Comunidad de Madrid
Dos familias vulnerables serán desahuciadas de sus pisos sociales esta semana

Que el Estado debería garantizar el acceso a una vivienda digna a todos los ciudadanos, como figura mismamente en el artículo 47 de la Constitución, es una reivindicación histórica de los movimientos sociales. En el caso de los pisos que forman parte del parque público, todavía más, al menos en la teoría. Sin embargo, como ya es habitual en la Comunidad de Madrid, esta semana dos vecinos serán expulsados de sus pisos, originalmente de uso social. La primera, cuyo desalojo está previsto para este martes a las 9.00 horas de la mañana, es Isabel, que reside en un piso de Vía Carpetana, 208, en Carabanchel. Días después, el viernes, si no se consigue parar la ejecución, le tocará el turno a Josin, vecino de la calle Azucenas 22 en Tetuán. Ambos, desde contextos familiares dispares, comparten una situación de elevada vulnerabilidad que las instituciones desconsideran de cara a permitirles permanecer en sus hogares.

Isabel, su marido José Antonio y su hijo de 17 años alquilaron su piso hace nueve años. Se trata de una vivienda de la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid (IVIMA). Los pisos de esta entidad están destinados teóricamente a las familias con pocos recursos. Isabel relata que, cuando la anciana que vivía antes que ellos en la vivienda se mudó a una residencia, ellos se establecieron de forma irregular y desde entonces llevan insistiendo a las administraciones para conseguir un contrato de alquiler. Ella y su familia son vulnerables, tal y como demuestra un informe expedido por los servicios sociales, ya que su marido sufre graves problemas de salud por epilepsia, que le hace tener ataques semanalmente. Isabel, por su parte, cobra únicamente el ingreso mínimo vital, el único dinero que entra en su casa, insuficiente para afrontar los costes del alquiler en otro piso no social dentro de la región. Algo tan aparentemente sencillo como conseguir una regularización para firmar un contrato de alquiler se ha convertido en un infierno.

🔴 Este martes 14 de enero a las 9h, la Agencia de la Vivienda Social intentará desahuciar en Carabanchel.

Una vez más nos muestran la criminalización por parte de las instituciones públicas, una vez más habrá a la clase trabajadora defendiendo una vivienda

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— Sindicato Vivienda Carabanchel (@SVCarabanchel) January 11, 2025

“Han ido varios trabajadores sociales enviados por los inspectores de la Agencia de la Vivienda Social a la casa para ver las condiciones del piso por si está todo bien, hicieron fotos, unas mediciones y volvieron a pedirle documentación, pero no sabe nada más. Ya lleva varios años con la imposibilidad de que le regularicen”, comenta Elsa Riquelme, portavoz del Sindicato de Vivienda de Carabanchel en conversación con El Salto. El año pasado intentaron desahuciarla por primera vez. Por aquel entonces, el desalojo se pudo frenar ya que pudieron acogerse al Real Decreto-ley 1/2024, del 14 de mayo de paralización de los desahucios. “Lo que no entendemos es por qué, si eso se le ha prorrogado un año más, ahora la amenazan con desahuciarla. La familia sigue siendo vulnerable porque el Servicio Social le volvió a enviar el informe”, denuncia la activista.

La Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid aplaza solo quince días más el desahucio de Ana María

Susana Albarrán Méndez

Desahucios

Desahucios La Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid aplaza solo quince días más el desahucio de Ana María

Susana Albarrán Méndez

Esta mujer lleva viviendo 30 años en el mismo piso de Carabanchel cuyo casero es un organismo público, el antiguo IVIMA, que no ha ofrecido ninguna negociación a pesar de la situación de vulnerabilidad.

Un caso prácticamente idéntico al de Isabel fue el de una vecina suya, Ana María, acontecido el pasado mes de octubre. Como transmitió entonces este medio, la vecina llevaba más de 30 años viviendo en un piso del IVIMA. A pesar de tener a su cargo a un hijo con discapacidad y a su madre dependiente, además de cuatro nietos, sufrió un intento de desahucio. El organismo público le negó inicialmente la posibilidad de regularizar su alquiler. “Le dijeron, te vamos a cerrar la cuenta, aquí no pagas más. Aquí no se te van a pasar más recibos porque tú no estás regularizada, no se te ha reconocido el derecho de habitar en esa vivienda”, recuerda Riquelme. Finalmente, el músculo de las activistas del Sindicato de Vivienda durante el intento de desalojo logró frenarlo y pudo acogerse al decreto-ley que prorroga el alquiler a familias vulnerables, como ahora lucha Isabel.

Se prevé que el Samur la desplace a un albergue cuando haya sido expulsada. A su hijo, al ser menor y no poder estar en ese espacio con otros adultos, le separarán del resto de su familia

Hoy, si el Sindicato no consigue llegar a una negociación satisfactoria con la propiedad pública, Isabel y su familia se quedarán sin alternativa habitacional. Nadie les ha ofrecido posibilidades de realojo ni soluciones efectivas, sino que se prevé que el Samur la desplace a un albergue cuando haya sido expulsada. A su hijo, al ser menor y no poder estar en ese espacio con otros adultos, le separarán del resto de su familia. Igualmente grave es el efecto que esta situación puede acarrear para la salud física de José Antonio: “cuando se pone nervioso, debido a su enfermedad, convulsiona y eso nos preocupa mucho”, explica la activista de Carabanchel. Isabel está viviendo estos últimos días con una angustia desmedida: “Si ellos quieren esta vivienda que me realojen en otro lado, que en la calle no me quede. Yo sé que hay mucha gente necesitada, pero ahora ese es mismamente mi caso porque no tengo acceso a ningún alquiler tal y como están ahora los precios porque no tengo nómina y dependo del ingreso mínimo vital, mi marido no trabaja porque su enfermedad se lo impide”, reclama con desesperación. Su letrada presentó un recurso el 2 de diciembre ya que disponía de 15 días para ello. Sin embargo, cuando fue el pasado viernes al Juzgado de lo Contencioso a preguntar, le dijeron que allí no se había presentado nada. “Eso es lo que más me mató, claro, porque ella me hizo dudar de mi abogada”, lamenta.

Su hijo está estudiando un curso para poder a trabajar cuanto antes y así poder ayudar económicamente a su familia en cuanto cumpla la mayoría de edad. Aún con ese aporte adicional, temen que su salario no alcance para costearse un alquiler en Madrid, una de las ciudades donde los precios actuales del alquiler son más desorbitados. En este sentido, las organizaciones sociales denuncian la brecha cada vez más profunda entre el salario medio y los precios del alquiler, ya que el coste de la vivienda crece más que los ingresos de la población. En la Comunidad de Madrid, esta brecha supera el 30%, lo cual explica que el 60% de los hogares enfrente algún tipo de problema habitacional, máxime en casos de extrema vulnerabilidad como el de esta inquilina.

El sindicato de Vivienda acudirá este martes a intentar frenar el desalojo en puerta. “Como no va a venir probablemente la Comisión Judicial va a ser complicado negociar. Vamos a estar ese día, ya hemos sacado cartel para estar acompañando a esta familia e intentar llegar a un acuerdo”, alega la activista. Le ofrece cierta esperanza pensar en el caso de Ana María, “que también era que no se podía, que ya era firme y gracias a la presión del sindicato, que nos plantamos ahí más de 100 personas, se suspendió el desahucio”.

De piso social a activo subastado en el mercado

Algo más complejo es el contexto de Josin, que vive solo y se actualmente encuentra de baja laboral: Su vivienda pertenecía a una promotora que quebró y que también disponía de otros dos bloques en el distrito de Tetuán. Tras la quiebra, algunos de los pisos de esos bloques pasaron a ser gestionados por la Sareb, mientras que en otros a empezaron a subastarse en octubre de este año. Este último es el caso de Josin, que desde la subasta desconoce la identidad de su actual casero, quien lo adquirió en puja. Tampoco sus compañeras del Sindicato de la Vivienda de Tetuán saben de quien es en estos momento la propiedad, antaño de alquiler social. Esto es así porque no aparece siquiera en la nota simple al no haberse cambiado el nombre del actual poseedor de su vivienda, algo que desde esta organización califican de “despropósito”.

La demanda por desahucio que hoy pesa sobre Jostin no la ha interpuesto la propiedad ni Sareb, sino Urboclash, una inmobiliaria que era cesionaria de este “banco malo”

La demanda por desahucio que hoy pesa sobre Jostin no la ha interpuesto la propiedad ni Sareb, sino Urboclash, una inmobiliaria que era cesionaria de este “banco malo”. “Es una inmobiliaria fantasma con la cual tampoco hemos podido contactar y que se dedicaba a cobrar el alquiler a la gente”, asegura a este medio Carlota, portavoz del Sindicato de Vivienda de Tetuán. Al no saber a quien pertenece la propiedad ni a quien estaba abonando el pago del alquiler todos los meses, ya que nadie le comunicó a tiempo el cambio de propiedad, el inquilino dejó de pagar la renta. Fue entonces cuando la inmobiliaria realizó el primer requerimiento de pago del alquiler y después interpuso una demanda por impago, que ha derivado en desahucio. “Por todo esto, desde el Sindicato consideramos que el desahucio es muy absurdo, porque procede de una demanda de una inmobiliaria que está gestionando el alquiler de una propiedad quebrada, que no existe”, cuenta. Además, lo paradójico de este caso es que una inmobiliaria que no tiene ningún interés real en la casa pretende expulsar de a alguien que lleva años en su mismo piso. “No es el casero ni es quien ha pujado por el piso en la subasta, de manera que no se lleva nada en beneficio si el piso luego se queda vacío porque no le continúa el contrato de cesión”, sostiene.

El “absurdo laberinto burocrático” de este inquilino se corona con la denegación de obtener asistencia jurídica gratuita un día antes de que acabase el plazo de contestar a la demanda. Por ese motivo, Josin no tuvo margen de maniobra para poder responder a la demanda en el plazo requerido y a partir de esa injusticia comenzó a organizarse con sus compañeras del Sindicato: el viernes, acudirán a paralizar su desalojo y a intentar una negociación. En estos momentos, Josin se encuentra en proceso, junto a su trabajador social, de intentar acreditar su vulnerabilidad, a pesar de que tampoco estaría en plazo de demostrarlo, como denuncian desde el Sindicato. La organización pretende, por un lado, solicitar a la inmobiliaria que retire la demanda por no tener interés legítimo sobre ella. Por otro, dar con la propiedad para iniciar con ellos una negociación que pueda acabar en un alquiler social. Esta historia y la de Isabel convergen en un mismo contexto donde cada vez más viviendas públicas acaban convertidas en activos financieros.

⚠️ SAREB DESAHUCIA

De hoy en una semana, @sareb intentará dejar a Jostin y su familia en la calle. La entidad está bajo control público, esos mismos que se vanaglorian de haber prohibido los desahucios.

Allí estaremos ✊🏽 https://t.co/Qt1jZhI63R

— Asamblea de Vivienda de Villalba (@VillalbaViviend) January 10, 2025

Las sindicalistas sitúan el foco crítico en la Sareb, “porque entendemos que dentro de este galimatías de siglas, al final lo que ha pasado es que una promotora ha quebrado, que con 50.000 millones de dinero público que se dieron a Sareb, éste ha rescatado las deudas de la promotora y los pisos han acabado en la especulación”, puntualizan. La última vez que el banco malo estuvo en el punto de mira de las organizaciones que defienden el derecho a la vivienda digna fue el pasado octubre. Ese mes, una vecina de Puente de Vallecas interpuso una demanda por la inclusión de cláusulas abusivas en sus contratos de alquiler social. La Sareb le había reclamado una deuda de 10.000 euros tras un año de contrato sin que ella hubiera incurrido en impagos con la propiedad en ningún momento.

“Hay que desmercantilizar Sareb”: una vecina presenta la primera demanda al banco malo por cláusulas abusivas

Susana Albarrán Méndez

Sareb

Derecho a la vivienda “Hay que desmercantilizar Sareb”: una vecina presenta la primera demanda al banco malo por cláusulas abusivas

Susana Albarrán Méndez

Tras años sufriendo las condiciones leoninas que impone la Sareb en sus contratos de alquiler social, el movimiento de vivienda mueve ficha e inicia la batalla judicial para pelear por contratos apegados, como mínimo, a la LAU.

El temor de que la vivienda social se convierta en turística

Tras los desalojos de las viviendas de uso social, indican desde el Sindicato, muchas de esas casas acaban vacías durante años o bien se venden a terceros, que especulan con ellas. De hecho, un estudio de Provivienda demuestra que el 14,41% de las viviendas en España están desocupadas, lo que reduce aún más la disponibilidad de vivienda. Además, únicamente el 2,5% del parque se destina a alquileres por debajo del precio de mercado (vivienda protegida o incentivada), y solo un 1,6% corresponde a vivienda pública. Estas cifras están muy por debajo de la media europea, que se sitúa en el 9,3% de vivienda social. Andrea Cesaroni, también del Sindicato de Vivienda de Carabanchel, denuncia que, en casos como el de Josin e Isabel, se pueda expulsar a personas sin recursos para mantener vacías esas mismas casas. “Lo que suele pasar, y que hemos visto en varias situaciones, es simplemente que deshacen a la familia, cierran la puerta, pongan puerta antiokupa o tapien la puerta”, comenta. A su juicio, “está cambiando algo en la gestión de la vivienda pública dentro de la Comunidad de Madrid, hay una presión muy fuerte por parte de las propiedades, cero propensión a negociar y nosotras no sabemos qué van a hacer con todo ese parque de vivienda público”.

Andrea y Elsa están convencidos de que, si finalmente se ejecuta el desahucio, la casa de Isabel se venderá y acabará en manos privadas. Es más, ella y Andrea estiman probable que el piso se destine al uso turístico en última instancia. “En mucha vivienda pública hay una compra-venta bastante grande”, establecen. Tanto Carabanchel como Tetuán están atravesados por procesos de turistificación que ahogan cada vez más a las vecinas de los respectivos barrios. “Estos pisos al final están pensando en venderlos a fondos para el alquiler vacacional. Es lo mismo que ha pasado aquí en El Pau de Carabanchel con el fondo buitre Blackstone, que han vendido todas las viviendas, porque quieren un alquiler que no dure más de tres meses, incluso buscan un alquiler de un mes o semanal.  Están vendiendo las casas con familias dentro y echando a las familias a la calle”, protesta Riquelme. La turistificación de los núcleos urbanos, junto con la financiarización de la vivienda, son la base de la actual crisis residencial en España: La función social de la vivienda, estipula el informe, no está garantizada para el 11,4% de la población y buena parte del mismo acaba siendo objeto de especulación.