Catalunya
La caza del octubre rojo (2017-2019)

El ciclo de movilizaciones en Catalunya no nace el 1 de octubre ni en el recorte del Estatut por parte del Tribunal Constitucional (2010). Al principio de todo fueron los trenes. En 2007, entre 200 y 700 mil personas salieron a la calle para denunciar el mal estado de los cercanías, de competencia estatal, y medio de transporte de, por aquel entonces, más de cien mil personas diarias.

La pancarta rezaba: “Somos una nación y decimos basta. Tenemos derecho a decidir sobre nuestras infraestructuras” y tras ella se reunía una variopinta “transversalidad” que aunaba a las cabezas visibles de ERC, ICV-EUiA e incluso a la oposición: Artur Mas y Duran i Lleida (CiU). El PSC se abstendría de participar para evitarle el feo a la ministra socialista, Magdalena Álvarez, que clamaba: “Antes partida que doblada”. Doce años después, ICV-EUiA se ha disuelto y quien se abstiene es Barcelona en Comú, sin afear a Albert Batlle (PSC), el teniente alcalde que pide que nadie asista a la manifestación contra la represión policial y la libertad de los presos, so pena de actuación policial.

Resulta llamativa la insistencia con la que se interroga al movimiento de masas en Catalunya respecto a sus intereses de clase y los peligros chovinistas en que podría incurrir o incurre. Con enorme facilidad se tildan estas protestas de cáncer nacionalista y pequeño burgués, de confrontar con la clase trabajadora del resto de los pueblos del Reino de España e, incluso, de “despertar el fascismo”. Al fin y al cabo, como subrayaba a Ana Rosa la señora Paula (cercana a la cúpula del PP): “La izquierda es obrerista, no conoce las fronteras, es internacionalista”. “Así se habla”, comentaban fascistas, rojipardos y neofalangistas al unísono en las redes sociales.

No dista este cínico argumento de las declaraciones de cabezas visibles de la “reinvención” de la izquierda: Iglesias, Garzón y Errejón: “Todo el mundo tendrá que respetar la ley y asumir la sentencia”, “Hace falta diálogo, negociación y un proyecto de España que seduzca también en Cataluña”, “el gobierno está siendo responsable”, respectivamente. Una amalgama narrativa que cohesiona la apuesta de Unidas Podemos y Más País por la “resignificación” de la bandera del Reino de España como estrategia electoral y, con ella, de la defensa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en términos muy parecidos a los de los medios de comunicación de ultraderecha.

Quizá no sea un mal momento para preguntarnos acerca de los peligros chovinistas de la izquierda que reivindica la “patria española”. Así discurría, no hace mucho, el sociólogo César Rendueles: “puede reforzar el marco discursivo que ha logrado imponer exitosamente la derecha españolista, legitimando los términos en los que está planteando el debate territorial y su uso frentista de los símbolos nacionales”, una opción que prefería ante el riesgo de “sobrevalorar, como creo que hacen los partidarios de las hipótesis populistas, el papel del patriotismo como catalizador de un proceso de transformación política emancipadora: puestos a jugar a la ciencia (política) ficción, casi me quedo con el obrerismo de toda la vida”.

Las coordenadas de “clase” de la movilización en Cataluña tienen demasiados paralelismos con las controversias que atraviesa el tablero político español de las autodenominadas izquierdas. Por eso reproduce contradicciones parecidas a las que produce el interclasismo de las protestas a favor del derecho de autodeterminación. Si el escenario político catalán se complejiza por estar atravesado por la cuestión nacional, el panorama español no se queda atrás.

En el conjunto del Estado español se ha agudizado la disyuntiva de la reforma o la ruptura. Respectivamente: apostar por “regenerar” el Régimen del 78 apuntalando la integridad territorial de España y la monarquía como garantes de la seguridad jurídica del Ibex35; o bien reforzar el frente de ruptura, realmente existente, en la grieta abierta en torno al derecho de autodeterminación, la república y un modelo económico y social al servicio de las necesidades de la población.

Entre octubre de 2017 y octubre de 2019 hemos asistido a una agudización del conflicto de clases y crisis de condiciones de vida, trabajo, vivienda en el Estado español y en Cataluña, cuyas protestas han recibido la Ley Mordaza y el derecho penal del enemigo como respuesta, sean vascos, catalanes, feministas, ecologistas, pensionistas, desahucios o conflictos laborales. En un escenario de deudocracia, crisis de legitimidad política y judicial sin freno, la contradicción entre sostener el R78 y el ejercicio de las libertades políticas y derechos fundamentales ha alcanzado dos cotas paroxísticas, especialmente sensibles para la juventud catalana que vivió el 1 de octubre: las condenas de Altsasua y la de los Jordis. Esto no es ciencia (política) ficción.

Es innegable, el conflicto reforma/ruptura también se expresa con múltiples contradicciones dentro del independentismo: la tensión entre “parada de país” o “huelga general” del tres de octubre y el 18 de octubre, o la competencia complementaria entre el Tsunami Democràtic, los CDR y la “Rosa de Foc”.

La derecha catalana (JxC) y sus socios de gobierno (ERC) jugaron la carta de la transversalidad del malestar político, económico y social en clave nacional por puro instinto de supervivencia en un escenario que se desplazaba más a la izquierda que en el resto del Estado. Antes del sorpasso de Ciudadanos, el PP en Catalunya se reducía a su mínima expresión y CiU iniciaba una carrera desbocada hacia la fusión con “la ciudadanía”, la senyera y personalidades públicas para diluir el Cas Palau y compañía. Nadie tiene más miedo de la interrupción de la “normalidad” en Catalunya que el Ibex 35 ,donde está pacífica y estrechamente integrada, la oligarquía catalana. La Caixa y Foment del Treball nunca se han escondido. Tampoco ahora, Sánchez Llibre, presidente de la gran patronal, respecto a la convocatoria del 18O: “la patronal trabaja para la defensa de los intereses empresariales”.

En estos dos últimos años el Govern catalán ha prorrogado presupuestos antisociales y ha iniciado con la “Ley Aragonés” un ambicioso proyecto de privatización de servicios públicos, acentuando también la represión contra los sectores más castigados por la crisis: la juventud, la población migrante y las mujeres de clase trabajadora. O lo que es lo mismo: contra las protestas universitarias, los manteros y la lucha contra los desahucios. El descrédito del Govern es notorio en materia social y nacional: proliferan las peticiones de dimisión del Conseller de Interior, Miquel Buch (JxC) y a su lado, aunque en menor medida, contra el vicepresidente Pere Aragonés (ERC) y el mismo Torra.

Desde el 1 de octubre hasta aquí no solo ha pasado el tiempo. La defensa popular y horizontal de los colegios tuvo continuidad como experiencia de autoorganización desde la base, primero en amparo del referéndum, después de su resultado. El descrédito del sistema judicial español es patente en el frente feminista, juvenil, de clase y también nacional. La deslegitimación de la vertiente institucional del procés se resume en la constatación durante el juicio de que miles de personas sufrieron la brutalidad policial defendiendo un señuelo instrumental que “tensara la cuerda sin romperla”, Santi Vila dixit.

Las detenciones realizadas en toda Catalunya en las últimas semanas, por su procedimiento e irregularidades, podrían considerarse un sondeo sociodemográfico de quienes afirman “se ha acabado la revolución de las sonrisas”: jóvenes de entre 18 y 24 años, muchas mujeres, de núcleos urbanos y rurales, una activista del CSO L’Obrera (Sabadell) y cuatro migrantes internados en un CIE (para su deportación ilegal), entre otros.

Ninguna fuerza política institucional española (ni entre las autodenominadas izquierdas) plantea una ruptura con el Régimen del 78. El Govern, PP, PSOE, Unidas Podemos y Más País comparten también otra melodía: hay que expurgar a los sectores que se salen del cauce constitucional, especialmente, los que más cojean de anticapitalismo, sean CDR, sea la organización juvenil independentista Arran, sean las propias juventudes de ERC. A quienes no les convence limitarse a ser “un Estado más dentro de la Unión Europea” y que, políticamente, miran más hacia los chalecos amarillos, Ecuador, Chile y Rojava que a Hong Kong (a pesar de la insistencia del Tsunami Democràtic).

El carácter de clase de estas protestas (y su represión) se expresa en las plazas de Madrid, Extremadura, Euskadi, País València, Illes Balears y Canarias y señala algo muy incómodo: quien ha despertado al fascismo en las calles y le ha dado perfecto encaje en las instituciones constitucionales ha sido el Ibex35.

La izquierda anticapitalista del Estado español se divide entre quienes han decidido que las esteladas no les impidan ver el bosque y los que se refugian en el campo minado de rojipardismo y neofalangismo del españolismo banal. Entre quienes entonan la consigna internacionalista del “No pasarán” frente a la criminalización de la protesta y los que felicitan las labores policiales de extinción de un conflicto de clase que, mal que les pese, nació de las brasas de los trenes de cercanías y se está expresando a través de la reivindicación del derecho de a la autodeterminación y en la solidaridad internacionalista. (Por cierto, #TrenDignoYa)