Derecho a la vivienda
Un año sin luz y bajo la amenaza de desahucio

Atardece en la Calle Perú de Gandia. Teresa espera en el comedor de su casa, en la cuarta planta del número 57. La finca no tiene puertas y el edificio delata el estado de abandono al que están sometidos sus habitantes. Una de ellas es Teresa Palacios, que acaba de cumplir 53 años. Su estado de salud es muy delicado y, desde hace tiempo, vive esperando a que una orden de desahucio la eche de su casa: “En teoría nos dijeron que sería para final de año, pero aquí seguimos. Hace un momento han venido dos furgonetas de la policía y pensaba que había llegado el momento, pero era para otra cosa”, narra.

Hace unas semanas, Teresa recibió una llamada de parte del Ayuntamiento de Gandia. Le proponían un nuevo puesto de trabajo: un contrato temporal en la unidad forestal. A pesar de su nuevo empleo, Teresa no tiene suficientes ingresos para evitar la orden de desahucio, y mucho menos puede optar a otra vivienda: “Nadie nos quiere alquilar un piso, nos piden que aportemos una fianza o un fiador”, detalla. “He visto viviendas muy interesantes, pero debo tener al menos 2.000 euros ahorrados y eso, ahora mismo, es imposible”.

El complejo Lima de la calle Perú de Gandia es un edificio de viviendas de protección oficial (VPO) que lleva siendo habitado de manera no regulada desde hace varios años. Finalmente, el Ayuntamiento de Gandia decidió recuperar la propiedad de las viviendas y expulsar a sus ocupantes. Llevan un año sin suministro de luz. “Estamos a oscuras todo el día, pero no tenemos otra cosa”, expresa Teresa, quien explica que la falta de luz se suma a la falta de seguridad.

Teresa lamenta que el mismo consistorio que le ofreció una oportunidad laboral sea el que le niegue el derecho a una vivienda digna. “Siento mucha impotencia al ver lo poco que han hecho por mí en este aspecto”, arranca la afectada. “Tienen toda nuestra documentación en regla, conocen de sobra nuestra situación y no mueven un dedo por arreglarlo. Nos dicen que vayamos buscando piso, como si nosotros no estuviéramos haciéndolo desde hace tiempo”. 

Afirma encontrarse en una situación tremendamente complicada, aunque su vida nunca ha sido especialmente fácil. Sobrevivió, entre otras muchas cosas, a violencias machistas y a dos infartos de miocardio, y no hace mucho tiempo padeció una grave angina de pecho que la tuvo de baja varios meses. Esta madre de cinco hijos asegura tener mucha ansiedad al percibirse en “una situación límite” que, además, debe gestionar sola. “Solo quiero estar en una vivienda tranquila junto a mi familia sin la presión de que, posiblemente, hoy va a ser nuestro último día bajo techo”, afirma.

Aunque las ayudas municipales no llegan, Teresa y su familia reciben el apoyo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la Safor-Valldigna, que ha estado pendiente de su caso en todo momento. “Me han ayudado desde un primer momento, sin ellos no estaría luchando. Son imprescindibles para que, hoy en día, todavía conserve fuerzas”, asevera. Porque “aunque cueste hacerlo”, concluye, “creo en la justicia y sé que algún día podré disfrutar de una vivienda dignamente, junto a los míos”. Parece que, paradójicamente, la tranquilidad de gozar de un derecho que habría de estar garantizado sería un buen regalo de Navidad.