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Economía
Presupuestos Generales del Estado… ¿de reparto de la riqueza social? (III)
Yo no sé muchas cosas, es verdad.
Digo tan sólo lo que he visto.
Y he visto:
que la cuna del hombre la mecen con cuentos,
que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos,
que el llanto del hombre lo taponan con cuentos,
que los huesos del hombre los entierran con cuentos,
y que el miedo del hombre...
ha inventado todos los cuentos.
Yo no sé muchas cosas, es verdad,
pero me han dormido con todos los cuentos...
y sé todos los cuentos.
(León Felipe)
III. Los cuentos de las “cuentas”
Quien crea la riqueza, trabajadores y trabajadoras, es quien financia el denominado gasto social: sanidad, educación, dependencia, vivienda, prestaciones de desempleo, ingresos mínimos vitales, pensiones, etc.
La cuasi absoluta recaudación a través de los impuestos directos (IRPF y Cotizaciones sociales), es hecha por las personas asalariadas o pensionistas (casi el 90%), y, a través de los Impuestos Indirectos, el IVA, fundamentalmente, quienes más “soportan” y “aportan” son las mismas personas (asalariadas y pensionistas) y, especialmente quienes se encuentran en tramos salariales y pensiones medios, bajos.
Un ejemplo práctico de entender: la rebaja de los impuestos en la energía (luz, gas), que el gobierno viene aplicando desde el mes de septiembre del año 2021, ha supuesto una “factura fiscal” (vamos que los pagamos entre todas las personas contribuyentes) de 7.452 millones de euros, según la Agencia Tributaria.
Pues bien, esta burrada de millones solamente supone una cuarta parte del “impuesto de solidaridad” temporal que se impone a las empresas energéticas para el 2023 y 2024 por el cual el Estado recaudará unos 2.000 millones por ejercicio que se pondrá en vigor de manera temporal.
Las empresas energéticas (petróleo, gas y electricidad), según la Agencia Internacional de la Energía obtendrán unos beneficios al cierre del 2022 de 2 billones de euros y el oligopolio energético, dominado por cuatro grandes en el Estado español, se están forrando (aún más) en estos meses que llevamos de 2022:
- Iberdrola:3.104 millones (de enero a septiembre)
- Repsol: 3.222 millones (de enero a septiembre)
- Naturgy: 717 millones de euros (de enero a junio)
- Endesa: 734 millones de euros (de enero a junio)
Estos ejemplos de cuatro de las “grandes acumuladoras por desposesión” de lo que debiera ser bienes públicos, como derechos esenciales para la vida, muestra esa “tomadura de pelo”, que de manera continua el capitalismo viene realizando con el “consentimiento” de las clases sociales “bajas y medias”.
La Banca y las grandes corporaciones energéticas obtienen miles de millones en base a la expropiación de bienes públicos y la extracción de rentas a las familias y a las empresas pequeñas y medianas.
La gran banca española (Santander, BBVA, Bankinter, Sabadell, Caixabank y Unicaja) obtuvieron unos beneficios netos de enero a septiembre de 17.754 millones de euros. Y al ser “netos” quiere decir que ya descuentan los impuestos que abonan a la “caja común” (hacienda pública)[1].
El truco es muy sencillo (lo llevan haciendo toda la vida): su crecimiento de beneficios se sustenta en el crecimiento del margen de intereses (la diferencia entre lo que cobra por los préstamos y los que paga por los depósitos); el encarecimiento del precio del dinero y la subida del Euribor; los miles de millones que tienen depositados en el BCE, el cual les “suministra esos miles y miles de millones a un precio irrisorio para financiar a empresas y particulares” y la gran Banca no lo hace y ese mismo dinero lo deposita en el BCE y obtienen pingues beneficios.
El cuento de la insuficiencia de “ingresos”, tiene una sola moraleja: el empresariado, los capitales rentistas y/o financieros, las oligarquías que detentan el poder (político y económico), las clases altas (ejecutivos, consejeros, etc.) con salarios hasta 220 veces más alto que los asalariados y asalariadas medios… son quienes producen esa “supuesta insuficiencia”, al no pagar[2] por sus ganancias y sus rentas de manera proporcional a sus ingresos y extraer de las clases asalariadas y de los bienes comunes, miles de millones de euros.
La distribución de la renta es un fiel indicador de la relación de poder entre capital y trabajo existente en una economía, a la vez que muestra la gran “tomadura de pelo” que nos vienen haciendo con sus cuentos de las cuentas.
Los datos referentes al 2021, acerca de los Declarantes de Impuestos de Patrimonio, muestran como la presión fiscal que soportan las fortunas de los más ricos de España, unos 177.931 contribuyentes -que no contribuyen-, que poseen patrimonios de más de 700.000 euros en edificios, tierras, acciones, rentas, concesiones, joyas, coches y barcos de lujo y obras de arte, resulta más bien liviana: más de la mitad de esa riqueza, que en los últimos años crece a un ritmo netamente superior al del PIB, está libre de impuestos mientras pagan por el resto apenas un 0,38% anual.
El 42% de los 687.893 millones de euros que suman esas fortunas, 290.656, se encuentran directamente exentos de tributar por efecto de la normativa estatal, mientras que los propietarios de bienes por otros 106.613 lo hacen en Madrid con una bonificación autonómica del 100% en la cuota a ingresar, medida de la que también se benefician, aunque con menor intensidad, los propietarios de bienes por valor de otros 4.260 millones en La Rioja.
Contemos el cuento de “verdad” y trabajemos por recuperar, primero la dignidad como personas, que somos portadores de derechos, y, movilicemos nuestros cuerpos y nuestras pasiones para enfrentar otro modelo de relaciones sociales, donde la Justicia Social sea la única política que rija nuestra existencia.
Por el reparto de la riqueza y de los trabajos.
Por la Justicia Social.
[1] El ruido mediático y político, con intervención directa de los que realmente mandan en la U€, es decir el BCE y la Comisión, acerca del nuevo impuesto de “solidaridad” para los años 2023 y 2024, al sector bancario y al sector energético, no les va a detraer de sus “beneficios caídos del cielo de los dioses del capitalismo”, ni tan siquiera un tercio de los que llevan acumulados en los 9 meses del 2022.
Que el BCE, que se dedica a asegurar el permanente expolio de la inmensa mayoría de la población y construir puentes de plata por donde transitar corporaciones energéticas, industriales y financieras, no tiene ningún reparo en cuestionar el “impuesto extraordinario” del estado español a los banqueros y, por supuesto mostrar cual es la solución: trasladar ese impuesto a los y las “endeudados” y población en general que para cualquier “operación comercial que realizan (salarios, pe3nsiones, hipotecas, préstamos, etc.), es obligatorio operar con el sistema financiero.
[2] Cuando decimos “no pagar”, con el actual sistema fiscal existente en el estado español, estamos hablando de la legalidad de esa “no contribución” a lo común en función de sus rentas.
Tenemos que entender que el sistema fiscal permite la elusión (acción de eludir) de pagar impuestos adecuados y proporcionales a los ingresos (el ejemplo del IS, el de patrimonio, el de capitales…), y que podríamos concluir que nuestro sistema fiscal, se parece mucho para “los poderosos y poderosas de todo tipo y pelaje”, a un paraíso fiscal.