Derecho a la vivienda
PSOE, PP y Junts cuelan en el Congreso una proposición de ley para extender los desahucios cautelares

La vivienda ha repetido por cuarto mes consecutivo como la principal preocupación de la sociedad española. Según el barómetro del CIS, un 28,4% de la población considera que las dificultades para pagar el alquiler o la hipoteca son el primer problema de España.

Como contraste, hay 32 cuestiones que preocupan más que la ocupación de viviendas. Solo el 0,5% de la población la considera como el principal problema que le afecta personalmente.

La campaña que pretende situar la ocupación de viviendas como un problema de primer orden o, incluso más allá, culpar a la ocupación de viviendas de la crisis de vivienda con la creación de la figura del “inquiokupa”, choca con los datos y también con la percepción de la opinión pública.

Sin embargo, denuncia Alejandra Jacinto, abogada especializada en temas de vivienda, el PSOE, VOX, PP y Junts han decidido unirse “para profundizar en la política del miedo y la criminalización que sirve, casi siempre, de excusa para defender el rentismo”, según escribía en redes sociales.

Carlos Castillo, de CAES, considera “peligroso” el intento de privar a las personas que están ocupando de las garantías que les da la legislación relativa a población vulnerable “para intentar excluirlas de cualquier medida de protección”

“El poder de la especulación es inédito”, resume esta exportavoz de Podemos en la Comunidad de Madrid para referirse al reciente acuerdo entre PSOE y Junts para aprobar la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica de medidas urgentes para hacer frente a la ocupación ilegal de inmuebles, redactada por el partido de Carles Puigdemont. El objetivo de esta proposición no es otro que agilizar las desahucios por ocupación y debilitar la moratoria del escudo social, que recientemente ha sido prorrogada por un año más.

Trescientos diputados de PSOE, PP, Junts UPN y Coalición Canaria han permitido que la propuesta legislativa pase el primer trámite parlamentario el pasado 18 de marzo. La izquierda del hemiciclo se opuso en bloque a la proposición, señalando que la ocupación de viviendas no es más que otra consecuencia de los altos precios y del uso especulativo de la vivienda. A pesar de votar a favor, el diputado socialista Pedro Hita criticó a Junts por “meter miedo” con un problema que “los datos no corroboran”. Desde Sumar, Gerardo Pisarello, acusó a Junts de promover un “capitalismo tramposo y mafioso” e “hipotecar el futuro de los jóvenes y las clases trabajadores”, haciéndoles creer que el principal problema del país “es que los pobres ocupen casas de otros pobres”. 

El texto se estructura en cuatro capítulos, que modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Real Decreto-ley 11/2020 de medidas frente al covid-19, la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Una vez aprobada la toma en consideración, la norma entra en proceso de enmiendas, un proceso que puede durar meses.

Menos garantías para hogares vulnerables

Para Carlos Castillo, abogado especializado en vivienda del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), tanto la exposición de motivos como las modificaciones tienen un aire de déjà vu: “Es un poco lo de siempre, legislar a base de titular más para mostrar que se están llevando a cabo medidas contra la ocupación que para llevar a cabo acciones reales, puesto que la mayoría de las cosas que proponen ya están, son cosas que ya se pueden hacer y que de hecho se están haciendo”. Según este abogado, se trata de la “enésima propuesta de reforma legislativa para vender de cara a la galería medidas antiokupas y arrogarse ese discurso proponiendo cosas que ya estaban previstas en la Ley y medidas como el desalojo cautelar de ocupantes sin título que ya se aplican”.

La proposición de ley de Junts, según el abogado Carlos Castillo, de CAES, “matiza” o “potencia” elementos que ya estaban presentes en la legislación que afecta a los desahucios por usurpación y allanamiento de morada

Castillo pone como ejemplo la propuesta de modificar el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para poder decretar desalojos cautelares en los casos de ocupación. “Eso ya está en vigor, estaba funcionando y de hecho en la mayoría de los casos de usurpación el desalojo se lleva a cabo de forma cautelar”, sostiene. 

La proposición de ley de Junts, según este abogado de CAES, “matiza” o “potencia” elementos que ya estaban presentes en la legislación que afecta a los desahucios por usurpación y allanamiento de morada. 

Sin embargo, Castillo considera “peligroso” el intento de privar a las personas que están ocupando sin contrato de las garantías que les da la legislación relativa a población vulnerable “para intentar excluirlas de cualquier medida de protección”. El hecho de que el juzgado no pueda valorar la situación de vulnerabilidad, sus circunstancias sociales, familiares, económicas o de salud antes de decretar un desahucio es “muy grave” para Castillo y está vinculado con un discurso “aporafóbico, de odio a los pobres”.

Un régimen especial para las ocupaciones

Diego Redondo García es abogado experto en derecho a la vivienda y activista. Cree que, de aprobarse esta ley, supondrá la “cautelarización de la ocupación”: ante un delito, explica, existe una presunción de inocencia, unas garantías y una protección para las familias vulnerables. Un protección que la proposición de ley de Junts apoyada por el PSOE quiere eliminar introduciendo medidas cautelares en todos los casos y por sistema, ya sean casos de usurpación o de allanamiento de morada, y en todos ellos se desaloje de forma sumaria. 

Según explica este abogado, la propuesta de Junts pasa por dar 48 horas a los ocupantes de una vivienda para aportar un título habilitante. “Si no lo aportan, se produce el desalojo sin más trámite. Esto es una locura. Es prejuzgar un caso, cuando además, en un montón de ocasiones, muchos más de los que la gente piensa, las sentencias en delitos de usurpación son absolutorias”, dice. 

Las medidas cautelares se pueden acordar en cualquier delito, explica a El Salto. “Lo que quieren hacer con esta proposición es institucionalizar las medidas cautelares, automatizarlas y crear un régimen excepcional con este tipo de delitos”, añade.

“La reforma dice que se dará traslado a los servicios sociales en el plazo de 48 horas, te puedes imaginar lo que van a hacer en dos días cuando no están consiguiendo hacer nada en años”, dice el abogado Diego Redondo García

La moratoria de desahucios del “Escudo Social”, que se incluyó en el famoso decreto ómnibus después de una dura negociación con Junts, también se vería afectada por esta proposición de ley. Esta medida permite aplazar los procedimientos de desahucio ante impagos del alquiler, pero también en ciertos casos de usurpación, tanto los que se llevaban por la vía civil como por la vía penal. Las modificaciones propuestas eliminan los casos penales de esa protección y una parte de los procesos que vienen por la vía civil. El hecho de que todos los desahucios por ocupación pasen a ser cautelares, indica Redondo García, haría imposible que los servicios sociales puedan certificar la vulnerabilidad de una familia y suspender un lanzamiento, argumenta: “La reforma dice que se dará traslado a los Servicios Sociales en el plazo de 48 horas, te puedes imaginar lo que van a hacer en dos días cuando no están consiguiendo hacer nada en años”. 

Juicio rápido en desalojos: otro bulo más, otra razón más para seguir okupando

Diego Redondo García

Derecho a la vivienda

Derecho a la vivienda Juicio rápido en desalojos: otro bulo más, otra razón más para seguir okupando

Diego Redondo García

Desde el movimiento de vivienda consideramos imprescindible desmentir jurídicamente este bulo, al mismo tiempo que planteamos una denuncia política de la situación y un apoyo a la okupación como herramienta de supervivencia y lucha contra el sistema.

Y aquí reside uno de los grandes problemas de esta propuesta, denuncia Redondo García: que el Gobierno no tiene capacidad de dar vivienda ni albergar a las miles de personas que viven en pisos sin título habilitante, la mayoría en pisos de bancos, fondos de inversión o públicos. “No puede haber una política de vivienda que sea restrictiva con la ocupación y al mismo tiempo no dar ninguna alternativa, porque lo único que van a conseguir si sale adelante esta ley es aumentar el chabolismo, las personas en las calles, en tiendas de campaña o en campamentos”, señala este abogado.

Algunos bulos y otros malos entendidos 

Quien pensaba que esta propuesta de Junts apoyada por el PP y el PSOE iba a acabar con los “inquiokupas” se equivoca. Tal como explica Redondo García, el inquilino que no paga el alquiler “sigue siendo un inquilino” ya que tiene un contrato y sus derechos se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos. 

Este abogado también se esfuerza en explicar la diferencia entre dos delitos que la prensa y los políticos de derecha suelen confundir y meter en el mismo baúl de la palabra ‘ocupación’: usurpación y allanamiento de morada. El delito de allanamiento de morada “no pretende proteger el derecho a la propiedad sino el de la intimidad, porque afecta al sitio donde vive una persona”. Está regulado por el Código Penal y si la intromisión en la primera o segunda vivienda se ejecuta con violencia o intimidación tiene penas de prisión de uno a cuatro años.

El delito de usurpación u ocupación no pretende salvaguardar el derecho a la intimidad, explica este abogado, sino el de propiedad. Está también regulado por el Código Penal y se aplica a la ocupación de inmuebles “que no constituyan morada”, se considera delito leve y se castiga con multa si no se realiza con violencia contra las personas. De todas las denuncias por estos dos tipos de delitos en 2023, el 95% fueron por usurpación y solo un 5% por allanamiento de morada. La enorme mayoría de los delitos de usurpación se realizan sobre propiedades de bancos, fondos de inversión y empresas públicas de vivienda. Aquel año, el total de denuncias por estos dos tipos de delitos fue de 17.000, apenas un 0,6% de todo el parque inmobiliario.