Coronavirus
La Garantía de Atención a Menores en Riesgo y Emergencia en Extremadura no llega

Un país cerrado es, también, un país de escuelas cerradas. Cerradas no solo para el aprendizaje sino para una amplia gama de funciones de apoyo y asistencia, claves en entornos de necesidad y exclusión de multitud de escolares. Así, el cierre de los colegios ha supuesto que muchas unidades familiares tengan que asumir la ayuda suplementaria que los centros docentes prestaban a sus hijos e hijas; por ejemplo, y de modo más evidente, en su alimentación. En las familias de entornos y barrios más vulnerables, donde las necesidades y prioridades inmediatas son una constante carrera de obstáculos, esto ha pasado a complicar, aún más, la ya difícil cotidianidad.

Estos días se escucha sin cesar que el coronavirus afecta por igual a ricos y a pobres, pero esa cuestionable verdad parece puesta en evidencia por los hechos. Y lo hace de un modo tan claro que las Administraciones Públicas deberían tomarlo en cuenta a la hora de diseñar los planes de actuación con determinados hogares. En este sentido, organizaciones como EAPN (European Anti Poverty Network, Red Europea Contra La Pobreza)  y Save the Children alertaban sobre la necesidad de considerar especialmente el impacto que el confinamiento va a tener en las familias más vulnerables. Esta última señala directamente que las medidas de excepcionalidad adoptadas, aun siendo necesarias, pueden llegar a tener consecuencias sociales especialmente dañinas –a corto, medio y largo plazo– en las familias que viven en la pobreza, a quienes afectará de manera más intensa y extendida en el tiempo.

La realidad en Extremadura

El 13 de marzo, el mismo día que se decretó el confinamiento, el Gobierno central aprobó una partida de 25 millones de euros para los servicios sociales y familias vulnerables frente al coronavirus. En nuestra región, la Junta de Extremadura, por su parte, presentó una estrategia específica con el denominado programa GAMER (Garantía de Atención a Menores en Riesgo y Emergencia), que debería estar prestando la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales a aquellas familias en situación de especial vulnerabilidad, con dificultades económicas, para garantizar la adecuada alimentación de los menores.

En Mérida solo hay una trabajadora social de guardia cada día, por lo que generar los informes uno a uno ralentiza la tarea

Tanto el anuncio del programa como las intenciones del mismo fueron formuladas por el propio Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y Servicios sociales, José María Vergeles, asegurando que “nos preocupa la nutrición de los menores” y, por ello, a través de los Servicios de Atención Básica, como se hace en verano con los Espacios Educativos Saludables, “se atenderá a más de un millar de menores que se encuentran en una situación de vulnerabilidad o de exclusión social que no les permite, salvo que sea en el comedor escolar, mantener una nutrición adecuada”. Para que los niños no tengan que salir de casa, ha indicado, Cruz Roja y voluntarios llevarán un servicio de catering a los domicilios de estos niños. Sin embargo, diez días después del primer decreto, muchas de las familias que deberían estar siendo atendidas por el Programa GAMER siguen sin haber podido acceder al mismo.

La realidad a pie de calle

No es difícil entender la urgencia de la tarea y que, desde el primer momento, las familias necesitadas deberían haber recibido las ayudas de forma inmediata, agilizando y simplificando al máximo la tramitación de las mismas, buscando practicidad y flexibilidad en un marco de absoluta excepción. Sin embargo, la burocracia, cotidianamente abrumadora, no deja de aparecer aún en estas circunstancias. En Badajoz, como ejemplo, los servicios sociales del Ayuntamiento están desbordados debido a que se les pide a las familias que se descarguen un formulario para solicitar la ayuda, cuestión que evidentemente es inviable para la mayoría de las personas destinatarias de las ayudas. En Mérida, por otra parte, solo hay una trabajadora social de guardia cada día, por lo que generar los informes uno a uno ralentiza la tarea y la puede eternizar, de tal modo que podría terminar el período de confinamiento y haber familias sin haber recibido, todavía, nada. Tanto en Cáceres como en Badajoz, se ha solicitado a las familias que sean ellas las que se pongan en contacto con los Servicios Sociales competentes para solicitar la ayuda, lo que resulta a todas luces inapropiado habida cuenta del entorno social de las mismas.

Mientras tanto, Cruz Roja, en efecto, está cumpliendo llevando alimentos desde la semana pasada

Mientras tanto, Cruz Roja, en efecto, está cumpliendo llevando alimentos desde la semana pasada. El problema es que las listas de beneficiarios del reparto son las familias de niños y niñas que asistieron a los campamentos de verano conocidos como “Espacios educativos saludables” que, en muchos casos, no coinciden con el alumnado becado en los comedores escolares durante el presente curso.

¿La solución?

Ante tanto despropósito, cabe pensar en las alternativas que la Administración podría disponer para organizar de otro modo la ayuda a las familias vulnerables. Parece haberlas. De acuerdo con algunos directores y directoras de Centros de Atención Educativa Preferente, el protocolo utilizado es demasiado largo e inviable en el terreno de los hechos, pero advierten que la propia Administración dispone de herramientas que podría emplear para proceder de una manera más eficiente y eficaz. La solución estaría en los propios centros: “tan sencillo como haber solicitado la lista del alumnado becado a los centros educativos y haberla puesto a disposición de los Servicios Sociales para que éstos hubieran acreditado la situación de vulnerabilidad de las familias y que dicha lista se hubiera entregado al personal de Cruz roja”, reconoce el director de un centro.

De hecho, los propios equipos directivos de los centros escolares han sido los que han puesto de manifiesto la gravedad de la situación tras observar cómo, avanzando las jornadas de confinamiento domiciliario, los organismos competentes resultaban incapaces de articular una estrategia realmente eficaz para gestionar y repartir el kit de alimentación y que los servicios habilitados para la tarea se encontraban absolutamente desbordados.

Una vez más, incluso en crisis globales como una pandemia, que pareciera no conocer de clase o estratificación social, son los pobres quienes cargan con la peor parte.