Derecho a la vivienda
Héctor Illueca: “El 28M es un referéndum por la vivienda entre dos modelos antagónicos”

A finales de febrero, el País Valencià inauguraba el registro de grandes tenedores, una medida que permite en ciertos casos la cesión temporal obligatoria de viviendas de grandes propietarios. En el mismo decreto, el Gobierno de la comunidad autónoma tipificaba por primera vez el “acoso inmobiliario”, con multas de hasta un millón de euros.

Unos años antes, en 2021, el mismo Gobierno liderado por PSOE, Compromís y Unides Podem lanzaba un registro de viviendas deshabitadas dentro de un amplio plan para movilizar las 86.137 viviendas vacías que hay en esta comunidad hacia el mercado del alquiler asequible. 

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En la ampliación del parque público, también este Gobierno de coalición ha sido de los más activos con el desarrollo del derecho al tanteo y retracto de las administraciones, una herramienta que le ha permitido intervenir operaciones entre fondos de inversión y bancos para hacerse con 800 pisos a bajo precio.

Ahora se ha abierto la puerta a que estas viviendas [de la Sareb] se pongan a disposición de la ciudadanía. Es un paso muy importante y hay que ponerlo en valor, porque cuando una batalla se gana es fundamental decirlo

El despliegue de políticas de vivienda en la Comunidad Valenciana en los últimos cuatro años solo es comparable con el desarrollo legislativo en Catalunya o Illes Baleares. Sin embargo, la crisis habitacional que experimenta el territorio no puede estar más lejos de solucionarse: los precios de los alquileres han aumentado un 50% en los últimos tres años en esta comunidad que lidera el ranking estatal de viviendas vacías, con el 18% del stock de pisos deshabitados, y en enero de 2023 había 13.356 familias inscritas en el registro de demandantes de vivienda pública de la comunidad. Según denuncia la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), actualmente hay cerca de 9.000 procesos de desahucio en curso.

Para Héctor Illueca, conseller de Vivienda y vicepresidente segundo del Gobierno Valenciano y candidato de Unides Podem en las elecciones del 28 de mayo, darle la vuelta a esta “crisis estructural” de la vivienda es un trabajo de una década. “No se construye un sistema público de vivienda en una legislatura”, dice a El Salto.

El resultado de las elecciones, comprometido según las últimas encuestas, determinará el futuro de las políticas de vivienda en todo el Estado: “El 28M es un referéndum sobre la vivienda entre dos modelos antagónicos: el de Ayuso y el de la Comunidad Valenciana”.

El País Valencià es uno de los territorios que más ha sufrido la crisis de acceso a la vivienda y también uno de los que ha conseguido, al menos hasta ahora, mantener en pie un gobierno progresista. ¿Crees que hay alguna relación entre estos dos elementos?
Hay una relación entre la profundidad de la crisis social que vivimos en aquellos años bárbaros de gestión neoliberal y la importancia de la respuesta político-social que significó el 15M. La Comunidad Valenciana seguramente fue el territorio del Estado donde el 15M tuvo más impacto con una onda expansiva que llega hasta nuestros días.

Ocurrió también en Barcelona, donde las políticas de vivienda de la administración también han chocado con los intereses inmobiliarios.
Hemos tratado de poner en pie una política de vivienda que verdaderamente lo sea, con medidas como la ampliación del parque público. Hemos combatido el acoso inmobiliario con una normativa pionera y es verdad que eso nos ha llevado a una confrontación directa con intereses poderosos de fondos de inversión, de fondos buitres, entidades financieras, que hemos sobrellevado lo mejor que hemos podido. Y en ese sentido, estamos satisfechos de las herramientas que hemos diseñado y que hemos puesto en práctica. Tengo que decirte que no ha sido fácil. Quiero recordar, por ejemplo, que el Decreto Ley Regulador de los Derechos de Tanteo y Retracto fue recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Partido Popular, que se comportó como un peón de los fondos buitre para impedir que la Generalitat valenciana pudiera disponer de esta herramienta que se ha demostrado eficaz. Hemos adquirido más de 1.300 viviendas en esta legislatura, 800 de ellas por la vía del tanteo y retracto. Y eso demuestra la eficacia de este mecanismo que nos está permitiendo ampliar el parque público después de décadas en las que no se había adquirido ni una sola vivienda pública en la Comunidad valenciana.

El Partido Popular se comportó como un peón de los fondos buitre para impedir que la Generalitat valenciana pudiera disponer de esta herramienta [el tanteo y retracto] que se ha demostrado eficaz para aumentar el parque público

Lleváis tiempo reclamando la cesión del parque de la Sareb en el País Valencià, uno de los mayores de todo Estado. ¿Hasta qué punto el anuncio que hizo Pedro Sánchez en las últimas semanas va en la línea de lo que pedíais?
Hay algunas fuerzas políticas como el Partido Socialista que parecen que acaban de aterrizar. Yo lo único que puedo decirles es: “Bienvenidos a las políticas de vivienda”. Nosotros llevamos cuatro años creando un sistema público de vivienda en la Comunidad Valenciana y lo que sí agradeceríamos es que se evite vender humo, que no se vendan fantasías cuando se habla de 50.000 viviendas. Nosotros venimos ya trabajando con la Sareb desde hace meses y he venido reivindicando sistemáticamente la transmisión de estas casas al parque público de las comunidades autónomas. Le mandé una carta pública a la ministra [Nadia] Calviño que nunca me contestó. He peregrinado por diferentes comunidades autónomas tratando de recabar apoyos para que esto que hoy se anuncia fuera realidad. A mí me hubiera gustado que se anunciara antes y sobre todo, me gustaría que se evite vender humo.

Cuando nosotros empezamos a dialogar con la Sareb, lo que le planteamos es empezar por las viviendas que estuvieran en condiciones óptimas para ser puestas a disposición de la ciudadanía y la Sareb inventarió 1.706 viviendas en toda la Comunidad Valenciana. De todas ellas, después de haberlas inspeccionado, después de ver el estado en que se encuentran y la zona en la que están ubicadas —porque no todas las zonas son de interés para el parque público— quedan 583, que no son pocas. Estamos hablando de un 4% del parque público de la Comunidad Valenciana, pero creo que todos tenemos que ser prudentes a la hora de hacer propuestas, porque si no, al final los ciudadanos ya no entienden nada. Así que bienvenida sea esta posibilidad. Hemos conseguido abrir el candado de la Sareb. A partir de ahora va a ser ya imposible que la solución de la Sareb no pase por que sus casas sean puestas a disposición de la ciudadanía, pero hay que seguir trabajando para conseguirlo.

Es fundamental que ahora las comunidades autónomas cumplan con su obligación. La Ley de Vivienda lo que hace es trasladar la pelota a las comunidades autónomas

El Gobierno plantea que la Sareb venda a las comunidades autónomas las viviendas que pasen a formar parte del parque público. ¿Esto no sería comprarlo dos veces puesto que la Sareb y su deuda son públicas?
Estamos en diálogo con la Sareb para la transmisión de estas 583 viviendas, pero nosotros no hemos hablado en ningún caso todavía de dinero. Y las condiciones de esa transmisión es una cosa que está por ver y en la que nosotros tenemos una posición clara, y es que el Estado resuelva el problema de la financiación, porque si no, no sería una auténtica política de vivienda.

Ahí hay dos cosas que son fundamentales. La primera, que hemos conseguido romper el candado. Quiero recordar que el Partido Socialista se negó siempre a que se hablase siquiera de la posibilidad de transferir las viviendas de la Sareb a los parques públicos de las comunidades autónomas. A lo máximo que llegaban —algo que nosotros rechazamos de plano— fue a cesiones temporales en las que nos obligaban a rehabilitar las viviendas y cuando acababa la rehabilitación nos obligaban a devolverlas. Entonces se las vendían a fondos buitre, con toda la inversión que nosotros habíamos realizado, que se perdía para siempre. Ahora se ha abierto la puerta a que estas viviendas se pongan a disposición de la ciudadanía. Es un paso muy importante y hay que ponerlo en valor, porque cuando una batalla se gana es fundamental decirlo, para que la gente cobre conciencia de la importancia que tiene movilizarse.

Hemos conseguido romper el candado de la Sareb. Quiero recordar que el PSOE se negó siempre a que se hablase siquiera de la posibilidad de transferir las viviendas de la Sareb a los parques públicos de las comunidades autónomas

Desde el inicio de legislatura, en la Comunidad Valenciana se han adquirido 1.262 viviendas en 98 municipios, con una inversión de 76 millones de euros. ¿Qué significan estas cifras con respecto a lo que había antes?
Si se tiene en cuenta que llevábamos décadas sin adquirir una sola vivienda pública, manteniendo las tasas del parque público y con un deterioro constante, creo que las cifras que acabas de dar son bastante elocuentes del esfuerzo que se ha hecho, tanto desde el punto de vista presupuestario como desde el punto de vista de las viviendas que se han adquirido. Ten en cuenta que a esas 1.300 viviendas habrá que añadir 583 de la Sareb. Estamos hablando prácticamente de 2.000 viviendas, que viene a ser casi un 10% del parque público de la Comunidad Valenciana. Otro dato ilustrativo: cuando fue creada la Consellería de Vivienda tenía un presupuesto de 100 millones de euros, y el presupuesto ahora supera los 300 millones de euros, lo que evidencia la centralidad que hemos conseguido que tengan las políticas de vivienda en el Gobierno.

¿De qué ha servido el desarrollo que habéis hecho del derecho de tanteo y retracto?
La regulación de los derechos de tanteo y retracto por parte de la Generalitat ha permitido intervenir  operaciones de compraventa de vivienda entre entidades financieras y fondos de inversión que anteriormente eran opacas, algo que nos ha dado una herramienta muy eficaz para ampliar el parque público. Estamos hablando de operaciones entre entidades financieras y fondos de inversión que afectan a viviendas sobre las que existe un interés social. Mucha gente se sorprende con noticias que aparecen en la prensa cuando se dice que Illueca se compra una casa por un euro. Bueno, pues es verdad. Hay muchas de estas operaciones en las que una entidad financiera quiere desprenderse de sus activos en el balance y las transfiere por un precio simbólico a un fondo de inversión.

Es fundamental limitar los alojamientos turísticos para evitar que parte de los alquileres se deriven a esta modalidad. Ya no es posible hablar del derecho a la vivienda sin limitar los alojamientos turísticos

Es verdad que esto ha despertado una oposición feroz por parte de la derecha, que puso un recurso de inconstitucionalidad que se ha resuelto en sentido favorable a la norma. Costó empezar porque era algo muy novedoso, hubo que dar formación a los funcionarios, hubo que convencerlos de que efectivamente en la norma las herramientas eran eficaces. Pero es verdad que desde hace un par de años está funcionando como un tiro y ahora el problema es cómo se amplía la partida presupuestaria.

¿Qué puede hacer una comunidad autónoma con la Ley de Vivienda de la mano que antes no podía?
Hay varios temas donde los avances son indiscutibles. El más importante, sin ninguna duda, es la posibilidad de declarar zonas tensionadas que se abre a las comunidades autónomas y delimitar los precios de los alquileres. Nosotros tenemos los deberes hechos y contamos con una herramienta de diagnóstico de base científica, rigurosa, que es el informe de Áreas de Necesidad de Vivienda que elabora el Observatorio Hábitat y de Segregación Urbana, que nos da un mapa muy preciso de cuáles son las zonas tensionadas por la vivienda, concentradas fundamentalmente en el litoral de la Comunidad Autónoma y en las grandes capitales. 

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