Medio rural
La España vacía se rebela contra la invasión de las macrogranjas porcinas

Retamoso de la Jara, Riofrío de Llano, Gamonal, Torrejoncillo del Rey, Montealegre, Los Cerralbos, Pozuelo, Priego, Malpica del Tajo, Cinco Villas, Villanueva de la Jara, Luzón, Lucillos… La lista es larga, y se incrementa cada mes. Todos estos pueblos, además de encontrarse dentro de la comunidad castellanomanchega, tienen una característica en común: en el último año se han visto amenazados —o agraciados, según a quién se pregunte— por la instalación de una o varias explotaciones intensivas de más de 2.000 cerdos, las llamadas macrogranjas.

En todos ellos ha habido movilizaciones vecinales, incluso en algunos amenazados por la despoblación, con menos de un centenar de vecinos, y varios han conseguido frenar casi definitivamente los proyectos de ganadería industrial. Es un fenómeno nuevo, incipiente. Tanto la proliferación de este tipo de explotaciones en la zona como la resistencia a las mismas. La invasión de las macrogranjas ha llegado a Castilla-La Mancha, y con ella, la rebelión. 

Normativa para China

En un mundo globalizado las causas de esta situación hay que buscarlas a nivel planetario. “El boom proviene principalmente del fuerte aumento de la exportación hacia países como China, donde emergen las nuevas clases medias, sube de forma exponencial el consumo de carne y, para ello, es necesario un aumento de la producción masiva e industrial”, señala Florent Marcellesi, diputado por Equo en el Parlamento europeo. Una tesis que corrobora Tomás Recio, director de la Asociación Regional de Ganaderos de Porcino de Castilla-La Mancha (Argapor CM): “Es un buen momento para invertir porque está creciendo la exportación. El consumo interno está estancado pero está creciendo la demanda exterior, principalmente al amparo de las integradoras”.

España es el tercer exportador de carne de cerdo del mundo, solo detrás de Estados Unidos y China, según señala el informe de la organización Food & Water Europe Spain, towards a pig factory farm nation? El porcino, con datos de 2017, supone el 37% del total de animales criados para el consumo humano de todo el Estado y el 14% de la producción agraria. El Estado español es el país europeo con una cabaña más grande, con 30,1 millones de cerdos, según los últimos datos de la Oficina Europea de Estadística.

El ojo de la inversión de las integradoras está ahora fijo en la España vacía, aunque otras zonas, como Andalucía, están también en el punto de mira

¿Por qué España y, más concretamente a día de hoy, las regiones más despobladas del centro peninsular? “Desde el año 2000, en el norte de Europa, empieza a caer el número de cabezas de ganado; sobre todo las granjas pequeñas van cerrando, con una reducción importante del porcino”, explica Rosa Eugenia Prieto, experta en el tema y exresponsable del Área de Medio Ambiente en Izquierda Unida Castilla-La Mancha. “¿Por qué pasa esto? Porque ven el alto coste ambiental y van endureciendo la legislación”.

Diego Díaz, de la Plataforma Cívica de Gamonal (Toledo), organización que lucha contra la instalación de dos explotaciones de 7.200 cerdos cada una en el municipio, y uno de las personas que constituyeron la plataforma autonómica Stop Macrogranjas CLM, apunta que Dinamarca y Alemania eran los grandes productores de Europa junto con España, pero la reducción de la cabaña ganadera de los norteños se contrarrestó aumentándola en España, principalmente en Catalunya y Aragón, comunidades que tienen más de la mitad de la población de cerdos, con 7,7 millones cada una, según datos de la última Encuesta Ganadera del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Sin embargo, aunque ambos territorios siguen siendo líderes de producción, el foco de la inversión porcina mira ahora al sur. “Hubo un repunte de granjas en Catalunya, pero ha ido disminuyendo, sobre todo a raíz de un informe [del Síndic de Greuges en 2016] que señala que el 40% de las aguas de Catalunya están contaminadas por nitratos”, expone Prieto. Unos nitratos que provienen, en gran parte, de los purines —residuos de origen orgánico, desde animales muertos a excrementos u orina— que originan estas granjas. La consecuencia de esto: “Endurecieron la legislación”, expone la experta, “y según se endurece las granjas van bajando hacia el sur”.

El director de Argapor CM, que se muestra en desacuerdo con la afirmación de Prieto sobre una legislación más laxa en las autonomías del centro y sur peninsular, explica cómo “Aragón y Catalunya ya estaban bastante saturadas de porcino, por así decirlo, y hay otras comunidades en las que, por su dimensión y menor densidad, concretamente Castilla-La Mancha, con bastante distancia entre los municipios, hay bastantes zonas que tienen las características para instalar granjas porcinas”. El ojo de la inversión de las integradoras está ahora fijo en la España vacía, aunque otras zonas, como Andalucía, están también en el punto de mira.

Cerdo subvencionado

Las subvenciones son otra de las causas de esta proliferación denunciada por los detractores de estas explotaciones. Tratado como sector prioritario por la administración castellanomanchega, la Consejería de Agricultura Medio Ambiente y Desarrollo Rural otorga desde 2016 ayudas de hasta el 65% de la inversión, con un máximo de 100.000 euros por puesto de trabajo, cantidad a la que se suman 27.000 euros si la inversión lleva asociada un expediente de incorporación de joven agricultor. En respuesta a las críticas, el pasado 11 de mayo el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, anunció su intención de limitar las ayudas a explotaciones de menos de 1.000 cerdos.

Rosa Diez: “2017 es el año definitivo de la organización de la resistencia vecinal a la ganadería industrial”

Para Díaz Porras las subvenciones actualmente en vigor, integradas en el Plan de Desarrollo Rural, no benefician al pequeño y mediano ganadero: “Así das 100.000 euros a una persona que al final trabaja para la integradora, que tiene una hipoteca por haberse metido en unas instalaciones gigantes y que, al final, no controla nada: ni el precio del cerdo, ni los antibióticos que recibe, ni lo que come. Lo único que controla es que tiene que pagar la hipoteca y gana, básicamente, lo que se puede ahorrar en pienso, mientras que los precios y demás se lo marcan desde la integradora”.

En la otra cara de la moneda, el director de Argapor señala que las subvenciones son “solo una pequeña ayuda”, y denuncia que las ganaderías ya establecidas “no reciben ningún tipo de ayuda en comparación con otro tipo de especies, como el vacuno, que reciben ayudas de la Política Agraria Común (PAC)”. Es más, Recio asegura que “por motivos políticos, en lo que viene siendo la política de la comunidad autónoma, las tramitaciones de apertura de nuevas granjas presentadas en 2018 están siendo ralentizadas, prevemos que con cierta voluntad política”.

Frenar la invasión

A pesar del fomento de este tipo de instalaciones a nivel estatal y autonómico, lo cierto es que muchos pueblos han conseguido —y siguen consiguiendo— paralizar su construcción en sus términos municipales. Tal como señala Prieto, “los ayuntamientos tienen fórmulas para poder parar las macrogranjas. ¿Cómo? Mediante ordenanzas municipales, moratorias, pueden alegar a los proyectos, recurrir al Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha…”.

Pero quien quiera parar una granja intensiva proyectada en su pueblo tiene varios problemas. “El primero es cómo se evalúa y se lleva a cabo el procedimiento ambiental”, indica la experta. Para empezar, si la explotación tiene menos de 2.000 cerdos no tiene que salir a consulta pública. El promotor sí debe informar al ayuntamiento y a la Junta de Castilla-La Mancha, que realizará las llamadas consultas previas, preguntas a entidades tales como al propio ayuntamiento, organizaciones ecologistas, consistorios vecinos o a la dirección provincial de Agricultura.

“Cuando encuentren otro lugar en el que sea más barato producir se irán, y ahí quedarán los ganaderos con su hipoteca de 400.000 euros para naves automatizadas y el terreno hecho una mierda”

“El problema es que esas consultas previas no salen a exposición pública. El Ayuntamiento no tiene por qué sacarlo en un pregón y que la gente vaya a informarse. A menudo tiene mucho trabajo o no tiene gente capacitada para responderlas, etcétera”, apunta Prieto. El resultado: “No se contesta a las consultas previas, los grupos ecologistas no tienen capacidad para responder a todas las consultas y la Junta no ve ningún problema. Si nadie levanta la mano sobre si la granja está muy pegada al río, cerca de una zona protegida o si el promotor ha puesto que la zona urbana está a tres kilómetros y no que hay una urbanización a uno, la Junta otorga el visto bueno y la declaración de no sometimiento, es decir, que no necesitan pasar un estudio de impacto ambiental completo y ya se puede instalar”, continúa. “Es entonces cuando un señor se entera de que le van a poner una granja al lado de su casa. El procedimiento, cuando son menos de 2.000 cerdos, es perverso”.

En Gamonal, tal como relata Diego Díaz, se enteraron de las explotaciones proyectadas “de forma surrealista”. Los dos proyectos de macrogranja se presentaron en 2016, pero los habitantes lo conocieron nueves meses después. “El dueño de una finca cercana al pueblo de ganado ecológico vio un domingo por la mañana a una familia con hijos midiendo una parcela que era suya. Se habían equivocado y, cuando les preguntó, resulta que la cárnica les había mandando a medir la parcela. Fíjate hasta dónde llega el enredo”.

Para las macrogranjas de más de 2.000 animales sí es necesario un estudio de impacto ambiental completo que se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM). Sin embargo, tal como plantea Prieto, “el problema es que nadie mira el DOCM y los vecinos no saben que salió a consulta pública”. En su opinión, “no es un procedimiento participativo y que salga ahí no implica que los ciudadanos puedan hacer alegaciones, y salen los proyectos sin que nadie señale las incongruencias que tienen.

Esas incongruencias son, a menudo, medioambientales. La posible contaminación de arroyos y acuíferos cercanos —estas últimas masas de agua subterráneas muy difíciles de recuperar una vez resultan contaminadas—, el ambicioso uso de recursos hídricos en zonas secas y el posible exceso de nitratos que acaba con la fertilidad de la tierra forman parte de los problemas medioambientales más comunes que genera la ganadería porcina intensiva.

Con respecto a los purines, “cierta cantidad de nitrato viene bien para las plantas y las granjas tienen la obligación de tener un plan de reparto de nitratos”, explica Prieto. Sin embargo, la activista denuncia que “el problema es que tienen que repartirlo entre equis hectáreas pero no se comprueba dónde se tiran los purines, y por lógica, no se van a las que tengan adjudicadas más lejos y se sobrecargan de purines las más cercanas”.

Low cost alimentario

Integradoras, o sistema de integración. He aquí otra de las claves. Gigantes como Cefusa-El Pozo, Industrias Cárnicas Loriente Piqueras SA (Incarlopsa) o Inga Food. Estas compañías suponen la inmensa mayoría de la producción porcina castellanomanchega. Se trata de grandes empresas dedicadas a la explotación industrial de cerdos para la comercialización de su carne que subcontratan las instalaciones y la mano de obra necesarias para la cría y engorde de estos animales. Además, suministran a las explotaciones contratadas todo lo necesario para la cría, desde los propios cerdos al pienso, el material técnico o los medicamentos que se suministran a los animales. Cerdos que pueden vivir en 0,65 m², el espacio mínimo que marca la ley.

La última demostración de fuerza se vivió este jueves 31 de mayo en Talavera , donde la plataforma CLM Stop Macrogranjas consiguió movilizar a cientos de personas

El modelo integrador es el que está triunfando. Al aumentar en los últimos años el número de cerdos que se crían en España se podría dar por sentado que el número de granjas se ha incrementado. Nada más lejos de la realidad. Entre 1999 y 2013 desaparecieron 128.000 granjas de porcino, mientras que el número medio de cerdos por granja se multiplicaba por cinco, según señala el informe de Food & Water Europe. La norma es simple: más cerdos en menos espacio para ampliar el margen de beneficio.

Recio expone que este modelo es en el que “el ganadero tiene mayor tranquilidad respecto a las fluctuaciones del mercado”. Sin embargo, Marcellesi opina que “las macrogranjas representan la peor cara del low cost alimentario”, oponiendo la agroecología y la ganadería extensiva como alternativa. “En esta lucha entre dos modelos antagónicos se juega nuestro futuro agrícola y alimentario: más producción insostenible y comida basura o más producción ecológica y comida de calidad”.

Puerca burbuja

La creación de una burbuja porcina es otro de los miedos de muchos habitantes de las zonas afectadas. Tal como señala Diego Díaz, “en el momento en que encuentren otro lugar en el que la normativa sea más laxa y sea más barato producir se irán y ahí quedarán los ganaderos con su hipoteca de 400.000 euros para naves automatizadas y el terreno hecho una mierda, por decirlo claramente”.

Por último, el empleo que pueden dar estas explotaciones es terreno peliagudo entre los defensores y detractores de las grandes granjas porcinas industriales. Según expone Recio, “una explotación de cierta entidad da un mínimo de tres puestos de trabajo y granjas de madres dan a menudo 15 empleos directos. Luego crean muchísimos indirectos: veterinarios, vacunadores, camioneros, fábricas de pienso…”. Un discurso que ecologistas y las plataformas antimacrogranjas no compran. “Está todo automatizado, eso lo primero, y luego las condiciones son pésimas. Es un tipo de empleo que no requiere cualificación, y lo de fijar población con en el medio rural es falso”, responde Díaz, quien pone como ejemplo Balsa de Ves (Albacete). “En 2006 pusieron una granja de este tipo. Prometían 19 puestos de trabajo, por escrito y todo, pero desde entonces la población ha bajado un 40% y en la granja trabajan cinco”. Es conocida la posición de la actual alcaldesa de pueblo, Natividad Pérez, que ha lamentado el daño que las explotaciones han generado al municipio. “No vamos a hacer demagogia, las causas de la despoblación son muchas”, expone el activista, “pero quién quiere volver al pueblo con una de esas granjas, con terrenos más baratos, adiós al turismo rural…”.

Resistencia organizada

Lo cierto es que las críticas han cuajado y la resistencia contra las macrogranjas aumenta. El 26 de mayo, durante el II Encuentro Estatal contra las Macrogranjas realizado en Minglanilla (Cuenca), se presentaba la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, auspiciada por plataformas locales y autonómicas, asociaciones vecinales y organizaciones ecologistas. Rosa Diez Tagarro, secretaria de la Plataforma Loporzano Sin Ganadería Industrial (Aragón), uno de los colectivos organizadores del encuentro, y coportavoz de la recién nacida plataforma estatal, señalaba a El Salto que, a pesar de que la movilización contra este tipo de explotaciones comienza en Catalunya en 2014 y prosigue en Aragón, “2017 es el año definitivo de la organización de la resistencia vecinal a la ganadería industrial”.

Según relata, organizaciones locales y regionales como Pueblos Vivos Cuenca, Salvemos el Arabí en Yecla (Murcia) o la propia Plataforma Cívica de Gamonal fueron sumando esfuerzos para crear una coordinación estatal para obtener más fuerza. “Durante este invierno seguimos sumando territorios y, sobre todo, crecen muy exponencialmente en Castilla-La Mancha, donde hay unos meses en los que surge prácticamente una plataforma cada semana”. Con la incorporación de organizaciones del País Valenciano, Castilla y León y Andalucía, solo quedaba crear la plataforma nacida la semana pasada, cuyo objetivo es, tal como explica Diez, “sumar fuerzas en el sentido de que no haya ni uno solo pueblo en España que no sepa lo que se les viene encima cuando se propone un proyecto de ganadería industrial, que sepan qué consecuencias tienen para los pueblos”.

Rosa Eugenia Prieto: “¿Es ético que tengamos a los animales en menos de un metro cuadrado?”

Todo este movimiento, sin embargo, es visto desde la patronal ganadera como una instrumentalización por parte de Unidos Podemos. “Es un sabotaje intencionado, y por ideologías políticas, no tiene otro nombre”, apunta Recio. “Se ha visto en el Congreso, los debates los ha llevado un grupo parlamentario concreto, y se han desestimado. No han conseguido sacar nada adelante, pero están alentando a este tipo de grupos sin fundamento y lo que están haciendo es crear incertidumbre en la población de una forma totalmente infundada”, denuncia.

Vivir en 0,65 m²

La situación de los cerdos en las plantas intensivas es otras de las críticas centrales de ecologistas y antiespecistas. Primero están irregularidades tan sonadas como las destapadas por Igualdad Animal en diferentes granjas. El caso de la granja proveedora de El Pozo en Alhama de Murcia, con cerdos deformados por abscesos, hernias gigantes, úlceras cubiertas por larvas, cadáveres conviviendo con animales vivos y puercos comiéndose entre ellos, llegó al público mainstream a través del programa de Salvados en La Sexta.

Se trata de situaciones que desde la industria cárnica tildan de residual. “En Castilla-La Mancha hay 1.500 explotaciones de porcino y el principal interesado en que un animal esté a gusto es el propio ganadero porque en ello va su negocio, en que el animal crezca, engorde y se pueda llevar al matadero”, señala el directivo de Argapor CM.

Para el eurodiputado por Equo “las normas de bienestar animal en Europa son, en general, mucho más avanzadas que en el resto del mundo”. Aunque, como han demostrado en repetidas ocasiones las organizaciones antiespecistas, a menudo no se cumplen. “Puede pasar en el transporte a terceros países o en granjas industriales, como mostró Salvados y el ingente trabajo de las asociaciones de defensa animal, que son hoy los verdaderos inspectores”, indica Marcellesi, quien añade, sin embargo, que “la ciudadanía europea quiere más y mejores normas para el bienestar animal, algo que tendrá que ser una de las prioridades de la futura reforma de la PAC”.

“Antes los cerdos para matanza en los pueblos estaban un año para crecer, ahora los envían a matadero a los 125 días”

El debate, sin embargo, está más vivo que nunca. Rosa Eugenia Prieto se pregunta: “¿Es ético que tengamos a los animales en menos de un metro cuadrado? Ni se tumban los pobrecitos”. En su opinión, “por pura lógica, un animal que no se mueve no puede estar bien desarrollado, es grasa blanca que entra ahí a espuertas. No es ético que esté en ese espacio sin que se pueda mover para que estén engordando”.

El tipo de alimentación, la limitación de la socialización de los animales entre ellos o el abuso de antibióticos —“en España más del 80% no se usan para curar personas, sino de forma preventiva para el ganado de consumo humano”, recuerda Marcellesi— son otras de las críticas y debates pendientes sobre una población de cerdos que no para de aumentar. “Antes los cerdos para matanza en los pueblos estaban un año para crecer, ahora los envían a matadero a los 125 días, tiempo en el que ganan el peso que deberían ganar en un año”, apunta Prieto. “Si quieres que engorden a esa velocidad tienes que ir al intensivo, pero podrías producir animales de otra forma, en extensivo, algo que ayudaría además a limpiar muchas hectáreas de monte que si no se limpian hay que hacerlo luego para que no ardan en verano”. 

Mientras los debates éticos, ecológicos, animalistas y económicos continúan en torno a la proliferación de granjas porcinas industriales en las zonas más despobladas de la península, el movimiento de contestación contra estas explotaciones crece. La última demostración de fuerza se vivió este jueves 31 de mayo en Talavera de la Reina (Toledo), donde la plataforma castellanomanchega CLM Stop Macrogranjas consiguió movilizar a cientos de personas para exigir una moratoria regional que frene la instalación de nuevas explotaciones. La guerra porcina va para largo.