Análisis
¿Quién dijo recuperación económica? Vuelven los tambores de austeridad

Hace algo más de un año, en abril de 2021, el Gobierno de España hacía público el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia donde indicaba que era “imprescindible y urgente impulsar a medio plazo un proceso de transformación estructural, y llevar a largo plazo a un desarrollo más sostenible y resiliente”. El conflicto bélico en Ucrania así como las consecuencias económicas derivadas, ha roto con aquella apuesta por una salida de la crisis que fuera más allá de las políticas de austeridad. Los últimos anuncios sobre los ajustes en política monetaria y fiscal sugieren que las autoridades económicas españolas y europeas se han arrepentido de estos ambiciosos objetivos. El fantasma de los recortes recorre, de nuevo, el Sur de Europa.

El ajuste monetario y fiscal

Ese amargo recuerdo de las políticas económicas de la contención del gasto público proceden de uno de los miembros de la Troika, el actor central en el ciclo de austeridad anterior. La semana pasada, el Banco Central Europeo (BCE) comunicó una subida de los tipos de interés de referencia en 50 puntos básicos. Además, en julio, suspendió las compras netas de títulos del Tesoro de los Estados europeos aunque la reaparición de la prima de riesgo le ha obligado a introducir un nuevo instrumento para proteger su transmisión, cuya activación está condicionada a la aplicación de ajustes presupuestarios.

En la práctica, el endurecimiento de la política monetaria no será eficaz para frenar el incremento de los precios y, a lo sumo, provocará un encarecimiento de la compra de viviendas, bienes de consumo duradero y de la financiación empresarial. Servirá también para lanzarle a los gobiernos el mensaje de que se acabó el tiempo para implementar medidas de austeridad. 

Además, al componente monetario debe añadirse que la política fiscal se ha situado en un posicionamiento cada vez más contractivo. Hasta junio de 2022, la recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) creció un 18,3% respecto al mismo período del año anterior. Incluso las haciendas forales de la ecúmene vasca han anunciado recaudaciones récord este año. Esto se puede atribuir a la vigorosa recuperación del empleo y al efecto de la inflación en la recaudación por IVA, aunque quizá ese estabilizador automático de la política fiscal se esté pasando de frenada.

“Tanto el BCE como los gobiernos nacionales actúan condicionados por su adhesión al pensamiento económico dominante”

Hemos de indicar que tanto el BCE como los gobiernos nacionales actúan condicionados por su adhesión al pensamiento económico dominante. Según este, la inflación es un fenómeno sencillo de resolver con una subida de tipos de interés y recortes de déficit público. Lo que se pretende, entonces, es deprimir la demanda para que caigan la inversión y el empleo y con ellos los precios. Es una solución muy tosca al problema de la inflación, pero la élites económicas no tienen otra: para el martillo del banco central, todo es clavo. 

¿Expansión o recorte del gasto?

Sucede que, simultáneamente, el consumo de las administraciones públicas ha encadenado dos trimestres de reducción y parece que las cuentas públicas están evolucionando rápidamente hacia el equilibrio presupuestario. De nuevo, desde el pensamiento económico dominante, esto se considera una noticia positiva. No obstante, es importante entender que el déficit público es, al céntimo, equivalente al ahorro neto del sector no estatal. 

Si segmentamos una economía en tres sectores (privado, estatal y exterior) se puede constatar que el ahorro neto de cada uno de ellos suma exactamente cero. En otras palabras, para que el sector privado doméstico pueda ahorrar es condición necesaria que el gobierno o el resto del mundo desahorre o se endeude. Si a la reducción del déficit público, que galopa hacia el superávit, sumamos el deterioro de la balanza comercial por culpa de los precios de la energía importada, entonces resulta sencillo entender por qué el sector privado doméstico se enfrentará pronto a una decisión dolorosa: o bien reduce su ahorro y se endeuda para mantener su nivel de gasto; o bien mantiene sus objetivos de ahorro y reduce su consumo. Dadas las consecuencias de los precios y del encarecimiento de la financiación bancaria sobre la caída del consumo, probablemente el superávit fiscal y el déficit comercial añadirámn otra pesada losa sobre las economías domésticas.

Identidad de saldos sectoriales de la economía española

En efecto, sigue activa la cláusula de escape, medida tomada excepcionalmente en 2020 para permitir que los países aumentasen su gasto ante la crisis del coronavirus, según se recoge en el llamado paquete de primavera del Semestre Europeo. No obstante, Bruselas está presionando al gobierno de España para que inicie el camino del ajuste presupuestario. En sus recomendaciones al Gobierno de España para 2023 pide “garantizar una política fiscal prudente, en particular limitando el crecimiento del gasto corriente” y “una reducción creíble y gradual de la deuda”. También Alemania ha exigido al gobierno de España que empiece a ajustar sus cuentas. Asimismo, los medios de comunicación más influyentes, siempre adeptos al pensamiento neoliberal, conminan al gobierno para que tome medidas de contención del déficit. 

Cabe una consideración añadida respecto a las falsas imágenes sobre la expansión del gasto público que puede ofuscar nuestra perspectiva sobre los tambores de austeridad. La semana pasada el Gobierno anunció que el techo de gasto crecería en 2023 un 1,1%. Ahora bien, si lo ajustamos por el dato de la inflación –que en junio llegó al 10,8%– ello equivale a una contracción del gasto en términos reales. En palabras más didácticas, si la administración gasta 1000 un año y al año que viene gasta 1010, entonces ha aumentado el gasto un 1%, pero sólo en términos nominales, porque, si la inflación es de diez puntos, en términos reales se están reduciendo el gasto en un 8,2%.

El Gobierno de coalición acuerda un nuevo techo de gasto récord para 2023

Redacción El Salto

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Presupuestos Generales del Estado

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El techo de gasto financiero se incrementa hasta los 198.221 millones de euros, lo que supone un incremento de un 1,1% frente a los PGE de 2022.

Pese a las bondades atribuidas a los desembolsos económicos en el marco de los fondos Next Generation EU, lo cierto es que hasta la fecha ascienden a 24.000 millones €, menos del 1% del PIB español por anualidad. Desde luego, una mirada unidimensional hacia los fondos europeos no puede compensar el que podría ser uno de los mayores recortes de la historia económica reciente. Menos aún frenar el reciente episodio de inflación y los problemas energéticos causados por el conflicto ucraniano, detonantes del acto de constricción por la política fiscal expansiva acordada en 2021.

Una respuesta inadecuada

La racionalidad de un ajuste presupuestario es cuestionable cuando, en términos reales, el PIB español sigue por debajo de los niveles previos a 2020. El desconcierto es mayor si consideramos que la tasa de desempleo sigue por encima del 12%, por encima del no menos preocupante  8,75% en el que se sitúa en el País Vasco. Es indefendible argüir que nuestra economía ha agotado su capacidad productiva y que nos enfrentemos a un episodio de recalentamiento de la economía española que exija una política contractiva y, mucho menos, austericida.

En el ámbito de la política monetaria, las decisiones del Banco Central Europeo también resultan incomprensibles. El mismo BCE publicó hace poco tiempo un informe de la situación, cuyo análisis consideramos más correcto, donde se confirmaba que los cuellos de botella logísticos que habían constreñido las cadenas de suministro globales empezaban a despejarse. Del mismo modo, su presidenta Christine Lagarde mostraba haber entendido que elevar los tipos de interés no afectaría a los precios del gas natural y del petróleo, los causantes directos del episodio reciente de inflación.

En suma, la subida de tipos de interés no conseguirá ningún efecto real sustancial más allá de encarecer un poco más la financiación para la compra de vivienda, de bienes duraderos y la inversión empresarial. Es decir, reducirá el poder de compra de la mayoría y, en el caso de la inversión empresarial, aquellas empresas con mayor poder de mercado simplemente repercutirán a sus clientes el mayor coste. Es más probable que subir los tipos de interés ayude a encarecernos la vida que a abaratarla.

Por último, parece dudoso que una subida de 50 puntos básicos en los tipos de interés tenga la entidad suficiente como para enfriar la inversión y la actividad económica lo suficiente como para hundir la demanda y obrar la caída de precios por esa vía. Entonces ¿por qué lo hacen?

“Los banqueros centrales necesitan justificar su existencia porque saben que la política monetaria no puede remediar el actual episodio de inflación”

Da la impresión de que el BCE actúa como el proverbial perro guardián que se pone a ladrar cuando pasa un transeúnte por la calle. Éste pasará de largo puesto que no tenía ninguna intención de entrar en la finca, pero el perro se quedará ufano pensando que han sido sus avisos los que han evitado la intrusión. Los banqueros centrales necesitan justificar su existencia porque saben que la política monetaria no puede remediar el actual episodio de inflación.

La subida de tipos del BCE servirá... pero no para reducir la inflación

Iván H. Ayala

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Análisis

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Iván H. Ayala

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Quiero resaltar tres elementos que me parecen especialmente importantes al respecto, primero, la situación económica hacia dónde nos dirigimos, segundo los efectos sobre la inflación y tercero los efectos escondidos de esta subida de tipos.

El carácter inadecuado de la respuesta fiscal y monetaria queda más patente si tenemos en cuenta que hay abundante evidencia de que el episodio de inflación será transitorio. Hay dos motivos. Uno es que no hay condiciones para que se dé una puja distributiva entre capital y trabajo que desencadene una espiral de precios salarios. Un reciente estudio publicado por el BCE demuestra que, a diferencia del episodio de inflación de los años 70 del siglo pasado, detonado por las sanciones de la OPEP a los países occidentales por su apoyo a Israel, en esta ocasión la clase trabajadora carece del poder negociador para iniciar una dinámica inflacionista de segunda ronda con reivindicaciones salariales eficaces. De hecho, el promedio de subidas salariales negociadas por convenio y firmadas hasta junio en España está en el 2,45% y en el 5% en Euskadi, muy por debajo de la subida del IPC.

El segundo motivo es que en las últimas semanas los precios de materias primas como trigo, maíz, acero opetróleo están cayendo. Solo el precio del gas natural sigue tensionado por culpa del conflicto ucraniano y las sanciones mutuas entre Rusia y los países de la OTAN. Esta caída de precios augura un pronto final del episodio de inflación, pero también nos indica que avanzamos rápidamente hacia la recesión que buscaban los economistas neoclásicos. 

La última encuesta publicada de pronosticadores profesionales del BCE demuestra que la inflación puede llegar al 7,5% en 2022, pero prevén una caída de la inflación en 2023 hasta el 3,5%. Esto demuestra que el episodio durará lo que tarden en disiparse los cuellos de botella y tensiones en los mercados de materias primas que lo originaron en primera instancia y que, por tanto, las intervenciones del BCE y las políticas fiscales contractivas no sólo son inútiles sino que son inoportunas.

Nos acecha la recesión

Pese a que es evidente que el episodio de inflación actual es transitorio, la respuesta política está teniendo como efecto una gradual ralentización de las recuperación económica. Ciertamente, España se estaba recuperando con fuerza de la crisis pandémica: la tasa de paro alcanzó un mínimo que no veíamos desde el año 2008 y, si bien los datos de crecimiento del primer trimestre no tuvieron mucho lustre y el INE los ha revisado a la baja, el segundo trimestre el crecimiento fue mucho más positivo. Asimismo, la creación de empleo ha estado en niveles históricos y la reforma laboral ha tenido efectos positivos en la reducción de la temporalidad.

Por eso, si bien es necesario cuestionar la utilidad de la política monetaria para frenar la inflación, lo cierto es que los anuncios del BCE persiguen un objetivo más ambicioso: presionar a favor de un ajuste presupuestario. De hecho, el sesgo contractivo de las políticas fiscales está dando al traste con la recuperación en todas las economías avanzadas. La política fiscal contractiva del gobierno de Joe Biden ha llevado a la economía de EEUU a la recesión, al caer su PIB un 0,9% en el segundo trimestre. En España también empieza a haber síntomas de agotamiento. FUNCAS, el BBVA, el Gobierno y el FMI han producido una cascada de revisiones a la baja del PIB. Por otro lado, el dato de empleo más reciente publicado por el SEPE da cuenta de una caída sin muchos precedentes en julio. El índice PMI cayó en julio por debajo de 50 en España y otros países de la zona euro, un indicador de decrecimiento de la actividad manufacturera.

“La ralentización se puede atribuir a la inflación y las incertidumbres originadas por el conflicto ucraniano y el temor a cortes de suministro del gas en Alemania”

La mayoría de los analistas sugieren que esta ralentización se puede atribuir a la inflación y las incertidumbres originadas por el conflicto ucraniano y el temor a cortes de suministro del gas en Alemania. Muchos análisis coinciden en que el consumo de los hogares se está resintiendo por culpa de la pérdida de poder adquisitivo, aunque aquí nos atrevemos a añadir que la política fiscal ha metido algunos clavos más en el ataúd de la recuperación. Nadie toca los tambores de austeridad con tanta fuerza como el BCE.

La corriente económica dominante, como pseudociencia, nos lleva al abismo

Juan Laborda

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Análisis

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Todos los economistas pertenecientes a la corriente dominante muestran un comportamiento gregario, difícil de erradicar.

Contra la política neoclásica

La respuesta de los economistas neoclásicos a la inflación siempre es crear desempleo. Este es el propósito de subir los tipos de interés y de las políticas de austeridad. Lo hace intencionadamente y lo justifica con la teoría de la tasa natural de desempleo. De esta manera, la miseria moral del pensamiento neoclásico se manifiesta en todo su esplendor: para que unos conserven su poder de compra, otros deben perderlo completamente.

Podría encontrarse alguna justificación para dicha política si nos encontráramos ante un caso de inflación causada por un exceso de demanda, pero este episodio es un caso clásico de inflación impulsada por los costes de la energía. Y no olvidemos que la inflación es siempre un problema distributivo. Ciertamente, el cártel de países productores de petróleo y gas natural ‒Rusia, Argelia, la OPEP‒ nos ha subido los precios de la energía y las empresas energéticas como Repsol o Naturgy nos han repercutido el coste incrementado con sus márgenes de forma implacable. Dado que este es un hecho insoslayable, la cuestión a dilucidar es quién va sufrir el incremento de los precios, es decir, cómo se gestiona el conflicto distributivo y a quién perjudica.

“Quienes están perdiendo la batalla distributiva son los hogares con menor renta, cuyo poder de negociación ha sido laminado por un mercado laboral profundamente degradado”

En este sentido, la población de España tiene muchas papeletas para ser uno de los agraciados a la hora de pagar los platos rotos. La estrategia del pensamiento neoclásico ante la subida de los costes energéticos es ponerle la tapa a la olla a presión y dejar que los precios relativos dentro del sector privado se ajusten a la nueva realidad en función del poder de mercado de cada cual. Por eso, quienes están perdiendo la batalla distributiva son los hogares con menor renta, cuyo poder de negociación ha sido laminado por un mercado laboral profundamente degradado. Al final del día, para que unos conserven su poder de compra otros deben perderlo completamente.

Necesitamos otra política

En mi opinión, la respuesta adecuada ante este episodio de inflación debe tratar de cómo se restablece la relación real de intercambio frente al cártel de países productores y de cómo se amortigua el impacto para la población con menor renta. Los gobiernos no pueden prevenir la pérdida en ingresos nacionales reales como consecuencia de este impacto. Deberían permitir que la totalidad del aumento en el coste de los combustibles pase a los usuarios para animar a conservar energía y a abandonar los combustibles fósiles según ha indicado el propio FMI.

Gestionar el conflicto distributivo es, pues, aceptar que los precios tienen que subir porque lo han hecho los de la energía importada, protegiendo de este modo a quienes tienen menor capacidad de repercutir el incremento. Urge un paquete de medidas sociales, no un paquete de fondos europeos para promover la recuperación de los capitalistas nacionales.

Curiosamente, desde la derecha hay propuestas que abogan por un ajuste fiscal menos riguroso, conseguido mediante alivios tributarios. Se ha pedido incluso paliar el impacto de la inflación con una deflactación del IRPF. La deflactación evita que los contribuyentes, cuyas rentas han sido actualizadas para compensar en todo o en parte la inflación, experimenten una pérdida de poder adquisitivo adicional por un efecto de salto a un tipo de gravamen marginal más alto. Pero conviene recordar que la mayoría de la clase trabajadora no se ha beneficiado de alzas salariales por lo que esta medida interesa a quienes mayor capacidad de negociación conservan para proteger sus rentas.

Las medidas fiscales anunciadas por el PNV son regresivas y pueden acelerar la inflación

Jon Bernat Zubiri Rey

Fiscalidad

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Si realmente se quiere tomar medidas eficaces contra la inflación, hay que poner coto a los procesos de financiarización que dan más poder a bancos y a grandes grupos empresariales, quienes aumentan sus beneficios a costa del empobrecimiento de la mayoría. También hay que aprovechar el actual ciclo de crecimiento económico y laboral para aumentar la recaudación fiscal, no reducirla, como harán las anunciadas rebajas fiscales regresivas.

Socialmente sería más progresista proteger las pensiones y los salarios frente a la inflación. Las recientes subidas del salario mínimo interprofesional han quedado anuladas por la inflación. El SMI debe recuperar ese poder de compra perdido. Otras medidas, como desvincular las revisiones de los alquileres del IPC, el tope al precio del gas natural destinado a producción eléctrica o la rebaja del IVA para la electricidad, van en esa dirección.

Conviene recordar que los precios los suben las empresas, no los trabajadores. Por eso se echa en falta una política antitrust beligerante. Hay evidencia de que las empresas con mayor poder de mercado están repercutiendo sus precios a los clientes finales más allá de lo que justificarían los mayores costes energéticos, como asegura un reciente estudio de Comisiones Obreras. Del mismo modo, muchas empresas multinacionales están subiendo sus precios. El citado estudio del BCE confirma que los márgenes e impuestos unitarios han impactado más en las subidas de precios y que los salarios están perdiendo participación en la renta nacional. Entre las noticias más obscenas al respecto puede señalarse que las empresas energéticas, como Repsol, Iberdrola o Naturgy, reportaron el primer trimestre de 2022 un incremento de sus beneficios si los comparamos con los del mismo período del año anterior.

“No sacrifiquemos la recuperación económica para que sean los más pobres quienes estabilicen los precios. Estamos a tiempo de evitar la recesión si la política fiscal cambia de rumbo”

Poner coto al abuso de posición dominante con una intervención de los precios en los sectores más oligopolizados parece contrario a los sagrados principios de libre mercado que encarna la Unión Europea, pero las circunstancias actuales nos obligan a ser heterodoxos. El Gobierno español ha propuesto nuevos impuestos a los beneficios extraordinarios de la banca y las eléctricas pero, si no se acompañan de topes a los precios, estos oligopolios repercutirán ese coste incremental a sus clientes sin contemplaciones.

No sacrifiquemos la recuperación económica para que sean los más pobres quienes estabilicen los precios. Estamos a tiempo de evitar la recesión si la política fiscal cambia de rumbo. Cuando nos enfrentamos a una crisis climática sin precedentes y a precios de la energía disparados, parece más lógico aumentar la inversión pública para acelerar la transición energética y eliminar la dependencia de los combustibles fósiles. Esta estrategia es la mejor arma de lucha contra la inflación presente y futura. Releguemos los bancos centrales al papel para el que se constituyeron históricamente: gestionar el sistema de compensación de pagos y actuar como prestamistas de última instancia. Como los bancos centrales realmente no saben qué efectos reales van a tener los tipos de interés, quitémosles ese juguete imponiendo el mandato de que se limiten a mantenerlos en 0% a perpetuidad.

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