Política
El PSOE apunta a los Presupuestos para recomponer la mayoría progresista y Sumar se queda sin oxígeno

Parecía un espejismo pero finalmente se llegó a destino: habemus renovación del Consejo General del Poder Judicial. Sin transformaciones profundas, sin avanzar en la prevención y reparación del lawfare, ni cambios para evitar un nuevo futuro bloqueo. Pero el Gobierno ha conseguido el desbloqueo y algunas modificaciones cosméticas en la elegibilidad de los vocales de la mano de su enemigo favorito y más entrañable: el Partido Popular.

El calor del verano ya incendia buena parte de la península y con él arriba el ocaso del ciclo político 2023-2024. En uno de los últimos plenos, extraordinarios de hecho, el bipartidismo ha mostrado su músculo y tuvo la mayoría de tres quintos necesaria para renovar las autoridades del gobierno de la judicatura, sin permitir enmiendas ni modificaciones por parte de los aliados.

La frontera entre las derechas judicial y política se diluye: el CGPJ se posiciona contra la amnistía

Redacción El Salto

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Consejo General del Poder Judicial

XV Legislatura La frontera entre las derechas judicial y política se diluye: el CGPJ se posiciona contra la amnistía

Redacción El Salto

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A pesar de la oposición de los vocales progresistas del Poder Judicial, el ala conservadora ha conseguido aprobar un comunicado institucional sin precedentes a pocos días de la investidura. Las fuerzas de izquierda lo tildan de “inaceptable”.

Técnicamente hablando, el Congreso puso en marcha el trámite parlamentario este jueves. A la admisión a trámite le seguirá la semana entrante el debate de la enmienda a la totalidad planteada por Vox (únicos que lo han hecho, quizás para aprovechar el desgaste todo lo posible contra el partido alfa conservador). Luego vendrá la aprobación final y el envío de la proposición al Senado.

Pero el pleno ha dejado un recuerdo poco feliz para la mayoría de investidura: solo Coalición Canaria ha acompañado a los socialistas en la votación. Todos los demás que han dado el voto de confianza a Pedro Sánchez han votado en contra (Podemos, Junts y Bloque Nacionalista Galego), se han abstenido (Sumar y PNV) o han elegido no emitir su voto (Esquerra Republicana y EH Bildu).

Aquí no ha pasado nada

Los discursos escuchados en el hemiciclo este jueves eran de decepción y rabia. Ni las bancadas ‘popular’ y socialista parecían haberse puesto de acuerdo, las pullas no pararon de volar entre ellos. Pero para quienes desean una legislatura de sesgo progresista, el momento es preocupante.

“Creo que lo de Podemos y la acusación de que ahora empieza una ‘gran coalición’ es una exageración. Esto es algo muy puntual y habrá que seguir discutiendo las leyes que vengan con nosotros”, comentaba a El Salto un diputado de una de las formaciones soberanistas. Se refería al mantra repetido una y mil veces por las líderes moradas en los últimos días, sobre que ahora empieza “otra legislatura” y que Sánchez ha elegido otro socio de Gobierno.

Si bien esto puede sonar en exceso dramático (y electoralista), sí es innegable que el PSOE ha resignado dar batallas de mayor calado, ha optado por la opción bipartidista y, para más inri, ha tenido unas formas poco delicadas. Sumar ha dicho delante y detrás de las cámaras que se fueron enterando por los medios de buena parte de las cosas. Incluso algunos legisladores dan a entender que los dos vocales dentro de la decena progresista ni siquiera representan fidedignamente al grupo.

Algo que fuentes de Izquierda Unida aseguran que no es así y aseguran que la fiscal Inés Herreros y el juez Carlos Preciado Domènech han sido parte de la negociación que llevó adelante, entre otros, Enrique Santiago, portavoz de Sumar en asuntos jurídicos.

Sea como fuere, la grieta interna ha vuelto a sentirse, esta vez provocada por la actitud del PSOE, socio mayoritario del Gobierno y que es conocido por no cuidar a su aliado menor tan bien como podría. El día anterior al pleno, de hecho, hubo un fuerte debate interno del grupo confederal en la víspera del pleno sobre el CGPJ.

El debate finalmente se zanjó a favor de una posición intermedia, que fue la de abstenerse, permitiéndose hacer críticas abiertas al PSOE al respecto en los medios

En esa discusión, El Salto pudo confirmar en base a varias fuentes que estuvieron presentes que hubo al menos cuatro diputados que expresaron su deseo de votar en contra de la proposición de los socialistas (entre ellos, los dos de Compromís y el de Chunta Aragonesista). Otro sector estaba a favor de la abstención y, sorpresivamente, algunos diputados de Movimiento Sumar querían que se aprobara sin reproches lo que enviaba Sánchez.

El debate finalmente se zanjó a favor de una posición intermedia, que fue la de abstenerse, permitiéndose hacer críticas abiertas al PSOE al respecto en los medios (algo que era común en los tiempos de Unidas Podemos pero que Sumar intenta dosificar) y con una vehemente defensa de Enrique Santiago en el estrado sobre los cambios más profundos que son necesarios.

“El acuerdo sobre la abstención fue total. Pero bastante cabreo. Hay poco optimismo de lo que vendrá”, respondía en los pasillos de las Cortes un miembro del grupo de una de las provincias mediterráneas. El objetivo táctico de Sumar ahora es avanzar en que haya reformas de mayor calado en cuanto a la judicatura y el ‘lawfare’. Uno de lo caballos de batalla que intentarán esgrimir con más contundencia es la democratización del ingreso a la carrera judicial, algo en lo que el propio Santiago insiste hace tiempo.

¿Y el PSOE? Bien, gracias. Cuatro fuentes consultadas por El Salto, altos cargos del partido o miembros de la Ejecutiva, le quitaron el hierro a las quejas explícitas de Sumar y de los aliados soberanistas y no ven en marcha ningún gesto de reconciliación para los socios de investidura.

Uno de los estrategas de Ferraz opinaba al respecto: “Nosotros salimos más que reforzados, es un acuerdo que a la legislatura le da tracción y que por fin hace hincar la rodilla al PP sobre este tema”. Con respecto a Sumar, opina que “en el gobierno progresista no hay ningún problema y todos los asuntos están engrasados”. Sobre los discursos del jueves, cree que “todos los partidos buscan en algún momento perfil propio”.

Igualmente, en cuanto a recomponer con los aliados parlamentarios, señala sugerente: “próxima parada, los presupuestos”. Un diputado socialista iba en el mismo sentido: “Las quejas son normales. Con ellos los pactos son prioridad y se verá en los presupuestos”.

Pero la mayoría de investidura es plurinacional y no reaccionaria, pero no es de izquierdas. En ella hay tres partidos de centroderecha, como PNV, Junts y Coalición Canaria, y sin los dos primeros no hay ninguna ley posible, salvo que se busque el favor del PP. Por eso es que las leyes que no van en rumbo de más distribución de la riqueza pero sí en regeneración democrática cobran un valor simbólico mucho mayor en esta legislatura.

Allí están puestos los ojos de los socios: en el pleno extraordinario del 17 de julio comparecerá Sánchez para presentar un plan para mejorar la calidad democrática y combatir los bulos, las fake news y el ‘lawfare’. O al menos eso parece. Ningún diputado socialista ni de sus aliados tiene idea de lo que el presidente del Gobierno informará. Solo se sabe que habrá una medida para establecer un máximo en la financiación pública de los medios y cambios en la publicidad institucional.

La jaula de Díaz

Frente a este escenario, en el que Sánchez parece tener iniciativa democratizadora (aunque en los hechos concretos las cosas avanzan poco y nada), Sumar está entre la espada y la pared. Especialmente su líder, Yolanda Díaz.

Porque si bien los otros aliados también deben explicar ante su electorado el mantener el voto de confianza a Sánchez, el contrato con sus votantes es de mayor densidad porque sopesa una cuestión identitaria en una ecuación en la que siempre está el ogro del nacionalismo español conservador, más poderoso en recursos políticos, judiciales, económicos y mediáticos. Ni EH Bildu, ni ERC ni BNG, además, están sentados en el Consejo de Ministros y eso les otorga mayor autonomía.

Pero no es el caso de Sumar, especialmente el sector más enrocado entorno a la vicepresidenta. Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los 'comuns' necesitan poder mostrar la utilidad de aceptar entrar en el Gobierno y que se elija su papeleta en las generales. El pleno sobre el CGPJ ha vuelto a poner sobre la mesa lo amargo que puede ser el trago en la barra del PSOE.

En este marco, la aritmética parlamentaria hace más difícil a Sumar poder exhibir conquistas que tengan que ver con la distribución de la riqueza y la justicia social. La principal promesa de campaña, que es la disminución de la jornada laboral sin reducción salarial, probablemente haya entrado en un laberinto sin salida. “Nunca se aprobará, no al menos en esta legisladora o no como lo plantean. Es imposible y simplemente lo es por Junts. Nunca lo va a permitir, son los representantes de la patronal catalana. El PNV podría votar a favor, si sabe que no se aprueba. Pero Junts, jamás”, explica con crudeza a El Salto una fuente parlamentaria de un partido a la izquierda del PSOE.

Ante el cerrojo que es la mayoría de investidura hay quienes recuerdan la vieja idea que se comentaba en octubre del año pasado, cuando se debatía la composición del Consejo de Ministros: “Yolanda debería haber sido una vicepresidenta política, ocupada en consolidar el liderazgo y en el desarrollo territorial, pero no estar en Trabajo, porque en esta legislatura los números no permiten grandes cosas”.

Es que en un país en el que la industria es solamente el 11% del PIB, la reducción de la jornada no es un sapo fácil de tragar para quienes basan su riqueza en la compra de la fuerza de trabajo

Díaz quiere, y está tácitamente obligada por su promesa electoral, llevar adelante una iniciativa de indiscutible esencia de izquierdas como es la reducción de la jornada laboral. Pero si no lo defiende, incumple esa promesa, y si la impulsa, la lectura mayoritaria de los medios (y por tanto, de buena parte del electorado) será que fue un fracaso de ella. Los números no suman.

Otra solución podría ser aceptar un proyecto descafeinado, con pocos beneficios y que no perjudique tanto al poderoso empresariado del sector de servicios y turismo. Es que en un país en el que la industria es solamente el 11% del PIB, la reducción de la jornada no es un sapo fácil de tragar para quienes basan su riqueza en la compra de la fuerza de trabajo por períodos de largas horas. Esto no es Suecia.

Tal vez hubiera hecho falta una narrativa de sinceridad y explicar que los escaños no alcanzar para mucho más. Varios legisladores de Sumar reclaman hace meses de ir a por las cosas del comer, de enfrentarse con el PSOE y mostrar la utilidad de haber sido votados. Pero ese deseo choca con la pared de Waterloo, al menos por ahora. El CIS tampoco da buenas noticias. El oxígeno para Sumar vendrá de la mano de la llamada regeneración democrática o quizás, no alcance para respirar.