Derecho a la vivienda
“Me siento acosada por la Policía y el Ayuntamiento se niega a empadronarme”

Menuda, con ojos negros, mirada penetrante y fuerte carácter. La joven cuenta que le ha tocado afrontar una vida marcada por necesidades económicas básicas, especialmente en los últimos siete años. En la actualidad, reside con su compañero, quien tiene reconocido el grado mínimo de discapacidad por enfermedad crónica, aunque sin recibir prestación alguna, según se queja.

“Acabé el subsidio en diciembre. Mi pareja está enferma, le han dado un grado de minusvalía por enfermedad crónica, está muy limitado en el movimiento y no puede trabajar. Sigue con la baja en el Instituto de Seguridad Social (INSS), y no cobra nada, vamos a recurrir al tribunal calificador”, explica a El Salto antes de agregar que con tal panorama, por necesidad,  no les quedó “otra opción que recuperar la vivienda”, en la que llevan alojados desde diciembre de 2017.

Desde entonces viven en una casa propiedad de una promotora, al parecer en situación de bancarrota, ubicada en la localidad La Albuera (Badajoz). Jenni lleva nueve años residiendo en el municipio junto a sus perros y hasta hace unos meses pagaba el alquiler de un piso que se vio obligada a abandonar por amenaza de desahucio, tras quedarse sin trabajo ni ingresos.

Paseando por el pueblo se cercioró de que dos viviendas ubicadas en el casco urbano estaban abiertas, “tenían el bombín arrancado”, señala delante de la casa. Se puso en contacto con el Campamento Dignidad y una vez asesorada, ella y su pareja colocaron nueva cerradura y tras dar de alta el contrato de la luz acudieron a empadronarse sin obtener resultado.

Reuniones y promesas

Sostiene que no encuentran otra opción para ser realojados ni empleo para mantenerse. “No hay disponibilidad de vivienda social” en el municipio, según les han trasladado en las reuniones mantenidas con el alcalde, concejales y los servicios sociales, encuentros donde sólo se escuchan promesas “que nunca llegan”.

El pasado miércoles, acompañada en esta ocasión por activistas del Campamento Dignidad, recordó a los responsables municipales que necesita cubrir “una necesidad urgente” para disponer de servicios mínimos en el domicilio actual, como el agua que no puede dar de alta sin el padrón.

“Es un derecho, que me están negando. La luz la contraté, me la cortaron, reclamé y ahora tengo contrato. Se han negado completamente a darme el agua. No tengo lavadora ni nevera, ni ingresos, recibo alimentos de la Cruz Roja para ir pasando y no encuentro empleo”, describe. La joven tampoco entiende la actitud de la Policía Municipal y reprocha a los agentes por tratar de dificultar la convivencia con el resto de vecinos.

“Nos llegaron a decir que hicieron una manifestación en contra nuestra en el pueblo y hemos comprobado que es mentira”

“Con la Policía, un acoso constante. Me han llegado a parar frente al autobús para preguntarme si había alguien en alguna casa más. Pasaban cada dos por tres por aquí, hasta el día que vinieron a cortarme el agua y mi vecino Antonio les dijo que se daba una mala imagen porque no estaba haciendo nada malo para que vinieran a diario”, recuerda .

“Nos llegaron a decir que hicieron una manifestación en contra nuestra en el pueblo y hemos comprobado que es mentira. Nadie se ha manifestado en contra, entonces, ¿por qué ese acoso? ¿No estamos dañando nada?”, añade, al tiempo que valora la ayuda que que le ofrecen vecinos y vecinas, además de su amigo Ramón Gómez.

“Le hemos dicho que la ilegalidad es no empadronarla, con documentos que reflejan las obligaciones municipales”

Jennifer espera que en esta ocasión los responsables del consistorio mantengan la palabra dada y contribuyan a normalizar su situación. Mientras que integrantes del Campamento Dignidad apuntaron a El Salto, tras concluir la reunión con el alcalde socialista de la localidad, Manuel Antonio Díaz González, que “queda por ver si esta vez se hace realidad” lo prometido. “Dice que hay viviendas disponibles pero no para cederlas como vivienda social, pero lo hablará con la Dirección General de Vivienda y también con la promotora propietaria del inmueble para posibilitar un alquiler social”, precisan.

“Le hemos dicho que la ilegalidad es no empadronarla, le hemos dejado documentos y leyes”, como la normativa recogida en el BOE de 16 de marzo de 2015 sobre gestión del padrón municipal, “que reflejan las obligaciones municipales” de facilitar el trámite en casas realojadas como recuerda también la Plataforma Stop Desahucios.

No obstante, él insiste en “decir que empadronarla no es legal”, lamentan desde el colectivo. Los activistas también ven “cierta” opacidad a la hora de aportar datos de la situación de la promotora, al parecer en proceso de embargo, con un conjunto de viviendas disponibles que constarían como activos bancarios. El consistorio prefiere no manifestarse al respecto.

Por su parte, Jennifer lanza un mensaje destinado “a ayuntamientos y Estado en general” para que “ayuden a personas en esta situación, sobre todo porque no debería de haber nadie en la calle”, la vivienda “es un derecho constitucional”, añade. “Me siento impotente, completamente indefensa, y tengo que sacar fuerzas a diario para luchar y no caer en un bucle y verme en la calle”, concluye, tras agradecer el apoyo del Campamento Dignidad.