Análisis
Lo que nos ocultan aquellos que proponen rebajas fiscales

En pleno debate sobre rebajas fiscales de las comunidades autónomas, se nos está hurtando a la ciudadanía la razón de fondo. De nuevo una lectura bajo el prisma de la ortodoxia económica dominante, vía equivalencia ricardiana, no nos deja ver el bosque. El perfecto funcionamiento de los estabilizadores automáticos keynesianos, tras la recuperación de la pandemia, y la subida de precios, han provocado un rápido e inesperado crecimiento de la recaudación impositiva que se nos ha vendido como un hito histórico. Pero en realidad, como señala la Red MMT en España, se ha creado un problema insospechado.

Las administraciones autonómicas se han encontrado con unas entradas de caja descomunales que no pueden gastarse porque el Gobierno de España impuso un incremento del techo de gasto ridículo, 0,7% más que el año anterior. Eso es en términos nominales. Si tenemos en cuenta el efecto de la inflación ese aumento es una reducción en términos reales. La combinación de una recaudación disparada, y una reducción del gasto en términos reales, supone, de facto, una política fiscal ultra-restrictiva que drena dinero de la economía. En plena desaceleración de la economía española, y ya en recesión Europa y Estados Unidos, con unas perspectivas sombrías para 2023, ello constituye un auténtico dispararte que, al margen de las consecuencias de la guerra de Ucrania, acabaría con la recuperación económica tras la pandemia.

Las administraciones autonómicas se han encontrado ante un dilema: o repagar deuda, es decir, devolver dinero a acreedores, o devolvérselo a la ciudadanía mediante una reducción de impuestos. Abierta la veda, las distintas autonomías se han embarcado en una loca carrera de bajadas impositivas: desde la deflactación del IRPF en todos los tramos, pasando por la bonificación del 100% del impuesto sobre el patrimonio. Todo ello en un contexto donde las crecientes desigualdades en la distribución de la riqueza alcanzan cotas irrespirables. Si echamos una ojeada a la Encuesta Financiera de las Familias, que publica cuatrienalmente el Banco de España, año a año el top 1% se zampa un trozo mayor del pastel.

Los impuestos, los contribuyentes, no financian nada

Frente a ello, la izquierda debería jugar obviando las reglas de juego de la derecha. Ante un problema en el funcionamiento de los estabilizadores automáticos, la izquierda debe tomar la iniciativa con una propuesta de reducción de algunos de los tributos más regresivos, aderezado con impuestos globales a la riqueza, y, sobre todo, ante las nubarrones de crecimiento económico que se nos avecina, con una flexibilización de las reglas de gasto para las administraciones públicas, a la vez que denuncia el armazón institucional de la austeridad fiscal. El gobierno de Sánchez parece haberlo entendido y, bajo el marcaje de Unidas Podemos, los presupuestos generales para el año próximo apuntan a un aumento del gasto social y de las inversiones reales.

Las propuestas de la derecha son profundamente regresivas, beneficiando exclusivamente a una panda de mimados, sin que ello sirva para generar más crecimiento y empleo

Pero además debe denunciar activamente la falta de rigor presupuestario de la alternativa que nos ofrece el PP. Las propuestas de la derecha son profundamente regresivas, beneficiando exclusivamente a una panda de mimados, sin que ello sirva para generar más crecimiento y empleo, véase el último estudio académico serio publicado sobre rebajas fiscales a los más ricos. Se trata del artículo “The economic consequences of major tax cuts for the rich”, publicado en abril de este año en la revista académica Socio-Economic Review.

Pero la izquierda, en sus propuestas, debe dar un paso más, y dejar de comprar la teoría de que los impuestos financian los servicios públicos. Si algo han demostrado la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, incluso el mismo Banco Central Europeo, es que los gobiernos soberanos desde un punto de vista monetario, bajo tipos de cambio flotantes y emisión de deuda soberana en moneda local, nunca quiebran. So easy, so simple. Los gobiernos que emiten sus propias monedas ya no tienen que financiar su gasto, ya que los gobiernos emisores de moneda nunca pueden quedarse sin dinero. El culto a la austeridad se deriva de la lógica del patrón oro no es aplicable a los sistemas monetarios “fiat” modernos. Por lo tanto, las políticas fiscal y monetaria pueden concentrarse en garantizar que el gasto doméstico sea el suficiente para mantener altos niveles de empleo. Si bien los países del Euro no disponen de soberanía monetaria, la actuación del Banco Central Europeo desde 2012 se le asemeja.

En este sentido, los gobiernos soberanos y sus agentes, por principio, obligatoriamente gastan primero, y, solo después, se pagan los impuestos o se compran los títulos de deuda soberana. Los contribuyentes no financian nada. Esta es la operativa real de cómo actúan los gobiernos soberanos desde un punto de vista monetario. Esto contrasta directamente con la retórica que afirma que el gobierno primero debe recaudar impuestos para conseguir los euros, dólares, libras, yenes, etc que posteriormente gastará, y que lo que no recaude debe pedirlo prestado. Pues bien, bajo estas premisas el papel de los impuestos debe mirarse con prismas distintos.

El papel de los impuestos en un gobierno monetariamente soberano

Los impuestos son importantes, sí, pero no financian absolutamente nada. Sus funciones son otras. Las obligaciones tributarias crean vendedores de bienes y servicios que desean la moneda del gobierno a cambio. Esto permite que el gobierno se provea a sí mismo mediante el gasto de su moneda, que de otro modo no tendría valor. El gobierno y sus agentes son la única fuente de los fondos necesarios para pagar los impuestos. Ese es el papel fundamental de los impuestos. Pero es necesario además dotarlos de otras dos funciones básicas.

La primera, orientar el modelo productivo. Es fundamental terminar con los efectos perversos de la financiarización, sobretodo la aparición en las últimas dos décadas de nuevos señores feudales, los rentistas. Joseph Stiglitz en El Precio de la Desigualdad (2012), especifica como la búsqueda de rentas que ahoga el crecimiento toma muchas formas, desde transferencias ocultas, pasando por subsidios del gobierno a grupos de presión, leyes que favorecen los oligopolios y una aplicación laxa de leyes de competencia. España es un ejemplo de aplicación de todos esos mecanismos que favorecen la acumulación de renta y riqueza en manos de los buscadores de rentas, destacando la apropiación de las rentas de la tierra. Nuestro modelo de desarrollo económico ha primado en exceso la especulación con la tierra y su traslado a los precios de los pisos y locales comerciales, generando una de las mayores burbujas inmobiliarias de la historia. Mientras tanto distintos monopolios y oligopolios -el sector bancario- se frotaban las manos bajo la connivencia de las autoridades políticas. La política impositiva debe terminar con el rentismo y favorecer la actividad productiva. La solución ya fue ideada hace más de 100 años por un economista de San Francisco, Henry George. Se trata de establecer un impuesto sobre el valor de la tierra (concepto muy amplio), pero con unos mínimos exentos que libren de pagarlo al 95% de la población.

La segunda función de los impuestos es limitar el poder de determinadas corporaciones e individuos. Se trata de poner un impuesto a la riqueza global. Recomiendo encarecidamente la investigaciones, las propuestas y los artículos académicos de Gabriel Zucman, autor de la obra divulgativa La Riqueza Oculta de las Naciones (Pasado&Presente, 2014).  En este sentido no hay que eliminar ni el Impuesto de Sucesiones ni el de Patrimonio, solo establecer un mínimo exento del que se beneficie a la mayoría de la población, pero no a los más acaudalados. Reconforta leer los argumentos que ciertos multimillonarios estadounidenses utilizaron en un manifiesto cuando George W. Bush, bajo el influjo ideológico en materia económica de los neoconservadores, quiso eliminar el impuesto de sucesiones en los Estados Unidos. En él se decía: “Eliminar el impuesto de sucesiones sería negativo para nuestra democracia, nuestra economía y nuestra sociedad... Conduce a una aristocracia de la riqueza que transmitirá a sus descendientes el control sobre los recursos de la nación. Todo ello basándose en la herencia y no en el mérito”.

El papel del sector público

Permítanme terminar mis reflexiones de hoy desempolvando un viejo artículo de Michal Kalecki publicado allá por 1943, “Political Aspects of Full Employment”, donde exponía tres razones por las que “a los hombres de negocio” o a las élites no les gustaba, y sigue sin gustarles, la idea de utilizar la política fiscal como instrumento de política económica.

Ahí va la primera. Un sistema sin una política fiscal activa significativa supone colocar en el asiento del conductor a los hombres de negocios; y sus “animal spirits” pueden determinar el estado de la economía. “Esto le da a los capitalistas un poderoso control indirecto sobre la política del gobierno”. Pero es que además, en segundo lugar, el gasto público pone en tela de juicio un principio moral de la mayor importancia para la élite: “Los fundamentos de la ética capitalista requieren que te ganarás el pan con el sudor -a menos que tengas los medios privados suficientes-”.

Finalmente, y quizás la más importante, a los hombres de negocio no les gustan las consecuencias del mantenimiento del pleno empleo a largo plazo. “Bajo un régimen de pleno empleo permanente, el miedo dejaría de desempeñar su papel como medida disciplinaria… La disciplina en las fábricas y la estabilidad política son más apreciadas que los beneficios por líderes empresariales. Su instinto de clase les dice que el pleno empleo duradero es poco sólido... y que el desempleo es una parte integral del sistema capitalista normal".

os defensores de la austeridad y de los recortes impositivos intentan cambiar el modelo social, privatizar todo -incluida la sanidad y la educación-, forrarse a nuestra costa

El problema de fondo alrededor de las propuestas de rebajas de impuestos y la correspondiente austeridad es de mayor calado. Se trata de determinar si el sector público tiene o no un papel en la economía, de mantener el “estado de bienestar”, de tener prestaciones sociales o leyes de pobres, de tener un buen sistema laboral o un modelo distópico. Los defensores de la austeridad y de los recortes impositivos intentan cambiar el modelo social, privatizar todo -incluida la sanidad y la educación-, forrarse a nuestra costa. Y para ello el papel de ciertos mass media y determinados “expertos” es clave, porque al manipular y ocultar el origen, por ejemplo, de la última crisis permiten que esta agenda se alcance, aun a costa de los ciudadanos. Y eso es lo que se pretende con las reducciones impositivas ofrecidas por la derecha española, a contracorriente, incluso, de parte de sus correligionarios europeos.