 98/2019, de 17 de julio), que suspendía, a instancias del Gobierno español, los acuerdos de admisión a trámite de una Proposición de Resolución presentada por JxCat, ERC y la Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent (CUP-CC), en que se reiteraba la “defensa del derecho de autodeterminación y la soberanía del pueblo de Cataluña” y “la reprobación de la monarquía” (acuerdo de 22 de octubre de 2019), y de desestimación de las peticiones de reconsideración formuladas por Ciutadans, el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) y el PP.

La “desobediencia” en este caso consistiría en que la Mesa siguiera tramitando la Propuesta y fuera sometida a debate, votación y aprobación, el 26 de noviembre del mismo año (Resolución 649/XII, de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de octubre). La segunda “desobediencia” consistiría, a juicio de la Fiscalía, en la admisión a trámite, desestimación de las peticiones de reconsideración, debate, votación y aprobación, el 12 de noviembre del mismo año, de otra moción presentada por el subgrupo parlamentario de la CUP-CC relativa a la “voluntad concreta de ejercer el derecho de autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán”, contraviniendo, según la Fiscalía, otra sentencia del TC (STC 259/2015, de 2 de diciembre).

La ministra de Hacienda y portavoz María Jesús Montero anunció en marzo la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 88 de la Ley del Parlament de medidas fiscales, financieras y administrativas y del sector público

Jurídicamente, dicha querella no debería tener recorrido alguno, tanto porque las conductas que reprocha la Fiscalía se hallan protegidas por la prerrogativa de la inviolabilidad parlamentaria, como porque el TC no es un órgano judicial ni una “autoridad superior” al Parlament, que son los dos poderes el desacato de cuyas resoluciones es constitutivo de la “desobediencia” tipificada en el artículo 410 del Código Penal (CP). No obstante, es igualmente cierto que la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo (TS) y el TSJC, en abierta vulneración del principio de legalidad penal, reconocido por la propia Constitución española (art. 25.1 CE) y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (art. 7.1 CEDH), ha aplicado extensivamente este precepto, práctica expresamente prohibida en derecho penal cuando es perjudicial para el reo (art. 4.1 CP). En este sentido, es indicativo que el pasado 17 de marzo el TSJC admitiera a trámite la querella. Políticamente, la interposición de esta querella por parte de una Fiscalía de cuyo control se ha jactado el presidente del Gobierno de España muestra nuevamente la voluntad real de Moncloa de resolver políticamente los conflictos políticos a que se comprometió al inicio de la presente legislatura.

Al día siguiente, el Gobierno central volvió a demostrar su predisposición al diálogo con la Generalitat. Así, la ministra de Hacienda y portavoz María Jesús Montero anunció la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 88 de la Ley del Parlament de medidas fiscales, financieras y administrativas y del sector público (Ley 5/2020), que aumenta a 6.105 euros anuales la cuantía mínima exenta de IRPF para las bases liquidables y de ahorro iguales o inferiores a 12.450 euros. Cabe recordar que el tramo autonómico catalán en las rentas de hasta 10.000 euros es el más alto (12%) de todo el Estado.

Nuevamente, la base de la impugnación es un argumento competencial, en este caso que la Generalitat carece de capacidad normativa sobre la base liquidable del ahorro, lo que vuelve a mostrar la rigidez del marco constitucional vigente para realizar políticas sociales desde las comunidades autónomas, en este caso de redistribución de la renta. Con ello, vuelve a quedar patente el compromiso con la justicia social en el ámbito tributario del “gobierno más progresista de la historia”. Buena muestra de la lealtad del PSOE con su socio de Gobierno la encontramos en que dicha reforma de la franja inferior del tramo autonómico catalán se dio gracias a las presiones de Catalunya en Comú Podem (CECP), el aliado catalán de Unidas Podemos (UP).

Simultáneamente, el calendario represivo continúa, con otras de las causas derivadas de la causa general contra el independentismo. Durante los días 3 y 4 se celebró, en el Juzgado de lo Penal número once de Barcelona, el juicio a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral nombrados por el Parlament para garantizar la transparencia y la objetividad del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017.

En este caso, la Fiscalía acusa —nuevamente— por desobediencia al TC (la providencia de 7 de septiembre de 2017 que suspendía cautelarmente la Ley del referéndum) y nada menos que por “usurpación de funciones”, cuando la Sindicatura era una institución de nuevo cuño, totalmente separada de las Juntas Electorales. Se da la circunstancia de que, además de lo que ya hemos dicho sobre la inadecuación del delito de desobediencia (que en este caso se agrava, porque sólo a uno de los miembros le fue notificado personalmente el requerimiento de abstención emitido por el TC), en este procedimiento se vulnera también el principio de ‘non bis in idem’, por cuanto los síndicos ya fueron sancionados por el propio TC con multas coercitivas diarias hasta que, finalmente, renunciaron a sus cargos.

En este caso, además, a parte de penas de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y multas, la Fiscalía también solicita prisión para los cinco acusados: dos años y nueve meses. Y el día 24 llegaba el tercer juicio contra miembros de la Mesa del Parlament durante la XI legislatura. En este caso, el encausado es Joan Josep Nuet, entonces diputado de Catalunya Sí que es Pot (CSQP), y los hechos son los mismos por los que fueron condenados los demás miembros de la Mesa por el TSJC el pasado 19 de octubre (admisión y tramitación de propuestas de ley susceptibles de contradecir sentencias y resoluciones del TC). No obstante, como Nuet es actualmente diputado en el Congreso (por ERC-Sobiranistes), su procedimiento se ha juzgado en el TS. La Fiscalía solicita una pena de diez meses de multa y un año y cuatro meses de inhabilitación.

“Esto es un conflicto político que se debe resolver en sede política y que no se puede ni se debe judicializar”, afirmó la eurodiputada de Podemos María Eugenia Rodríguez Palop en el Parlamento Europeo

Si en el ámbito de los encausados políticos la represión no se detiene, la situación no es mejor para los presos. El 9 de marzo, el sustituto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número cinco de Cataluña, David García, estimaba el recurso contra la clasificación en tercer grado de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva y Joaquim Forn, interpuesto por la Fiscalía al día siguiente de las elecciones al Parlament (en una nueva muestra de la voluntad del Gobierno español de avanzar en la “desjudicialización” de la política y resolver el conflicto por la vía del diálogo). El magistrado sustituto asumía los argumentos del TS expuestos en el Auto del pasado 4 de diciembre para revocar la primera clasificación en tercer grado de los presos y argüía la “falta de modificación de aquellos rasgos de la personalidad relacionados con la actividad delictiva”, ignorando, como aquél, el derecho constitucional de toda persona a no declararse culpable (art. 24.2 CE) y mostrando nuevamente qué función pretenden dar algunos magistrados a las penas: servir de instrumento de manipulación psicológica y modificación coactiva de la ideología de los penados.

La Consejería de Justicia de la Generalitat deberá volver a clasificar a los presos antes de julio y, hasta entonces, la Junta de Tratamiento de la prisión de Lledoners podría concederles permisos para salir a trabajar o realizar actividades de voluntariado, en virtud del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

Mientras tanto, en Bélgica, el otro escenario donde se juega esta partida, el Parlamento Europeo aprobaba el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de los tres eurodiputados de Junts per Catalunya –Lliures per Europa (el expresidente Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí), a fin de que el tribunal de primera instancia de Bruselas pueda tramitar la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) cursada contra ellos parte del magistrado del TS español Pablo Llarena. En concreto, el resultado de la votación fue de 400 votos a favor del levantamiento, 248 en contra y 45 abstenciones, en el caso de Puigdemont, y de 404 a favor, 247 en contra y 42 abstenciones, en el de Comín y Ponsatí. Con todo, no se trata precisamente de una victoria ni para el nacionalismo español –ni en la variante “suave” ni en la “dura”– ni para Llarena.

Para el primero, porque fue testimonio de una fuga de votos, no demasiado grande pero significativa, en el bloque del ‘consenso de Bruselas’, formado por el Partido Popular Europeo (PPE), Socialistas y Demócratas (S&D) y Renew Europe (liberales), e incluso en el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), en el que se encuentra Vox, pero también Nueva Alianza Flamenca (N-VA), uno de los apoyos de Puigdemont en Bélgica. También por las repercusiones en la imagen de España que tienen las declaraciones de eurodiputados tanto de los Verdes/Alianza Libre Europea (Sergey Lagodinsky: “Su proceso judicial está politizado y no es proporcionado”) y La Izquierda en el Parlamento Europeo, cuya copresidenta, Manon Aubry, llegó a hablar de una “parodia de la democracia”. La votación también evidenció las diferencias en la coalición del Gobierno de España, pues mientras los eurodiputados del PSOE votaron a favor, los cuatro eurodiputados de Unidas Podemos lo hicieron en contra. “Esto es un conflicto político que se debe resolver en sede política y que no se puede ni se debe judicializar”, afirmó la eurodiputada de Podemos María Eugenia Rodríguez Palop.

La tardanza de Junts hizo que la Candidatura d’Unitat Popular-Un Nou Cicle per Guanyar (CUP-UNCPG) diese un paso al frente y presentase el 10 de marzo a un candidato propio a la presidencia de la cámara, Pau Juvillà

En lo tocante a Llarena, las OEDE contra Puigdemont, Comín y Ponsatí tendrán con toda seguridad el mismo recorrido que la cursada contra el exconsejero Lluís Puig, que fue rechazada por la justicia belga, en primera instancia y en apelación, como ya comentamos en nuestro artículo de enero. Y es que el Tribunal de Apelación de Bruselas, en la sentencia del pasado 7 de enero sobre el recurso interpuesto por la Fiscalía contra la denegación de la OEDE de Puig en primera instancia, ya falló que el TS español no es el juez predeterminado por la ley (principio constitutivo del derecho a un juicio justo reconocido en el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la propia Constitución española, art. 24.2) para conocer del proceso contra los políticos catalanes, sino el TSJC, ya que los hechos ocurrieron en Cataluña, tal y como establece el Estatuto de Autonomía (art. 70.2).

Ante tamaña perspectiva, Llarena ha presentado varias cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la posibilidad de que un Estado miembro rechace la concesión de una OEDE. Al parecer, el magistrado español desconoce que el planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el TJUE es un mecanismo para resolver las posibles contradicciones entre el derecho de la UE y el derecho interno y que, tal y como establece el Tratado de Funcionamiento de la UE, los órganos judiciales estatales pueden plantearlas “para poder emitir su fallo” en asuntos de los que estén conociendo ellos (art. 267.b), no otros tribunales. Acaso el propio Llarena sea consciente de ello, toda vez que la última de sus preguntas sugiere su propia retirada, si el TJUE considera que la denegación de una OEDE por parte del órgano judicial de otro Estado miembro es compatible con la Decisión Marco del Consejo de 13 de junio de 2002, relativa a la OEDE.

En el fondo, condenados a entenderse

Como quiera que todo el mundo daba por segura la formación de un ejecutivo encabezado por ERC, el mes de marzo ha transcurrido en lo político con una cierta languidez, para terminar algo atropelladamente. Aunque las negociaciones con Junts se han alargado más allá de lo normal, los riesgos para los posconvergentes de romperlas y precipitar una nueva convocatoria electoral superan en mucho los de alcanzar algún tipo de acuerdo con ERC. Aunque, como era de esperar, hay quien ha interpretado la dilación de Junts como una táctica negociadora para hacer valer su fuerza, quizá convendría atribuir también responsabilidad a la reestructuración interna –por no llamarlo directamente ‘desorden’, como prefieren sus críticos– que se vive desde hace semanas en el campo posconvergente, y que explicaría, en parte, la demora a la hora de proponer su candidata a la presidencia del Parlament.

Siguiendo la lógica de las pasadas legislaturas, la presidencia de la cámara corresponde a la segunda fuerza del gobierno, en este caso a Junts, pero la formación no tuvo claro si presentar a su cabeza de lista en las elecciones, Laura Borràs, o buscar a otra persona y mantenerla a ella como portavoz del grupo parlamentario, teniendo en cuenta que su oratoria es un activo para la formación. A buen seguro que hubo argumentos a favor de una y otra opción, probablemente no siempre honestos, pues a pesar de que Junts mantiene una considerable discreción en cuanto a sus asuntos internos, no cabe descartar que haya quien prefiera que Borràs –que se impuso en unas primarias a Damià Calvet, un perfil mucho más tradicional– no adquiera más protagonismo dentro del partido. Otro ejemplo, todavía más claro, es el del número dos de Junts, el expresidente de la Cámara de Comercio de Barcelona Joan Canadell, que genera una evidente incomodidad al resto de fuerzas y cabe suponer que aun a la suya propia, ya que cuenta con un largo historial de exabruptos neoliberales y polémicas, incluyendo su apoyo a los pseudohistoriadores del Institut Nova Història (INH).

Sea como fuere, la tardanza de Junts hizo que la Candidatura d’Unitat Popular-Un Nou Cicle per Guanyar (CUP-UNCPG) diese un paso al frente y presentase el 10 de marzo a un candidato propio a la presidencia de la cámara, Pau Juvillà, su diputado electo por Lleida. Finalmente, Junts apuró las fechas de negociación y el Parlament de Catalunya se constituyó el 12 de marzo, ya con Borràs como presidenta y Juvillà como secretario tercero. Significativamente, en su primer discurso como presidenta del Parlament, Borràs no mencionó a su predecesor, un silencio que fue interpretado como un gesto de desaprobación a su presidencia, en la que se produjeron sonadas discrepancias con JxCat, comenzando por su negativa a autorizar la investidura telemática de Puigdemont.

La constitución de la Mesa del Parlamento estuvo marcada, además, por dos episodios que merecen ser tenidos en cuenta. El primero, que el secretario de Vox –al que le correspondía un puesto por ser el más joven de la cámara– negase el voto a Puig, diputado electo de Junts, que finalmente pudo votar gracias a que la CUP-UNCPG le prestó uno de los suyos. Y el segundo, las críticas de En Comú Podem (ECP) a la CUP-UNCPG, adelanto de una legislatura en la que ambas formaciones, separadas por un solo escaño de distancia, se disputarán el liderazgo de la izquierda en Cataluña. Este último episodio comenzó cuando varios diputados de ECP –cuya portavoz, Jéssica Albiach, se declaró ese mismo día “decepcionada” por ERC y anunció que los “comunes” pasarían a la oposición– acusaron a la CUP-UNCPG de haber votado a Borràs. “Una persona que nos considera extranjeros, colonos y ajenos a la mitad de la población no tendría que poder ser presidenta del Parlament”, escribió en Twitter la diputada de ECP Aina Vidal; “existiendo nombres y mayorías diferentes, no entiendo por qué ERC y CUP apuestan por una ultra imputada por corrupción con una posible inhabilitación”.

ERC y la CUP-UNCPG han pactado que el candidato, Pere Aragonès, se someta a una moción de confianza a mitad de mandato, como medida de control, en particular si la mesa de diálogo con Madrid no ofrece una salida al conflicto político

Las declaraciones de Vidal fueron contestadas por varios políticos de la CUP, que se remitieron a la votación para demostrar que, en realidad, se habían abstenido. Por lo demás, parece que la diputada “común”, experta en ver pajas en ojos ajenos, no se percató de que su propio grupo votó junto a Ciutadans y el PP, a favor de Eva Granados (PSC), la candidata del partido que apoyó la usurpación de la Generalitat por parte del PP y que es el referente catalán del máximo responsable político actualmente de la represión en Cataluña.

Resuelta la papeleta de la Mesa del Parlament, sólo quedaba a los republicanos resolver la formación de gobierno. El 21 de marzo ERC y la CUP anunciaban un preacuerdo de investidura. En dicho preacuerdo, ERC se comprometía a revisar el modelo de orden público, a través de una comisión parlamentaria, y a suspender el uso de proyectiles de foam, así como a “impulsar una agenda legislativa catalana” con especial énfasis en materia de vivienda, para “evitar los desahucios a personas en riesgo de vulnerabilidad”, y sanidad, reforzando la atención primaria y destinando el 25% del presupuesto a este área. También se prevé la puesta en marcha de una prueba piloto hasta 2023 para introducir una renta básica universal (RBU). Debe apuntarse, en cualquier caso, que el preacuerdo es francamente decepcionante en lo tocante a la mala práctica de la Consejería de Interior de la Generalitat de personarse como acusación particular contra manifestantes acusados de enfrentamientos con agentes de los Mossos d’Esquadra. El texto dice que esta práctica se limitará a los casos “en que hayan lesiones a agentes acreditadas con certificado médico”, lo que es tanto como decir que se producirá en la mayoría de los casos, puesto ¿cómo van a ser parte acusatoria en un procedimiento penal los Mossos d’Esquadra, si no es como agredidos?

Finalmente, según consta en el propio texto del preacuerdo, ERC y la CUP-UNCPG han pactado que el candidato, Pere Aragonès, se someta a una moción de confianza a mitad de mandato, como medida de control, en particular si la mesa de diálogo con Madrid no ofrece una salida al conflicto político basada “en la autodeterminación y la amnistía”. Si no se consigue, ambas fuerzas se comprometen a “generar las condiciones y los acuerdos necesarios” para plantear un nuevo pulso con Madrid, “priorizando la vía del referéndum de autodeterminación”.

El preacuerdo ha generado el rechazo, por motivos distintos y hasta opuestos, de dos importantes organizaciones de la candidatura: Endavant y Poble Lliure. Ambos cuestionan la mesa de diálogo entre los Gobiernos español y catalán, pero, mientras Poble Lliure se muestra partidario de que la organización entre en el Gobierno de la Generalitat, Endavant apunta que eso supondría “desgastar a la CUP”, por cuanto ni “se podrán poner en práctica” las políticas anunciadas y la práctica gubernativa real consistirá en “una gestión de la miseria y de fondos europeos teledirigidos para enriquecer a grandes empresas”, según expresó el día 24 el portavoz nacional de la organización, Lluc Gayà.

También es contraria al preacuerdo Lluita Internacionalista (LI), otra de las organizaciones que apoya a la candidatura, y que defiende que la CUP-UNCPG se limite a conceder los votos favorables a la investidura de Aragonès, pero sin adquirir compromiso de estabilidad alguno, y aun menos presupuestario, y siempre que, a cambio, el nuevo gobierno se comprometa a la retirada total de la Generalitat en las causas contra manifestantes, la prohibición de las balas de foam y dedique una “partida presupuestaria extraordinaria” para salud, enseñanza y servicios sociales. De todas las organizaciones que forman la coalición, Guanyem fue la que más defendió el acuerdo, a pesar de ser consciente de sus limitaciones. Finalmente, el 25 de marzo la militancia de la CUP-UNCPG avaló el preacuerdo, aunque con el mandato a los negociadores de “mejorarlo”.

¿Qué hacer con el Consell per la República?

Como adelantaron algunos medios de comunicación semanas atrás, al hablar de la estrategia negociadora de ERC, el partido cerraba así con habilidad un acuerdo primero con la CUP-UNCPG, para negociar posteriormente con Junts y limitar su margen de respuesta. Como ocurriera con las negociaciones para la formación de la Mesa del Parlament, Junts optó por prolongar las negociaciones y la tarde del 25 de marzo, la víspera del primer debate de investidura de Aragonès, anunció su abstención, por la falta de un “acuerdo de legislatura” e impidió así que pudiese salir elegido en primera votación, que se realizó el 26 de marzo y arrojó un resultado de 42 votos a favor (ERC y CUP-UNCPG), 61 en contra (PSC, Vox, ECP, Ciutadans y PP) y 32 abstenciones (Junts), que emplazó a Aragonès a que suspendiese la segunda vuelta hasta que se cerrase un acuerdo de gobierno. Brinksmanship parlamentario. Los discursos del resto de formaciones básicamente reflejaron las posiciones mantenidas hasta la fecha.

El nuevo escollo en las negociaciones es el papel que le correspondería al Consell per la República durante esta legislatura. Por una parte, Junts ha manifestado su voluntad de que tenga un rol más destacado esta legislatura, como órgano coordinador del independentismo y fuera del alcance de los tribunales españoles. Por la otra, ERC propone “replantear” el Consell, en el que actualmente no participa (tampoco toda la CUP), lo que hace que no sea representativo de todo el independentismo. La CUP-UNCPG no se opone, en principio, a que el Consell per la República tenga un mayor peso, pero pide delimitar mejor sus funciones.

El Consell per la República está desde luego fuera del alcance de los tribunales españoles, pero, como sostiene la CUP-UNCPG, también de un control republicano democrático propiamente dicho

Las posiciones son bien conocidas: Junts achaca a ERC confiar en exceso en el diálogo con Madrid, y ésta responde a Junts que cualquier conflicto desembocará inevitablemente en el diálogo y no puede renunciarse al mismo. En cualquier caso, llama la atención la sobrevenida importancia de un organismo que durante la pasada legislatura no sólo no terminó de arrancar nunca, sino que fue progresivamente rebajado, desde sus pretensiones iniciales de funcionar como “ejecutivo en el exilio” (recordemos que inicialmente hubo confusión sobre si su denominación era Consell ‘de’ o ‘per’ la República), lo que lleva a los republicanos a sospechar razonablemente que no se trate más que de una artera maniobra para arrebatarles el volante del Gobierno, proporcionando al Consell per la República la “dirección estratégica” del proceso independentista justo en el momento en que los posconvergentes han perdido la hegemonía.

Una sospecha, cabe añadir, fundada en el precedente de la “lista única” que Convergència Democràtica de Catalunya logró imponer a ERC en 2015, cuando aquélla perdía apoyos electorales y se vio amenazada por la subida de los republicanos. En este sentido, el Consell per la República está desde luego fuera del alcance de los tribunales españoles, pero, como sostiene la CUP-UNCPG, también de un control republicano democrático propiamente dicho. La exconsejera de Agricultura Meritxell Serret, hasta este mes exiliada en Bélgica, lamentó a las claras en una entrevista con Nació Digital que el Consell per la República tenga “un sesgo partidista” que “lo ha debilitado”, y afirmó que “tendría que ser una herramienta para ayudar a organizar la internacionalización y ser un espacio de difusión del conflicto político y de generación de empatía y apoyos a la vía política y democrática”.

Precisamente el pasado día 11 Serret compareció ante el TS, y Llarena la dejó en libertad provisional, citándola a declarar para el próximo 8 de abril. Se da la circunstancia de que no existía ninguna OEDE contra Serret, ya que sólo estaba encausada por desobediencia (los delitos no castigados con penas de cárcel están excluidos del sistema de OEDE) y la sentencia del TS contra el resto de miembros del Gobierno de que formó parte no constata la realización de pagos desde su Departamento, por lo que podría decaer el cargo de malversación de caudales públicos. Serret, elegida diputada al Parlament en las elecciones del 14 de febrero, ha recogido ya su acta de diputada, pero su retorno ha generado una nueva disputa entre ERC y Junts. Así, mientras que Serret ha afirmado que, “asumiendo los riesgos” del retorno, “abrimos camino para todos los compañeros que se encuentran en mi situación”, Lluís Puig advirtió días después contra la tentación de “blanquear al Supremo y a Llarena”, contrapuso la mencionada sentencia del Tribunal de Apelación de Bruselas sobre su caso y concluyó que “lo que hace falta es que Llarena haga caso a la justicia europea”.

Portazo a la Proposición de ley de amnistía

El día 16 ERC, Junts, el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) y la CUP registraron en el Congreso la Proposición de Ley de amnistía consensuada con Òmnium Cultural y el colectivo Amnistia i Llibertat para todas las causas del ‘procés’. El presidente del grupo parlamentario de UP, Jaume Asens, se refirió en términos muy duros a la iniciativa y acusó a los promotores de “engañar a la gente y generar falsas expectativas”, alegando que no existe una “correlación” de fuerzas “favorable” a su aprobación. Tiene algo de contradicción realizativa el que se arguya la “correlación de fuerzas” para justificar la abstención ante una iniciativa que cuenta con un amplio apoyo social y político en Cataluña. Por lo demás, Asens reproduce los peores tópicos estructuralistas sobre la cosificación de una “realidad objetiva” independiente de la acción de los sujetos colectivos y soslaya la penetrante observación de Max Weber según la cual “no se habría conseguido lo posible si uno no se hubiera agarrado una y otra vez a lo imposible” (Politik als Beruf, 1919). Acaso la explicación de la posición de Asens sea harto más prosaica y responda a la voluntad de evitar a UP una nueva disputa en el Gobierno, apoyando una proposición a la que el PSOE es contrario.

En cualquier caso, la tesis de la “correlación de fuerzas desfavorable” muestra nuevamente que las fuerzas de ámbito estatal partidarias de una solución política basada en el fin de la represión y el respeto a la voluntad del pueblo catalán carecen de fuerza suficiente para lograr dicho objetivo, de modo que aquélla no llegarán por la vía de un cambio político en España. El propio Asens admitió el estancamiento de la supuesta vía que propone su grupo parlamentario (el indulto y la reforma del delito de sedición), que, incluso en caso de aprobarse, excluiría a las ya casi tres mil personas afectadas por la causa general contra el independentismo, mientras que la reforma del delito de sedición no afectaría a las condenas impuestas por “malversación de caudales públicos”, por lo que ni siquiera sería garantía de la excarcelación de todos los presos.

Finalmente, tras un informe de los letrados de la cámara en que, confundiendo indulto y amnistía, calificaban la proposición de inconstitucional, la Mesa del Congreso la inadmitió a trámite el pasado 23 de enero, con los votos del PSOE , PP y Vox. Ante ello, Òmnium Cultural anunció el mismo día que iniciará una nueva campaña de recogida de firmas para volver a presentar la Proposición mediante el derecho de petición.

¿Dónde deja todo lo anterior a la promesa de diálogo? No en muy buen lugar, sin duda. El mismísimo presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se comprometió en la sesión de control del Congreso del 17 de marzo a retomar el diálogo, pero con el fin de “canalizarlo”. Y a buen entendedor, pocas palabras bastan. El Gobierno español se encuentra, qué duda cabe, bajo la presión cada vez mayor de una derecha recrecida que se cierra a cualquier tipo de concesión, por irrisoria que sea, y que espera poder pasar a la ofensiva tras las elecciones del 4 de mayo en la comunidad de Madrid. La izquierda no sólo está a la defensiva, sino que además, en Cataluña, una parte no precisamente pequeña ha asumido tesis nacionalistas españolas que hasta no hace mucho –digámoslo abiertamente, pues es así y no hay peor ciego que el que no quiere ver– eran patrimonio de C’s, dándoles un brochazo de bermellón. Ante esta situación, no es descabellado imaginarse dentro de dos años a Aragonès solo en una mesa de diálogo de la que han desertado todos. Y a partir de ahí, quién sabe.