Catalunya
Catalunya en diciembre: protesta social y tensión política

Noviembre acabó con huelgas y movilizaciones en numerosos sectores de la función pública catalana. Las reivindicaciones comunes a todos los sectores eran el pago de las retribuciones extraordinarias de 2013 y 2014 que la Generalitat adeuda a sus empleados, la recuperación del poder adquisitivo perdido desde la rebaja de un 5% del sueldo decretada en 2010, el aumento del presupuesto de los sectores respectivos y la recuperación de la plantilla perdida durante los años de los grandes recortes.

Inició las protestas el personal sanitario de atención primaria, con una huelga de cinco jornadas comenzada el día 26. El 28 iniciaron un paro de dos días los bomberos y el 29 fue el personal de enseñanza el que hizo huelga, así como los estudiantes universitarios, que protestaban por el alza de las tasas de matriculación ―las más elevadas de todo el Estado―. La jornada del 29 terminó frente al Parlament de Catalunya, con cargas de los Mossos d'Esquadra cuando algunos manifestantes intentaron entrar en el edificio, donde la policía catalana detuvo a un bombero, cuya foto en el suelo y esposado circuló ampliamente por las redes sociales.

La diputada de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) Natàlia Sànchez denunció haber recibido amenazas de un agente cuando un grupo de parlamentarios pidió a los Mossos d'Esquadra que liberasen al bombero esposado.Esta triple protesta abrió una necesaria brecha en el debate público, por la que entró, ni que fuese por unos momentos, la cuestión del estado de sectores públicos afectados por la crisis y las políticas de austeridad aplicadas por las administraciones estatales y autonómicas.

Ante ello, de poco sirve la retórica de los “grandes relatos”, a la que recurrió el portavoz de Junts per Catalunya (JxCat), Eduard Pujol, al afirmar, en una entrevista, que “la solución real del problema” es “plantear que necesitamos votar, decidir nuestro futuro”, señalando a “Madrid” y sacudiéndose las responsabilidades de los anteriores gobiernos de Junts pel Sí y CiU al respecto.

A pesar de hacerse eco de las reivindicaciones de los huelguistas, ninguna de las dos fuerzas ubicadas más a la izquierda en el Parlament, Catalunya en Comú-Podem (CECP) y la CUP, consiguieron capitalizar las protestas ni reintroducir la cuestión social en el debate público catalán. En realidad, ninguna de estas dos fuerzas parece sobrada de crédito para hacer bandera de las reivindicaciones sociales. No está de más recordar que la mencionada reducción de salarial decretada en 2010 por el gobierno español, presidido a la sazón por José Luis Rodríguez Zapatero, en Catalunya fue disciplinadamente aplicada por el gobierno tripartito de PSC, ERC e ICV-EUiA.

Asimismo, actualmente CECP está negociando un posible apoyo a los presupuestos del gobierno catalán a cambio de una reforma progresiva del tramo autonómico del IRPF y de los impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonio. Esta posición contrasta con la negativa total de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP) durante la legislatura pasada, cuando la CUP planteaba al gobierno de Carles Puigdemont unas condiciones muy similares a las que ahora ponen CECP.

Si entonces parecía que la estrategia de CSQEP tenía como objetivo provocar una crisis entre la mayoría parlamentaria que apoyaba al gobierno catalán ―y, con ello, dar al traste con la propuesta de referéndum de autodeterminación―, es difícil no ver en su posición actual una jugada táctica encaminada a facilitar que las fuerzas que forman el gobierno catalán actual apoyen a cambio las cuentas del gobierno de Pedro Sánchez, sostenido parlamentariamente por Podemos y sus confluencias, y le permitan agotar la legislatura.

En lo tocante a la CUP, tras no lograr la reforma fiscal planteada que le permitiera justificar el “sí” a los presupuestos para 2017 del gobierno de Puigdemont, la organización se dejo engañar por el órdago gubernamental consistente en condicionar la celebración del referéndum de autodeterminación a la aprobación de las cuentas públicas, con el pretexto de que éste no podría realizarse sin consignación presupuestaria, argumento desmentido actualmente por la propia defensa de los miembros del gobierno y de la Mesa del Parlamento en la causa instruida por esta cuestión en el Tribunal Supremo, que alega que no se ha acreditado que se dedicara dinero público al referéndum.

Por lo demás, la cuestión social ni siquiera figura actualmente entre las prioridades de la CUP ―al menos de su Grupo de Acción Parlamentaria (GAP); otra cosa pueden ser sus asambleas y candidaturas municipales―, como puede apreciarse en la negativa a participar en el debate sobre los presupuestos para 2019, ni siquiera condicionándolos a una reforma fiscal, y la organización parece actualmente atrapada en la retórica del “mandato del 1 de octubre”, haciendo caso omiso de la reconfiguración del escenario político que supuso el aceptar la convocatoria electoral del 21 de diciembre de 2017 y sus resultados.

En paralelo a todo esto, el 1 de diciembre cuatro de los presos independentistas ―el exconsejero de Presidencia Jordi Turull, el exconsejero de Interior Joaquim Forn, el exconsejero de Territorio y Sostenibilidad Josep Rull y el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez― se declararon en huelga de hambre, en protesta por el bloqueo estratégico por parte del Tribunal Constitucional (TC) de los recursos presentados por sus defensas contra su encarcelamiento preventivo. La estrategia del TC consiste en admitir a trámite los recursos de amparo interpuestos por las defensas contra los autos de prisión o las sentencias condenatorias (según el caso), pero dilatar su resolución, finalmente desestimatoria, con el objetivo de demorar lo máximo posible la posibilidad de interponer recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), al cual sólo puede accederse tras agotar la jurisdicción interna del estado denunciado. Conviene recordar, sobre todo para quien, en Catalunya, parece creer que la represión estatal comenzó en 2017 contra el movimiento soberanista, que esta estrategia ya la ha aplicado en otros casos, como en “Bateragune” y, de modo más evidente ―por el mayor período transcurrido entre la aceptación a trámite del recurso y su resolución―, en la condena impuesta por la Audiencia Nacional (AN) a Enric Stern y Jaume Roure por una performance en Girona que concluyó con la quema de fotografías de miembros de la familia real española.

El efecto más notorio de esta estrategia dilatoria se ha evidenciado en el caso “Bateragune”, en que el TEDH ha constatado la vulneración del derecho a un juicio justo, declarado en el apartado primero del artículo sexto del Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero en el momento de dictar sentencia los recurrentes ya habían cumplido la condena.

Precisamente Jordi Sànchez ha alegado específicamente este caso como ejemplo de lo que quiere evitar con su protesta. Acaso el endurecimiento de la protesta por parte de algunos presos responda también al convencimiento de que una defensa política explícita de los hechos de septiembre y octubre del año pasado y el enfrentamiento abierto a un tribunal que vulnera las garantías más básicas, empezando por el principio del juez determinado por la ley ―en aplicación del cual no el deberían conocer de la causa el Tribunal Supremo y la AN, sino el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, para los miembros de la Diputación Permanente del Parlament, y la Audiencia Provincial de Barcelona, para el resto―, es la mejor estrategia para reavivar las movilizaciones y afrontar el juicio.

Otro de los presos, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en el epílogo a un libro que versa precisamente sobre estrategias de defensa en procesos políticos aparecido estos días (Benet Salellas, Jo acuso. La defensa en judicis polítics, Lleida: Pagès, 2018), constata el error de la estrategia de connivencia adoptada por la defensa en la fase de instrucción del juicio y la necesidad de “no renunciar a ninguno de los postulados que nos ha llevado” a la cárcel como forma para obtener un desenlace favorable. En el momento de escribir estas líneas, Turull se encuentra en la enfermería de la prisión de Lledoners, donde se le practica un seguimiento médico después de más de dos semanas de huelga de hambre.

Sin embargo, fuera de las prisiones, la huelga de hambre fue recibida con “muestras de solidaridad” de las entidades soberanistas que no han tardaron en ser objeto de broma ―como los ayunos de unas horas, convocados a través de las redes sociales― y evidenciaron nuevamente la división estratégica del independentismo institucional. De nuevo fue Joan Tardà quien se fue de la lengua y, desde la comodidad de su escaño en el Congreso, dijo, en una entrevista, que las huelgas de hambre eran “innecesarias”.

Asimismo, sumándose a la campaña de linchamiento mediático contra los comités de Defensa de la República (CDR) y de equiparación de sus acciones a los sabotajes que se producían en el País Vasco durante la década de 1990, Tardà espetó que la república no se construye “con pasamontañas”. Con ello, no hacía más que expresar, con su tosquedad característica, el rechazo de ciertos sectores del independentismo hacia determinadas formas de protesta de los CDR, pero también de las organizaciones de la izquierda independentista que escapan a su control, evidenciando nuevamente la línea de fractura en el seno del independentismo que señalamos en un artículo anterior.

Días después, el 6 de diciembre, los Mossos d'Esquadra cargaron contra sendas manifestaciones antifascistas en Terrassa y Girona convocadas en contra de actos del partido ultraderechista Vox en que, supuestamente, éste pretendía celebrar el aniversario de una Constitución a la mayoría de cuyos preceptos en realidad se opone.

En la manifestación en Girona, además, la prensa documentó gráficamente cómo el intendente de la policía catalana, Carles Hernández, golpeaba con un material prohibido ―una porra extensible― a los manifestantes antifascistas, mientras que un colectivo de los propios Mossos denunció que algunos agentes, mientras cargaban, proferían gritos de “¡a por ellos!”, en alusión a los vítores con fueron despedidos en algunas localidades españolas los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil enviados a Cataluña por el gobierno de Mariano Rajoy para impedir el referéndum del 1 de octubre del año pasado.

Asimismo, en Terrassa los Mossos dispararon una bala de goma EVA contra la diputada de la CUP Maria Sirvent, que asistía a una manifestante herida. Como no tardó en señalar el teniente de alcalde de Barcelona Jaume Asens, este tipo de balas de foam no tienen trayectorias erráticas, sino que son muy precisas.

nte el escándalo desatado por este comportamiento de los Mossos y las repetidas llamadas de la CUP y el resto de organizaciones de la izquierda independentista a la destitución del consejero de Interior, Miquel Buch, el propio presidente de la Generalitat anunció al día siguiente que daba cuatro días de margen Buch para que tomara medidas, y éste aseguró que no le “temblaría el pulso a la hora de expulsar a agentes de la BRIMO [Brigada Móvil, unidades antidisturbios]”.

El día 8, en plena operación retorno del puente, activistas de los CDR levantaron barreras de diversos peajes de la AP 7, la AP 2 y la C 16. Igual que el pasado marzo, cuando éstos realizaron acciones similares en protesta por la detención de Puigdemont en Schleswig-Hollstein, los Mossos d'Esquadra, a la sazón bajo las órdenes directas del gobierno aun presidido por Rajoy, que ocupaba la Generalitat, no cargaron contra los activistas.

No obstante, amedrentado por la presión añadida que supone para el PSOE la reciente irrupción de la ultraderecha en el Parlamento andaluz y que puede suponerle la pérdida de la Junta, en esta ocasión el gobierno español amenazó, el día 10, con la aplicación del artículo 155 de la Constitución y con el envío de contingentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, al tiempo que los ministros de Presidencia, Interior y Fomento remitieron a los consejeros de la Generalitat de los respectivos ramos sendas cartas en que les exhortaban a “mantener el orden público”.

El gobierno español ha movilizado a 9.000 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil ―el mayor despliegue desde la “Operación Copérnico”, que tenía como fin impedir el referéndum del 1-O― para proteger la reunión del Consejo de Ministros

Acaso por la histérica reacción de los partidos españolistas en Cataluña (Ciutadans, PSC y PP) y en el resto del Estado ante el anuncio de la depuración de responsabilidades por las acciones irregulares de los Mossos contra las manifestaciones antifascistas del 6 de diciembre y amedrentado por las amenazas del gobierno español por el comportamiento de la policía catalana el día 8, Buch se desdijo de sus promesas y el 10 anunció que no efectuaría cambios en ésta. Además, pidió disculpas a los Mossos por sus declaraciones en este sentido, un gesto que los sectores del independentismo más alejado de las instituciones denunciaron como una rectificación en toda regla, de modo que el ultimátum de Torra quedó, nuevamente, en nada.

Ljbuljana, billete de ida

Si una cosa revelan las afirmaciones de Torra es, acaso, el idealismo romántico, tan propio de las clases medias a las que representa este espacio político, con el que se contemplan otros casos de independencia nacional, invariablemente en un vacío histórico y geopolítico que no parece tener en cuenta factores determinantes como la correlación de fuerzas o el respaldo de terceros actores internacionales, tal y como, pertinentemente, señalaba el historiador Carlos González Villa en un artículo para El Periódico.

Este debate, basado en la falsa lógica “de solidaridad con las pequeñas naciones”, que algunos digitales catalanes se encargan de repetir a machamartillo (al punto de agotar mentalmente a una parte de sus propios partidarios), supone un obstáculo, para empezar, para el propio independentismo, al no permitirle formarse una imagen cabal de la situación.

El debate sobre la “vía eslovena” terminó, como tantos otros, desdibujándose a medida que iban apareciendo las convocatorias de protesta contra la reunión del Consejo de Ministros que el Gobierno de España decidió convocar en Barcelona. La presentación del Consejo por la República en Bruselas no ofreció ninguna novedad y, lo que es peor, sus impulsores insistieron en algunas características ―cargos no electos ni, por ahora, controlables democráticamente, opacidad en algunas zonas de su estructura― que lo hacen difícilmente compatible con los ideales republicanos que expresan verbalmente día sí y día también.

Días después, el expresidente Carles Puigdemont ofreció una entrevista a Vilaweb en la que volvió a alimentar las esperanzas de un posible retorno a Cataluña, si era investido presidente por el Parlament. Significativamente, la entrevista a Puigdemont, a pesar de ser uno de los programas más vistos en televisión el día en que se emitió, fue recibida con cierta frialdad.

No por casualidad, en el apartado de valoración de los líderes políticos de la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO), Puigdemont y Torra suspendían, aunque, como todas las encuestas, haya que tomarla con un grano de sal, a la espera de cómo se desarrollen los acontecimientos. Asimismo, no hay que perder de vista la voluntad del espacio posconvergente de cortar, con la creación de la Crida Nacional per la República, el ascenso de ERC, que, en ese mismo sondeo, volvía a aparecer como el partido con mayor intención de voto en unas elecciones catalanas.

Nuevas protestas y el 21-D en el horizonte

El 10, la Intersindical -Confederación Sindical Catalana convocó una huelga parcial de dos horas para el mismo día, en cuyo programa las reivindicaciones laborales y sociales confluían con la protesta contra la política del gobierno de Sánchez respecto a Cataluña: aumento del salario mínimo a 1.200 euros, derogación de la reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy, establecimiento de un índice de inflación adaptado a la realidad económica catalana, o la denuncia de la anulación por parte del TC de diversos preceptos relativos a materia laboral y sindical de la Ley de igualdad de género aprobada por el Parlament, de la negativa de las Cortes españolas a establecer la dación en pago, reclamada por el Parlament, y de la no derogación del Real Decreto Ley de 6 de octubre de 2017 que permitía a las empresas cambiar de sede social sin la aprobación de la Junta General de Accionistas (aprobado por el gobierno de Rajoy en plena ofensiva empresarial contra el proceso independentista), entre otras reivindicaciones.

Finalmente, a las 18h se ha convocado una manifestación unitaria por los derechos sociales y políticos, contra la represión y por la autodeterminación nacional. Posiblemente, el ejecutivo de Pedro Sánchez imaginó que la decisión de reunir al Consejo de Ministros en la capital catalana sería recibida como un gesto de buena voluntad, pero, en tal caso, difícilmente podría haber elegido peor la fecha: el primer aniversario de las elecciones convocadas por la Moncloa tras la usurpación de las instituciones catalanas en una aplicación espuria del artículo 155 de la Constitución y que vulnera el artículo 67.7 del Estatuto de autonomía de Catalunya.

A día de hoy, dicho “gesto” se ha convertido en en un quebradero para el PSOE y el propio gobierno español ―y no es la primera vez que le sucede algo así―. El gobierno español ha movilizado a 9.000 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil ―el mayor despliegue desde la “Operación Copérnico”, que tenía como fin impedir el referéndum del 1-O― para proteger la reunión del Consejo de Ministros que mañana se celebra en la Llotja de Mar y ha expresado veladamente su desconfianza hacia los Mossos d'Esquadra.

Todo ello, nuevamente, bajo la presión de la derecha, a la que se ha sumado Vox, cuya irrupción institucional ―que ha venido acompañada de una sobrerrepresentación mediática, debida al efecto novedad― obliga a PP y Ciudadanos a endurecer, todavía más, sus posiciones en la competición en la que habían entrado meses atrás por la hegemonía de la derecha y a la que ahora se ha sumado un nuevo actor.

La portavoz del gobierno de la Generalitat y consejera de Presidencia, Elsa Artadi, respondió que la decisión tenía “un punto de provocación” ―posteriormente, las declaraciones fueron convenientemente recortadas por algunos medios de comunicación, que las dejaron en “provocación”, contribuyendo a aumentar la tensión―, lo que implicó, por lo pronto, el aplazamiento del encuentro que habían de mantener Torra y Sánchez.

Los medios de comunicación, una vez más, han contribuido a todo lo contrario de lo que supuestamente están llamados a hacer y, en lugar de informar, se han constituido en parte y han caldeado el ambiente durante los días previos a las protestas. El objetivo declarado de la mayor parte de las convocatorias para este viernes es impedir la celebración de la sesión del Consejo de Ministros. Las movilizaciones se prevén masivas y no se descartan incidentes. Sea como fuere, la celebración de la sesión bajo un fuerte dispositivo de seguridad transmite una imagen muy alejada de la normalidad, o de un avance hacia la misma. Ocurra hoy lo que ocurra, será sin duda un punto de inflexión en las tensas e incómodas relaciones entre Cataluña y el Estado español después de los hechos de octubre de 2017.