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Contaminación
La lucha de vecinos de Cartagena por aclarar los casos de cáncer por polución
Vecinos de la pedanía de la Aljarra, junto a Cartagena, piden un estudio oficial que aclare si hay relación entre una incineradora y fábrica de plástico y los casos de cáncer. Un estudio científico mostró una incidencia de casos de cáncer infantil en la zona tres veces mayor de lo normal.
En la comarca de la Aljorra, junto a Cartagena, la asociación vecinal lleva dos años pidiendo a las administraciones un estudio epidemiológico que demuestre si la abundante industria de la zona está influyendo en los niveles de incidencia de cáncer. Los cerca de 15.000 habitantes de esta zona viven atemorizados por las consecuencias para la salud del polo químico en el que se encuentra la planta de Sabic, una productora de plástico y incineradora que acumula denuncias e incluso multas en EE UU.
La voz de alarma la dio un estudio dirigido por el doctor en pediatría y director de la Unidad de Salud Medioambiental del hospital de Virgen de la Arrixaca, Juan Antonio Ortega, que establecía una correlación entre la acumulación de industrias en la comarca y la incidencia del cáncer entre niñas y niños con valores tres veces superiores a lo normal.
Este trabajo, publicado en la revista Environmental Research, recoge registros entre 1998 y 2015.Los tres puntos señalados en el informe son La Aljorra, donde la principal actividad es la química y energética; Cabezo Beaza, (gestión de residuos); y Lorca, en las cercanías de la cementera Holcim, que terminó su actividad en 2013.
“El estudio elaborado por el equipo de investigadores de La Arrixaca solo estudió la incidencia de cáncer infantil, pero los habitantes de este pueblo tenemos la sospecha de que la tasa de cáncer en adultos también es mucho más alta de lo que debería”, señalan en un comunicado los vecinos. La asociaciones han pedido a la consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente información sobre el resultado de las inspecciones de emisiones a las empresas de la zona, así como un estudio epidemiológico que aclare si estas comarcas sufren más incidencia de casos de cáncer para todos los rangos de edad. Un informe del defensor del Pueblo, con fecha de febrero de 2018, recoge “incumplimientos en cuanto a los valores de emisión autorizados” tras una inspección ambiental realizada a la fábrica en diciembre de 2015.
Los vecinos se sientan con técnicos y representantes del Ayuntamiento de Cartagena y de la Región de Murcia en la mesa de calidad del aire. Según declara a El Salto Ángel Bozal, hasta ahora las administraciones no han dado “ninguna respuesta” a estas peticiones vecinales. Sí existen dos medidores de partículas, el último de ellos colocado en 2017 tras la presión de los vecinos, pero según la asociación son insuficientes: el recientemente instalado “lo ha pagado Sabic, que también contrata a la empresa que hace los análisis”, señala Bozal. La otra infraestructura, colocada sobre el techo del centro cívico de la Aljorra, es una máquina antigua rodeada de arbolado, lo cual puede introducir un sesgo en las muestras. Los vecinos llevan dos años pidiendo su traslado sin resultados.
El autor del estudio sobre cáncer infantil señalaba la semana pasada en una entrevista en la emisora pública Onda Murcia que la región posee un modelo de vigilancia ambiental “que ya quisieran tenerlo en otros países”. Pero añadía que los resultados del estudio “nos deberían animar a situar esa zona con una especial vigilancia y a cuestionarnos si podemos mejorar los circuitos industriales”. Ortega recordaba que la incidencia de casos de cáncer entre niños y niñas para la zona de la Aljarra mostraba “un mayor número de casos de forma bastante significativa” y definía los resultados como “una poderosa llamada de atención”.
La empresa Sabic, de capital saudí, lleva 30 años fabricando plástico en el polígono de esta pedanía de Cartagena. Desde 2009, cuenta con licencia para producir energía a través de la incineración de residuos, actividad que lleva realizando desde 2011. En 2012, una planta similar de la misma empresa en el Estado norteamericano de Alabama se vio forzada a pagar una multa de un millón de dólares por vulnerar 14 requerimientos de la ley de Aire Limpio.