Represión
Declaran dos activistas medioambientales acusadas de “organización criminal”

“Desde que empezó la investigación, el acoso y la persecución en nuestras vidas cotidianas ha sido un continuo”, explica a El Salto una de las imputadas, Nunu Sala, que denuncia represión del movimiento ecologista ante la investigación que se inició en diciembre de 2023 y que ha dado un nuevo paso al llamar a citar a las implicadas en un tribunal madrileño. “La policía nos ha seguido por las calles, cerrado cuentas bancarias, intervenido nuestros móviles, nos han ido a buscar a casa”, explica sobre la llamada a comparecer ante la Justicia de los imputados. “Sabemos —continúa— que la protesta implica enfrentarse a la prisión o multas desproporcionadas, pero genera ansiedad, que se une a la angustia climática que tenemos muy presente”.

En concreto, el Juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid ha sido el escenario de las declaraciones a raíz de un informe de la Brigada de Información de Madrid. Ese documento afirma que acciones como “protestar desnudas y bañadas en líquido rojo” en un supermercado o bañarse “desnudas en la fuente de los jardines del Palacio Real” son acciones constitutivas de delitos como desórdenes públicos, daños contra el patrimonio e incluso de organización criminal.

Como resultado de este informe, se detuvo a 26 integrantes del colectivo ecologista, 22 de ellos en Madrid. De esos, se ha llamado a nueve a declarar y posteriormente esta cifra se ha reducido a cuatro, aunque solo dos han acudido al tribunal este martes. Se trata de un contratiempo que Nunu Sala lamenta: “Tantos nervios y reuniones para preparar todo con los abogados, repercute sobre todo en nuestra salud mental. Y es que nos han advertido que esto puede alargarse hasta ocho años. Estamos agotadas”.

La acusación de organización criminal sirve para que otros movimientos se lo piensen mejor antes de hacer protesta no violenta más vistosa para la prensa”, denuncia Victòria Domingo

Victòria Domingo, portavoz de Futuro Vegetal, ha confirmado a El Salto que las personas citadas sólo han respondido a preguntas de sus abogados. “Darán otra fecha para las que faltan por declarar, pero de momento no se sabe cuándo”, explica a este medio. Una situación que dilata más en el tiempo un proceso que afecta a la implicadas pero también al resto de personas activistas.

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El colectivo ecologista Futuro Vegetal se cuela en la mansión de Messi en Ibiza para denunciar “el continuismo por parte del Gobierno en las políticas que agravan la crisis climática, así como la desigual responsabilidad en la misma”.

“Para el colectivo —continúa Domingo— supone un efecto de desgaste por el tiempo y los recursos que se destinan a estas causas y de desilusión en el proyecto. Personalmente, una imputación así supone poner tu vida en el congelador, ya que toda gira en torno a la causa o causas abiertas. Por ejemplo, si quieres empezar una nueva carrera, tener un hijo o pensar en quién cuidará a las personas dependientes a tu cargo. Tener esta causa abierta está siendo duro para muchas de las personas imputadas y a veces necesitan apoyo psicológico”.

Represión contra los movimientos sociales

“En general, no solo por el movimiento ecologista, sino por todos los movimientos sociales, la acusación de organización criminal supone una criminalización de las personas activistas y se está vulnerando claramente el derecho a la protesta”, señala Domingo, quien añade: “Sirve para que otros movimientos se lo piensen mejor antes de hacer protesta no violenta más vistosa para la prensa”.

Igual que la portavoz de Futuro Vegetal opinan muchos rostros conocidos que se han unido a la campaña en apoyo de los activistas medioambientales. Desde la plataforma ‘Absolución caso Spora’, donde se han agrupado quince de las imputadas y personas que les apoyan, piden el archivo de la causa. . “Nuestra manera de protestar es con la desobediencia civil no violenta. Se h. En él se solidarizan con otros grupos que consideran también perseguidos por la represión extendida.

“Nuestra manera de protestar es con la desobediencia civil no violenta. Se ha hecho siempre, desde Gandhi hasta Rosa Park. Funciona y ha conseguido grandes cambios”, explican desde la plataforma

“Una de las razones de esta investigación y criminalización de la protesta ha sido por el aumento de la ultraderecha, con su negacionismo, que ha hecho que haya una política del miedo”, indica Sala. La activista expone que “las acciones de Futuro Vegetal y otros movimientos ecologistas han escalado, se han hecho acciones muy mediáticas, con mucho sacrificio de las activistas, y eso ha desatado la alarma”. “Por eso se han visto penas muy altas en compañeras de Rebelión Científica o con el caso sindical de las Seis de la Suiza. Se quiere romper el statu quo de alguna manera y al acercarnos a hacerlo han tenido que aumentar la represión”, indica la implicada.

Para esta parte de las implicadas, “llamarnos organización criminal tiene mucho que ver con que han aprovechado un conflicto interno para atribuirnos esta denominación”. En concreto, el rechazo del grupo Futuro Vegetal de parte de la militancia por denuncias de malversación de fondos. “Nos hemos autoorganizado y nos defendemos con Red Jurídica”, explica Nunu, quien reconoce que “este proceso represivo nos ha quitado tanto energía que a muchos nos han quitado las ganas de hacer activismo”.

Tanto Nunu como las demás implicadas miran con esperanza la anunciada modificación de la Ley Mordaza

Además de esta actuación, se unen otras muchas causas sobre sus acciones. Denuncias que han supuesto para las arcas del movimiento casi 6.000 euros en limpieza. Y es que mientras que la autoridad señala daños en el patrimonio, los activistas recuerdan que la pintura de sus acciones es acuarela infantil que se quita fácilmente. También citan la acción de protesta en la que dos activistas se pegaron las manos en el Congreso de los Diputados alrededor de uno de los leones, pero —remarcan— evitando que las esculturas se mancharan de pegamento, al contrario que lo que indica el informe.

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Los nuevos movimientos ecologistas llevan tiempo siendo objeto de vigilancia y criminalización por parte de los cuerpos de seguridad del estado y la judicatura.

“Nunca queremos delinquir, ni hacer daño a los edificios, por eso pagamos sí o sí los costes de su limpieza”, apuntan desde la plataforma. Para pagar estos costes y otros gastos a los que se enfrentan, las implicadas han puesto en marcha una campaña de ayuda. “Nuestra manera de protestar es con la desobediencia civil no violenta. Se ha hecho siempre, desde Gandhi hasta Rosa Park. Funciona y ha conseguido grandes cambios, nos legitima para actuar así ante una amenaza real y que se conoce desde hace 50 años al menos”, explican.

Tanto Nunu como las demás implicadas miran con esperanza la anunciada modificación de la Ley Mordaza, que supondría una bajada considerable de las penas que podrían aplicarles por sus acciones donde piden justicia climática y respuesta a un cambio climático cada vez más evidente.