Precariedad laboral
“El ERTE sirve para que el jefe abuse de mi situación de precariedad”

“Primero quiso deshacerse de mí, luego me culpó de que la tramitación del ERTE le había supuesto 500 euros. Ahora pretende que dimita, yéndome sin opción a cobrar una prestación por desempleo, o me quede en la empresa con una reducción de jornada de 30 a 8 horas aún habiendo recuperado su actividad”, explica Silvia Agirretxe, una trabajadora que, tras el estallido de la pandemia, ha visto cómo su jefe se apresura a hacer un uso indebido de la principal herramienta utilizada por el Gobierno español contra el desempleo. “El ERTE sirve ahora para que el jefe abuse de mi situación de precariedad e incertidumbre laboral”, argumenta la afectada.

Agirretxe trabaja en una empresa de menos de diez empleados, es decir, una pequeña empresa, una micropyme. Se encarga de la recepción, la agenda y algunas tareas de la secretaría de una clínica podológica de Bizkaia. Actualmente, como ella misma afirma, está sufriendo la degeneración del ERTE como herramienta contra el desempleo: “Cuando llegó la pandemia no cabía otra opción: de 30 horas semanales a 8 horas semanales. 200 euros de mierda. Lo entendía todo. Ahora, como llevo la agenda de pacientes de la clínica, he observado la vuelta a la normalidad de la actividad. Entre 14 y 20 pacientes todos los días. Sin embargo, yo sigo en ERTE”.

ERE, ERTE e inspección saturada

A diferencia de un ERE (desvinculación definitiva), el ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) considera que el trabajador o trabajadora ha frenado su actividad a causa de un descenso en la producción o servicio de la empresa. Es una medida, en principio, pensada para ser temporal y que permite evitar enviar al paro a miles y miles de empleados. En España llegamos a tener 3.386.785 de trabajadores afectados durante los peores meses de la pandemia de la covid-19. Se calcula que en Euskadi, unas 200.000 personas se han visto afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo por causa de la pandemia.

“Una treintena de inspectores de trabajo supervisan a casi 500.000 trabajadores y trabajadoras”

Para Endika Alabort, de la CNT, el ERTE es un procedimiento que las empresas deben usar de forma “puntual” y no para una situación  “estructural”. Sin embargo,  “hay corporaciones que vienen usándolo como una herramienta más de recursos humanos. Sobre todo en el sector industrial, para planificar la producción”, añade. Si sumamos los expedientes de regulación temporal por fuerza mayor (ahora, la pandemia) y los expedientes de regulación temporal usados con normalidad, la cifra es aún mayor de esos 200.000 expedientes que se han podido tramitar desde marzo de 2020. El problema: la Inspección de Trabajo no da abasto. 

En Euskadi, alrededor de una treintena de inspectores de trabajo supervisan a casi 500.000 trabajadores y trabajadoras. Por territorios, en Bizkaia hay un inspector por cada  29.437 empleados, en Gipuzkoa son 33.666 y en Araba hay un encargado de la inspección por cada 23.633 empleados. Son datos de la Asociación de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social del País Vasco (ADI). 

El 14 de marzo, con el estado de alarma, llegó también el cese de toda actividad no esencial y el confinamiento domiciliario. “Todo el empeño de mi jefe con el estallido de la pandemia era que yo dejase la empresa, pactar un despido”, explica Silvia Agirretxe. En mayo empezó el ‘desconfinamiento’ progresivo y algunas empresas volvieron a colocar el cartel de ‘abierto’. Esta pequeña clínica también.

Amenaza de despido

“Siguió presente la amenaza de despido”, denuncia la afectada. Entonces, el Gobierno de España registró la posible “exoneración” a las empresas del pago del 100 % de la aportación empresarial a la Seguridad Social para empresas de menos de 50 trabajadores. Y el Boletín Oficial del Estado añadía, además, la puntilla: “Siempre que éstas (las empresas) se comprometan a mantener el empleo”.  Es por eso que Silvia Agirretxe no fue despedida. 

Con el ‘desconfinamiento’, el empresario hizo firmar a esta empleada una reducción de su jornada a 8 horas semanales. “O firmaba esta reducción o me despedía. Le avisé de que aquello era ilegal en ese momento. Era una amenaza por su parte. Firmé la reducción”, cuenta Agirretxe, que añade: “Me decía que la tramitación de ERTE costaba 500 euros, que tenía muchos gastos acumulados, y me lo reprochaba todos los días”. Sin embargo, la tramitación del expediente de regulación temporal de empleo es gratuita, gobierno autonómico mediante, a través del SEPE. Tramitarlo a través de un equipo de abogados puede oscilar entre los 200 y los 600 euros. El ERTE como tal no supone un gasto. De cualquiera de las maneras, esta formalización siempre está sujeta a la empresa, nunca a los empleados. “Estoy convencida de que no soy la única que está sufriendo este hostigamiento a raíz del mal uso del ERTE. Mal uso, quizá legal, pero injusto”, reconoce Silvia Agirretxe.

"¿Cómo pago mis facturas con una nómina de 8 horas semanales?”

Poco a poco, la población ha ido recuperando una normalidad relativa y los negocios se han ido revitalizando en la medida de sus posibilidades. “Una clínica podológica es como una clínica dental, la gente no puede dejar de ir. Es esencial para la salud. La gente está llenando la agenda”, aclara la recepcionista afectada. Pese a esto, no ha recuperado su contrato de 30 horas, aunque, como ella misma afirma, se lo había “prometido” su jefe: “Me dijo que había tenido muchas pérdidas en marzo y febrero, que aguantara la reducción de horas. Pero, ¿cómo pago mis facturas con una nómina de 8 horas semanales?”.

Lo primero, mi empresa

La trabajadora propuso a la empresa que se hiciera cargo de sus gastos en transporte. El salario por las 32 horas mensuales (8 horas por semana) era de 200 euros y solamente el desplazamiento le suponía un cuarto del mismo, cerca de 50 euros. “Le expuse mi situación a mi jefe y me dijo lo siguiente: ‘No es mi problema, yo miro por mi empresa, además mi hija se educa en una de las mejores escuelas de Bizkaia, pago un alquiler elevado y tu ERTE me costó 500 euros. No puedo ayudarte”. De nuevo, el empresario insiste en culpabilizar a la empleada. “En un principio también me aseguró que si encontraba otro puesto en otra empresa facilitaría mi cambio de horario de tarde a mañana para conciliar ambos. Ahora que he encontrado otro trabajo, me dice que es imposible y que dimita”, espeta Silvia Agirretxe, indignada.

Si la empleada dimite, si se autodespide, se quedaría sin opción a prestación por desempleo. “Ni siquiera le he pedido una indemnización final, una liquidación, un finiquito. Simplemente que me despida para poder acceder a una posible prestación por desempleo. Y se ha negado. Quiere mantenerme en plantilla porque de lo contrario perdería las ayudas otorgadas por las administraciones públicas”, puntualiza la damnificada.

Mobbing en la pequeña empresa

Según un estudio de la Asociación de Acoso Psicológico y Moral en el Trabajo, un 15% de las trabajadoras y los trabajadores españoles sufre o ha sufrido mobbing o acoso laboral con el objetivo de que abandone la empresa. Actualmente, el entorno laboral de la empleada de esta denuncia es insano y abusivo. “Desde la vuelta, sabiendo que su idea desde el inicio es que dimita, ha empezado a culparme del deterioro del material y la ruptura de herramientas que yo ni toco. La situación ha llegado hasta tal punto que recibo reprimendas a diario. Me abronca para que abandone. Una de las últimas veces hasta me ha reprochado que no sé escurrir una fregona”, explica la trabajadora afectada. “Quiere que esté a disgusto, que me vaya”, concluye Silvia Agirretxe.

“Moverte sindicalmente en una micropyme hace que acabes en la calle. Además, en las pequeñas empresas no hay esa cultura sindical”, explica Endika Alabort. Otro hándicap a la hora de luchar por derechos laborales. “Los ERTE que afectan a micropymes hacen, aún, más vulnerables a los trabajadores y las trabajadoras empleadas”, sentencia Endika Alabort desde la CNT.