València
CGT interpone una demanda por la muerte de un trabajador que limpiaba un garaje inundado por la dana

El 18 de enero, Antonio José Torres Paredes, trabajador de limpieza de 45 años, murió a causa de un accidente laboral mientras limpiaba un garaje en Benetússer, uno de los pueblos afectados por la dana. Otro trabajador resultó herido en el mismo accidente, el cual fue provocado por el derrumbamiento de una escalera. Ambos formaban parte del equipo de limpieza de Becsa, una de las empresas contratadas por la Diputación de València para actuar en las zonas afectadas por las inundaciones. Según indican desde el sindicato CGT de València, los trabajadores estaban contratados por EXO Petrol, empresa subcontratada por Becsa para llevar a cabo la tarea.

Desde el sindicato, uno de los portavoces, Miguel Rodríguez, exige que se compruebe si la sociedad “cumplió los protocolos de seguridad y si el accidente se podría haber evitado”. La CGT ha interpuesto una denuncia a Inspección de Trabajo, en la cual ponen en entredicho que se cumpliera la legislación de prevención de riesgos laborales: “Solicitamos que se investigue si se aplicaron las medidas de seguridad adecuadas, y sobre todo que se compruebe si la empresa subcontratada por Becsa contaba con la licencia administrativa para operar”, declara Rodríguez, y añade: “Pedimos que investiguen si hubo algún técnico de seguridad que entrara en el edificio antes para comprobar si estaba en condiciones, y si la plantilla era conocedora de los protocolos de seguridad”.

Una de las obligaciones de la empresa Global Gestión Técnica SL consistía en “verificar y garantizar las condiciones de seguridad previamente al inicio de los trabajos”, según indica el decreto de emergencia que rige su contrato

Esta tarea correspondía a la empresa Global Gestión Técnica SL, la cual fue contratada por la Diputación para dar asistencia técnica a las empresas de limpieza. Una de sus obligaciones consistía en “verificar y garantizar las condiciones de seguridad previamente al inicio de los trabajos”, según indica el decreto de emergencia que rige su contrato. Entre estas condiciones se incluye comprobar “la ausencia de riesgos graves, tales como problemas estructurales, caída de objetos por hundimiento…”. A tal efecto la empresa tenía que enviar personal técnico calificado en los edificios afectados para asegurar la estabilidad estructural de estos, según detalla el documento.

Según declaró Vicent Torres Paredes, hermano de la víctima, en una entrevista en El Español, los trabajadores “pidieron tres veces que fueron a verificar el edificio, pero no se presentó nadie”. Con este caso ya son dos los accidentes laborales mortales que se han producido durante el proceso de recuperación de los municipios afectados por la dana. El otro sucedió el 24 de noviembre, cuando un trabajador de 51 años de la empresa Tragsa murió por el derrumbamiento del tejado de un colegio. “Es inadmisible que se tengan que lamentar más muertos a consecuencia de la dana”, concluyen desde el sindicato por medio de un comunicado. Y añaden, “estos graves accidentes demuestran que estamos muy lejos de la tan esperada normalidad, y que una vez más los muertos se cuentan entre la clase trabajadora”.

La Diputación de València adjudica a dedo otros 735.000 euros a una empresa de Gürtel para obras de la dana

Javier H. Rodríguez

València

Dana La Diputación de València adjudica a dedo otros 735.000 euros a una empresa de Gürtel para obras de la dana

Javier H. Rodríguez

El gobierno del Partido Popular contrata por el procedimiento de emergencia a CHM Obras e Infraestructuras, que tienen detrás a los hermanos Martínez Berna, condenados en el marco del 'caso Gürtel' a un año y nueve meses de prisión.

Se suman a la tendencia creciente de accidentes laborales de los últimos años. Según los últimos datos del Ministerio español de Trabajo, en el País Valenciano, entre enero y noviembre del 2024, se produjeron un total de 73 accidentes laborales mortales, 15 más que en el mismo periodo de 2023.

Cadena de subcontratas e inseguridad

Las primeras semanas después de la dana, las tareas de limpieza y recuperación de las zonas afectadas se llevaron a cabo principalmente por trabajadores públicos, como por ejemplo bomberos, los cuales “seguían estrictamente los protocolos establecidos y se negaban a entrar en edificios que no hubieran sido inspeccionados previamente”, aseguran desde el sindicato. Pero a finales de noviembre la Diputación de València contrató varias empresas privadas para continuar con la actuación, regulada por medio de un decreto.

El sindicato denuncia el abuso de la subcontratación por parte de la administración pública “con el fin de ahorrarse gastos”, y aseguran que esta práctica repercute en la seguridad de las trabajadoras. “El control que se hace en las subcontratas no es el mismo que en la administración pública, no se puede asegurar que sigan los protocolos de seguridad y que cuentan con los recursos necesarios”, advierte Rodríguez. Y remacha: “Si las subcontratas los salen más baratos a la administración es porque los costes los pagan los trabajadores”.

Desde el sindicato también denuncian la falta de transparencia en el proceso de selección de estas empresas. “Como era un contrato de emergencia en lugar de hacer una licitación como toca llamaron a las empresas que ellos quisieron”

Desde el sindicato también denuncian la falta de transparencia en el proceso de selección de estas empresas:“Como era un contrato de emergencia en lugar de hacer una licitación como toca llamaron a las empresas que ellos quisieron”Desde el sindicato también denuncian la falta de transparencia en el proceso de selección de estas empresas. “Como era un contrato de emergencia en lugar de hacer una licitación como toca llamaron a las empresas que ellos quisieron”, explica Rodríguez. En este decreto, que se publicó a finales de diciembre, figura que las empresas seleccionadas son un 25% del total de las que contactaron, pero no consta ningún listado del resto. “Todo huele a qué escogieron las empresas a dedo”, considera Rodríguez.

La selección no estuvo exenta de polémica, porque algunas de ellas estaban vinculadas a la trama de corrupción del PP bautizada como caso Gürtel, como por ejemplo Becsa o FACSA, y al caso Mesa, como FCC. También generó polémica los vínculos de algunas mercantiles con el gobierno de Carlos Mazón, como fue el caso de STV Gestión, donde trabajó un alto cargo del gobierno, José Manuel Cuenca, actual secretario autonómico del gabinete del presidente. A todo esto se añade la subcontratación por parte de estas mismas empresas a unas terceras, como es el caso de la empresa para la cual trabajaba la víctima. “Es muy descarado que en una situación como esta una empresa acepte el contrato porque puede asumir el trabajo y después subcontrato a otra para hacerlo”, concluye Rodríguez.