Actualidad árabe (y más)
Represión interna, coacción internacional y choque de valores

Las autoridades egipcias y las saudíes continúan aplicando tácticas represivas contra manifestantes opositores y contra activistas que luchan por los derechos de la mujer, respectivamente, mientras la presión de los Estados Unidos hace aumentar la lista de países árabes aliados con Israel y Erdogan y Macron se enzarzan en un nuevo frente con los límites de la libertad de expresión como eje central.

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Gobiernos de la región recurren a duras estrategias de represión para apartar del mapa a la disidencia política tanto en el Egipto de Abdelfattah al-Sisi, convertido en uno de los estados que más aplica la pena de muerte en el mundo, como en la Arabia Saudí de Mohamed bin Salmán, que encarcela activistas que trabajan por los derechos de la mujer en el país mientras acoge cumbres internacionales dedicadas a impulsar el papel de la mujer en el mundo empresarial.

Además, ciudadanos en varias sociedades musulmanas como Libia, Siria o Gaza han llamado al boicot de los productos franceses, una propuesta a la que se ha unido Recep Tayyip Erdogan ante lo que muchos —tanto desde dentro como desde fuera de Francia— consideran una actitud vejatoria hacia el profeta Mahoma y sus seguidores por parte del mandatario francés. Por último, un importante líder musulmán considerado cercano a al-Asad muere asesinado en Siria después de haber jugado un papel importante en la mediación que facilitó la reconquista de algunas partes de Damasco en 2016 por parte del gobierno.

EEUU coacciona a Sudán para acercarlo a Israel

El primer ministro sudanés, Abdallah Hamdok, dijo en septiembre durante la visita del secretario de estado de los EEUU, Mike Pompeo, que el país no podría formalizar relaciones con Israel mientras las autoridades sudanesas se encontraran en un momento de transición política. En la calle, la mayoría tampoco está por la labor: el 79% de la población sudanesa es contraria a que su país establezca vínculos con Tel Aviv. A pesar de todo ello, varios actores presionaron a Jartum y lograron que Sudán se convirtiera la semana pasada en el tercer estado árabe en oficializar acuerdos públicos con el estado judío desde agosto.

Los líderes de Washington, Tel Aviv y Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, han jugado distintas bazas para convencer a los miembros del ejecutivo —mitad civil, mitad militar— que gobierna Sudán desde 2019 y que tiene el encargo de gestionar el país hasta las elecciones presidenciales programadas para finales de 2022.

A cambio de acercarse a Israel, Washington propuso a los dirigentes sudaneses excluir al país africano de su lista interna de estados que promocionan el terrorismo, algo que podría permitir que Sudán dejara atrás las sanciones

Aunque la parte civil del gobierno sudanés estaría generalmente en contra de la formalización de relaciones con Israel —lo que podría explicar el reducido acuerdo alcanzado entre ambos países, en comparación con los que firmaron Bahrain y EAU recientemente—, la seducción y la coacción a cargo de los Estados Unidos habría decantado la balanza. Washington propuso a los dirigentes sudaneses excluir al país africano de su lista interna de estados que promocionan el terrorismo, algo que podría permitir que Sudán dejara atrás las sanciones estadounidenses que pesan sobre su economía y que incluyen la incapacidad de acudir a entidades financieras dominadas por Occidente, como el Banco Mundial.

La agencia de información estatal sudanesa informó que un parlamento elegido democráticamente en el futuro debería ratificar el convenio —que podría incluir la deportación de miles de sudaneses desde Israel a su país de origen—. Mientras tanto, en Sudán ha habido protestas contrarias al acuerdo, y algunos temen que este paso diplomático pueda suponer para el país un nuevo elemento de inestabilidad. Los sectores que trabajaban bajo las órdenes de Omar al-Bashir, quien lideró Sudán durante tres décadas hasta que las revueltas lo echaron el año pasado, podrían aprovechar el descontento por el acuerdo con Israel e intentar un regreso ante la debilidad del gobierno de transición.

al-Sisi ejecuta decenas de personas

Las autoridades egipcias han ejecutado al menos a 53 personas durante este mes de octubre. La fiscalía informó este miércoles de las últimas ejecuciones practicadas, las de cuatro jóvenes que en 2017 fueron sentenciados a muerte después de ser acusados de asesinato por unos hechos ocurridos en un club nocturno en Giza, una de las grandes ciudades del país.

Un estudio recientemente publicado por HRW revela que este mismo mes las autoridades egipcias ya habían ejecutado antes a otras 49 personas civiles, exactamente entre los días 3 y 13 de octubre. Algunas ejecuciones fueron comunicadas a posteriori por medios cercanos al gobierno mientras que otras fueron denunciadas por el Centro de Derechos Humanos Al-Shebab.

Varias de las personas ejecutadas habían sido condenadas después de participar en actividades que mostraban oposición al golpe militar que en julio de 2013 expulsó del poder al presidente Mohamad Morsi, el primer líder en el país elegido a través de las urnas, y que un año después terminaría ubicando a Abdelfatah al-Sisi a la cabeza de Egipto.

Entre los ejecutados también se encuentran algunas de las más de 180 personas condenadas en un juicio masivo  por el ataque que ese mismo verano quitó la vida a una docena de funcionarios y policías, mientras que la violencia policial a cargo del nuevo régimen militar asesinaba a un millar de personas en lo que organizaciones de derechos humanos consideran crímenes contra la humanidad.

Desde que al-Sisi asumiera el poder en Egipto, el país se encuentra entre los 10 estados del mundo con más sentencias de muerte y ejecuciones. Algunos cálculos revelan que desde 2013 hasta 2020 se han producido 2.532 sentencias de muerte, mientras que al menos 170 personas habrían sido ejecutadas entre 2013 y 2018.

Desde que al-Sisi asumiera el poder en Egipto, el país se encuentra entre los 10 estados del mundo con más sentencias de muerte y ejecuciones

Lucha por los derechos de las mujeres en Arabia Saudí

Arabia Saudí acogerá en noviembre una cumbre internacional en la que pretende discutir el papel de la mujer en el mundo empresarial, y lo hará mientras una activista que lucha por los derechos de la mujer inicia una huelga de hambre desde las cárceles del país.

Loujain al-Hathloul, de 31 años y detenida desde mayo de 2018, empezó a rechazar comida el pasado lunes en protesta por el maltrato al que asegura que le someten las autoridades saudíes, que le estarían privando del contacto con su familia. “Loujain está harta de no poder oír las voces de sus familiares”, contó su hermana Lina en Twitter.

El B20, nombre que recibe este encuentro en el que grandes empresarios presentan recomendaciones de cara al G20, que Riad preside este año, se celebrará mientras 13 mujeres afrontan juicios en Arabia Saudi acusadas de “promover los derechos de la mujer” o de “pedir el fin del sistema de tutelaje masculino”. “Arabia Saudí ha invertido mucho en cambiar su imagen desde que ha asumido la presidencia del G20, lanzando eslóganes sobre la igualdad de la mujer e insistiendo en que el reino está preparado para el cambio”, ha asegurado Lynn Maalouf, de Amnistía Internacional: “Pero en Arabia Saudí, las verdaderas agentes del cambio están detrás de los barrotes”.

Tanto Loujain al-Hathloul como su familia acusan a las autoridades de agredir a la detenida y de haber intentado abusar sexualmente de ella, cosa que los dirigentes niegan, mientras los medios afines al régimen la califican a ella y a otras activistas de traidoras.

boicot de productos franceses

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se puso esta semana a la cabeza del boicot a los productos franceses, que ya se estaba practicando en algunas sociedades musulmanas. Desde un acto commemorativo en Ankara por el cumpleaños del nacimiento del profeta Mahoma, el líder turco afirmó que “ser musulmán y vivir en Occidente es cada vez más difícil” y pidió a la Unión Europea que pusiera el alto a las políticas del presidente francés, Emmanuel Macron, a quien calificó de “líder de la corriente anti-musulmana en el continente”.
Erdogan ha afirmado que “ser musulmán y vivir en Occidente es cada vez más difícil” y pedido a la UE que ponga alto a las políticas del presidente francés, a quien calificó de “líder de la corriente anti-musulmana en el continente”

Esta reclamación llega después de que Macron defendiera el derecho a mostrar caricaturas sobre Mahoma y tras su afirmación, a inicios de mes, que el islam es una religión “en crisis” alrededor del mundo. Tiendas en Kuwait, Qatar y Jordania habían aparecido previamente sin productos franceses y ciudadanos en Arabia Saudí, Libia, Siria y Gaza, además de otros territorios musulmanes, habían reclamado medidas similares. Autoridades en Pakistán, Irán y dirigentes del Consejo de Cooperación del Golfo han denunciado públicamente las palabras del líder galo, a quien acusan de alienar a los seis millones de musulmanes de su propio país, la minoría musulmana más grande de Europa.

Macron ha anunciado que en diciembre presentará un proyecto de ley para afrontar la “radicalizaición” que asegura que se vive en Francia por parte del “separatismo islamista” y organizaciones como el Colectivo Contra la Islamofobia en Francia (CCIF) registran un aumento del sentimiento anti-musulmán en el país. La entidad denuncia una caza de brujas a cargo del estado francés y asegura que desde el 16 de octubre —fecha en la que un adolescente molesto con la exposición de una caricatura de Mahoma asesinó a un profesor— se han practicado redadas contra 53 mezquitas y organizaciones musulmanas en todo el país, que en 2004 se convirtió en el primer estado europeo en prohibir el hijab en las escuelas públicas.

Esta disputa podría satisfacer los intereses políticos tanto de Erdogan, que gana ascendencia sobre la comunidad musulmana en Francia, como de Macron, que en las presidenciales de 2022 tendrá en la islamófoba Marine Le Pen una de sus mayores contrincantes. Además, los intereses de ambos mandatarios rivalizan en múltiples frentes como el Mediterráneo Oriental —donde está en juego el control de varias reservas energéticas—, Libia o Nagorno-Karabaj.

Asesinado un mediador entre gobierno sirio y rebeldes

El jueves 23 de octubre, la agencia estatal siria SANA informó que el muftí de Damasco, como se conoce al líder musulmán suní de la región, había sido asesinado con un coche bomba al noroeste de la capital. La muerte de Adnan al-Afiyuni, provocada por lo que el ministerio de asuntos Religiosos ha calificado de acto terrorista —por ahora, no reivindicado por nadie—, supone la pérdida de un hombre considerado afín a al Asad y a quien se le atribuye un papel importante en la negociación entre el gobierno y los grupos rebeldes.

Varios periódicos han recordado el rol que al-Afiyuni jugó en 2016, cuando medió con grupos armados en Daraya, un suburbio damasceno, consiguiendo que se rindieran después de cuatro años de enfrentamiento militar. Tras la retirada de los opositores, las fuerzas gubernamentales se hicieron con el control del por entonces destrozado suburbio. Cuando eso ocurrió, al-Afiyuni encabezó unas plegarias en el distrito a las que atendió Asad, y en las que el muftí declaró que Daraya era “un ejemplo para todos los sirios de que la única opción es la reconciliación y el abandono de la lucha”. En 2011, Daraya había sido uno de los primeros municipios en protestar contra el gobierno.

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