Análisis
¿Quiénes sí celebran? Un nuevo acuerdo colonial entre México y la UE

Este 12 de octubre, una vez más, saldremos a denunciar las raíces coloniales del Estado español, a luchar contra la desmemoria y contra la perpetuación de la colonización hasta el día de hoy. Pero si queremos que el lema “nada que celebrar” sea algo más que un símbolo, debemos sacar a la luz los mecanismos por los que las lógicas coloniales siguen operando, siendo uno de ellos los tratados comerciales y de inversión. En concreto queremos aprovechar el día de hoy para advertir sobre las consecuencias que tendrá la renovación del Acuerdo de asociación económica entre la Unión Europea y México, que está a punto de ser ratificado por el Consejo de la UE y por el Parlamento Europeo, así como por el gobierno y el senado mexicanos.

Esta modernización se empezó a negociar con Peña Nieto y se terminó de negociar en abril de 2020, ya con el gobierno de López Obrador. El proceso de ratificación, que ha estado paralizado desde entonces, parece que se acelera ahora, en el nuevo contexto abierto por la guerra de Ucrania y en el marco de la feroz lucha por el predominio mundial que enfrenta a países como Estados Unidos contra China, y la preocupación de la UE por no quedar relegada a la intrascendencia. Resaltamos, en este sentido, la búsqueda de las potencias por conseguir influencia en la geopolítica a través de los tratados comerciales que nos recuerda mucho al reparto colonial europeo y norteamericano, y sus sueños imperiales de los últimos 530 años. La recolonización por otras vías.

El nuevo acuerdo incorpora un capítulo sobre sostenibilidad y otro sobre corrupción, pero sus cláusulas no son vinculantes

En plena euforia neoliberal, en el año 2000, México firmó el Acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación con la Unión Europea –el llamado Acuerdo Global–, a pesar de las asimetrías económicas entre ambas regiones. Este acuerdo favoreció la llegada de las empresas europeas a México, brindándoles un acceso privilegiado al nuevo mercado abierto por el TLCAN (Canadá, EEUU y México) y a los sectores estratégicos que estaban siendo privatizados: agua, electricidad, servicios financieros, gas y telecomunicaciones. 22 años después, podemos decir que, lejos de lo prometido, aquel acuerdo contribuyó a profundizar las desigualdades entre la población mexicana. Además, no impulsó la transferencia tecnológica sino que agravó la desarticulación de las cadenas productivas locales.

Se hace evidente que la incorporación de un capítulo sobre “diálogo político y cooperación” era poco más que retórico y no sirvió para compensar los estragos de la liberalización comercial. Sin embargo, la Unión Europea sigue intentando maquillar sus acuerdos comerciales. De hecho, el nuevo acuerdo incorpora un capítulo sobre sostenibilidad y otro sobre corrupción, pero sus cláusulas no son vinculantes, por lo que dudamos de su efectividad. Asimismo, el acuerdo modernizado mantiene la cláusula de derechos humanos, pero esta nunca se ha activado a pesar de propuestas para tal fin por parte de organizaciones de la sociedad civil y el propio Parlamento Europeo, en casos de violencia estatal extrema como lo ocurrido a los estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, en la que se utilizaron armas de fuego de una industria alemana.

Por ello podemos prever que el acuerdo modernizado reforzará la impunidad con la que operan las empresas europeas, que ya tienen una larga trayectoria de violaciones a los derechos humanos y ambientales en México. Algunos ejemplos se encuentran en la violación al derecho de acceso a la energía eléctrica debido a las altas tarifas provocadas por la privatización en manos de empresas como Iberdrola, Naturgy o Acciona Energía; la vulneración del derecho de acceso al agua y la arbitrariedad tarifaria de Agsal-Suez (hoy Veolia) en Coahuila, Veracruz, Cd de México y Cancún; o la vulneración del derecho a la negociación colectiva gracias a acuerdos con sindicatos amarillos.

Por otra parte, el nuevo acuerdo incorpora otras novedades preocupantes, como la reducción drástica de aranceles y la obligación de firmar la versión 91 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), la apertura del mercado de la contratación pública y la introducción de un capítulo de inversiones.

Malas noticias para los pequeños productores

En cuanto a la reducción de aranceles, esta será especialmente nociva en el sector agroalimentario, siendo las corporaciones agroindustriales mexicanas y europeas las mayores beneficiadas, en detrimento del campesinado de un lado y otro del Atlántico. La competencia desigual de las grandes corporaciones sacará del mercado a pequeños y medianos productores, lo que tendrá un impacto específico para las mujeres campesinas que se verán aún más empobrecidas. Además, la Unión Europea presiona a México para que firme la citada UPOV91, lo que impulsará la privatización de las semillas afectando a la agricultura campesina independiente.

También preocupa la obligación de garantizar el acceso a los concursos públicos a las empresas extranjeras, máxime cuando parece chocar con la actual política económica y social del gobierno mexicano y su proyecto de nación, ya que la voluntad de incrementar el sector público de la economía encabeza los postulados de la Cuarta Transformación. Sin embargo, con esta cláusula, México reduce sus opciones para adjudicar contratos estatales a empresas públicas, municipales o locales y abre sus concursos públicos a la competencia global.

Abengoa-Cofides demandó a México por la cancelación de un proyecto de vertedero por motivos ambientales y obtuvo una indemnización de 48 millones de dólares

De todas formas, uno de los puntos más controversiales de este nuevo acuerdo –que requerirá la ratificación de cada Estado miembro de la Unión Europea, por lo que su entrada en vigor puede posponerse– es la incorporación de un capítulo sobre inversiones, que tiene como objetivo proteger los negocios de las empresas transnacionales entre México y la UE a través del Sistema de Corte de Inversiones (ICS). Este mecanismo se basa en los tribunales de arbitraje privados, y a pesar de que se supone que se han incorporado algunas mejoras, sigue reproduciendo un modelo de justicia privatizada y asimétrica, en el que las empresas transnacionales pueden demandar a los Estados en tribunales internacionales, pero estos, en cambio, no pueden demandarlas en las mismas instancias.

La Comisión Europea prepara un tribunal para blindar los privilegios de los inversores

Tom Kucharz

Comisión Europea

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Tom Kucharz

Las grandes empresas presionan en secreto para obtener nuevas ventajas legales en la UE.

Actualmente las empresas españolas ya cuentan con un tratado bilateral de inversiones que las protege, aunque este podría ser cancelado ya que han transcurrido sus diez años de vigencia y se encuentra prorrogado desde 2018. Por tanto, la entrada en vigor del nuevo acuerdo con la UE garantiza a las empresas españolas que, aunque alguno de ambos Estados decida expirar el tratado, sus inversiones seguirán estando protegidas. Un ejemplo de cómo funciona este mecanismo lo vemos en el caso de Abengoa-Cofides, que demandó a México por la cancelación de un proyecto de vertedero por motivos ambientales y obtuvo una indemnización de 48 millones de dólares. Las energéticas europeas ya han amenazado con demandar a México si sigue aprobando nuevas regulaciones que vayan en contra de sus intereses. De hecho, recientemente la empresa pública CFE ha anunciado que perdió un arbitraje contra las españolas Elecnor y Duro Felguera con una indemnización de 22 millones de dólares, y que tiene otro arbitraje pendiente contra Iberdrola.

Si realmente el actual gobierno de México apuesta por recuperar el control público del sistema eléctrico debería cancelar la ratificación del nuevo acuerdo con la UE

En este sentido, consideramos que si realmente el actual gobierno de México apuesta por recuperar el control público del sistema eléctrico debería cancelar la ratificación del nuevo acuerdo con la UE y solicitar la expiración de los tratados bilaterales que se encuentran prorrogados. Poner fin al régimen internacional de protección de inversiones es la única forma de recuperar la soberanía nacional sobre la energía, pero también sería una forma de mandar un mensaje claro a los inversionistas extranjeros que, sabiéndose protegidos por la legislación internacional, llegan al país imponiendo megaproyectos en territorios indígenas sin consulta previa, libre e informada; operan sus plantas industriales sin garantizar el derecho a la negociación colectiva ni respetar la normativa ambiental; y pretenden conseguir licitaciones públicas desplazando a las empresas nacionales.

Si se quiere acabar con el modelo neoliberal y el poder de las empresas transnacionales, no se pueden aprobar nuevos acuerdos, sino que se deben cancelar los aún vigentes.

Por último, cabe recordar que los tratados comerciales han beneficiado principalmente a empresarios que hicieron grandes fortunas gracias a las políticas neoliberales y a coyunturas económicas en las que estos instrumentos abonaron el río revuelto. Con la firma del TLCAN, el número de personas millonarias en México pasó de un puñado de personas a encabezar la lista de los mayores multimillonarios a nivel mundial. Esto mientras la desigualdad crecía entre la población. El llamado efecto rebalse de la teoría neoliberal nunca ocurrió.

Estos mismos multimillonarios son los que, una vez más, sacarán rédito del nuevo Acuerdo, que ahora les permitirá proteger sus intereses en Europa. Preocupan especialmente inversiones como la de Slim en FCC y la de la familia Amodio en OHL, empresas constructoras que han ampliado sus negocios en España hacia el ámbito de los servicios, con filiales gestionando residencias y servicios de limpieza en unas condiciones muy precarias para trabajadoras y usuarias. Si consiguen blindar sus inversiones con el nuevo acuerdo, cualquier intento de renacionalizar los servicios que han caído en manos de esas empresas puede conllevar demandas en tribunales de arbitraje. Así mismo, Slim también controla empresas alimentarias como la empresa cárnica Campofrío, por lo que cualquier intento de regulación de las macrogranjas porcinas podría ser objeto de demandas internacionales.

Por todo ello, consideramos que el acuerdo UE-México es el triunfo del capital transnacional a costa de las condiciones de vida de las poblaciones y del planeta a los dos lados del Atlántico. Los tratados comerciales y de inversión, tal como han sido diseñados, facilitan el camino de las corporaciones para seguir explotando personas y territorios a 530 años del 12 de octubre de 1492.