Austeridad
¿Tenemos un plan para la gente y las futuras generaciones?

El ministro de Economía Carlos Cuerpo anunció que el Gobierno presentaría el próximo 15 de octubre un plan para cumplir con las recién aprobadas reglas fiscales europeas: los sacrosantos límites del 3% del déficit presupuestario y del 60% de la deuda pública. Recordemos que, tras su suspensión durante la pandemia, frugales y reformistas acordaron algunos maquillajes al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, enterrando la oportunidad de situar en la base de la construcción europea una economía más justa, cohesionada y capaz de gestionar su enorme deuda ecológica. Y es que una economía que concentra obscenamente la riqueza y que contribuye a que estemos fuera de los límites del planeta es a largo plazo inviable.

En junio, un grupo de organizaciones sociales y ecologistas pedimos al presidente Sánchez salir del marco de la austeridad, avanzar hacia un marco de responsabilidad fiscal del dinero público y consultar con la ciudadanía un Plan que debería resultar en impuestos más justos y verdes, garantizar derechos y dar un salto cualitativo hacia una transición ecológica justa en el campo y en la ciudad. Hasta la fecha, la opacidad ha reinado en el Ministerio de Economía. Y, aunque el Gobierno haya dado algunos pasos en fiscalidad justa y en proteger a la ciudadanía del abuso del mercado, es momento de sacar del cajón de la ministra Montero el Libro blanco de la reforma fiscal y avanzar decisivamente hacia la democracia económica sentando las bases del legado que queremos dejar a quienes vengan detrás. 

Hay margen en la fiscalidad verde, ya que los impuestos verdes alcanzan solo un 1,5% del PIB frente al 2% de la media de la UE

España sigue por debajo de la media europea en presión fiscal -36,8% frente al 41,7%-. Es decir, existe un amplio margen para tener una fiscalidad más justa, aumentar la progresividad de impuestos de la renta, el capital y el patrimonio, y cerrar de manera permanente los agujeros de la fiscalidad corporativa. Además, el contexto internacional está cambiando, el TaxTheRich de la Iniciativa Ciudadana Europea y aquel “hacednos pagar impuestos” de los patriotas millonarios van ganando espacio político. Pero también hay margen en la fiscalidad verde, ya que los impuestos verdes alcanzan solo un 1,5% del PIB frente al 2% de la media de la UE. Estamos hablando de que un Lamborghini paga el mismo IVA que una bicicleta o que pasearse con un jet privado - en 2023 llegaron 23.000 vuelos a España -, y quemar queroseno, envenenar la tierra o esquilmar acuíferos sale prácticamente gratis.

A su vez, es prioritario abordar el desafío del escaqueo fiscal en el continente. Más allá de las grandes tecnológicas o Ferrovial, recordemos que en 2023 500 multimillonarios europeos disponían de una fortuna de € 2,4 billones de euros -el doble del PIB español- en guaridas fiscales. El agujero fiscal dejado por las élites en España es de 140 mil millones de euros al año, suficiente para doblar los recursos de la acción climática.

Invertir en derechos y en futuro

Si el Gobierno aspira a una transición ecológica justa completa, también debe asegurar que el gasto público sea coherente a la hora de garantizar derechos e invertir en bienestar. Y esto implica que hay que saber cerrar el grifo en dos cuestiones que requieren ser situadas en el centro del debate: la primera, poner fin a los gastos en subsidios fósiles y dañinos -24.500 millones de euros (2022)-, que, en gran medida, tienen un dudoso resultado social o económico. La segunda, el descontrolado aumento del gasto militar -27.617 millones de euros (2023)- y las consecuencias de otorgar un enorme poder y recursos al complejo industrial-militar: ser rehenes de una visión sesgada de la seguridad e incrementar la complicidad con el lucrativo negocio de la desestabilización global. En contraposición, seguimos padeciendo un importante déficit anual de inversión en transición ecológica -menos de la mitad de lo que deberíamos, 20.000 millones de euros frente a 50.000-, lo que convierte en papel mojado los compromisos del Acuerdo de París y la Convención de la Biodiversidad, y compromete nuestra salud, resiliencia y el bienestar de las futuras generaciones.

Solicitamos al Gobierno que garantice en su plan de ajuste de la deuda avances en la democracia económica, reforzando los derechos de la ciudadanía y de las futuras generaciones

Por otro lado, está pendiente la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular presentada en marzo por más de 900 organizaciones y que pedía una regularización de las personas migrantes, nuestros vecinos y vecinas. La Fundación PorCausa calculó que cada persona regularizada sumaría 4.200 euros netos al año a las arcas públicas. Es decir, además de las razones de ética fundamental, avanzar en derechos le va bien a las cuentas públicas.  

Parece que tener administraciones desprovistas de capacidades en medio de la policrisis es solo una frivolidad de anarcocapitalistas y de élites que han perdido el sentido de la responsabilidad. Sabemos que el relato anti impuestos no va a contribuir a más personal sanitario, un parque público de vivienda, aumentar la cooperación internacional, proteger la agricultura familiar o restaurar los ecosistemas. Desde aquí solicitamos al Gobierno que garantice en su plan de ajuste de la deuda avances en la democracia económica, reforzando los derechos de la ciudadanía y de las futuras generaciones.