Comunidad de Madrid
La PAH presenta al Canal y al Ayuntamiento de Madrid un convenio para garantizar el derecho al agua

Los bloques de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que carecen de agua regularizada en Madrid y Arganda no pueden esperar un día más. Hace ya un mes que esta plataforma logró un compromiso del Ayuntamiento de Madrid —y tres que logró el del Canal de Isabel II— para suministrar agua a las viviendas recuperadas que carecen de ella y para regularizar el suministro de aquellas que ‘pinchan’ el agua y no disponen de un contrato. El acuerdo era, al parecer, inminente, pero un mes después las personas afectadas continúan sin agua o sin regularizar el suministro, y ello porque el Canal todavía no ha hecho llegar el convenio a los ayuntamientos.

Por ello, las PAH de Vallecas y de Arganda, apoyadas por la Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II y por la Alianza Contra la Pobreza Energética de Catalunya, han presentado hoy su propio convenio, un documento que enviaron hace ya una semana tanto a los ayuntamientos de Madrid y Arganda como al Canal. “La ciudadanía va por delante. Con esta propuesta de convenio, lo único que tienen que hacer los ayuntamientos y el Canal es firmarlo”, dice María Campuzano, de la Alianza Contra la Pobreza Energética, que ha venido de Barcelona para apoyar a la PAH.

“Desde la PAH, cuando no se nos da una respuesta, la damos nosotros”, ha explicado Diego Sanz, de PAH Vallekas, en rueda de prensa. Según este portavoz de los afectados, “no podemos aguantar más, esto es una tortura”, por lo que, si la solución no llega “con luz y taquígrafos”, actuarán con “desobediencia civil y acción directa pacífica”. Y lo harán en breve.

En el convenio presentado por la PAH, llamado “Convenio marco entre el Ayuntamiento de Madrid y el Canal de Isabel II para garantizar contratos provisionales de suministro de agua en casos de personas o unidades familiares en riesgo de exclusión social”, se establece la “tramitación de urgencia al suministro básico de agua potable a aquellas personas o unidades de convivencia en situación de exclusión social”.

De los cinco bloques —cuatro de ellos en Vallecas y uno en Arganda— que se han unido para reclamar sus derechos, y en los que residen 126 personas, dos carecen de agua —uno de ellos desde hace cuatro años— y tres disponen de agua pero no de contratos, con la consiguiente inseguridad de sus habitantes. “Para entrar en un edificio de PAH Vallekas hay que estar en una situación de exclusión, en una situación económica de evidente precariedad”, dice Laura López, de PAH Vallekas. En sus edificios hay también mujeres víctimas de malos tratos, menores, dependientes, mayores y personas con enfermedades graves y/o crónicas. Cincuenta de estas personas deben acarrear el agua con bidones. Dos de los pisos de Arganda, en los que residen menores, tampoco disponen de agua desde hace entre cuatro y cinco años.

El convenio presentado por la PAH toma como ejemplo los convenios de este tipo firmados en Catalunya en los últimos dos años “gracias a la presión social”, como indica María Campuzano, de la Alianza Contra la Pobreza Energética. Barcelona, Terrassa, Granollers, El Vendrell o Santa Coloma de Gramanet son algunas de las ciudades que ya disponen de convenios o protocolos para garantizar el derecho al agua.

Y es que es fundamental “la defensa del derecho humano al agua”, indica Gonzalo Marín, de la Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II, un derecho que España está obligada a cumplir como firmante del Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. “En Madrid, las dos administraciones que deben garantizar este derecho son el Ayuntamiento y el Canal, y no se está cumpliendo”, continúa Marín, que ha recordado que en este situación no solo se encuentran los edificios recuperados de la PAH, sino muchas otras personas, como las residentes en la Cañada Real.

El convenio que presenta la PAH, como ya indicaban hace un mes, no se limita a resolver la situación de las 126 personas afectadas en los edificios recuperados, sino que, una vez firmado por los distintos ayuntamientos, será válido para que todas las personas residentes en las localidades que firmen tengan garantizado su derecho al acceso al agua.

Un mes después

En lo que respecta a Vallecas, “el Ayuntamiento nos dijo hace un mes que el convenio llegaría en 48 horas, tenía que enviarlo el Canal, y no llegó”, dice Laura López, que añade que “la Junta de Distrito ha enviado un escrito al Canal en el que nos apoya”. En cuanto al alcalde de Arganda, para los activistas tiene una doble responsabilidad, como alcalde y como presidente de la Federación de Municipios de Madrid, pues se sienta en el Canal y tiene capacidad para convocar una reunión con urgencia. Desde la plataforma en defensa del agua pública, Marín indica que se ha convocado a los ayuntamientos y al Canal a una reunión tripartita, propuesta a la que “ninguna de las partes ha respondido”.

“Emplazamos a Juan Ignacio Zubizarreta y Lourdes Polo, del Canal de Isabel II, a que digan ya si va a haber o no va a haber contratos”, indica Diego Sanz. Y reclaman que la respuesta se les remita con urgencia. La situación lo requiere.