Ciencia
La Ciencia que financiamos y repagamos

Los que seguimos leyendo parece que queremos reflexionar, analizar, cómo es posible que aquellos conocimientos generados con dinero público acaben en manos privadas, en empresas que después venden esos contenidos a las mismas instituciones públicas que lo han generado.

El negocio en el que se mueven muchos millones de euros es redondo, donde siempre gana la banca (sino de forma directa, sus filiales en el mundo de la edición y distribución de la ciencia). Voy a intentar contaros de forma breve cómo nos dejamos manejar.

La producción científica está en manos básicamente de instituciones públicas; instituciones de investigación, organismos públicos y universidades. Las privadas, las que investigan, no creáis que difunden dicho contenido, lo que en cierta manera pudiera entenderse como normal, si lo generan únicamente con dinero privado no van a compartirlo con la “competencia”. Estas investigaciones no salen de la nada, sino del mucho trabajo y esfuerzo de investigadores y de grupos de investigación que, o bien consiguen los fondos de proyectos financiados por organismos públicos, o bien de su actividad laboral cotidiana, y por lo tanto, se dedican a la investigación, ya que tenemos una nómina y un trabajo que nos lo facilita. No toda la investigación se realiza dentro de un proyecto de investigación. Los investigadores y profesores universitarios generan gran cantidad de producción científica, ya que de dicha publicación depende el desarrollo de su carrera profesional y algunos complementos retributivos.

Investigaciones financiadas con dinero público, trabajadores con salarios públicos, ceden el conocimiento desarrollado en esas investigaciones a instituciones privadas, cediéndoles los derechos de explotación

Y aquí es donde viene el truco, donde el sistema ha conseguido envenenarlo, donde han logrado hacer bueno lo retorcido, donde conseguir “los dineros” sin invertir se ha convertido en un arte.

Los investigadores y profesores universitarios difunden sus contenidos –siempre que pueden, y en un gran número- en revistas de pago, revistas que no son de la institución donde trabajan, revistas que después la propia institución o el propio sistema de investigación debe pagar para conseguir, porque “evidentemente” se ceden los derechos a dicha revista. Es decir, investigaciones financiadas con dinero público, trabajadores con salarios públicos, ceden el conocimiento desarrollado en esas investigaciones a instituciones privadas, cediéndoles los derechos de explotación. ¿Somos tontos? Otra nueva pregunta con respuesta más compleja que la anterior.

Tal y como os decíamos, las publicaciones científicas no son un mero elemento de difusión de la Ciencia, sino que es la variable fundamental para analizar la valía, “la calidad” que decimos ahora, de la investigación y del investigador. Esto supone medirnos constantemente, evaluarnos de manera cortoplacista para determinar nuestra carrera profesional y para determinar si podemos conseguir los tramos de investigación. Y todos estos elementos son valorados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA), organismo estatal que funciona con normativa y legislación estatal. ¿Y qué parámetro utilizan? Utilizan como medida el factor de impacto, una medida que evalúa la calidad de las revistas por medio del análisis métrico de las citas bibliográficas obtenidas por los trabajos y que fue creada con un fin distinto al de la evaluación de la calidad. Las herramientas para valorar este factor de impacto son dos: Scopus de Elsevier y Web of Science de Clarivate. Dos empresas privadas donde, ¡qué curioso!, están presentes las revistas de la propia compañía (Elsevier). Herramientas que nos cuestan millones de euros el poder acceder a sus índices, y que además nos obligan posteriormente a pagar los contenidos por las revistas que ellas han determinado que son “de calidad”.

Financiamos la investigación con dinero público, los resultados en forma de artículos científicos son enviados a revistas de pago por acceso a los contenidos, que las revistas que se consideran importante son tomadas de una serie de herramientas privadas que controlan un buen número de estas revistas, y que el propio sistema español de ciencias “obliga” a publicar en dichas revistas para el desarrollo profesional de los investigadores. Puede llegar a pasar, y pasa, que una universidad tenga que pagar a una revista por los contenidos generados por un profesor de plantilla. Pagamos por la investigación, y repagamos por acceder a los índices de impacto y a los contenidos de las revistas.

Ahora ya podemos contestar a la pregunta de si somos tontos, y mi respuesta es que no (opinión muy personal y discutible, sobre todo al ser parte implicada que no contempla el autoinsulto como opción); lo que pasa es que todo este sistema está montado sobre un gran negocio y sobre un círculo vicioso que lejos de ser desinflado por lo público es potenciado. Como dijo un gran referente intelectual (no hay ironía en mis palabras) “Veo, veo, mamoneo”. ¡Que grande eres, Rosendo!

¿Cómo rompemos esta tendencia? ¿cómo devolvemos los resultados de la investigación a los investigadores, a todos?

Recordando a los investigadores que sus intereses personales no pueden ser los prioritarios, que lo generado con dinero público debe revertir en el sistema público

Primero, recordando a los investigadores que sus intereses personales no pueden ser los prioritarios, que lo generado con dinero público debe revertir en el sistema público, y que no son libres para hacer lo que quieran con sus investigaciones. Este cambio de visión es fundamental.

Entender que deben poner a disposición de la comunidad científica los resultados de sus estudios, aportando de verdad en el “carácter acumulativo de la Ciencia”, lo que supone un intercambio de conocimientos. Newton señaló; “si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre hombros de gigantes”. Hoy, seguramente, tendría que pagar por dichos contenidos y a otros no tendría acceso por los altos costes. Para ello, hemos de dar un empujón a los investigadores, buscar métodos alternativos a los estudios métricos para valorar e incentivar su labor profesional.

Cambiando el sistema de evaluación a todos los niveles, desde el europeo al autonómico, pasando por la financiación estatal

Segundo, cambiando el sistema de evaluación a todos los niveles, desde el europeo al autonómico, pasando por la financiación estatal. Toda inversión pública debería estar sujeta a la obligación de difundirse por medio de revistas abiertas, de repositorios públicos, etc..., en plataformas que aseguren su disponibilidad para todas.

H2020, programa de financiación de la Ciencia de la Unión Europea, apuesta claramente por el acceso abierto (cuestión aparte es que los esfuerzos son escasitos), y el sistema español apuesta tímidamente por ello. Dicho sistema de evaluación debería comenzar, tal y como decimos, desde Europa, y que “chorree” por todos los estados miembros, para obligar a difundir públicamente los contenidos de investigación.

Volvamos a la evaluación tradicional, donde la evaluación de experto sea la piedra angular

Tercero, y para España, “dinamitemos” intelectualmente la ANECA, volvamos a la evaluación tradicional, donde la evaluación de experto sea la piedra angular, y dejemos de medir tanto la calidad por parámetros estadísticos (dejemos la ANECA para otro día, ¿os parece?).

En definitiva, tenemos que hacer Política, un cambio legislativo integral que se enmarque en la lógica, fuera de los intereses del mercado y de las grandes empresas editoriales, cambio de políticas que debiera ser abanderado por la Unión Europea, quien cree un sistema general con subsistemas nacionales, donde se garantice que todo trabajo generado por asalariados o por financiación de lo público acabe en repositorios públicos o revistas de acceso abierto, sin pagos de cuotas de ningún tipo (ni por publicar ni por acceder), y generar una estructura en la cual aquellos trabajos más relevantes estén en repositorios más exclusivos, y que sea la presencia en dichos repositorios la que marque la calidad de la investigación y por lo tanto del investigador.

No estamos solos, existen plataformas que defienden esta tendencia, que apuestan por este cambio en la forma de difusión de la Ciencia (ejemplo claro es la Declaración de San Francisco, apoyada por importantes instituciones), en pensar que otra forma de hacer Ciencia es imprescindible para el desarrollo de la misma. Tenemos que ver la difusión de la Ciencia como una herramienta estratégica para el desarrollo de la sociedad, no un gasto, ni un coste, ni una carga, sino como una oportunidad.

¡Recuperemos el conocimiento! ¡No paguemos por las ideas!