Represión
Vuelve la lucha por la Amnistía

Febrero del 76, miles de personas se movilizan por la amnistía en la ciudad de Barcelona. 23 de enero del 77, un comando ultraderechista asesina al joven Arturo Ruiz en una manifestación pro amnistía y las movilizaciones en repulsa se extienden por la capital. Mayo del 77, la semana pro amnistía convocada en el País Vasco se convierte en escenario de batallas campales y siete manifestantes son asesinados por la policía…

Cualquier vistazo a las hemerotecas en los convulsos años de la Transición nos muestra un escenario de amplísimas movilizaciones en pro de la amnistía y las libertades, que constituyen, sin duda, la principal reivindicación política de un amplio movimiento popular contra la dictadura. Un movimiento que a la hora de hacer frente a la represión no distinguió entre las ideologías, organizaciones o métodos de los distintos represaliados, que se mostró verdaderamente unitario, solidario y combativo, centrado en las personas presas por su lucha y no en estrechos intereses partidistas.

A la altura de la década de los 80, sin embargo, la lucha por la amnistía total desaparece de las calles, con la salvedad de un País Vasco, que no traga con la reforma, y de grupos muy pequeños de solidarios que con mucho esfuerzo y constante acoso policial, mantienen viva la denuncia de la auténtica faz del neofranquismo reformado. ¿Por qué se produjo este receso tan drástico en la presencia pública de una reivindicación que estuvo entre las más sentidas para todos los antifascistas?

A la altura de la década de los 80, sin embargo, la lucha por la amnistía total desaparece de las calles

Una primera explicación podría encontrarse en los cambios que acontecieron en España, por los que se produce la supuesta conversión de nuestro país en una democracia homologable a las europeas. Con la falsa amnistía del 77 y la aprobación de la constitución del 78 se acabarían los motivos para continuar sosteniendo la reivindicación de la amnistía, pues aquellos que quedaban en las cárceles o que irían entrando en los años sucesivos no eran sino terroristas, desprovistos de todo carácter político, y ello pese a la aplicación de las más duras medidas de excepcionalidad penitenciaria, el bochornoso montaje de los juicios de una Audiencia Nacional plagaba de jueces fascistas o la práctica sistemática de la criminal tortura que siguió en manos de los sectores más nazis de la BPS, como un Roberto Conesa ascendido a puestos de mando en la nueva y flamante democracia. De vez en cuando, la muerte de algún militante en comisaria o el salvajismo policial frente a los conatos de lucha independiente obligaban a la izquierda oficial y legal a poner algún pero a la situación de las libertades en España,  que eran sin embargo explicados solo como pequeños residuos de un franquismo sociológico.

Hoy sabemos que el relato construido a izquierdas y derechas sobre la Transición española y el régimen monárquico distaba mucho de la realidad. Los sucesivos gobiernos de la UCD y el PSOE no tuvieron reparos en poner en marcha grupos paramilitares para el asesinato de ciudadanos dentro y fuera de las fronteras españolas. La libertad expresión, con rango constitucional, topaba con límites claros en la crítica a la monarquía cleptómana y degenerada, en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o hasta en la Iglesia Católica. Fuera de los cauces controlados por el tándem CCOO-UGT no hubo lucha laboral, social, anti-OTAN, de la insumisión o de los okupas que no sufriera los zarpazos del Estado. Y las renovadas brigadas de información de la Policía Nacional y la Guardia Civil sustituirían a los sociales en la vigilancia sobre el rojerío y demás disidencia.

Fuera de los cauces controlados por el tándem CCOO-UGT no hubo lucha laboral, social, anti-OTAN, de la insumisión o de los okupas que no sufriera los zarpazos del Estado

La llegada de los aznaristas al gobierno empezó a clarificar las cosas. Del carácter sucio de la represión pesoísta, desarrollada a golpe de montajes y cloacas, se pasa a la legalización de la persecución por motivos políticos con una batería legislativa en la que destaca la Ley de partidos que desata los encarcelamientos de independentistas vascos, comunistas, periodistas críticos, abogados y otros antifascistas bajo el pretexto de pertenencia a banda armada, pese a que las únicas armas utilizadas fueran las de la palabra, la pluma o la movilización callejera. Todavía eran muchos los que sabiendo, callaban, pues en última instancia los golpes los seguían recibiendo los mismos de siempre, pero un cierto temor a que la red de la represión les tocará se empezaba a extender. Ya saben el dicho, cuando las barbas de tu vecino veas pelar…

El inicio de la crisis económica y la aparición del 15-M terminó de poner sobre la mesa la auténtica cara de la represión del Estado. No porque esta aumentará en su intensidad sino en su extensión, tocando de nuevo, como no se veía en cuarenta años, a personas que no provenían de círculos politizados y en un contexto en el que, para más inri, las organizaciones armadas habían cesado su actividad. El símbolo de este cambio en la cantidad de represaliados lo encontramos en la célebre Ley Mordaza, que no se dirige a la persecución de aquellas personas integradas en organizaciones subversivas sino de todo aquel que presente la más mínima oposición en acciones tan tenues como la asistencia a una concentración. La solución ultramontana del régimen frente a la cuestión catalana y los procesos judiciales contra twitteros y artistas no han hecho sino extender a nivel internacional la visión de una España dictatorial y heredera del franquismo, empezando por nuestros vecinos europeos, cada vez más escandalizados por los esperpentos protagonizados por la judicatura hispana representada por auténticos garrulos como el inefable Llarena.

El símbolo de este cambio en la cantidad de represaliados lo encontramos en la célebre Ley Mordaza, que no se dirige a la persecución de aquellas personas integradas en organizaciones subversivas sino de todo aquel que presente la más mínima oposición

La toma de conciencia sobre la represión que muchos experimentamos desde 2011 no pudo tener sino un carácter parcial, en bruto, lleno de confusión, en el que las causas profundas de la dinámica represiva que nos cercaba eran vistas en las manifestaciones más superficiales como la propia Ley Mordaza. Ciertas iniciativas como la llamada Amnistía Social incrementaron esta confusión toda vez que pretendían alejar a los viejos represaliados de los nuevos y blanquear las décadas anteriores de fraude democrático, como si el problema de las libertades políticas comenzará con Mariano Rajoy.

Extremadura no fue ajena a estos procesos de represión-reacción. Campamentos Dignidad sufrió un permanente hostigamiento por su honesta pelea por los derechos más elementales de la clase trabajadora, que ha tenido su cénit en la reciente confirmación de una sentencia a más de 11.000 euros de multa. Compañeros del movimiento estudiantil se han situado a un pie de la prisión, con múltiples detenciones a sus espaldas. Los centros sociales se han visto acosados, la Guardia Civil ha tomado localidades para identificar a asistentes a charlas, se han denegado permisos de manifestaciones y constatado la existencia de listas negras de activistas.

Extremadura no fue ajena a estos procesos de represión-reacción

Hemos de reconocer que la respuesta a esta represión ha resultado insuficiente. Cada colectivo o grupo ha afrontado como buenamente podía el apoyo a sus represaliados, sin que en ello faltarán algunas notas de sectarismo. Más de uno se ha quedado literalmente tirado, teniendo que afrontar de su bolsillo las multas y abogados y sacando de sus propias fuerzas la moral para salir adelante. Ha faltado, especialmente, la capacidad para sacar a la calle una lucha por la amnistía que englobe al conjunto de casos de represaliados, tanto de Extremadura como del resto del Estado, dando una perspectiva política al movimiento antirrepresivo.

El próximo 20 de octubre se celebrará en Madrid una manifestación por la Amnistía Total que nos recuerda a las movilizaciones de hace cuarenta años con las que iniciamos el artículo. Los compañeros madrileños aportan aquí una lección de buen hacer, superando diferencias en torno a un objetivo común clave en la conquista de una auténtica democracia.

Al día siguiente, se celebrará en el Foro de los Balbos de Cáceres una asamblea que puede constituir un primer esbozo de esa unidad antirrepresiva que necesitamos y en la que se viene avanzando en otros puntos del Estado. Es hora de que todos aquellos que nos sintamos comprometidos con la clase trabajadora, con las causas justas, con las auténticas libertades, demos pasos al frente valientes y recuperemos un hilo rojo que perdimos con la “democracia” a base de tragar y callar.