Venezuela
Los cancilleres del Grupo de Lima animan a un golpe de Estado en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha arribado al comienzo de su segundo período de seis años prácticamente sitiado por los países limítrofes, hostigado por una coalición internacional que encabeza Estados Unidos, pero al mismo tiempo con una acumulación de poder interno sin precedentes en la historia nacional y una oposición postrada por sus divisiones y estrategias erráticas.

Maduro, de 56 años de edad, fue reelecto en mayo de 2018, en unos comicios en los que no participó, por decisión propia, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, que alegó la inexistencia de garantías suficientes para unas elecciones limpias. Sin embargo, tres candidatos diferentes a Maduro se postularon para la presidencia: el exgobernador del estado Lara, Henri Falcón, el pastor evangélico Javier Bertucci y Reinaldo Quijada, un disidente del chavismo.

La oposición y una entente internacional se han propuesto la meta de impedir que Maduro tome posesión para su segundo mandato o que, en caso de hacerlo, sea tachado de dictador por el mundo entero 

Ahora, cuando constitucionalmente corresponde el inicio del nuevo período (2019-2025), una oposición muy dividida en lo interno y una entente internacional con mucha capacidad de hacer ruido se han propuesto la meta de impedir que Maduro tome posesión para su segundo mandato o que, en caso de hacerlo, sea tachado de dictador por el mundo entero.

el Parlamento no lo reconoce

En el escenario interno, la oposición ha empleado a fondo el único de los poderes públicos que controla, el Legislativo, para enarbolar la tesis de que Maduro es un presidente ilegítimo. El pasado 5 de enero se eligió la directiva que regirá al Parlamento hasta comienzos de 2020. La presidencia fue asignada a Juan Guaidó, un diputado por el Estado de Vargas, aledaño a la capital, Caracas, quien milita en el partido de derechas Voluntad Popular. El líder principal de esta organización política es Leopoldo López, quien cumple condena —actualmente en arresto domiciliario— por hechos violentos ocurridos en 2014.

La Asamblea Nacional declaró oficialmente que no reconoce a Maduro como presidente electo y, por lo tanto, no recibirá su juramento, como lo contempla la Constitución Nacional

Además de elegir a su directiva, la Asamblea Nacional declaró oficialmente que no reconoce a Maduro como presidente electo y, por lo tanto, no recibirá su juramento, como lo contempla la Constitución Nacional. Los parlamentarios advirtieron que, en consecuencia, a partir del 10 de enero, Maduro será un presidente usurpador.

Maduro, también de acuerdo a lo establecido en la Carta Magna, optó por jurar ante el Tribunal Supremo de Justicia, poder que se mantiene leal al mandatario.

Los sectores más radicales de la oposición sostienen que, además de esa declaración de ilegitimidad, el Parlamento debería proceder a subsanar la “falta absoluta” de presidente de la República, designando a Guaidó como jefe del Estado. No obstante, la Asamblea Nacional parece dispuesta a conformarse con dejar sentada su declaración de no reconocimiento del gobernante, sin dar el paso de pretender formar un gobierno paralelo. Los más moderados dentro del espectro opositor están casi silenciados frente a las estridencias de los radicales.

La Asamblea Nacional parece dispuesta a conformarse con dejar sentada su declaración de no reconocimiento del gobernante, sin dar el paso de pretender formar un gobierno paralelo

Sin embargo, dicen que tratar de asumir el mando del país de esa manera sería una temeridad, tomando en cuenta que Maduro es un presidente en funciones, que tiene la dirección del Gobierno y, por tanto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Además, el Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados tienen 19 de las 23 gobernaciones de Estado y 308 de las 335 alcaldías. Esa proporción se repite en los Consejos Legislativos (parlamentos regionales) y en los concejos municipales. Por si fuera poco, el chavismo tiene la totalidad de los escaños de la Asamblea Nacional Constituyente. Esas amplias mayorías fueron producto, entre otros factores, de las decisiones reiteradas de la coalición opositora de no participar en los últimos procesos electorales (Constituyente, alcaldías, presidenciales, consejos legislativos y concejos municipales). 

El debate sobre sobre el segundo mandato de Maduro luce lejos de un pueblo ocupado en asuntos más inmediatos de su realidad, como la supervivencia ante la hiperinflación

La calle está fría

Para realizar una jugada tan drástica como la que proponen sectores de la oposición, de nombrar un Gobierno paralelo encabezado por la AN, el antichavismo debería contar al menos con un factor que ciertamente ha tenido a su favor en varias ocasiones: la fuerza de las manifestaciones de calle. Los líderes opositores han acuñado la expresión “calentar la calle” para referirse a un clima sostenido de agitación. Este objetivo lo han logrado varias veces en los 20 años de revolución bolivariana. Lo alcanzaron entre 2002 y 2004, en 2007, en 2013, 2014 y 2017. Pero no es el caso en este comienzo de 2019. La calle está fría. El debate sobre el asunto de si Maduro tiene o no derecho a juramentarse luce lejos de un pueblo ocupado en asuntos más inmediatos de su realidad, como la supervivencia ante una de las hiperinflaciones más acentuadas y persistentes de las que se tenga registro en la historia económica mundial.

La última vez que las fuerzas opositoras estuvieron con pie firme en las calles fue entre abril y julio de 2017, un período de ingrato recuerdo para los venezolanos de todos los bandos, que dejó un saldo de más de 120 fallecidos e innumerables heridos y detenidos. El país estuvo al borde de la guerra civil y solo se pacificó luego de la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, a finales de julio de ese año.

La Constituyente es el epicentro de los cuestionamientos a la legalidad del nuevo mandato de Maduro. Los opositores internos y sus resonadores internacionales alegan que la convocatoria de este proceso fue ilegal y, en consecuencia, lo son los actos que ella ha realizado, incluyendo el llamado a elecciones presidenciales.

EE UU, países europeos y los gobiernos coaligados en el Grupo de Lima [Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, Guyana y Santa Lucía, avalado también por Barbados, Estados Unidos, Granada, y Jamaica] dicen que el único poder legítimo que existe en el país es el Legislativo, pues el resto de las elecciones son cuestionables. Ante esa postura, del lado del chavismo se alega que los comicios de diciembre de 2015, en los que resultaron electos los diputados, fueron realizados por el mismo organismo (el Consejo Nacional Electoral) y con las mismas normas que el resto de los procesos.  

Sin liderazgo

Otra de las dificultades que enfrenta la oposición para la pronosticada declaración de vacancia en la presidencia es que no cuenta en la actualidad con un líder que sea capaz de aglutinar al amplio sector de la población que quiere un cambio de Gobierno. Varios de los más prominentes están privados de libertad, prófugos o exiliados (el ya mencionado Leopoldo López, con casa por cárcel; Antonio Ledezma, en España, tras huir del mismo tipo de arresto domiciliario; Julio Borges, en Colombia, acusado de haber planificado el atentado de agosto contra Maduro). Los dos últimos candidatos presidenciales unitarios, Manuel Rosales y Henrique Capriles Radonki, están muy desgastados y ya no generan consenso. La más radical de todos, María Corina Machado, no logra llegar con su mensaje a los sectores populares.

Con la coalición opositora MUD disuelta y sin presencia en las calles, la acción contra el Gobierno de Maduro se está dando principalmente en el escenario internacional

Una expresión clara del drama de la falta de liderazgo opositor es justamente el hecho de que en una circunstancia tan complicada, la presidencia de la AN haya recaído en Guaidó, un dirigente prácticamente desconocido para la mayor parte de los venezolanos.

Grupo de Lima: Bolsonaro suma, AMLO resta

Con la coalición opositora MUD disuelta y sin presencia en las calles, la acción contra el Gobierno de Maduro se está dando principalmente en el escenario internacional. La Organización de Estados Americanos ha intentado varias veces desconocer a Maduro y suspender a Venezuela por aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Como no lo ha logrado, se creó el Grupo de Lima, una alianza de gobiernos adversarios de la revolución venezolana.

Apenas en los albores del nuevo año, el secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo, visitó a varios de los países del Grupo de Lima, con el propósito nada oculto de asegurarse de que este actuará como un frente anti-Maduro.

En los tiempos recientes se han producido algunos cambios en este grupo. Por un lado, la impronta ultraconservadora del nuevo Gobierno de Brasil aumenta la virulencia de la coalición. Aunque el régimen provisional de Michel Temer también estaba en contra, es evidente que la administración de Jair Bolsonaro es más radical.

Pero, en compensación, uno de los gobiernos clave del Grupo de Lima, el de México, ha cambiado de signo político y ha asumido una postura muy distante del intervencionismo que mueve a este conjunto, al que el gobierno venezolano denomina “cartel de Lima”. La actitud de Andrés Manuel López Obrador ha significado una baja importante para la belicosidad del grupo.

En su comunicado sobre el juramento de Maduro, los cancilleres del Grupo de Lima se sumaron a la tesis de que el único poder legítimo del país es el Parlamento.

En medio de estas acusaciones, el Grupo de Lima cometió un exceso al que el Gobierno de Maduro ha comenzado a sacarle provecho: acusaron a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de haber desalojado a buques de exploración petrolera que se encontraban en aguas territoriales de Guyana. De acuerdo a la versión difundida por la Armada venezolana (con grabaciones de audio incluidas), el buque de la ExxonMobil se encontraba en aguas venezolanas, su capitán lo admitió y procedió a retirarse.

Venezuela reclama como suyo un territorio de más de 189.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo, en una controversia territorial de más de cien años. El tema es extremadamente sensible para buena parte de la población venezolana, sin importar su bandera política.

Para el Gobierno, todos los connacionales que suscribieron el comunicado del Grupo de Lima podrían haber incurrido en “traición a la patria” por declarar como guyanesas unas áreas marinas que están bajo soberanía venezolana.

Tras la juramento, todos los países del frente anti-Maduro se disponen a tomar represalias diplomáticas que podrían incluir la ruptura de relaciones, el retiro de embajadores y la aplicación de sanciones similares a las de Estados Unidos. El Gobierno venezolano ha anunciado que actuará recíprocamente.

Todo indica que al comenzar su segundo sexenio, Maduro seguirá viviendo en la paradoja de un poder acumulado pocas veces visto en el plano interno y una situación geopolítica muy comprometida, parecida a un Estado de sitio.