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Consumo abre expedientes sancionadores a gestoras de pisos turísticos

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha incoado expedientes sancionadores a empresas que administran viviendas turísticas en distintas comunidades autónomas y que podrían estar incurriendo en prácticas engañosas y en otras potenciales infracciones de la Ley General para Defensa de Consumidores y Usuarios. Estos nuevos expedientes son la consecuencia de una investigación que el ministerio de Pablo Bustinduy en la que se requirió información a diversas empresas que operan en todo el territorio nacional comercializando alojamientos turísticos en régimen de alquiler.

Según explican desde el ministerio, los datos recopilados por la Dirección General de Consumo constatarían que estas empresas estarían ocasionando “lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada”. En concreto, estos expedientes sancionadores se incoan tras detectarse que estas grandes gestoras, que administran cientos de viviendas turísticas, estarían ofreciendo “información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios”, lo que supondría una práctica engañosa susceptible de alterar el comportamiento económico.

Una de esas prácticas es indicar en el anuncio que quien gestiona un alojamiento turístico es una persona particular, o varias, cuando en realidad se trata de una empresa

Desde el ministerio explican que, por ejemplo, una de esas prácticas es indicar en el anuncio que quien gestiona un alojamiento turístico es una persona particular, o varias, cuando en realidad se trata de una empresa. Este tipo de prácticas se considerarían engañosas en base a la Ley de Competencia Desleal, que señala que “afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional”, así como “presentarse de forma fraudulenta como un consumidor o usuario” son acciones contrarias a la normativa.

Estas prácticas pueden llegar a calificarse, además, como infracciones graves, con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito que haya obtenido cada empresa por haberlas llevado a cabo. Estos nuevos procedimientos de sanción por parte de Consumo se unen al expediente sancionador que el departamento que dirige Pablo Bustinduy abrió hace dos meses, también en el ámbito de las viviendas turísticas, a una plataforma dedicada al alquiler de este tipo de alojamientos. En este caso, el expediente se puso en marcha porque esta plataforma mantiene miles de anuncios de pisos turísticos que se catalogaron como publicidad ilícita por suponer una infracción de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.