Crímenes del franquismo
La caja negra del asesinato de españoles en el campo de Mauthausen

El Boletín Oficial del Estado publicó ayer, 74 años después de los Juicios de Núremberg, el nombre y los datos conocidos de 4.427 personas víctimas de la maquinaria de exterminio del régimen nazi en el campo de concentración de Mauthausen-Gusen. Ese acto se convirtió inmediatamente en el primer reconocimiento jurídico por parte del Estado de los españoles que fueron asesinados en este campo. Faltan las víctimas de otros campos de concentración —las cifras estimadas superan las 12.000 personas presas de nacionalidad española en campos de concentración y que 7.300 murieron en ellos— pero el reconocimiento es un primer paso 40 años después de la aprobación de la Constitución española.

Gutmaro Gómez, director del grupo de historiadores que ha facilitado el listado de las víctimas, explica a este periódico que había solicitado el acceso al  Registro Civil Central para su investigación pero que fue el Ministerio de Justicia, el que posteriormente le encargó el informe sobre los archivos, que permanecían ocultos desde 1951. Gómez ha realizado el informe en menos de un mes en base al registro de Exteriores, un trabajo enviado durante el franquismo por funcionarios franceses que lo elaboraron a su vez con los diez libros “Totenbuch” —literalmente, de los muertos— entregados por EE UU tras la liberación de Mauthausen-Gusen.

El registro franquista dio acuse diplomático de aquellos datos, pero nunca transmitió a las familias los 4.427 nombres de los fallecidos. Por los acuerdos de postguerra, todos los países aliados tuvieron que enviar a sus países de origen los datos de los muertos de los campos en los que entraron. Todavía no se conocen otros distintos a los de Mauthausen.

Las víctimas de Mauthausen-Gusen dejan de ser “apátridas”, como lo eran según la legislación franquista, o ciudadanos de otros países europeos, en el caso de los supervivientes, y el reconocimiento permitirá a sus descendientes iniciar procesos de sucesiones, herencia o reclamación de daños. Fue su declaración como “apátridas” por parte del Gobierno de Francisco Franco, explicitada en cartas al Gobierno alemán firmadas por Ramón Serrano Súñer, ministro de Asuntos Exteriores entre 1940 y 1942, y la recomendación a Alemania de que dispusiera de las vidas de esos españoles lo que convertiría al Estado en cómplice de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Adolf Hitler. Una fibra sensible que tanto PSOE como PP han evitado tocar y que dio lugar a uno de los casos más determinantes de la democracia española.

El registro central

Hasta que el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez ha publicado ese listado, ninguna administración había asumido la apertura del Registro Civil Central, un instrumento creado por el franquismo en la época del bloqueo internacional para saltarse los consulados que reconocían la legalidad republicana después de la Guerra Civil.

Hasta ayer, los Gobiernos de la democracia habían negado que existiera la notificación de esos fallecidos, pese a los listados elaborados por Francia y Estados Unidos en base a los “Totenbuch” de Mauthausen. Varios gobiernos europeos —principalmente Francia y Alemania— han presionado a España para regularizar ese reconocimiento. Como explica a El Salto Gregorio Dionis, presidente del Equipo Nizkor, un organismo de derechos humanos especializado en derecho internacional y humanitario, y derechos humanos, “Francia tuvo que sacar una pensión especial para los parientes de las víctimas que no tenían reconocimiento de muerte” mientras que España “lo rechazaba todo, nunca quiso reconocer la nacionalidad de los muertos”.

Dionis subraya que la importancia de los documentos “el jurídico es el único tratamiento posible para que sea un reconocimiento de las víctimas” pero considera que el reconocimiento logrado ayer es una buena noticia para las víctimas y tiene que servir para reflexionar sobre la gravedad de que se haya ocultado todo por parte de los gobiernos de la derecha —de Suárez, Calvo-Sotelo, Aznar y Rajoy— y la izquierda —de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero—. Como señala el presidente de Nizkor, al paso dado el viernes 9 de agosto se tiene que sumar el reconocimiento de los nacionales nacidos en México y otros países que reconocieron la vigencia de la II República española durante la dictadura militar de Francisco Franco, quienes, al haber sido inscritos en los consulados, nunca fueron reconocidos por España.

Dionis cuenta que la lista de víctimas es, por fuerza, incompleta: “La lista no se podrá hacer nunca”. Los nazis quemaron varios de esos “Totenbuch” y si sobrevivieron los que utilizaron estadounidenses y franceses fue por la sorpresa que supuso para los jerarcas nazis la entrada en el campo por parte de soldados del 41º Escuadrón de Reconocimiento de la 11ª División Acorazada de los Estados Unidos el 5 de mayo de 1945. Dos días antes, prisioneros del campo —con especial participación de los españoles— habían tomado Mauthausen y eliminado a algunos de sus torturadores. Lo primero que verían escrito los soldados estadounidenses en aquel campo del horror iba a ser una pancarta: “Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras”.

El abogado Antonio Segura explica a El Salto que el edicto publicado ayer “constata una legalidad que nunca tuvo que ser interrumpida”, pero destaca que la reparación a la que pueden optar descendientes, viudos y viudas de los asesinados en Mauthausen no es suficiente si los crímenes siguen impunes. No hay reparación si no hay justicia, resume este abogado.

Gregorio Dionis destaca que la publicación manifiesta que: “a) España reconoce que fue notificada oficialmente b) reconoce que ocultó la información durante todos estos años c) reconoce que violó las normas más elementales del rituario penal al no proceder a extender e inscribir las partidas de defunción. En consecuencia, dice el presidente de Nizkor “deben investirgarse las responsabilidades administrativas y penales de los que ocultaron y no actuaron según la ley impone”.

La denuncia que Exteriores enterró

El 19 de junio de 2008, el equipo Nizkor presentó una denuncia contra cuatro ex SS Totenkopf —guardas integrantes de las Unidades de las SS conocidas como “calaveras”— que en aquel momento estaban vivos y sobre los que no cabía duda de su participación en los crímenes de lesa humanidad del III Reich. Johann Leprich, Anton Tittjung, Josias Kumpf e Iwan Demjanjuk fueron los primeros acusados. Se trataba de cuatro Totenkopf que habían pasado con documentación o historias falsas a Estados Unidos, país que los había “desnaturalizado” sobre la base “de su participación en la persecución de personas por motivos de raza, religión, origen nacional u opiniones políticas bajo la dirección, o en asociación con, el Gobierno nazi de Alemania”, como se expuso en la querella.

La querella presentada se basaba en la doctrina del Tribunal Militar Internacional Núremberg, que España tuvo que acatar después de que las potencias imperiales permitiesen en 1955 la entrada en la ONU de la dictadura franquista. Por consiguiente, fue admitida a trámite en julio de 2008.

El 30 de marzo de 2009 se produjo un hecho sin precedentes en la historia democrática española. Por primera vez, dos supervivientes de los campos nazis testificaron en sede judicial como víctimas del nacional-socialismo alemán. Jesús Tello y Ramiro Santisteban, en calidad de internos en Mauthausen-Gusen: Tello como menor integrando una unidad familiar y víctima de crímenes de lesa humanidad; Santisteban, como prisionero de guerra y víctima de crímenes de guerra.

El 17 de Septiembre de 2009, la Audiencia Nacional acordó el procesamiento de los imputados Leprich, Tittjung y Kumpf “como cómplices de delitos de genocidio y lesa humanidad”. El juicio, instruido por Ismael Moreno como titular del Juzgado Central de Instrucción núm. 2 de la Audiencia Nacional, debía avanzar con las órdenes internacionales de detención a través de Interpol de Johann Leprich, Anton Tittjung e Iwan Demjanjuk —entonces residentes en Estados Unidos— y una orden europea de detención y entrega contra Josias Kumpf, en Austria desde su expulsión de EE UU.

Nunca pisaron suelo español. Josias Kumpf, asesino en el campo de Sachsenhausen, falleció el 15 de octubre de 2009 en un hospital de Viena, poco después de dictada la orden. El exguardia del campo de Sobibor Iwan Demjanjuk —de sobrenombre John— fue extraditado a Alemania (a pesar que la orden española era anterior, esta nunca se le entregó) y condenado a cinco años de prisión en 2011. No cumplió ninguna condena y en marzo de 2012 murió en una residencia de ancianos.

Los guardias de Mauthausen Johann Leprich y Anton Tittjung, que habían participado fehacientemente en el exterminio de decenas de miles de personas —miles de ellas españolas— permanecieron en Estados Unidos. Tittjung falleció en 2012. En estos dos casos, según relató el equipo Nizkor, la embajada española en Estados Unidos intervino para que no se ejecutara la orden de Interpol. Exteriores, a través de la embajada —que dirigió entre 2008 y 2012 Jorge Dezcallar, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia— habló con la defensa de los acusados y les pidió que les entregase un certificado médico que dijera que no estaban en condiciones de ser juzgados. Gregorio Dionis, presidente del Equipo Nizkor, explica a El Salto que esta información procede de fuentes oficiales del departamento de Justicia de Estados Unidos.

En 2011, Nizkor solicitó la ampliación de la querella a Theodor Szehinskyj, guardia armado de las SS Totenkopf en los campos de concentración de Gross-Rosen, Sachsenhausen y Varsovia. De nuevo se produjo, según el equipo legal, el bloqueo por parte de la fiscalía de la Audiencia Nacional, el Ministerio de Exteriores y la embajada española. Como explicó Nizkor, Estados Unidos no se oponía al traslado de Szehinskyj para su juicio en España, pero requería un “título de viaje”, instrumento jurídico para facilitar el viaje a personas indocumentadas, apátridas o con problemas de nacionalización. España nunca emitió ese título.

La Fiscalía, “nunca llevó la iniciativa procesal”, refiere Antonio Segura, que colaboró con el Equipo Nizkor en el proceso. Las administraciones del Estado dilataron el proceso hasta la muerte de los acusados “y nos quedamos sin caso”, resume este abogado penalista. En ese espacio de tiempo, dos reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre Justicia Universal —en 2009 y 2014— limitaron la capacidad soberana para casos de esta índole.

En 2015, la Audiencia Nacional archivó la causa sobre la muerte de más de 7.000 españoles en los campos de Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenbürg entre 1942 y 1945. La reforma de la Justicia Universal promulgada en 2014 fue el último clavo en el ataúd de un caso abierto por cuatro de los 2.421 supervivientes españoles de Mauthausen, David Moyano Tejerina, Silvia Dinhof-Cueto, Concepción Ramírez Naranjo y Donato Jesús de Cos Borbolla.

“El Gobierno impidió detener a aquellos asesinos”, relata Gregorio Dionis a El Salto. “Teníamos el acuerdo de la Fiscalía norteamericana, no había ningún impedimento jurídico, pero el Gobierno español lo demoró con chicanería jurídica, eran conscientes de que por su edad no tardarían en morir”. Dionis destaca que jurídicamente se puede hablar de “presiones indebidas” por parte del Gobierno con la finalidad de retrasar un caso que pudo haber terminado con el “modelo español de impunidad” establecido por el franquismo.

Antonio Segura confirma que se trata de un “proceso paradigmático” y uno de los más interesantes en los que ha trabajado. Significaba que el franquismo fuera juzgado como uno más de los procesos de Núremberg, en una Audiencia Nacional que debía funcionar como un tribunal penal internacional en el juicio de crímenes de lesa humanidad. “La retirada de la nacionalidad por parte de Franco y Serrano Súñer —cosa totalmente ilegal, aunque provenga de un gobierno ilegítimo e ilegal”, es, a juicio de Segura, la base jurídica para juzgar al franquismo “como cómplice del nazismo en las muertes de los campos”.

“Tiene que haber alguien con muy mala conciencia en el Gobierno”, ironiza Antonio Segura sobre el reconocimiento de la nacionalidad española de 4.427 personas asesinadas en Mauthausen. “Todo lo que sea aliviar a las víctimas es positivo”, añade antes de matizar que las personas a las que defendía Nizkor solo se consideraban víctimas en un aspecto. En primer lugar, “se consideraban vencedores porque liberaron el campo en el que estaban encerrados gracias a su organización política”, pero, como señala este abogado, se consideraban traicionados por los gobiernos europeos, que no lucharon para liberar a España del fascismo cuando cayó el III Reich.

Los españoles en Mauthausen-Gusen

Benjamin B. Ferencz fue uno de los soldados que entró aquel mes de mayo en aquel complejo. Mauthausen estaba compuesto por más de 23 subcampos, y los campos principales de Gusen y Ebensee, bajo la sombra y la influencia de la nave nodriza, el campo KZ Mauthausen, comenzado a construir el 7 de agosto de 1939: “Una gigantesca fortaleza de piedra en la cima de una montaña flanqueada por pequeños barracones”, según se describió en los Juicios de Núremberg.

Mauthausen-Gusen —y su sistema de subcampos— era el único campo de categoría 3, “era un campo del que no podría salir nadie”, como señalaba lacónicamente el fotógrafo español Francesc Boix, testigo en el Tribunal de Núremberg. Fue el campo en el que el régimen nazi llevó a cabo un plan para el exterminio de cuadros políticos de todos los países europeos. La categoría significaba también “que la dirección del campo en lo referente a su organización interna estaba en manos de bandidos del derecho común alemán, asesinos profesionales cuya misión principal era exterminar a los prisioneros de otras naciones con la mayor rapidez posible”, según el testimonio del prisionero político belga Lucien Vanherle.

Aquel intérprete fue quien aportó una clave a Gregorio Dionis que detalla por qué no se recogieron testimonios de los presos españoles: simplemente, no hubo ningún oficial que pudiera traducir en los interrogatorios de los supervivientes. Ferencz, nacido en Rumanía, sí pudo recoger el testimonio de Lucien Vanherle, que incluye alguno de los pasajes más terribles y poéticos que han servido para conocer el funcionamiento del campo, así como reflexiones destinadas a su condena por la historia:

“El mayor número de muertes lo producía la opresión total de un régimen infernal, dirigido y administrado por los peores granujas de las SS que podían encontrarse entre los delincuentes alemanes, y que ocupaban cargos como los de jefe del campo, secretario del campo, jefe de bloque, jefe de barracón o capo (jefe de equipamiento de un comando o destacamento de trabajo). Los prisioneros, obligados a realizar el trabajo más duro que nadie haya sido obligado a realizar, empezaban a caer rápidamente, incluso los más fuertes de entre ellos. Se convirtió en una costumbre ver cómo morían en tres meses al menos el 70% de los prisioneros recién llegados al campo.

(...) Muchos de los prisioneros morían simplemente de hambre. Eran, decían nuestros asesinos a la vista de pilas y pilas de cadáveres, "Zu Faul zum fressen" ("demasiado vagos para comer"). La comida era realmente abominable: sopa a mediodía, una rebanada de pan seco por la tarde. El trato que recibían estos esclavos al borde de la muerte, que trabajaban como portadores de piedras, junto con los rigores del clima (al menos entre 25 a 35 grados bajo cero en invierno, bajo un sol abrasador en verano), ayudaba considerablemente a diezmar a los prisioneros por miles, les empujaba a las garras de la muerte, agonizando como perros en los barracones infectados, tratados como bestias, comidos por los insectos, con escasas medicinas y cuidados médicos insuficientes, presa de enfermedades que casi siempre terminaban siendo mortales, como la pleuresía, la artritis, la desnutrición, la tuberculosis, los problemas de corazón, la furunculosis, las fiebres tifoideas, etc.

(...) Por lo que se refiere a las muertes violentas, los SS habían logrado perfeccionar con rapidez unos métodos que eran tan refinados como terribles. Los prisioneros morían por los latigazos recibidos, los ejercicios forzados, las inyecciones de veneno, el gas, el suicidio inducido, los disparos o la horca. Otro de los procedimientos consistía en meter a los desgraciados bajo unas duchas que arrojaban alternativamente agua helada y agua hirviendo. Muchos prisioneros morían de frío, tras haber estado expuestos al aire libre con escasa ropa o completamente desnudos. Un método particularmente eficaz empleado por algunos sádicos consistía en ahogar (a la víctima) en un recipiente con agua o en excrementos humanos, o entre los restos de otras víctimas. No hablaremos de los procedimientos realmente diabólicos de tortura inventados por la Gestapo para hacer hablar a los sospechosos. Nadie nos creería.

(...) Quienquiera que entrase en estos lugares podía decir con Dante: Voi che entrate qui, lasciate ogni speranza (“Vosotros que entráis aquí, abandonad toda esperanza”).

(...) En nombre de todos los prisioneros políticos que murieron por su país en estos baños de Satán, pedimos justicia para ellos, para sus herederos y sus familias. Exigimos un trato justo de extrema severidad frente a todos aquellos que directa o indirectamente han tenido responsabilidad en esta horrible carnicería.

74 años después de la liberación por parte de sus prisioneros del campo de Mauthausen-Gusen, España sigue ocupando un espacio extraño en los actos que todos los años conmemoran. El suelo sobre el que se levanta el monumento ceremonial —que no pertenece a Austria, sino a los países de los que partieron las miles y miles de víctimas que fueron asesinadas en este campo— tampoco está salvaguardado a día de hoy por el Estado español. El memorial de los españoles asesinados en el campo está mantenido por Francia, que asumió la renacionalización de muchos de los condenados a muertes por el régimen nazi.

La publicación en el BOE de esos nombres es un primer paso para terminar con una anomalía histórica que ha contaminado la legitimidad del sistema de 1978. Para el historiador Gutmardo Gómez, la publicación de las bases de datos de los nombres de los fallecidos en Mauthausen aporta una base científica para que familiares de víctimas se puedan apoyar para la reclamación de indemnizaciones y para la reparación jurídica.

Abrir la caja negra de los crímenes cometidos en Mauthausen, cuatro décadas después del fin del régimen militar, tiene un sentido histórico fundamental, pero abre también una serie de preguntas incómodas sobre la herencia del franquismo en el sistema actual. Un sistema que se ha mostrado reacio a reconocer su deuda con las víctimas del nazismo y que todavía debe abrir un buen número de cerrojos para esclarecer la complicidad de la España franquista en el holocausto.