Sanidad pública
"Hay que empezar a pensar en las razones por las que la gente enferma, no sólo en cómo curarlas"

"Si el trabajo que hacemos entre el parlamento, el gobierno, los grupos, los contactos con los colectivos, si todo eso se tradujera en la interpretación de una partitura por parte de una orquesta, no nos contrataba ni la verbena del último pueblo de Andalucía, porque cada uno llevamos un ritmo". Con esta metáfora ilustraba la portavoz de Sanidad de IU Andalucía, Inmaculada Nieto, en un reciente debate parlamentario sobre atención primaria, las marejadas políticas que vive la autonomía andaluza con su sistema de salud. 

Pese al tono tenue al que acostumbra Nieto, su voz en el Parlamento andaluz es de las más duras contra la política sanitaria del ejecutivo de Susana Díaz, a toda cuenta de que se sale de la "liturgia", como ella lo denomina, entre el PP y el PSOE de acusaciones cruzadas. 

¿Cómo llega la sanidad andaluza a su actual situación? ¿Qué aspectos son responsabilidad del gobierno central y cuáles del gobierno andaluz?
El deterioro progresivo de la sanidad andaluza viene marcado de manera muy importante por los recortes. Desde que se produjo la aprobación de los decretos estatales, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad y de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, el desplome de la inversión pública comenzó a hacer mella de inmediato. Aquella decisión del PP en mayoría absoluta vino precedida de otra aún más grave y lesiva para el interés general: la modificación del artículo 135 de la CE, en aquel caso pactada entre socialistas y populares para contentar a la UE y especialmente a Alemania, cuya canciller no ocultaba su preocupación por la deuda bancaria española con las entidades financieras germanas.
A pesar de ser lo más significativo, la Junta tiene sus responsabilidades exclusivas ajenas a la disponibilidad presupuestaria. La precariedad e inestabilidad del empleo público sanitario, la parálisis de los órganos de participación ciudadana y la conversión de los directivos en verdaderos comisarios políticos son problemas achacables a la gestión del Ejecutivo autonómico y se remontan años atrás al estallido de la crisis.
En cuanto al PP, no cabe duda, y así lo ilustra su proceder en las CCAA en las que gobierna, que su apuesta no es precisamente la del fortalecimiento de los servicios públicos. Una sanidad deteriorada por la escasez de recursos contrasta con el incremento del volumen de negocio que han experimentado las clínicas privadas. Como se ve en el informe de la Fundación IDIS sobre sanidad privada en 2016. España es uno de los países donde el peso del gasto sanitario privado respecto del gasto sanitario total es más elevado, situándose en el 28,5%, por delante de países como Alemania (23,7%), Italia (22,6%), Francia (21,3%) o Suecia (15,9%).

Nieto acusa a la Junta de “convertir a los directivos sanitarios en verdaderos comisarios políticos”

¿Cuáles son los principales errores o problemas derivados de la gestión del Servicio Andaluz de Salud?
A nuestro entender junto a los problemas ya mencionados de precariedad, falta de participación y de toma de decisiones muy vertical, lo más relevante ha sido el abandono de la atención primaria y de las políticas de salud. El sistema se ha volcado excesivamente en su vertiente asistencial hospitalaria, relegando políticas de proximidad en colaboración con los Ayuntamientos y de cuidados de las personas enfermas en su entorno, con el centro de salud y el médico de familia como elemento nuclear del sistema. El número de médicos y enfermeros/as por cada mil habitantes en atención especializada y en atención primaria es en Andalucía el más bajo de la comparativa de todas las comunidades autónomas.

¿En qué condiciones trabaja ahora mismo el personal sanitario? ¿Qué impacto tienen las externalizaciones? ¿Y las 35 horas?
El personal suple con sobreesfuerzo las carencias humanas y de medios para desarrollar adecuadamente su labor. Trabajan bajo mucha presión, y en no pocos casos desmotivados ante las dificultades crecientes a las que se enfrentan a diario. La tasa de reposición impuesta por el gobierno central que obligó a reponer primero sólo el 10% de las bajas y jubilaciones y luego el 50%, ha ocasionado en el SAS un roto de más 5000 trabajadores y trabajadoras. Ese lastre es muy pesado y sólo puede resolverse a través de una ley estatal. Pero como sucedía con los recortes presupuestarios, la Junta tiene una responsabilidad en la precariedad en que se encontraba su plantilla sanitaria previa a la crisis, encadenamiento de contratos y otras prácticas fraudulentas que sólo han comenzado a erradicarse a través de sentencias judiciales.
Las externalizaciones son sangrantes y de dos tipos. Por un lado los recortes económicos de los pliegos de condiciones de servicios que antes eran de gestión directa (limpieza hospitalaria, mantenimiento, cocina, lavandería…). Los empresarios han derivado a sus trabajadoras y trabajadores las rebajas de las licitaciones, con un deterioro de las condiciones laborales inasumible. Por otra parte siguen creciendo los conciertos con clínicas privadas para la realización de pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas o asistencia de urgencia, mientras muchos hospitales públicos funcionan a la mitad o menos de su capacidad. Ahí están las seis plantas cerradas del hospital San Carlos de San Fernando o el Vigil Quiñones cerrado a cal y canto en Sevilla tras una inversión de más de 30 millones de euros, los HARES de Lepe o de Vejer terminados y cerrados o el Hospital de la Serranía de Ronda o de La Línea que no acaban de arrancar con normalidad. Es un sobrecoste que el sistema no puede permitirse y que debe revertirse de inmediato.
Las 35 horas permiten nuevas contrataciones, pero también hay que esperar que se disipen totalmente las dudas sobre los pasos previstos por el gobierno central sobre su implantación en el conjunto del territorio estatal. 

"Es una gran incógnita. Parece más un ejercicio de voluntarismo que una apuesta concreta por mejorar las cosas" afirma Nieto sobre el proyecto de ley de garantías del Sistema Sanitario andaluz

Se ha abierto debate sobre la ley de Garantía de Sostenibilidad del Sistema Sanitario, pero paralelamente denunciabas que la Junta está aprobando estrategias sanitarias. ¿Qué sentido tiene esa ley entonces? ¿A qué caminan las estrategias planteadas por la Junta tras las mareas blancas?
La ley es una gran incógnita. Se anunció al principio de la legislatura como un compromiso de Susana Díaz para blindar la sanidad pública. Sin embargo en este momento el proyecto, aún en tramitación, no tiene ninguna referencia económica vinculada al PIB o a cualquier otro indicador por debajo del cual no pueda presupuestarse en materia sanitaria. Tampoco es concreta en las obligaciones que debe asumir la administración… en fin, parece más un ejercicio de voluntarismo que una apuesta concreta por mejorar las cosas.
Paralelamente se suceden estrategias y programas que no parecen tener un hilo conductor: atención primaria, cronicidad… Demasiados temas inconexos tratados sin visión de conjunto. La población está envejeciendo, hay un número creciente de pacientes pluripatológicos y crónicos y las condiciones de vida se han deteriorado de manera generalizada. Si el Ejecutivo no mira con atención esos elementos fallará en su producción normativa, en sus decisiones políticas y en sus prioridades presupuestarias.
Con respecto a las mareas están haciendo una labor encomiable de defensa de la sanidad pública, pero la Junta no puede limitarse a atender sus demandas sin la debida planificación en función del éxito de las movilizaciones. Es obligación del gobierno normalizar la participación ciudadana, ser receptivo a las demandas de sindicatos, pacientes, asociaciones de consumidores y planificar sus actuaciones desde el consenso. Y reconocer los errores. La soberbia y la autocomplacencia son muy malas consejeras para todo, y la política no es una excepción. 

¿Está la Junta operando conscientemente en detrimento de la calidad de la sanidad pública? ¿En beneficio de qué actores?
No creo que sea una maniobra consciente, pero no cabe duda de que la Junta está superada y su política sanitaria ha devenido en fracaso. Hay muchos elementos positivos, pero el PSOE asumió el dogma de la estabilidad presupuestaria y es una falacia que sin introducir cambios profundos se pueda atender a la comunidad más grande y más poblada con los mismos estándares de calidad que antes de los recortes y con miles de trabajadores y trabajadoras menos. Hay que gestionar mejor, pero también hay que invertir más para salir de este declive.
El deterioro de la sanidad pública sólo beneficia a las empresas privadas, pero el perjuicio que ocasiona a la sociedad en su conjunto es tal, que ni siquiera ese beneficio cortoplacista puede sostenerse a largo plazo. La mayor parte de los problemas de salud de la población están relacionados con el deterioro de sus condiciones de vida y de trabajo. Los barrios obreros tienen una esperanza de vida sensiblemente menor que las zonas acomodadas. Los retos del futuro pasan por mejorar las políticas de vivienda, de lucha contra la pobreza, educativas o medioambientales. Hay que empezar a pensar en las razones por las que la gente enferma, y no sólo en cómo curarlas.