Derecho a la vivienda
Denuncian torturas de la Guardia Civil en Gran Canaria y una “farsa judicial” para encubrirlas

La Fiscalía pide un año y seis meses al activista de la Federación Anarquista de Gran Canaria (FAGC) Ruymán Rodríguez por una supuesta patada en el muslo a un guardia civil en 2015. El Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria (SIGC) y FAGC ha calificado la acusación como una “farsa”, “otro montaje policial y judicial que solo busca esconder otro caso de torturas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Este 24 de marzo, ha comenzado el juicio contra este activista, así como contra tres guardias civiles acusados de torturar al detenido. La Fiscalía pide la absolución de los agentes y 18 meses de cárcel para Rodríguez. La defensa de Rodríguez pide siete años y medio de prisión para los tres guardias civiles por los delitos de detención ilegal y torturas. 

A la salida de la vista, Rodríguez confirmó a El Salto que, sin ningún tipo de notificación previa, la defensa de los guardias civiles ha aducido que, dado el aforamiento de los agentes, el caso tiene que dirimirse en una audiencia provincial y no un juzgado penal. Ahora la jueza tiene que decidir si acepta la petición. “La movilización que ha habido estos días les ha llevado a decir 'vamos a esperar a que pase el tiempo, a que se suavice la cosa' porque veían que podían perder”, explica este activista anarquista a El Salto.

Según denuncian desde SIGC y FAGC en un comunicado, el juicio es un “montaje cutre y torpe” para esconder la paliza que recibió este activista anarquista el 29 de abril de 2015, cuando fue trasladado a la comisaría de Santa María de Guía de Gran Canaria para ser identificado, un detención que fue “ilegal”, según la defensa. Las denuncias de malos tratos por parte de la benemérita han sido desestimadas por la Fiscalía. No así, la denuncia a Rodríguez, sostenida únicamente por los testigos de la Guardia Civil. “A la fiscalía le basta un montaje cutre y torpe de unos guardias civiles que se asustaron cuando nuestro compañero comenzó a vomitar sangre”, señalan  SIGC y FAGC. 

Detrás del caso, señalan desde el sindicato de inquilinos y la FAGC se encuentra una estrategia para “tumbar” una de las iniciativas más emblemáticas del movimiento por la vivienda en el archipiélago canario: el proyecto autogestionado La Esperanza

Para estas dos organizaciones, el juicio celebrado este 24 de marzo se enmarca “en una ola represiva agravada que ha acabado con Pablo Hasél y Elgio condenados por sus letras y con varios detenidos en las protestas que se han organizado como consecuencia de ello en varias ciudades del Estado”.

Detrás de la detención, señalan desde el sindicato de inquilinos y esta organización anarquista se encuentra una estrategia para “tumbar” una de las iniciativas más emblemáticas del movimiento por el derecho de la vivienda en el archipiélago canario: el proyecto autogestionado La Esperanza, con nueve años de historia.

Ruymán Rodríguez fue uno de los impulsores de esta comunidad de cuatro bloques, cedidos por una constructora en quiebra y ahora propiedad de la Sareb, que alojan a 76 familias, unas 200 personas en situación vulnerable. Entre los perfiles que habitan La Esperanza, destacan desempleados, madres solas y mujeres víctimas de maltratos que se han quedado en la calle después de ser expulsadas de los circuitos institucionales, relataba Rodríguez en un vídeo de Canarias Semanal. Entre los habitantes de La Esperanza, enumera este activista, también hay migrantes irregulares y enfermos crónicos que no reciben ningún tipo de ayudas del Estado. “La Federación [Anarquista de Canarias] inició esto, pero ahora la gestión del proyecto la llevan los vecinos. Ya es un proyecto de la comunidad”, contaba Rodríguez.

“Hemos destapado las miserias de las instituciones por encima de sus expectativas. Hemos realojado a más personas en Canarias que las administraciones públicas juntas y hemos politizado y organizado a ‘esa chusma y esa gentuza’, como les llamaban los guardias civiles mientras torturaban a nuestro compañero”

“Hemos destapado las miserias de las instituciones por encima de sus expectativas. Hemos realojado a más personas en Canarias que las administraciones públicas juntas y hemos politizado y organizado a ‘esa chusma y esa gentuza’, como les llamaban los guardias civiles mientras torturaban a nuestro compañero”, denuncian estas dos organizaciones, que acusan a las fuerzas policiales y judiciales de querer terminar con el movimiento descabezándolo. Pero su estrategia no va a funcionar, advierten: “Lo que no entienden es que la FAGC y el SIGC no funcionan con líderes. No les cabe en su cuadrada cabeza de funcionarios jerarquizados que somos la respuesta organizada de la necesidad de miles de personas que ninguna de sus leyes y cuerpos represivos logrará aplacar: la vida y la dignidad”. Y parece que la semilla de La Esperanza se esparce: actualmente existen diez comunidades autogestionadas en las Islas Canarias.

Aún así se niegan a que Rodríguez acabe en la cárcel por “haberse dejado literalmente la salud y la vida para cientos de familias tengan techo, para que reciban atención médica, para que coman”.

La contestación a esta pregunta provocó la primera bofetada. “Después llegaron los codazos y rodillazos, tirones de pelos, golpes en la espalda y por último el estrangulamiento”, relataba Rodríguez en una entrevista. Solo pararon cuando comenzó a vomitar sangre

El propio Ruymán Rodríguez resumía la filosofía de estas dos organizaciones que, frente a la emergencia habitacional y la pobreza de amplias capas de la población canaria, anteponen el derecho a la vida al derecho a la propiedad: “La propiedad privada nunca puede estar por encima al derecho a la vida. A un padre de familia de familia que tú le digas que es ilegal entrar en una casa vacía que nadie está usando, que se está deteriorando, pero que lo legal es que sus hijos mueran en la calle te va a decir que la ley no sirve de nada cuando la vida de sus hijos está en peligro”. 

En el cuartelillo

Aquel 29 de abril de 2015, según el relato de este activista anarquista, fue detenido por dos policías de paisano y fue arrastrado a comisaría para ser identificado. Al llegar al cuartel de Santa María de Guía de Gran Canaria, fue recibido entre “gritos y abucheos” y una “batería de insultos machistas, homófobos y racistas”. En la sala de interrogatorios le soltaron: “Tú eres anarquista, ¿no? Entonces ¿qué haces realojando y llenando Guía de gitanos y toda la chusma que no quieren ni en Jinámar ni en La Feria [barrios populares de la isla] cuando deberías estar en Las Palmas quemando contenedores y cajeros?”. La contestación a esta pregunta provocó la primera bofetada. “Después llegaron los codazos y rodillazos, tirones de pelos, golpes en la espalda y por último el estrangulamiento”, relataba Rodríguez en una entrevista. 

Después de vomitar sangre, consiguió que lo soltaran y reclamó un Habeas Corpus, así como asistencia médica y un abogado. Uno de los policías que lo torturó, según Rodríguez, alegó que recibió una patada en el muslo y lo acusó de atentado a la autoridad. Un juez rechazó el cargo y lo redujo a falta de desobediencia. Tiempo después, la justicia canaria aceptó el recurso del guardia civil que insistía en el atentado. “El 24 se me juzga tanto a mí como a ellos, pero no hay que ser demasiado listo para conocer el resultado”, resumía la situación el propio Ruymán Rodríguez.