Derecho a la vivienda
Lucía Martín: “Hemos demostrado que entrar en el Ayuntamiento ha servido para transformar Barcelona”

Barcelona es una de las ciudades españolas donde más ha subido el precio de la vivienda en la última década. El alquiler medio en la ciudad se situaba este año en 1.077 euros, tres menos que el salario mínimo, según la Secretaría de Vivienda de la Generalitat. A su vez, los menores de 35 años ingresan, de media, menos dinero del que tienen que dedicar al pago de la vivienda. Es también la ciudad donde el desembarco de los fondos de inversión, el auge de los pisos turísticos y de los alquileres de temporada han tenido un mayor despliegue y mayores consecuencias para la población. 

También es una de las ciudades donde la exploración de los límites de las competencias municipales en materia de vivienda ha llegado más lejos, al igual que la confrontación con los poderes inmobiliarios. Entre un largo listado de iniciativas, el Ayuntamiento de Barcelona ha aplicado la regulación catalana de los alquileres hasta que el Constitucional la tumbó, consiguió hacerse con 1.600 pisos gracias al derecho al tanteo y retracto —por el cual las administraciones pueden quedarse con inmuebles de forma preferente en las mismas condiciones ofertadas—, ha multado a grandes propietarios por acoso inmobiliario o ha regularizado la situación de centenares de hogares que ocupaban pisos sin contrato. 

Estas y otras iniciativas le han valido dos denuncias penales de fondos de inversión y una oposición directa de los lobbies del sector. El impulso del Ayuntamiento liderado por Ada Colau también ha servido como elemento de presión para desarrollar nuevas políticas de vivienda en Catalunya y en toda España. Sin embargo, reconoce Lucía Martín, concejala de Vivienda de Barcelona, esto acaba de empezar y se necesita mucho más para que “la especulación no se coma la ciudad” y empezar a solucionar el problema de la vivienda: “Estamos a años luz de donde queremos llegar y a dónde han llegado otras ciudades que han estado haciendo políticas en ese sentido durante décadas”.

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Martín Cúneo

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Esta ingeniera química de formación formó parte del centro social de Terrassa Ateneu Candela y del grupo impulsor de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en 2009. Junto a Ada Colau, dio el salto a la política institucional y se integró en Barcelona en Comú. En las elecciones generales de 2015 fue elegida diputada en el Congreso por En Comú Podem. En las municipales de 2019 fue elegida concejala y desde entonces dirige las políticas de vivienda del consistorio. En las elecciones del 28 de mayo, la lista de Barcelona en Comú —de la que forma parte— se presenta como favorita para repetir mandato.

Barcelona es de los pocos ayuntamientos del cambio que ha conseguido sobrevivir. ¿Cuál es la clave?
Barcelona es una ciudad de tradición progresista y eso lo tenemos a favor. Cuando ganamos, había un anhelo de cambio muy importante y durante estos años hemos tenido la capacidad de demostrar que nuestra entrada en el Ayuntamiento servía para transformar la ciudad, transformar la vida de la gente en muchos campos de manera que no se había hecho nunca, con resultados totalmente distintos en políticas de vivienda, en transformación urbana, en movilidad, en políticas redistributivas o en tener en cuenta a los barrios tradicionalmente olvidados no solo en términos de inversión sino también simbólicos.

Era un tema de voluntad política, de querer exprimir al máximo las capacidades, de ser imaginativas, de innovar y, sobre todo, de enfrentar al poder inmobiliario

Entramos para hacer política de manera distinta, respondiendo a los intereses de la mayoría, y creo que lo hemos conseguido. Y eso no es fácil porque la maquinaria funcionarial no es rápida, ni las normas ni los poderes establecidos facilitan los cambios estructurales… sobre todo si se trata de impulsar cambios desde un Ayuntamiento, que es la administración que tiene menos presupuesto y menos competencias. Pero teníamos muy claro dónde queríamos ir y una organización muy fuerte enraizada en el territorio, un tejido social vinculado a los movimientos vecinales, a movimientos feministas, antirracistas, por el derecho a la vivienda, un tejido que tiene mucha tradición y que en muchas ocasiones ha sido un motor para impulsar medidas concretas que hemos puesto en marcha.

“Las políticas progresistas de vivienda han muerto”

Martín Cúneo

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Derecho a la vivienda

Pablo Carmona Pascual “Las políticas progresistas de vivienda han muerto”

Martín Cúneo

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El desembarco de los fondos de inversión explica solo una parte de lo que pasó con la vivienda desde 2013. Pablo Carmona, investigador y activista, profundiza en su libro ‘Democracia de propietarios’ (Traficantes de Sueños, 2022) en el papel de la clase media en la actual burbuja del alquiler.

Regulación de alquileres La regulación del precio del alquiler no afectaría a los caseros más vulnerables

Mucha de la gente que conformó Barcelona en Comú venía del movimiento de vivienda, precisamente en una ciudad donde es de los principales problemas. ¿Esto ha influido en la centralidad que se le ha dado a este tema?
Cuando entramos en 2015 tuvimos muy claro que la política de vivienda tenía que ser una prioridad y eso tiene que ver con nuestro origen, con nuestras experiencias, con nuestro conocimiento profundo de la problemática y de lo mal que se habían hecho las políticas de vivienda durante años en la ciudad y en todo el Estado. Nosotras fuimos la primera administración pública, por ejemplo, que empezó a pedir la regulación de los alquileres, en 2016, cuando nadie hablaba de eso. Ese trabajo, acompañado por reivindicaciones de vecinos y entidades, ha ayudado a cambiar la agenda política de vivienda, no solo en Barcelona, sino en todo el Estado. Hoy estamos donde estamos, con una Ley de Vivienda aprobada, con sus  problemas pero con sus muchas virtudes, gracias entre otras cosas al liderazgo que ha tenido Barcelona en políticas de vivienda.

El leitmotiv, incluso desde muchos ayuntamientos del cambio, es que en el ámbito municipal no había margen de actuación en temas de vivienda.
Hay que pensar que estamos hablando en nuestro caso de una gran ciudad que tiene mucha capacidad presupuestaria y hay otros ayuntamientos que no pueden hacer cosas que ha hecho Barcelona. Hay que reconocer los límites que tienen otros municipios que no tienen las capacidades que tendría Madrid y otras ciudades grandes del Estado. Si Madrid tuviera voluntad, quiero decir.

Ahora hay una voluntad de hacer desaparecer estos privilegios. Estamos demostrando que las políticas de vivienda se pueden hacer de otra manera

Parece claro que más allá del presupuesto, hay un tema de voluntad política.
Está claro que se podía hacer mucho más de lo que se había hecho hasta entonces y nosotros lo hemos demostrado. Era un tema de voluntad política, de querer exprimir al máximo las capacidades, de ser imaginativas, de innovar y, sobre todo, de enfrentar al poder inmobiliario, que es, junto con el poder financiero, quien ha dictado las políticas de vivienda a todos los niveles en este país durante décadas. Desde el Ayuntamiento hemos querido cambiar unas políticas de vivienda que se ocupaban, como mucho, de las emergencias sociales y dejaba todo lo demás a la iniciativa privada. Eso es lo que no ha funcionado y eso es lo que no hemos hecho.

¿Qué es lo que ha cambiado entonces en las políticas de vivienda en Barcelona desde 2015?
De una administración arrinconada, con poco protagonismo y que solo debía ocuparse de las urgencias a través de servicios sociales, hemos pasado a un liderazgo público fuerte, mirando y poniendo en marcha lo que funciona en países de nuestro entorno y, sobre todo, generando nuevas alianzas. Está claro que la administración pública tiene que liderar y esa es la gran novedad con respecto a lo que había anteriormente, y liderar para poner las políticas de vivienda al servicio de la gente. Otro cambio es con quién haces esas políticas de vivienda. Las alianzas tradicionales eran con los promotores inmobiliarios a través de la mal llamada colaboración público-privada, donde lo público siempre perdía y lo privado siempre ganaba. Hemos tenido capacidad de generar otras alianzas para crear otro tipo de propuestas.

Cuando llegamos en 2015 nos encontramos una ciudad que tenía más pisos turísticos ilegales que parque público. En 2025, habremos duplicado el parque público que nos encontramos

Barcelona está entre las ciudades que más han hecho en política de vivienda, pero al mismo tiempo es de las ciudades donde sigue resultando más caro vivir, donde ocho años después de gobierno del cambio más ha crecido el precio de la vivienda y del alquiler... ¿Cómo chocan estas dos ideas?
El problema de subida del alquiler es común a todas las grandes ciudades. En los últimos cinco años el alquiler se ha disparado en todas las grandes ciudades. De hecho, que alguien me nombre una gran ciudad de Catalunya donde los precios no lleven subiendo en los últimos años… eso sí, con un periodo en el que eso no pasó y es cuando tuvimos la ley catalana de regulación de los alquileres, que demostró que la regulación funcionaba [la ley entró en vigor en septiembre de 2020 y fue tumbada por el Constitucional en marzo de 2022 por invasión de competencias estatales]. Nosotras fuimos las primeras en pedir esa regulación, que tardó mucho en llegar, porque había muchas presiones y el Partido Socialista se negó hasta el último momento a ponerla en marcha. En Barcelona estuvo vigente durante un tiempo y los alquileres dejaron de subir. Si no hay leyes que faciliten que los precios puedan controlarse, la especulación que antes se daba alrededor de las hipotecas se traslada a los alquileres.

Habéis recibido diversas demandas penales de fondos de inversión por las políticas de vivienda, unos sectores conectados con intereses partidarios y mediáticos. ¿Cómo funciona esa interrelación entre grandes empresas, medios y partidos?
Esa voluntad de dificultar los cambios en materia de vivienda, de mantener el status quo y una serie de privilegios y beneficios económicos que han existido durante décadas, tiene muchas capas. Una de ellas es la información que sale en los medios. Durante mucho tiempo se decía que no se podía regular el alquiler porque éramos un país de pequeños propietarios. Pero los informes que justificaban eso eran de determinados portales inmobiliarios o de determinadas entidades financieras que conseguían que sus ideas y que su relato fuera comprado por la mayoría. Evidentemente, esto era respaldado desde las instituciones, porque ahí había una voluntad de perpetuar este modelo de financiarización, de acceso a la propiedad, por una serie de políticas que consideran la vivienda como un producto y no un derecho.

Y a partir de ahí, la voluntad de torpedear, de amedrentar, de asustar, de echar para atrás ciertas políticas que hacen perder dinero a estos sectores. Y nosotras lo estamos viviendo en carne propia con estas querellas penales que nos ponen fondos de inversión que no quieren que les obliguemos a cumplir la ley. El objetivo claro es asustarnos, pero no solo a nosotras las responsables políticas, sino también a los funcionarios y funcionarias municipales, que son las encargadas de poner en marcha estos expedientes sancionadores. Unos expedientes que, por cierto, nunca antes en el Ayuntamiento se habían activado a pesar de que teníamos leyes desde 2007 que permitían poner sanciones por pisos vacíos, por acoso inmobiliario o racismo inmobiliario, pero nunca hasta 2015 el Ayuntamiento ha empezado a sancionar esas malas prácticas. Ahora hay una voluntad de hacer desaparecer estos privilegios. Estamos demostrando que las políticas de vivienda se pueden hacer de otra manera. No querían ni que se pudiera imaginar otro tipo de políticas, y eso al menos lo que hemos conseguido.

Nos encontramos con que se había promovido mucha vivienda protegida pero en venta, este es uno de los grandes desastres de las políticas de vivienda. Y esto es responsabilidad del Partido Popular, pero también del Partido Socialista

En estos días, se ha hablado mucho en Barcelona de ocupación. ¿Crees que es una estrategia para distraer de los verdaderos problemas de la vivienda?
Esto llevamos viéndolo desde hace ya meses, pero se acentúa en las fechas electorales. Es triste este partidismo patético de la derecha y la extrema derecha. Si vamos a mirar en los datos que nos ofrecen los propios Mossos d’Esquadra respecto a las ocupaciones, están en caída en la ciudad de Barcelona: desde el 2019 han bajado ya un 22%. Entre las personas vulnerables en situación de emergencia habitacional sin contrato que estamos atendiendo desde el Ayuntamiento no hay ningún caso que esté ocupando pisos en los que hubiera familias viviendo. En más del 80% de los casos se trata de pisos vacíos de grandes tenedores, unidades financieras o fondos de inversión.

Es además un discurso muy hipócrita, porque estamos hablando de familias vulnerables que lo que quieren es pagar un alquiler. De hecho, uno de los últimos acuerdos que hemos puesto en marcha hace pocos meses ha sido la regularización de casi 300 familias que están viviendo en pisos de la Sareb. Ahora han firmado por fin un contrato que es lo que querían y pagando el alquiler social. Pero en todo caso está claro que es un discurso interesado, que tiene una voluntad de generar otra vez un imaginario que no tiene nada que ver con la realidad, con unos intereses políticos muy claros detrás.

Uno de los problemas en España y también en Barcelona era —y sigue siendo— la falta de parque público. ¿Han servido los intentos de este Ayuntamiento para cambiar esta situación?
Cuando llegamos en 2015 nos encontramos una ciudad que tenía más pisos turísticos ilegales que parque público. Después de 40 años de democracia, el Ayuntamiento de Barcelona controlaba solo 7.500 pisos públicos. Es una cifra ridícula si tenemos en mente que queremos llegar al 15% o al 20% que tienen en otras ciudades de Europa, lo que significa tener cerca de 80.000 viviendas asequibles en el parque público de la ciudad.

Por lo tanto, estamos a años luz de donde queremos llegar y a dónde han llegado otras ciudades que han estado haciendo políticas en ese sentido durante décadas. Nos encontramos que no había parque público, que todo lo que se había hecho era vender suelo municipal y que se había promovido mucha VPO pero en venta, este es uno de los grandes desastres de las políticas de vivienda. Y esto es responsabilidad del Partido Popular, pero también del Partido Socialista, que hasta hace cuatro días no ha empezado a hablar de vivienda pública en alquiler y que siempre había defendido la promoción de vivienda en venta.

Teniendo en cuenta el desastre de donde veníamos, lo que hemos hecho es darle la vuelta completamente a eso y hoy ya tenemos 4.000 viviendas más de las que teníamos en 2015. Y con todo lo que tenemos ahora en marcha, en 2025 habremos doblado el parque público que nos encontramos. ¿Eso es mucho? ¿Es poco? Bueno, eso hace que hoy seamos la ciudad que tiene más parque público de todo el Estado. Y eso en 2015, no podíamos decirlo. Es un salto brutal, pero es un salto que no es suficiente. En el Ayuntamiento hemos puesto en marcha las políticas de vivienda que se tienen que hacer los próximos 10, 20, 30 años para realizar un cambio estructural. Y no se trata solo de construir y construir y ya está, sino que tenemos que ver qué pasa en la ciudad construida, porque las ciudades no son infinitas. Hemos huido de pensar que todo se resuelve con la oferta porque no es así. Y hemos sido fieles a esa idea de que la problemática de la vivienda necesita muchas soluciones a la vez, aumentar la oferta, pero también regular los precios.

Ahora la Ley de Vivienda respalda muchas de aquellas medidas que de alguna manera ya teníamos en marcha, pero necesitaban de este apoyo legislativo superior

Ahora que se ha aprobado la Ley de Vivienda, ¿qué oportunidades se abren para desarrollar políticas municipales?
Es muy importante lo que se ha conseguido. De alguna manera esta ley reconoce, respalda y avala el trabajo que hemos estado haciendo desde el Ayuntamiento hace muchos años, también a nivel catalán, porque se recoge una regulación de precios que de alguna manera aquí ya había funcionado. Evidentemente, la ley no es tan ambiciosa como nosotros habríamos querido porque hemos tenido mucha resistencia del Partido Socialista, que ya digo, no quería la regulación alquileres y ha sido muy tímido a la hora de dar soluciones a las situaciones de emergencia habitacional, pero sí que nos da herramientas poder decir que por primera vez hay una ley estatal que impide que el precio del siguiente contrato sea libre y que lo tengan que referenciar a un contrato anterior o a un índice, esto es una completa novedad y es importantísimo para evitar estas subidas. También es importante el hecho de que antes de iniciar una demanda de desahucio de un gran tenedor tenga que haber una mediación obligatoria, es decir, no va a poder desahuciar de buenas a primeras, sino que va a tener que sentarse con la administración a buscar soluciones, algo que nos facilita mucho el trabajo que de alguna manera habíamos empezado a hacer con los equipos municipales, acompañando a la familia en la negociación con los tribunales, pero sin un paraguas estatal. En fin, ahora esta legislación respalda muchas de aquellas medidas que de alguna manera ya teníamos en marcha, pero necesitaban de este apoyo legislativo superior.

Y con esta nueva ley en la mano, ¿creéis que va a ser posible recuperar la ley catalana de alquileres tal como estaba antes o ahora habrá que descafeinada?
Bueno, la ley que tenemos ahora no es tan ambiciosa como la ley catalana y de hecho tiene un problema grave que tampoco había diagnosticado entonces la ley catalana, pero que ahora ya tenemos clarísimo: el tema de los alquileres de temporada. Este es el siguiente tema en el que el PSOE va a tener que volver a ceder. Llevamos mucho tiempo consiguiendo que el PSOE nos diga que ‘no’ cuatro veces hasta que acaba haciendo lo que nosotras queremos. Nos cuesta demasiados años, pero al final acabamos marcándole la agenda al Partido Socialista. Y el tema del alquiler de temporada, que ahora mismo es una figura que no está sujeta a ninguna regulación de precios, es una brecha por donde se pueden escapar muchísimos contratos que en lugar de renovarse se pueden convertir en contratos de temporada. 

Llevamos mucho tiempo consiguiendo que el PSOE nos diga que ‘no’ cuatro veces hasta que acaba haciendo lo que nosotras queremos. Nos cuesta demasiados años, pero al final acabamos marcándole la agenda al Partido Socialista

Desde los partidos de izquierda o progresistas se ensalza la Ley de Vivienda como un gran avance, pero los movimientos que llevan más de una década peleando por ella dicen que no va a servir para mucho. ¿Cómo llevas esta contradicción?
Entiendo perfectamente que los movimientos sociales sean más exigentes, que señalen cuáles son los puntos débiles, que apreten para que su aplicación sea lo más estricta posible. Ya digo que no es la ley que desde el Ayuntamiento hubiéramos querido ni cubre todo aquello que creemos necesario y que debería haber sido mucho más ambiciosa. Pero tenemos un texto que es un punto de partida que nos da ciertas herramientas que nos permite trabajar. Esto no es un “hemos llegado hasta aquí y se acabó”, ahora toca ser mucho más ambiciosas, aplicar la ley con la máxima diligencia, ir valorando esta aplicación, ver qué problemas tiene, qué cosas se pueden mejorar... Lo que está claro es que no nos podemos parar aquí, porque las ciudades que tienen parques públicos de alquiler del 20%, tienen también los precios regulados y, además, son ciudades que muchas veces tienen unos contratos de alquiler muchísimo más estables, que dan muchas más garantías a las personas inquilinas. Esta ley es un punto de partida y queda mucho por hacer para que la especulación no se coma nuestra ciudad.

Una de las innovaciones del Ayuntamiento ha sido la Unidad Antiacoso de Disciplina de Vivienda... ¿Ha servido para evitar los abusos que se dan en Barcelona?
Para que nos hagamos una idea, las dos querellas penales que nos han puesto dos grupos inversores inmobiliarios han ido dirigidas a los responsables de esta unidad de Disciplina. Y eso no es casualidad. En verdad, está Unidad lo que ha hecho es poner en marcha distintos expedientes administrativos a partir de una ley aprobada en 2015, que nunca se había desarrollado, y nos ha permitido sancionar a grandes tenedores que tienen viviendas vacías y hemos cobrado más de dos millones en sanciones. Hemos puesto la primera sanción por racismo inmobiliario, por acoso inmobiliario, por no cumplir con la obligación de hacer alquiler social de los grandes tenedores… Evidentemente, no se pueden resolver todos los abusos que se dan en la ciudad. Eso está claro. Necesitamos que haya leyes a niveles superiores que sean más protectoras, que la gente esté informada, porque muchas veces lo que cuesta también es que los vecinos y las vecinas conozcan sus derechos. El trabajo que se ha hecho es inédito y ha servido para defender y proteger a cientos y cientos de vecinos que estaban en riesgo de perder sus casas o de sufrir procesos de gentrificación. Esta es una de las herramientas que hemos puesto en marcha para evitar esas situaciones junto con otras, como el derecho al tanteo y retracto, que también ha sido clave.

La Ley de Vivienda es un punto de partida y queda mucho por hacer para que la especulación no se coma nuestra ciudad

PAH Barcelona tiene un contador mensual de desahucios, donde se incluyen los que van parando. Está claro que los desahucios continúan. ¿Cuál es la utilidad de la Unidad Antidesahucios y qué limitaciones tiene?
La principal limitación de la Unidad Antidesahucios es que no puede cambiar la ley procesal ni la decisión de un juez de ejecutar un desahucio. Para eso necesitamos otro tipo de normativas. Pero ahora hemos reforzado esta Unidad: antes tenía 11 personas y ahora vamos a tener 43 personas con nóminas que pagamos íntegramente desde el Ayuntamiento. Lo que queremos hacer con este equipo es prevenir e intentar llegar antes a esas familias, a esas situaciones de impago para forzar esas negociaciones. Porque ahora tenemos una ley que nos permite sentar a los grandes propietarios a negociar.

Vienes de la PAH, una plataforma que entonces y ahora basa su lucha en acciones de desobediencia. Ahora que estás en el lado de la institución, ¿cómo te enfrentas a acciones de movimientos que siguen usando la desobediencia de las leyes, desafían al propio Ayuntamiento o incluso los denuncian por utilizar la represión?
Bueno, de la represión del Ayuntamiento por parte de la Concejalía de Vivienda lo dudo mucho. En todo caso, yo estoy muy orgullosa de mis orígenes, de haber estado en la PAH. Aprendí muchísimo y gracias a las cosas que aprendí ahí yo no he perdido la cabeza dentro de la administración. Y ahora desde la administración sé perfectamente que mi papel es otro y que los movimientos sociales tienen el suyo. Yo lo tengo clarísimo, cada uno hace su papel y cada uno tiene sus herramientas, cada uno tiene sus límites y desde la institución nuestro rol es otro y tiene que ser de máximo respeto a las decisiones, a las demandas, a las exigencias, a las presiones que los movimientos sociales ponen en marcha, siempre que sean pacíficas. Y en todo caso a mí no me genera ninguna controversia. Entiendo las críticas, entiendo las exigencias, entiendo que se nos pida más, que se nos exija, que seamos capaces de ir más lejos. Conozco las limitaciones de una administración y teniéndolas en cuenta intento lidiar con ellos por intentar ir cada vez un paso más lejos. Estoy muy satisfecha de donde vengo y también muy orgullosa y muy satisfecha del trabajo que estamos haciendo desde el Ayuntamiento de Barcelona en materia de vivienda.