Argentina
Las medidas ultraliberales de Milei alcanzan a los sectores populares mientras crece la oposición en la calle

En el primer día del año, miles de trabajadores estatales recibieron notificaciones de despidos, sanciones y “traslados compulsivos”, denunciaba el portavoz de la Asociación de Trabajadores del Estado, ahora en pie de guerra contra el Decreto de Necesidad y Urgencia que incluye 300 medidas del Gobierno ultraliberal de Javier Milei.

También este 1 de enero comenzaron a aplicarse los aumentos en el transporte público decididos por Milei en el paquete de medidas aprobado el 21 de diciembre. Los aumentos en el metro, los autobuses y los trenes alcanzan el 45% y suponen un peso más para millones de familias empobrecidas que han tenido que soportar este año una inflación del 217% y este diciembre un aumento de los precios cercana al 30%. Los mismos hogares que vieron cómo el Gobierno de La Libertad Avanza devaluaba la moneda un 50%, una medida con efectos devastadores para los sectores que no disponen ahorros en dólares.

Este 1 de enero comenzaron a aplicarse los aumentos en el transporte público decididos por Milei. Los aumentos en el metro, los autobuses y los trenes alcanzan el 45%

El megadecreto, vigente desde el pasado viernes, debe pasar todavía el examen del Congreso, aunque todas sus directrices están vigentes. Desde la derogación de la ley de alquileres —la única protección que tenían los inquilinos frente a los caseros— a la “desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional”, de la eliminación de las ITV y los seguros de coche a dejar “sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios”, de abrir las puertas a la privatización de empresas públicas convirtiéndolas en sociedades anónimas a la desregulación de los servicios de internet satelital.

La variedad de asuntos incluidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y su posible inconstitucionalidad —los DNU están reservados a circunstancias muy concretas y limitadas— ya ha generado una ola de indignación en la calle y decenas de amparos en la Justicia. El decretazo tendrá que pasar todavía por el Congreso para su validación, algo que, vacaciones estivales mediante, no podrá ser hasta marzo. Mientras tanto, una comisión de ocho senadores y ocho diputados analizará la pertinencia y legalidad del decreto. 

La falta de mayoría de Milei en ambas cámaras —tiene 38 de 257 diputados y siete de 72 senadores— es el principal obstáculo para asegurar la aprobación de este megadecreto. También es el principal obstáculo para sacar adelante el otro gran proyecto legislativo de este inicio de legislatura: la Ley Ómnibus que pretende otorgar a Milei todo el poder de decisión y relegar el papel de las dos cámaras legislativas para llevar a cabo el desguace del Estado, la privatización de las empresas públicas e instalar en Argentina su ideario ultraliberal y conservador. En este caso, no hay decreto que valga y necesita la aprobación parlamentaria para seguir con sus planes.

En su mensaje de final de año, Javier Milei advirtió de las consecuencias de rechazar su decreto de urgencia y la ley ómnibus: “Si nuestro programa es obstruido por los mismos de siempre, que no quieren que nada cambie, no tendremos los instrumentos para evitar que esta crisis se convierta en una catástrofe social de proporciones bíblicas”. 

Un camino difícil

Aunque muchas de las medidas del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) ya se están aplicando, su futuro no está asegurado. El bloque peronista del Congreso y el Senado ha definido una estrategia conjunta para tumbar el DNU. En el Senado, cámara que cuenta con 72 escaños, el peronismo de Unión por la Patria es la primera mayoría con 33 senadores, seguidos por la Unión Cívica Radical (UCR) con 13. Aunque la UCR ha participado de la coalición de Gobierno de Macri, convertido ahora en el principal soporte político de Milei, sus posiciones centristas están alejadas de las del Milei y sus votos están más que en el aire.

En el Congreso, con 257 escaños, el peronismo controla 102, mientras que el oficialismo de Milei apenas 40 y sus aliados —entre ellos el macrismo— otros 39. El futuro del decretazo y de la Ley Ómnibus depende del voto de unos 70 diputados considerados independientes, entre ellos, los 34 de la UCR.

Ante la posibilidad de no conseguir suficientes apoyos para continuar con sus dos principales medidas de principio de mandato, el presidente amenaza con un “todo o nada”, incluyendo “otras medidas constitucionales”

Para sacar adelante sus medidas y su proyecto de país, Milei también necesita el apoyo de las provincias y sus gobernadores, ninguno de ellos de su cuerda política. Ante la posibilidad de no conseguir suficientes apoyos para continuar con sus dos principales medidas de principio de mandato, el presidente amenaza con un “todo o nada”, incluyendo “otras medidas constitucionales” si las cámaras no respaldan sus proyectos. Milei todavía tiene en la manga la carta de la financiación, destrabar ayudas y el proyecto para reformar el impuesto a las ganancias, una forma de asegurar más dinero para las provincias, pero que Milei, según anunció, no tramitará hasta asegurarse el apoyo de los gobernadores.

Además de intentar tumbar el decretazo a través de los votos en las dos cortes, se ha sumado un frente judicial contra la medida. El gobernador peronista de La Rioja, Ricardo Quintela, impulsó una demanda en la Corte Suprema para declarar inconstitucional el DNU con el patrocinio legal del prestigioso ex juez Raúl Zaffaroni y el jurista Gustavo Ferreyra. La aceptación de la demanda por parte del alto tribunal en menos de 12 horas permite pensar, según Ferreyra, que hay “espacio institucional para discutir constitucionalmente en competencia originaria de la Corte los vicios manifiestos del DNU”.

La aprobación del decretazo y la ley ómnibus deberá sortear también la oposición de la calle. La gran central sindical argentina, la CGT, ha convocado una huelga general para el 24 de enero. Una medida impulsada en coordinación con otros grandes actores sociales como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) o las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA-A y CTA-T), una unidad de acción no habitual. 

“Creemos indispensable la acción de todo el movimiento obrero para frenar el DNU y la Ley Ómnibus”, decía Alejandro Gramajo, de la UTEP

“Creemos indispensable la acción de todo el movimiento obrero para frenar el DNU y la Ley Ómnibus”, decía Alejandro Gramajo, de la UTEP. Frente al inicial amago de Milei de continuar e incluso ampliar ciertos programas sociales para contener la protesta social, la estrategia del “que corta no cobra”, ha roto los posibles puentes. Desde Somos Barrios de Pie llevaron sus reclamos y sus ollas vacías el pasado 29 de noviembre frente a la sede del Ministerio de Capital Humano. “La devaluación y la desregulación de los precios que lleva adelante Milei produjo que tengamos las ollas vacías y cada vez más gente pidiendo un plato de comida en los comedores”, declaró Norma Morales, coordinadora de esta organización.