Derecho a la vivienda
Argumosa 11, el baluarte contra la gentrificación, continúa resistiendo a los desahucios

A las 5 de la mañana eran 100 personas las que se agolpaban en la puerta. Otras 40 habían pasado la noche dentro. A las 5:30 ya eran 200 y el goteo continuaba. Ambiente de expectación y nerviosismo. Varios medios de prensa escrita y televisiva se preparaban para cubrir el previsible desahucio programado para las 6:30. En los corrillos sorprendía que la policía no hubiese llegado más temprano y cortado la calle, como en la última ocasión, en el mes de septiembre. ¿Estarían avisados de la concentración y del estado de ánimo?, se preguntaban algunos.

A las 6:00, los “cascos azules”, tropa espontánea integrada por vecinas y activistas de los movimientos de vivienda, se posicionaba frente al portal y planificaba cómo resistir pacíficamente la acción policial. En su praxis, una metodología basada en que cada cual haga lo que le pida el cuerpo, o lo que le aguante: desde dejar paso libre a la policía, hacerse a un lado cuando esta lo ordena, hasta ofrecer resistencia pacífica, obligando a las fuerzas del orden a arrastrarles. Y así se formó un abigarrado conjunto, a cuyo frente se destacaba un primer cordón exclusivamente de mujeres, firmemente ancladas, brazo con brazo. Los de adentro organizaban cómo bloquear la puerta de entrada para dificultar el acceso de las fuerzas policiales y colgaban del techo del pasillo globos de colores que se descolgarían al paso de los agentes, a modo de satírica recepción. Los vecinos del edificio, asomados a las ventanas —en cuyos balcones lucían banderolas con consignas de resistencia a los desahucios— daban ánimo a los de la calzada.

A las 6:20 llegaron cuatro lecheras que se posicionaron frente al edificio. Dos delegados —un hombre y una mujer— designados por los “cascos azules” se adelantaron para dialogar con el responsable del dispositivo policial. Este les solicitó que se despejara el acceso para proceder al desahucio, ante lo que los mandatados respondieron que la gente estaba dispuesta a oponerse. El jefe policial preguntó si había más personas dentro, recibiendo respuesta afirmativa. Mientras, el bloque frente al portal se cerraba sobre sí, para intentar dificultar el acceso policial.

El responsable policial se dirigió entonces hacia este conglomerado, reiterando la petición efectuada a los delegados: que se despeje el acceso para poder iniciar el desahucio. Recibió por respuesta una espontánea andanada de objeciones: “Ustedes están incumpliendo un mandato de la ONU”, “estáis violando un derecho humano consagrado”, entre otras varias.

El jefe policial intentó argumentar: “Por circunstancias que no voy a valorar, este piso hay que desocuparlo, hay un mandato judicial”, siendo inmediatamente interrumpido por diversas consignas mientras le intentaban entregar la resolución de la ONU sin que la aceptara. Él insistió en la idea de la existencia de un mandato judicial por el que el edificio debía ser desalojado, mientras los activistas aludían al mandato de Naciones Unidas y la defensa del derecho a la vivienda. Así, la resistencia armaba un discurso coral que concatenaba argumentos, sin solución de continuidad. Y en las respuestas, las sinergias y el entusiasmo se multiplicaban.

Ante ello, el jefe policial invitó a la comisión judicial, a los abogados de la PAH que intermediaban, y a los representantes de la propiedad a un conciliábulo, que se realizó en la calzada de enfrente. Transcurridos unos 15 minutos, esa comisión solicitó la presencia de Pepi, candidata al desahucio, quien bajó inmediatamente.

Pasado otro cuarto de hora, Alejandra Jacinto, abogada de la PAH y en representación de los colectivos de vivienda y de Pepi, anunciaba exultante que, una vez más, el desahucio se había parado.

En improvisada rueda de prensa, la abogada explicó que la policía había valorado que, dada la cantidad de gente que se había reunido para intentar impedir el desahucio, era aconsejable no realizar el procedimiento; el cuerpo consideraba que había riesgo de desorden público. La propiedad dejó constancia de su protesta por esta decisión y avisó que entrará inmediatamente con una nueva exigencia de desahucio.

En una resolución de tres folios, informó Jacinto, la comisión judicial decide posponer el desahucio, sin consignar fecha para el próximo, que sería el sexto intento.

En valoración para El Salto, Fernando Bardera —de la Asamblea de Bloques en Lucha— aseguró que no es necesariamente una buena noticia, porque podría implicar una acción futura más intempestiva. Y recordó que, a pesar de haber un dictamen del Tribunal Supremo que lo considera vinculante, algunos jueces —entre ellos la juez titular del Juzgado 33, que interviene en Argumosa 11— hacen caso omiso a la resolución de la ONU, incurriendo así en un posible delito de prevaricación. Al mismo tiempo, dejó explícita su valoración del desenlace, “sin esta movilización vecinal, no tengo dudas de que el desahucio se habría consumado”.

Así, en medio de vítores, aplausos y abrazos emocionados, con alguna lágrima a punto de desbordarse en los ojos de vecinas y activistas, incluso de algunos periodistas que cubrían el episodio, los “cascos azules” se autoconvocaban para partir hacia Pan Bendito, Carabanchel, a intentar parar otro desahucio convocado para las 9:30 y, algo más tarde, un tercero en Vallecas, a las 11:30. La improvisaba fuerza de resistencia vecinal festejaba así su primer —y rotundo— éxito.