Centros de Internamiento de Extranjeros
Archidona, estado de excepción permanente

El 19 de noviembre, el Frontex detectó la salida de 44 pateras desde las costas de Argelia. Un dispositivo conformado por una fragata del Ejército, un barco de Salvamento Marítimo, dos helicópteros y dos aviones interceptó estas embarcaciones, con un total de 476 personas a bordo. El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Bernabé, calificó esta llegada como “un ataque coordinado contra nuestras fronteras y, por tanto, contra las fronteras de la Unión Europea”.

Las personas retenidas en el puerto de Cartagena fueron trasladadas al Centro Penitenciario Málaga II, un recinto carcelario de nueva construcción, aún sin inaugurar oficialmente. Surgen las primeras voces que denuncian la irregularidad de dicho traslado y del uso de la cárcel como CIE provisional. “La ley y el Tribunal Constitucional establecen que los centros de internamiento de extranjeros no pueden tener carácter penitenciario y el centro de Archidona lo tiene”, declaró la presidenta de Málaga Acoge, Arantxa Triguero.

A una hora y media de distancia del pueblo más cercano, llegar al centro penitenciario a pie o utilizando el transporte público es casi una odisea. Nadia Bouamama vino desde el norte de Francia a buscar a su hijo en Archidona. Sin dinero suficiente para pagar un alojamiento, llevaba tres días durmiendo en el coche con un objetivo: “Solo quería verle por un minuto. Solo quiero saber si está bien”.

Integrantes de una recién conformada Plataforma Ciudadana Contra el CIE de Archidona celebraron la primera concentración delante de la cárcel el 26 de noviembre. Allí se encontraron con Nadia. Tras varias conversaciones con la alcaldesa y la Policía Local, los manifestantes lograron que Nadia y otras personas pudieran hacer uso de un albergue de la localidad hasta poder ver a sus familiares. Esa misma tarde, separados por una mampara y a través de un teléfono, consigue verle, “escoltado por policía y esposado”. Justo después, Nadia partió de vuelta a Francia.

En días posteriores se produjo la entrada de casi un centenar de personas más en el centro penitenciario. Esto hizo saltar las alarmas sobre un posible carácter permanente de módulo con función de CIE dentro de la futura prisión Málaga II. En su puerta las manifestaciones han sido constantes. En un mes se han llevado a cabo tres concentraciones, una marcha y una acampada delante de la cárcel. “¡Sois bienvenidos!”, gritaba en francés Rubén Quirante, profesor del instituto de Archidona, durante una de las concentraciones frente al centro. Acudió a ella para “denunciar un procedimiento totalmente ilegal porque no hay derecho a encerrar a personas en una cárcel por migrar”.

“No hay avalanchas”

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, defendió el traslado de estas personas a Archidona como una medida forzada por la “oleada” de migrantes que llegan a las costas españolas. En sus declaraciones a Onda Cero, Zoido habló de “efecto llamada” porque “está cundiendo el discurso de que Europa esta saliendo de la crisis” y advirtió que el aumento de la movilidad de personas desde África a Europa procede sobre todo de Argelia y Libia.

Según Caminando Fronteras, colectivo que vela por los derechos humanos en la Frontera Sur, el aumento de este flujo hacia territorio español desde Marruecos y Argelia responde a una reconfiguración de las rutas por la elevada peligrosidad de la vía de entrada desde Libia, país en guerra desde 2014.

Carlos Arce, coordinador de Migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), reconoce un aumento del flujo migratorio, con “casi 30.000 personas que han entrado a España por mar durante este año, casi el doble que el año pasado”. Esta organización elabora un informe anual sobre la Frontera Sur y lleva un recuento de estas cifras, que Carlos Arce sitúa en su contexto: “Hay que tener en cuenta que la frontera occidental de Europa sigue siendo una vía residual respecto a otras zonas de entrada a territorio europeo. Hay un aumento significativo, pero no se puede hablar de avalanchas o flujos incontrolables”. Más preocupante le parece la cifra de muertes: 300 el año pasado, casi 6.000 en los últimos 20 años.

Algunas voces institucionales, como la del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, muestran una postura más cercana a la de la APDHA que a la del Gobierno de España. En el discurso de inauguración de la jornada “Una visión de la inmigración desde los derechos humanos”, a la que asistía también su homólogo estatal, Francisco Fernández Marugán, el Defensor del Pueblo Andaluz citó al profesor Javier de Lucas: “Las políticas migratorias que se están realizando desde Europa son equiparables a las del médico que quiere curar las erupciones de sarampión con típex”.

Cuestionamientos

La decisión del Ministerio del Interior del pasado 20 de noviembre y su legalidad son puestas en tela de juicio. El 30 de noviembre, el Juzgado número 2 de Vega (Almería) admitió a trámite la denuncia del sindicato de funcionarios de prisiones ACAIP por presuntos delitos de falsedad en documento público y desobediencia a la autoridad judicial, solicitando informes a la Secretaría de Estado de Seguridad al observar “la posible existencia de una infracción penal”, según consta en la resolución.

Para Ernesto G. Maleno, portavoz de Caminando Fronteras, esto no es más que una nueva ofensiva del Gobierno para forzar la legalidad nacional e internacional. “Tanto el caso de Archidona como la legalización de las devoluciones en caliente a través de la Ley Mordaza llevan las capacidades de represión a las personas en situación de migración más allá de la propia legalidad y acuerdos internacionales”, apunta. Señala también que los acuerdos establecidos por España con terceros países, como es el caso de Marruecos, externalizan la vulneración de los derechos y la represión.

Cabe destacar que Caminando Fronteras es el colectivo al que pertenece Helena Maleno, acusada ante tribunales marroquíes de una supuesta relación con las “redes de tráfico de personas”, basándose en sus avisos a Salvamento Marítimo de la salida de embarcaciones para evitar su desaparición en el Mediterráneo. Esta causa parte de una investigación de la Policía española que la Audiencia Nacional desestimó en 2016 por no observar existencia de delito en el proceder de Maleno.

El propio Defensor del Pueblo Andaluz ha insistido en que “hay que acabar con las devoluciones en caliente y otras violaciones de los derechos humanos, incluidos los malos tratos y el uso excesivo de la fuerza”, y ha calificado el modelo actual de control de flujos migratorios como uno “basado en la contención, represión y discriminación, con el que se ha construido la ‘no política’, centrada en responder a los miedos y no a los principios de igualdad y respeto a la dignidad de las personas”.

Antidisturbios como custodia

Otro de los hechos que dan ejemplo del carácter precipitado denunciado desde diferentes sectores es la custodia del centro por parte de la unidad de antidisturbios de la Policía Nacional. La función de esta unidad es intervenir en situaciones de choque y contención, “no tienen una formación que se adecue a la atención a personas en circunstancias como esta”, apunta Amanda Romero, abogada experta en extranjería que asesora a las personas recluidas en Archidona. “Hemos observado que la mayoría de los agentes realizan estas labores equipados con el material antidisturbios, lo cual genera un clima de fuerte hostilidad”, añade.

Este es otro de los hechos que ACAIP denuncia. Según la legislación, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “no podrán acceder al interior de los centros penitenciarios, salvo en las condiciones legalmente previstas a tal efecto”, y el caso de Archidona no representaría ninguna de estas previsiones, según este sindicato. Señalan también la falta de personal, tanto funcionario como laboral, para el desarrollo de las funciones de trabajo diario. Durante los primeros días, solo la Cruz Roja podía acceder al centro para garantizar las necesidades de ocio, higiene y auxilio jurídico.

Familiares y colectivos se quejaron por la falta de previsión para horarios de visita y asistencia jurídica y la discrecionalidad a la hora de facilitarlas. “No fue hasta pasadas casi dos semanas que se establecieron horarios de visita”, declara Carmen Delgado, integrante de la Plataforma Ciudadana Contra el CIE en Archidona.

Para el equipo jurídico de esta plataforma, el nivel de improvisación por parte del Ministerio del Interior “ha hecho que todo el proceso esté cargado de irregularidades, algunas de ellas muy graves, como la permanencia de menores en el centro durante semanas”.

Menores encerrados

El caso de los menores es uno de los que mejor ejemplifican el nivel de presión social y política que ha empujado en todo momento a la corrección por parte de las autoridades de algunos de estos abusos. Ya el 23 de noviembre, la Red Andaluza de Inmigración y Ayuda al Refugiado advertía sobre la posible presencia de estos dentro de la prisión y pedía la intervención del Defensor del Pueblo. Colectivos ciudadanos, ONG y algunos representantes políticos denunciaron también esta situación.

Las presiones empezarían a tener respuesta con el inicio de pruebas que darían como resultado la excarcelación de menores y su traslado a centros de la Junta de Andalucía. “Sin esta presión es probable que estos menores, además de seguir encerrados en Archidona, hubieran sido deportados, algo de una enorme gravedad”, declara Amanda Romero.

El primer menor abandonó el centro el 13 de diciembre después de más de 20 días de reclusión. Tanto el Ministerio del Interior, que desde el primer momento negó la posibilidad de estos hechos, como el Defensor del Pueblo Andaluz, afirmarían la inexistencia de más menores retenidos tras esta salida. En la visita del Defensor del Pueblo estatal al centro evaluaron hasta a cuatro personas susceptibles de ser menores de edad, de los que finalmente solo uno lo era, relatan desde la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz. De inmediato este menor quedó bajo tutela del Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía. Al día siguiente se confirmaron dos casos más. Al cierre de esta edición, el total de los menores trasladados a centros de acogida asciende a once.

Equipos jurídicos de diversas organizaciones y letrados de oficio designados por el Colegio de Abogados de Antequera seguirían alertando de más menores en el interior de la cárcel. Varios casos contarán con la aportación documental de los familiares como prueba frente al resultado de las oseometrías que fijaban su edad en 19 años. Para el equipo jurídico de la plataforma, “la Fiscalía solo reconoce la pertinencia de la prueba radiológica de muñeca izquierda; es importante recordar que hablamos de una prueba con un margen de error de hasta 18 meses”.

El 14 de diciembre, el Defensor del Pueblo admitió a trámite una queja de Málaga Acoge, poniendo de relieve las deficiencias de estas pruebas. “Dichos informes no recogen las horquillas de edades entre las que deben encontrarse los examinados, ni los márgenes de error, ni la concordancia de la edad ósea estimada con la cronología”, reza el informe.

N.M. contaba con la partida de nacimiento de su primo, pero la prueba de oseometría le había dado negativa para menor edad: “Hemos enviado toda la documentación, incluso la original, pero ayer me han dicho que lo han enviado de vuelta a Argelia. No comprendo nada”. N.M. dice que su primo nació en 2001 y se enteró por la web de que estaba en Málaga II: “He buscado en internet y vi que era un centro penitenciario. Me quedé desesperada. Hice de todo para que no lo enviaran de vuelta, pero no he podido”.

Sobre las devoluciones de menores, Cruz Roja afirma que su labor dentro del centro de Archidona es simplemente repasar los nombres de las personas que solicitan protección internacional, sea por asilo o por casos de menores de edad: “No ponemos en duda si un interno nos dice si es menor de edad o no. Lo que hacemos es elaborar a diario la lista de posibles menores que lo manifiestan. Lo que sí te puedo asegurar es que se hicieron pruebas y están trabajando en ello. Trasladamos la información y el Ministerio [del Interior] y la propia dirección del centro se encargan de entrevistarlos”.

Para Daniel Machuca, integrante de la plataforma, “no es de extrañar que siga habiendo menores, de hecho nos consta que algunos de ellos están siendo deportados”. La llegada de menores a las costas no se trata de un hecho aislado. En el discurso de inauguración de las jornadas celebradas en Sevilla, Jesús Maeztu, en este caso como Defensor del Menor, aportó las cifras recogidas durante los diez primeros meses del año 2017, en relación a la entrada de menores por las costas andaluzas: 3.443, una cifra que duplica a la de 2015.

Devoluciones

El 11 de diciembre empezaban las deportaciones. Desde que fueron anunciadas las primeras, los vehículos no han parado de entrar y salir del centro penitenciario. Ha habido días en los que, en apenas una hora, han salido un total de cinco furgonetas, incluso autobuses escoltados, mientras desde fuera era posible escuchar los nombres de internos llamados por la megafonía.

Aisha Toumi venía desde el norte de Francia y esperaba para ver a su hijo de 23 años. No podía contener el nerviosismo. “Lo han llamado. Mohamed Iahmar. Lo han llamado. ¿Van a deportarlo?”. Aisha llevaba ropas para su hijo e intentaba comunicarse sin mucho éxito con los policías que estaban en la entrada y que decían no poder localizar a Mohamed, ya que no lo encontraban por el nombre ni el módulo. “Si la dejo entrar sin haberlo encontrado, ¿qué va a hacer ahí dentro? ¿Va a entrar ahí para qué?”, justificaba en castellano el policía. Aisha, sentada en el suelo con la cabeza en las manos, comentaba en francés: “Aquí es duro, aquí es muy duro”.

Como Aisha, decenas de familiares han pasado por las puertas del Centro Penitenciario Málaga II. Llegados desde ciudades del sur y el norte de Francia, su afán será el mismo: ver a alguna de las 500 personas que están encerradas dentro. Aisha llegó cuando los horarios de visitas ya estaban estipulados. Pese a esto, la madre solo ha podido ver a su hijo después de casi dos horas de espera.
Los casos de asilo también han sido uno de los puntos negros del proceso. Tanto abogados de oficio como equipos jurídicos de ONG se han encontrado ante la expulsión de los solicitantes antes de poder reunirse con ellos. Esto no hace más que ahondar en unas actuaciones que parecen otorgar al proceso de Archidona el carácter de nuevo hito en la vulneración de derechos.

Sonia Castro Martínez vive en Valencia, donde esperaba recibir a su cuñado y su sobrino de 23 años, quien fue devuelto en la primera semana. El cuñado, hasta el cierre de esta edición, seguía en la cárcel. Sonia ha podido visitarlos solo durante cinco minutos cada uno. Llevaba comida y agua, pero solo ha podido entrar con ropas para ellos: pantalones y jerséis. “Es muy injusto lo que están haciendo con ellos. Mi cuñado ha pedido protección internacional porque viene huyendo de las mafias, pero hasta el momento no ha habido respuesta. Ellos me han dicho que, por más que los devuelvan, van a seguir intentando entrar”.