Ecuador
Ecuador: una ‘guerra interna’ sembrada de dudas

El 8 de enero el gobierno decretaba un nuevo estado de excepción y al día siguiente asumía un estado de ‘conflicto armado interno’ (Decretos 110 y 111). Si la primera condición permite la movilización de las Fuerzas Armadas que junto con la Policía pueden hacer ‘uso excepcional de la fuerza’, y la suspensión de varios derechos constitucionales, el ‘conflicto armado interno’ va mucho más lejos: supone reconocer que hay dos bandos o grupos armados actuando en el territorio, una situación de guerra en la que el Estado enfrenta a lo que se ha llamado el ‘terrorismo’. Esto deja abiertas las condiciones de excepción prácticamente sin límites.

 Las interrogantes inmediatas caían por su propio peso. La principal: si las Fuerzas Armadas y la Policía están infiltradas por el crimen organizado ¿cómo es posible que actúen de modo confiable en defensa del Estado? Siendo así, otorgar poderes plenos e inmunidad a estos cuerpos ¿no supondrá extender y blindar la arbitrariedad de sus acciones, usando la figura de terrorismo para acusar a quien quiera, para crear escenarios de ‘falsos positivos’ o similares? Los casos de Colombia y México tienen mucho que decir al respecto.

 El decreto menciona la existencia de 22 grupos de crimen organizado, bandas locales en su mayoría asociadas a carteles internacionales. Oficialmente se estima en 20.000 el número de integrantes de esos grupos, otras estimaciones duplican esa cifra. Este gran crecimiento reciente de bandas del crimen organizado obedece a varios factores, siendo fundamental el desmantelamiento de las políticas de seguridad en el marco del debilitamiento del Estado y lo público, justo cuando más se necesitaba fortalecerlos. Ecuador ha estado constantemente expuesto al influjo del narcotráfico dada su ubicación entre dos grandes productores de cocaína, como son Colombia y Perú. La reconfiguración global de rutas de ese negocio, y los Acuerdos de Paz en Colombia han supuesto presiones adicionales para el uso del territorio ecuatoriano, de sus costas y sus puertos.

La mira puesta en los delincuentes comunes, hoy terroristas, ¿deja a un lado a los delincuentes de cuello blanco que hacen parte de la misma ‘cadena de valor’? Se han expresado ya preocupaciones sobre el riesgo de criminalización de la pobreza, de persecución selectiva a quienes se ubican en el eslabón más numeroso y débil de esa cadena.

Así también, si por obra de la dolarización y la desregulación neoliberal, el lavado de activos atraviesa la economía nacional, su presencia es evidente en el sector financiero y en toda clase de empresas y negocios, ¿cómo separar esos intereses ilícitos de los aparentemente lícitos con los que se mezclan?

La declaración de ‘guerra interna’ ha concitado el apoyo de la mayoría de sectores políticos y fuerzas sociales. Algo necesario para un presidente que ganó elecciones de modo sorpresivo y que ha conformado un gobierno de perfil empresarial, sin experiencia, comprensión ni compromiso con lo público. Baste un ejemplo para ilustrar: la ministra del interior, abogada mexicana nacionalizada en diciembre último, ha declarado su desconocimiento del área de seguridad y ha proclamado su desafío ‘personal’ de conseguir donaciones de las empresas para cubrir la alimentación de la Policía, entidad que soporta recortes presupuestarios que la debilitan y crean condiciones para dinámicas de corrupción.

La Revolución Ciudadana, confirmada como primera fuerza política a pesar de la persecución y el acoso que ha soportado desde hace siete años, también ha expresado su apoyo al gobierno. Un apoyo que, tras igual cantidad de años de haber resistido en solitario a la agenda neoliberal, con varios logros legislativos que incluyen la salida anticipada del ex presiente Lasso, ahora supone su anuencia a la aprobación de leyes económicas urgentes, impulsadas por el ejecutivo, que salen de su línea anti neoliberal. Quizá una señal de cómo opera el shock, la siembra de caos y miedo como componente o requisito de la imposición de un modelo económico de saqueo y destrucción.

El giro que ha dado el país en estos años hacia la primacía de lo que se considera irregular e ilícito, evidencia que no se trata de fenómenos externos o marginales al sistema, sino que están en su médula, recorren el globo en esta fase de un capitalismo cruel que destroza la vida. Nos muestra que la violencia y la destrucción no son efectos colaterales de las agendas económicas neoliberales, sino una condición para implantarlas.

Es en esa clave que ha operado el ataque a la Revolución Ciudadana (RC) y a su obra política, social y material. No se trata solo de destruir a un líder o a una fuerza política, sino a un proyecto de transformación viable, que había recorrido un trecho con resultados históricos para el pueblo. El empeño de persecución y aniquilación ha sido prioridad en las agendas de gobierno y de la política en estos años y no ha escatimado recursos. Persecución política, judicial, noticias y narrativas falsas, tramas de traición, atentados y hasta asesinatos. Han sido asesinados varios líderes y candidatos de ese movimiento y, en el colmo de la perversidad, llegaron a asesinar a un incómodo candidato de la derecha para acusar de modo infame a la RC e impedir su ganancia inminente en las últimas elecciones.

Esa línea de ataque y destrucción no se ha desactivado, pero se ha configurado un escenario en que lo imperativo es ‘salvar al país’, en que la ‘unidad nacional’ es requisito para frenar el dominio de las mafias. Se marca una inflexión que desplaza otros debates y torna aceptables medidas previamente anunciadas que no parecían tener asegurada su aprobación. Así, acaba de aprobarse una Ley de Competitividad Energética, y se ha presentado el proyecto de Ley Orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, que entre otras cosas incluye un incremento de tres puntos en el IVA. Al mismo tiempo, se adelanta la presencia de ‘ayuda’ militar y de seguridad de Estados Unidos, en aplicación de acuerdos previamente avanzados por Lasso.

Al parecer que haya algún plan es mejor a que no haya ninguno. Gran desafío el de procurar que estos pasos lleven a una salida y no al cierre de horizontes.