Consultoras
El coste de externalizar la Eurocopa a los capitalistas de consultoría

La UEFA “está en deuda con Bilbao” por la Eurocopa, señalaba de manera kafkiana el alcalde Juan María Aburto. Y no se equivocaba, pero el organismo deportivo europeo no tiene pensado pagarla completamente. La compensación recibida por la UEFA ascendió a 1.3 millones de euros, lo cual dista bastante del gasto hecho público por el Ayuntamiento para acoger la competición, cercano a los 2.6 millones. Un millón de euros de estos contratos (casi la mitad) han ido a parar a PriceWaterHouseCoopers (PwC) e Idom Consulting, dos de las firmas condenadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a pagar 670.000 y 640.000 euros.

Un millón de euros del Ayuntamiento de Bibao han ido a parar a dos consultoras condenadas por cártel por la CNMC: PriceWaterHouseCoopers (PwC) e Idom Consulting

Así se desprende de la documentación recabada por esta revista sobre los datos públicos presentes en el perfil de contratante de Bilbao Ekintza, a saber, las 14 licitaciones públicas adjudicadas desde 2018 y que pueden encontrarse en la base del núcleo de datos abiertos de la institución. Más allá de clamar que “las instituciones vascas lo han logrado,” como se leía este viernes en la prensa vasca, al Ayuntamiento todavía le faltan muchos detalles que explicar sobre la rentabilidad de su inversión y la actuación de Bilbao Ekintza. En primer lugar, estas cuentas públicas reflejan sobrecostos que todavía no se han explicado ante la ciudadanía ni ante sus representantes políticos en el Pleno municipal. Por ejemplo, no ha ofrecido ni un solo dato sobre el procedimiento jurídico y contractual existente en las adjudicaciones. Esto es, el responsable último de certificar el dinero invertido en la competición no revela ningún detalle sobre ese procedimiento administrativo.

Esta revista ha realizado la primera pregunta al respecto tras la confirmación del traslado de los partidos de la competición futbolística a Sevilla. “Lo que se solicita de indemnización es lo invertido, ya que el evento no se ha llevado a cabo”, puede leerse en un correo de prensa del Ayuntamiento de Bilbao del pasado lunes. Y añadía en otra correspondencia posterior sin haber sido repreguntada: “Se han gastado hasta 1.3 millones y es lo que se va a reingresar: el total de lo invertido. De todas maneras, habrá una Comisión este miércoles y se dará todo tipo de explicaciones”. En dicha Comisión, celebrada en el miércoles 16 de junio, Xabier Ochandiano dio otra cifra: el acuerdo extrajudicial alcanzado entre ambas partes asciende a 1.600.000 euros, de los que los 300.000 euros corresponden al valor económico de lo contratado para los planes de seguridad y movilidad ya realizados, y que se activan y trasladan a las dos finales europeas que albergará San Mamés en 2024 y 2025. También ha avanzado que parte de este dinero se destinará a planes de impulso y reactivación de los sectores más afectados por la decisión, tales como “hostelería, comercio y hoteles”.

Los 1,3 millones que reingresará Bilbao por la no-EURO 2020 no irán a paliar los gastos externalizados, según Ochandiano

Esta suma nace de analizar todos los contratos para la prestación de servicios que tenían abiertos, pero también aquellos que, en contra de la voluntad del Consistorio, van a tener que cancelar, lo que en algunos casos supone la obligación de indemnizar. ¿Pero qué contratos y a quiénes? ¿Cuáles son los montos de éstos y el valor de las indemnizaciones? Durante la comparecencia, el representante del Ayuntamiento bilbaíno se ha negado a responder a las preguntas versadas en Derecho de la oposición sobre el contenido propio de los contratos. Tampoco ha ofrecido los nombres de las empresas perjudicadas y, en caso de haberlo existido, el procedimiento de inmdenización del organismo público. Únicamente tenemos el conocimiento de un dato, el cual buena parte de la prensa ha asumido sin análisis, con la bravonería que caracteriza a los señores del feudo del botxo vasco. “En Bilbao no se jugará la Eurocopa 2020. Pero no vamos a permitir que se juegue con Bilbao y con las Instituciones vascas“.

Las cuentas no cuadran, pero no hay auditoría

Cabría señalar otra incongruencia relacionada con la gestión histórica del presupuesto público del Ayuntamiento para la Eurocopa durante el proyecto UEFA EURO 2020. También se podría realizar una pregunta para cualquier gestor público: ¿Alguien lleva algún tipo de monitorización sobre la cuantía de los contratos? La respuesta podría explicar por qué nadie en la administración quiere escuchar hablar de contratos. Las pruebas que sostienen estas posiciones son las siguientes. En contestación a las preguntas al pleno de Carmen Muñoz, concejala del Grupo Municipal Elkarrekin Podemos Bilbao, realizadas en noviembre del pasado año, Xabier Ochandiano adjuntaba una tabla de contratos que contenía varios tipos de datos: los costes que había tenido hasta dicho momento la Eurocopa 2020, que ascendían a 1.3 millones, y el coste que habría de realizar a partir de ese momento, una cantidad que ascendía entonces a 4.2 millones. ¿Qué es lo que no cuadra? Por un lado, si los gastos señalados en 2020 eran esos, ¿por qué entonces el consistorio estaba ocultando la mitad de la cuantías? Los contratos que habían sido publicados en la plataforma de contratación del Ayuntamiento ascendía a 2.6 millones en aquel año. Esto es, las cifras no coinciden entre lo que está en la web y aquella información que se le entregó a los representantes políticos.

Las cifras publicadas en la plataforma del Ayuntamiento no casan con las informadas anteriormente 

Otra de las problemáticas es que muchas de las cantidades analizadas individualmente entre ambos datos (web y cedidas por Ochandiano) tampoco cuadran. Además, algunos de los costes que debían realizarse en el futuro ya habían sido licitados. Un ejemplo es que la inversión en seguridad y protección civil, que preveía un desembolso de 583.228 euros a posteriori, ya se había adjudicado por aquel entonces. Concretamente, el ”suministro de 95 barreras anti embestida de vehículos divididas en dos grupos, así como las prestaciones adicionales necesarias para que dichos elementos estén en funcionamiento“. La adjudicación de 423.014 euros a la empresa israelí que recibió el dinero, Guardian Homeland Security S.A, tuvo lugar el 31 de enero de 2020. De nuevo, el Ayuntamiento de Bilbao debía haber comunicado ese gasto tras las preguntas de la oposición, pero decidió dejarlo en la cuenta de gastos futuros.

Hay desfases lo suficientemente importantes como para dudar de la transparencia y la realidad de los costes

Otra ausencia que llama la atención es que solamente existen en la plataforma de contratación dos contratos para el año 2018, los cuales ascienden a 55.526 euros. Por el contrario, en los datos hechos públicos por Ochandiano aparecen gastos por valor de 283.017 euros para aquel año. También está el hecho de que que en la plataforma de contratación no existe ni un solo contrato entre los años 2014 y 2017, años en los que el Ayuntamiento de Bilbao dijo haber gastado 110.611 euros. Tampoco aparecen los gastos en traducciones, viajes para las candidaturas, el dinero destinado a intérpretes, comidas, reuniones de seguridad, publicidad y una larga retahíla de contratos menores. Si bien no sabemos a qué empresas se han adjudicado, ni mucho menos si los procedimientos han sido los correctos, desde luego conocemos que los 1.3 millones que los gestores públicos dijeron haber gastado no contemplan lo mismos contratos que sí lo hacen en la plataforma donde hacen públicos los contratos. Hay desfases lo suficientemente importantes como para dudar de la transparencia y la realidad de los costes. Pocas explicaciones, por otra parte, sobre los contratos para pensar que sus procedimientos están siendo respetados. Empíricamente, la única realidad que existe es el del capitalismo de consultoría y su expresión en la trama norte.

De la UEFA al 'Cártel norte'

Las irregularidades de la Eurocopa poseen interés público por motivos que trascienden a los del propio torneo, temas que también fueron tratados durante la comparecencia del delegado del Área de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo ante el pleno bilbaíno. Hace unos días, el Ayuntamiento de Bilbao se negó a investigar la responsabilidad del Ayuntamiento en el "aproximadamente un 25% de las licitaciones irregulares“ de las consultoras multadas por la CNMC que corresponden a esta institución. En especial, a Bilbao Ekintza, ”sociedad municipal del Ayuntamiento de Bilbao que tiene como misión apoyar el desarrollo económico de la ciudad,“. Más de un millón de euros del erario público gestionados por Bilbao Ekintza se habrían perdido en esta operación. Durante la sesión del miércoles, volvió a negarse dicha auditoría. Si ha existido una relación-calidad negativa en el precio del servicio, si el mercado no ha sido eficiente, ¿por qué los burócratas del consistorio han asumido un rol negligendo y no han iniciado acciones contra las empresas del cártel? Si hasta la CNMC lo ha considerado un timo para el erario público. ¿Cómo es que nadie quiere exigir ni la más mínima responsabilidad a las consultoras por la estafa? Esta pregunta es relevante porque no denunciar a las firmas supone aceptar la defensa que han utilizado las consultoras para recurrir las multas. De acuerdo a esta posición, no existían prácticas anticompetitivas en estos contratos porque estaban fomentadas por la administración, quien era consciente de estos procesos. Entonces, señalan, la connivencia de los gestores públicos les eximiría de toda responsabilidad posible. Por lo tanto, la decisión del Consistorio de no investigar implica, casi de manera directa, otorgar la razón a este posicionamiento. 

Las consultoras se esconden tras la teoría de que no existían prácticas anticompetitivas en estos contratos porque estaban fomentadas por la administración, quien era consciente de estos procesos

Estas preguntas son relevantes por el enorme peso que han tenido las firmas de consultoría incoadas por la CNMC en la organización de la UEFA, el cual asciende a un millón de euros de lo invertido. Si nos dejamos guiar por los datos de Ochandiano, y mientras ningún cargo público quiera aclararlo, podríamos decir que esta es una cantidad que supone el doble de los invertido en la planificación del evento deportivo. De manera abstracta, el Ayuntamiento contrató con Idom y PricewaterhouseCoopers por 500.218 y 531.311 respectivamente el núcleo duro de la organización del proyecto UEFA EURO 2020 . Según los contratos publicados, este incluye el soporte y coordinación de los grupos de trabajo 'Business', 'Comunicación y Promoción Local', 'Spectator Experience', así como ”Movilidad y Seguridad“. En primer lugar, no podemos obviar que la terminología utilizada en los contratos para repartir la gestión no sigue ningún esquema similar al que se le ofreció a la oposición en el documento donde se exigían los costes que ha tenido y tendrá la Eurocopa.

Tampoco se ha presentado ante la sede municipal documento institucional alguno que explique cuáles han sido los proyectos que estas consultoras han realizado durante los plazos que cubre la indemnización de la UEFA. De hecho, las palabra de Ochandiano señalan que los planes de seguridad y movilidad ya están realizados (por Idom y PwC respectivamente), aunque no se ha publicado hasta el momento ni un solo documento que lo acredite. Esta es una cuestión importante, pues no poder demostrar un servicio administrativo puede suponer malversación; un delito por el que otro Ochandiano también dirigente del PNV, Koldo, ya ha sido condenado en el caso de Miguel. Concretamente, a siete años y seis meses de presión por delitos atribuidos como cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación, tráfico de influencias, blanqueo de capitalistas y asociación ilícita.

Estos informes públicos debieran entregarse por otros motivos de peso: el 80% de las adjudicaciones presentes en la plataforma de contratación que se firmaron con las firmas del cártel norte, Idom y PriceWaterHouseCoopers, tuvieron lugar el 23 de mayo de 2019. Ambas proveedoras del Athletic Club (propietario de San Mames Barria, estadio en donde tendrían lugar los encuentros), también se hicieron con un plazo de formalización muy breve, ”a partir de los 15 días desde la remisión de la notificación“, y en la mitad de los casos se presentó un único ofertante. En aquellas en que hubo varios y el contrato, por ejemplo, se dividió en dos bloques cercanos a los 200.000 euros, también existen preguntas que deben responderse. Cómo una firma del cártel se llevaba el contrato por presentar una oferta ligeramente inferior, unos 6.000 euros, a la de sus competidores. Hasta qué punto algunas licitaciones parecen diseñadas a medida que el segundo lote de este contrato se adjudicó mediante la Unión Temporales de Empresas dentro de PwC, que agrupaba a dos ramas de las empresas (auditoría y asesoría de negocio) para ser las únicas firmas capaces de cumplir con los pliegos de licitación exigidos por el Ayuntamiento y ser los únicos ofertantes. Si bien en estos contratos destaca la rapidez con la que se hicieron y la prisa con la que se entregaron, no existe información sobre cómo se gestionó la negativa de la UEFA políticamente y administrativamente, ambas competencias del Consistorio.

¿Cómo una firma del cártel se llevaba el contrato por presentar una oferta ligeramente inferior, unos 6.000 euros, a la de sus competidores?

De momento, en la plataforma de contratación no se ha anunciado la cancelación de ninguna de las licitaciones señaladas. Por lo tanto, tampoco se ha hecho pública la fecha exacta en que estos contratos se desestimaron. De nuevo, esto es relevante porque la UEFA confirmaba a Sevilla como nueva sede de la Eurocopa en sustitución de Bilbao el pasado 23 de abril, hace menos de dos meses. Como han señalado los críticos de la falta de organización de las instalaciones sevillanas, “las necesidades logísticas que requiere un estadio para albergar un gran torneo no se solucionan en unas semanas.” Ello explica por qué buena parte de los contratos con las empresas que organizaban el evento han sido firmados a lo largo de los últimos años, siendo el último, hecho público, el 24 de junio de 2020. Dado que el Ayuntamiento reconoce que han tenido que cancelar contratos, pues buena parte de los trabajos de servicios de planificación externalizados estaban iniciados y avanzados por parte de los adjudicatarias a pocos días de la celebración de dicha competición, ¿por qué no se ofrece la documentación para monitorizar el estadio del proyecto? Además, ¿cómo se ha decidido la indemnización de las firmas afectadas?

Los datos no cuadran y los responsables políticos se niegan a realizar ninguna suerte de auditoría para esclarecer los hechos sobre una inversión que podría tener sobrecostos para las arcas públicas del doble de lo señalado inicialmente por el Ayuntamiento de Bilbao. En su lugar, Xabier Ochandiano ha calificado a la oposición de “ideológica” por insistir en que, más allá de la sentencia de la CNMC, esta práctica supone una externalización de funciones políticas.

Huelga recordar que el expediente de la CNMC muestra que PwC aprovechó los procedimiento de Bilbao Ekintza para participar de las conocidas como “ofertas de cobertura” en donde nombres tan conocidos como el hermano del exvicelehendakari, Sabin Azua, y también los dirigentes de Idom y PwC se intercambiaba correos repartiéndose los contratos. Concretamente, se ha demostrado que esta empresa han conocido de antemano datos sobre la adjudicación de los contratos, poniendo en duda los tiempos naturales de una licitación y el procedimiento público.

Si bien difiere el modus operandi contractual que tuvo lugar durante la preparación de la UEFA con las firmas del cártel norte, ni siquiera se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de investigar detalle alguno sobre estas relaciones tan estrechas. Al parecer, según se desprende de la posición y voluntad política de Xabier Ochandiano, la única forma de conocer cómo opera el Ayuntamiento de Bilbao en los procesos de licitación es mediante registro en sedes de consultoras condenadas por amañar contratos. En este contexto, la única certeza es la enorme dependencia que tienen las administraciones públicas sobre las empresas de consultoría, como ya se ha acreditado en varios artículos publicados por Hordago-El Salto, y lo cual se vuelve a constante con la planificación del mayor evento del fútbol-capitalismo global que ha tenido lugar en Euskadi en la última década.

La vieja nueva UEFA y Villar

El único detalle, aunque quizá anecdótico, sobre la telenovela de la Eurocopa vasca puede verse en la declaración institucional hecha pública el 21 de abril de las Instituciones vascas (Ayuntamiento de Bilbao, Diputación Foral de Bizkaia y Gobierno Vasco) ante la comunicación oficial recibida  parte de la UEFA en la que toma la decisión de retirar al estadio de San Mamés como la “Sede de Bilbao” para la celebración de la Eurocopa 2020. “Queda clara que la decisión unilateral de la UEFA y la actitud de la RFEF actual —a la que nunca le gustó Bilbao como sede de la EURO 2020— no son compartidas por las Instituciones Vascas organizadoras del evento en San Mames”.

Si la RFEF actual nunca quiso llevar a Bilbao la competición, entonces, ¿cuál es la anterior? y, ¿por qué aquella era más proclive? Se dice desde la oposición que el acuerdo entre la UEFA y el Ayuntamiento de Bilbao es extrajudicial. 'No hay tribunal, solo entrevistas', que se dice en la jerga tributaria. A decir verdad, la decisión de premiar a la ciudad con el premio de acoger la competición también fue un procedimiento bastante caracterizado por las amistadas personas. En las imágenes de archivo puede verse al Unai Rementeria, Juan María Aburto y Josu Urrutia junto a Ángel María Villar Llona en las fechas en que se producía la aprobación. ¿Quién entre 1971 y 1981 fue futbolista en el Athletic Club y recibió en 2011 el nombramiento de Bilbaíno Ilustre? Villar. Apenas tres años después, en abril de 2014, la Real Federación Española de Fútbol que éste presidía confirmó a la ciudad de Bilbao como su candidatura para albergar una de las sedes de la Eurocopa 2020 que se disputaría en 13 ciudades europeas. En febrero, el entonces diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, bromeaba y amenazaba con que “Con la 'Roja' en Bilbao habría que sacar las tanquetas”.

Si bien 24 horas después tuvo que recular, nunca sabremos si estas predicciones se llegarán a cumplir porque España ha jugado su partido en Sevilla. No obstante, estos dos nombres no dejan de ser paradójicos. José Luis Bilbao se encarga ahora del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en teoría encargado de fiscalizar los movimientos de las administraciones vascas en la trama de las consultoras, un trabajo que desde luego brilla por su ausencia. Por su lado, el ex dirigente vasco Villar fue encarcelado y suspendido de sus tareas en la UEFA y en la FIFA por corrupción en el marco de la Operación Soule. “Villar tiene cocodrilos en los bolsillos. Querrá seguir controlando la Federación, aunque sea desde la cárcel”, señalaba entonces un directivo federativo. La moraleja es que hasta las instituciones mundiales que regulen el capitalismo futbolístico tienen más mecanismos de autorregulación que las administraciones vascas.

No queda nada de aquel “prestigio y proyección” internacional sobre la ciudad y su capacidad como “efecto tractor” para atraer más eventos deportivos, como rezaban las declaraciones de Juan María Aburto. Y si bien la UEFA ha anunciado que Bilbao será la sede de dos finales continentales, la Europa League en 2024 y la Champions femenina en 2025, ninguna de las administraciones vascas ha querido valorar si forman parte del pago en capital simbólico por la fallida Eurocopa. Aquellos falsos debates pseudo-nacionalistas con que las élites vascas trataban de manera contradictoria la posible presencia de España en territorio bilbaíno anunciaban el fin de la hegemonía del modelo vasco, actualmente están en coma inducido y únicamente sostenidos gracias a las consultoras que se han hecho cargo de sus funciones. En la fase post sorpresa, ahí donde nos encontramos sumidos, solo queda por conocer cuántos millones nos ha costado la farsa jeltzale.