Derecho a la vivienda
La PAH de Parla detiene un desahucio que alarma a la ONU

Primer día del curso y primera movilización contra un desahucio en la localidad madrileña de Parla. Fariza B. y Mohammed M. seguirán en su domicilio de la calle Belén después de que, poco antes de las 13h, el juzgado encargado del lanzamiento suspendiera un desahucio sobre el que Naciones Unidas mostró preocupación hace solo una semana.

La familia de Fariza y Mohammed recibió el jueves 30 de agosto la notificación del comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Desc) de Naciones Unidas en el que esta oficina solicita al Estado que tome medidas para evitar el desahucio de este hogar compuesto por los citados adultos y tres menores de edad, dos de ellos con discapacidad. A pesar de la postura del comité, el proceso de lanzamiento ha continuado esta mañana, pero la presencia de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y las dudas del juzgado de Parla encargado del desahucio han evitado que la familia de Fariza quede en la calle.

Como explican a El Salto militantes de la PAH, el juzgado ha decidido remitir el dictamen del comité DESC a la abogacía del Estado, un hecho poco frecuente, mediante el que, asegura uno de los abogados de la organización, el juzgado quiere recibir una pauta antes de lanzar el desahucio. Por este motivo, el juez ha decidido suspender un desahucio que pasa a formar parte de los asuntos pendientes del Gobierno del PSOE para el nuevo curso.

Con 388 euros de ingresos mensuales y dos criaturas con minusvalías del 72 y 78 % —una de ellas con síndrome de down—, la familia de Fariza y Mohammed espera una solución por parte de los servicios sociales de Parla o de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid —antigua IVIMA— que les permita obtener una vivienda que sustituya a su hogar actual. La PAH de Parla se reunió con la dueña del piso —en trámite de reconocimiento de sus derechos de herencia— que se negó, según los activistas antidesahucios, a aceptar un “aplazamiento razonable” antes de la salida de la familia. Finalmente ha sido el juzgado quien ha decidido remitirse a la oficina de la abogacía del Estado para determinar cómo se soluciona la actual falta de alternativas denunciada por la ONU.

Desde la PAH se recuerda que es la actual ley de arrendamientos urbanos la que genera estas “situaciones injustas”. Desde la PAH piden “que la ley cambie para proteger a los inquilinos, que han ha mostrado buena fe y no se haya encontrado una alternativa”. En este sentido, la PAH reclama una fecha urgente para la reunión con el Ministerio de Fomento, responsable de las políticas de vivienda. El PSOE aceptó en julio mantener esa reunión para valorar las propuestas de la organización sin que hasta la fecha se haya establecido un día para el encuentro.