Derecho a la vivienda
España, condenada por vulnerar el derecho a la vivienda, responde con evasivas a la ONU

El 1 de enero, España empezaba su mandato como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el periodo 2018-2020, consejo del que ya formó parte entre 2011 y 2013. Sin embargo, varias organizaciones, entre las que se encuentran Amnistía Internacional, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Observatori DESC, federaciones de asociaciones de vecinos de Madrid y Barcelona o el Consejo General de la Abogacía, denuncian que, a pesar de ello, España sigue sin cumplir con las recomendaciones de la ONU, cuyo Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) la condenó por última vez el 20 de junio de 2017 por vulnerar el derecho a la vivienda.

En esa ocasión, el Gobierno español fue condenado por no haber garantizado el acceso a una vivienda alternativa a una familia con dos menores que había sido desahuciada en octubre de 2013 por carecer de recursos para pagar el alquiler. La familia durmió durante diez días en un albergue temporal y otros cuatro en un coche, y posteriormente pudo trasladarse a la vivienda de un conocido. Actualmente habita una vivienda adjudicada por el Ayuntamiento de Madrid, pero ninguna autoridad del Estado se ha puesto en contacto con ella. Por su inacción, el Gobierno fue denunciado por violar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), firmado por España en 1977 y que forma parte de la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El dictamen del Comité DESC es claro. “Había que otorgar a la familia una vivienda y recompensarla por lo que había pasado, y después se establecen recomendaciones más generales en la que se insta [a España] a adoptar medidas legislativas para que haya una mayor seguridad de los inquilinos, establecer protocolos para evitar desahucios de menores, introducir medidas para realojar a estas familias y mejorar el procedimiento de desahucio porque es muy poco garantista”, dice Irene Escorihuela, del Observatori DESC.

Respuesta insatisfactoria

Aunque desde la condena el Gobierno español tenía seis meses, hasta el pasado 4 de enero, para responder a las recomendaciones del Comité DESC de la ONU, no solo se ha retrasado en su respuesta, que llegó el 11 de enero, sino que esta respuesta es, según las organizaciones denunciantes, “insuficiente”, pues “no ofrece una sola medida concreta para cumplir el dictamen”. Además, denuncian, “también es alarmante el hecho de que no incluya en el escrito enviado al Comité cómo va a establecer garantías de no repetición y cómo va a prevenir violaciones de este tipo en el futuro”. Según Escorihuela, “el Gobierno no responde a ninguna de las recomendaciones, sino que reenvía unos documentos que ya envió a la Relatora de Naciones Unidas para una Vivienda Adecuada en marzo”, tres meses antes del dictamen del Comité DESC, y que por tanto no son válidos.

Por ello, las entidades sociales denunciantes exigen al Gobierno la adopción urgente de cuatro medidas: “un incremento presupuestario orientado a aumentar el parque de viviendas sociales de alquiler con el fin de garantizar el acceso y el realojo de personas sin recursos”, una reforma de las leyes procesales para aumentar las garantías de protección del derecho a la vivienda y que obligue a los jueces a “evaluar caso por caso la proporcionalidad y razonabilidad de los desahucios de viviendas que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya exige”; la adopción de protocolos que mejoren la coordinación entre juzgados y Servicios Sociales, y la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para reforzar los derechos de las personas arrendatarias.

No es la primera vez que España es condenada por el Comité DESC de la ONU. De hecho, indica Escorihuela, este comité solo ha emitido dos dictámenes desfavorables contra un Estado, y los dos han sido contra España, en 2015 y 2017, por vulneración del derecho a la vivienda. Por ello, considera que el hecho de que España inicie su membresía en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas "no creo que vaya a cambiar u concepción de la vivienda como bien mercantil, porque no la considera un derecho, y el Gobierno español tradicionalmente no ha tenido en consideración ni los derechos humanos ni el derecho a la vivienda en particular", concluye Escorihuela.