Chile
El baile de los que sobran: algunas notas del Chile constituyente

Lo que se juega en las elecciones chilenas de este 19 de diciembre, a pesar de que en los debates entre los candidatos Gabriel Boric y José Antonio Kast no haya salido a relucir, es un espaldarazo al proceso constituyente chileno o bien un freno en seco y regresivo.
Equipo rescatista en Chile
Las llamadas brigadas de primeros auxilios asisten a manifestantes heridos en las protestas de la revuelta de octubre de 2019 en Chile. Julio Zamarrón

Este domingo 19 de diciembre se produce la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas. Este momento electoral nos ofrece al conjunto de las izquierdas ibéricas un magnífico ejemplo político sobre el que tomar nota a la hora de pensar la transformación democrática del Estado. Ya que lo que se juega de fondo, a pesar de que en los debates entre los candidatos Gabriel Boric y José Antonio Kast no haya salido a relucir, es un espaldarazo al proceso constituyente chileno o bien un freno en seco y regresivo.

Chile
Elecciones en Chile Segunda vuelta en Chile: ¿conseguirá llegar la izquierda de Gabriel Boric a La Moneda?
El domingo 19 de diciembre Chile elige presidente entre un candidato de izquierda y otro de extrema derecha. El continente se juega el equilibrio regional en unas elecciones que prometen un resultado ajustado.

Desde la península ibérica nos conviene un análisis político sobre las corrientes de fondo que se ventilan en las urnas porque más allá de las vicisitudes electorales Chile ofrece un ejemplo concreto y tangible de ruptura con una constitución autoritaria legada por una dictadura. Un avistamiento que podemos considerar de gran utilidad para el conjunto de las izquierdas ibéricas, igual de válido para las independentistas como para las españolas, a la hora de entablar las propuestas de democratización del Estado. Por ello, en este artículo trataré de resumir, en primer lugar, las posiciones de fondo entre ambas opciones presidenciales para luego recuperar el legado estratégico de Salvador Allende a la hora de abordar el cambio político y chileno, tratando finalmente de recoger algunas ideas para el cambio de régimen en el Estado español.

Gabriel vs Kast: autodeterminación o Estado de Excepción

En este sentido, una de las cosas más llamativas del candidato del Partido Comunista de Chile y del Frente Amplio es la defensa federal que invoca del proceso constituyente. De modo que la soberanía de los municipios y de los territorios se coaligue con un diálogo con el pueblo mapuche que aborde su derecho a la autodeterminación. Ya que el centralismo, como problema político y económico, hace mella también en Chile: la capitalidad versallesca de Santiago de Chile genera anhelos federales, confederales y en pro de la autodeterminación, de un modo parecido a Madrid. Como explica Bruno Aste, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Antofagasta (Chile), en un artículo recientemente publicado en este mismo periódico la Constitución Política de 1980 instituyó una arquitectura centralista del poder, puesto que:

“a nivel constitucional se configuró una institucionalidad que concentró poder, especialmente en lo relativo a la existencia de un presidencialismo exacerbado y de un limitado sistema de contrapesos provenientes desde el órgano legislativo, sumado a la falta de mecanismos de control ciudadano hacia las autoridades que ejercen el poder”.

No es demasiado difícil encontrar el porqué de los planteamientos de Boric. En uno de los últimos debates sostenidos con el candidato de la extrema derecha, Kast, Boric sostuvo: “Yo soy un convencido de que hoy día necesitamos descentralizar las decisiones. He señalado en todos los foros en que he tenido oportunidad de participar que espero ser un presidente que al terminar el mandato tenga menos poder que cuando empezó”.

Al contrario que Kast, presidenciable por el pinochetista Partido Republicano, Boric sostiene una apertura del Estado, es decir, una democratización en un doble sentido; social y territorial

Al contrario que Kast, presidenciable por el pinochetista Partido Republicano, Boric sostiene una apertura del Estado, es decir, una democratización en un doble sentido; social y territorial. Puesto que además de defender el proceso constituyente nacido del estallido social de 2019 ampara las demandas sociales para nivelar la riqueza e impulsar un modelo económico alternativo al neoliberalismo. Kast, en cambio, defiende un auténtico Estado-candado; con un cierre contra el reconocimiento de la diversidad sexual y los derechos civiles del pueblo lgtbi, otra vuelta de llave contra los de abajo al grito de menos impuestos para las grandes empresas y fortunas, y, por último, un candado contra los migrantes tomando el ejemplo de Trump al plantear construir una zanja en la zona de Colchane, fronteriza con Bolivia. Una propuesta que bien podría tomar de España si tuviera conocimiento de las zanjas progresistas de Ceuta y Melilla.

En cualquier caso, todo ello resume un programa que aspira a una revolución fiscal en favor de las grandes fortunas con tal de atraer la inversión extranjera directa en el consagrado modelo de una economía dependiente y extravertida. Mientras que a nivel político Kast representa el espíritu del Estado que se resiste a morir. De ahí sus encendidas defensas de las soluciones manu militari de absolutamente todos los conflictos sociales y civiles. La militarización del conflicto con el pueblo mapuche y los movimientos sociales, del conflicto con el narcotráfico, de los migrantes, es la única propuesta que parece ser capaz de plantear el candidato del Estado de Excepción. De hecho, a de la apología de la militarización, Kast explicó en el debate con Boric en la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI en sus siglas) que presentaría una ley de reforma constitucional con tal que el Estado de Emergencia trasladara al presidente los plenos poderes policíacos y militares propios de un Estado de Excepción.

He aquí la bifurcación histórica que se precipita sobre el agitado país andino: a un lado, la involución autoritaria que no esconde su admiración por la dictadura de Pinochet, al otro la posibilidad de darle cauce y profundidad al proceso constituyente chileno, la fórmula democrática de su autodeterminación concreta.

La militarización del conflicto con el pueblo mapuche y los movimientos sociales, del conflicto con el narcotráfico, de los migrantes, es la única propuesta que parece ser capaz de plantear el candidato del Estado de Excepción

La victoria presidencial de Kast sería un duro revés que abriría una situación de reflujo en la que el bloque constituyente se encontraría a la defensiva. Además, abriría una situación de posible doble poder con un Congreso y un Senado ordinarios de mayorías conservadoras, más el poder presidencial en manos de la extrema derecha, frente a una Convención Constituyente de clara mayoría popular y de izquierdas. La victoria de Boric permitiría en cambio saltear la amenaza de un precoz termidor y, además, conjugar una tenaza sobre el legislativo de derechas.

El legado estratégico de Allende

La constitucionalización de los derechos sociales y su traducción en un programa de gobierno requiere, en Chile, de la entera refundación del Estado en un sentido que necesariamente tiene que significarse como revolución democrática y social. Motivo por el que un retorno estratégico a los dilemas de 1970-1973 es un útil paseo por los dilemas políticos que sacudieron a la Unidad Popular de Salvador Allende. Joan E. Garcés ha señalado en Allende y la experiencia chilena (Siglo XXI, 2013 [1986]) que un programa de cambio si quiere ser tal no se basta tan solo con medidas económicas, sino que requiere de la transformación efectiva del Estado, de su organización política y administrativa, y, por lo tanto, del derroque de su arquitectura jurídica y constitucional. Porque en esta batalla se juega la anulación de los aparatos de Estado que sustentan a las elites y a su neoliberalismo. En palabras de Garcés:

“Llegar al poder en un contexto semejante requiere, pues que el movimiento popular sea por sí mismo —o mediante un juego de alianzas— capaz de reducir a las fuerzas conservadores a una situación de aislamiento sociopolítico y militar que les impida recurrir a la guerra”.

El ejemplo de la Venezuela de 2002, o los más recientes golpes de Estado en Bolivia y Brasil, son un aviso a navegantes de la actualidad del diagnóstico de Garcés. Y cabe añadir que el mismo Allende era consciente de la solución política necesaria para hacer frente a una situación de bloqueo institucional como el que le opusieron el poder legislativo y el poder judicial: la convocatoria de referéndums y plebiscitos vinculantes para sacar adelante las reformas del programa de la Unidad Popular que el legislativo vetaba. De nuevo, como sintetiza de forma magistral Garcés:

“estaba en juego la cuestión central del poder, en especial la dirección del Estado. Pero debe tenerse bien presente que cada iniciativa de Allende para lograr el acuerdo legislativo con el PDC [Partido Demócrata Cristiano] no es sino la alternativa a la que se encuentra abocado tras el rechazo por el comité político de la UP de lo que el considera el recurso más idóneo para resolver el problema: pedir al país que, mediante un referéndum, se pronuncie expresamente sobre los medios que necesita el gobierno para continuar aplicando el programa común de la UP”.

El medio era un fin en sí mismo puesto que así además de sacar adelante las nacionalizaciones hacía posible movilizar al pueblo, incluyendo a las bases sociales de la Democracia Cristiana, con una incontestable legitimidad frente al legislativo y al poder judicial. Tal como habría de hacer décadas más tarde Chávez para derrotar el golpe de Estado y los intentos de parálisis institucional.

La victoria de Kast sería un duro revés, abriría una situación de posible doble poder con un Congreso y un Senado ordinarios de mayorías conservadoras, más el poder presidencial en manos de la extrema derecha, frente a una Convención Constituyente de clara mayoría de izquierdas

Si ello no fue llevado a cabo por Allende fue a causa de dos problemas más graves; la falta de unidad orgánica en la Unidad Popular que era más bien una coalición de siglas y el conservadurismo táctico de las direcciones de los partidos. Como observaba con amargura un observador argentino, David Tieffenberg, secretario general del Partido Socialista de Vanguardia, sobre una de las revoluciones que sacudieron la América Latina del momento en Cuatro revoluciones en América Latina (7x7 edicions, 1975):

“Apenas si una débil ligazón, aunque profunda por su contenido programático y revolucionario, los unía. (…). La conjunción de los partidos en la U. P. en torno a un Programa de reivindicaciones nacionales y sociales expresaba doctrinas sociopolíticas, filosofías sociales y, por ende, metodologías para la práctica social, distinta”.

Causas de la soledad política de Allende que se vio por estos motivos obligado al quietismo, a abandonar la iniciativa de los referéndums y a dejar en último término la transformación democrática del Estado. Puesto que no sería hasta 1973 que la UP buscaría dar un vuelco a la situación para recuperar la iniciativa política mediante la convocatoria de un referéndum que ratificara el apoyo al gobierno de Allende al mismo tiempo que la reforma de la Constitución Política del Estado. El 12 de setiembre era el día señalado para tal convocatoria. El problema de fondo, pero consistía en haber planteado tal medida en última instancia y como medida de último recurso. La Unidad Popular para ser tal y no un encaje desordenado de partidos debía aunar una misma estrategia con una misma táctica, como sentencia Garcés:

“El tipo de unión de la clase obrera y de otras fuerzas populares que caracteriza a la UP es una condición necesaria, aunque no suficiente, para conquistar el gobierno por la vía político-institucional. Pero aquel no basta para alcanzar el objetivo estratégico —conquista del poder por los trabajadores— si, además, no cuenta con una clara unidad en torno de las concepciones tácticas esenciales”.

Tomar al ejemplo como modelo

Visto en perspectiva, podemos, concluir que el actual proceso de cambio chileno, fruto del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución firmado el 15 de noviembre de 2019, retoma el camino por la vía desestimada en aquel ciclo, es decir, por la transformación democrática del Estado. Y hoy el Partido Comunista de Chile defiende, junto al Frente Amplio, una nueva Constitución democrática que establezca un Estado plurinacional mediante la descentralización política del Estado a la par que del reconocimiento del derecho a la autodeterminación.

Una posición política a tono con el federalismo plebeyo de Luis Emilio Recabarren, fundador del PC de Chile, y con la defensa intransigente de Salvador Allende del derecho a la autodeterminación de los pueblos. Dos cauces de una misma tradición que Gabriel Boric ha sabido recoger. Ahora queda por delante lograr la derrota efectiva del Estado legado por Pinochet y si el bloque constituyente gana las presidenciales verdaderamente entonces empezará lo más difícil. “Cambiar el mundo, en efecto, en tales casos magníficos, no consiste sino en insistir en la propia manera de ser” podríamos resumir tal como lo pensaba René Zavaleta Mercado de Salvador Allende.

Los retos de Chile abren la caja de pandora en el ámbito del pensamiento estratégico y por ello se nos ofrece un valioso caso para retomar la iniciativa partir de los aciertos y de los errores del campo popular chileno. Su ejemplo, en definitiva, nos muestra que la lucha a librar es la batalla política para lograr victorias sustantivas. Y desde este punto de vista librar la batalla cultural al grito de Verdad, Justicia y Reparación tal como exige Boric frente a la impunidad cultural, política y jurídica, de la dictadura de Pinochet. El centro gravitatorio de las alianzas tiene por objeto, desde esta perspectiva, no la integración en el interior de los aparatos del Estado sino, por el contrario, el asedio desde el exterior su entera estructura. Lo primero da como fruto un mero lobbismo gubernamental, lo segundo ofrece una posibilidad constituyente que dispara las contradicciones hacia los aparatos del Estado en lugar de producirlas en el seno del mismo bloque político. Por ello constataba Nicos Poulantzas en 1975 en su ensayo Las crisis de las dictaduras (Siglo XXI, 1976) que:

“El agudizamiento de las contradicciones internas [del régimen] nunca es más intenso que cuando las masas populares mantienen una lucha a distancia de los aparatos del Estado tratando de atraer hacia ellas los elementos “vacilantes” de esos aparatos. Es precisamente en esa forma que se interiorizan mejor en el seno mismo del régimen los efectos de la lucha de las masas populares”.

Un proceso constituyente debe, por tanto, ser el primer punto de un programa de mínimos que quiera transformar democráticamente el Estado español. Y su precondición ha de ir ligada a la caída de la monarquía. Como rezaba uno de los lemas de la revolución antiborbónica de 1868, semejante a una de las canciones chilenas más populares durante el estallido de 2019, “que bailen”.

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