Pobreza
Las comunidades autónomas gastaron un 13% menos en rentas mínimas de inserción en 2021

El número de beneficiarios de las Rentas Mínimas de Inserción (RMI) se redujo en 150.000 personas en 2021 con respecto a 2020. Solo el 7,1% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España (645.317 personas) se beneficia de estas RMI, según la Asociación Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Cañada 5 meses Bruno TheVenin - 8
Tres jóvenes caminan por la carretera principal del Sector VI de la Cañada Real durante el primer día de nevadas. No CC. Bruno Thevenin
2 ene 2023 06:00

El sistema autonómico de protección a las personas y familias en situación de exclusión social mediante las Rentas Mínimas de Inserción (RMI) se encuentra en un momento de retroceso y de muy distinta aplicación según cada comunidad, con reducción de las partidas presupuestarias dedicadas a estas ayudas y también del número de perceptores de las mismas.

La Asociación Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha hecho públicos los datos referidos a 2021, cuando el importe de estas rentas se redujo en 247 millones de euros con respecto al año anterior (un 13%). Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Aragón y Extremadura redujeron sus presupuestos en torno al 50% o más. No obstante, señala la nota de prensa, algunas destinaron este “ahorro” a programas de inclusión social o a otras políticas sociales, como Castilla y León y Madrid, mientras que en otras supuso sin más una reducción de su gasto social.

Castilla-La Mancha registró el mayor descenso porcentual del gasto en Rentas Mínimas de Inserción, con más de las dos terceras partes del mismo (66,7%)

Castilla-La Mancha registró el mayor descenso porcentual del gasto en Rentas Mínimas de Inserción, con más de las dos terceras partes del mismo (66,7%). Con las cifras en la mano, desde esta asociación apuntan que en Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Aragón y Extremadura, “las RMI están siendo sustituidas por el Ingreso Mínimo Vital (IMV)”. En otras autonomías —Comunitat Valenciana, Catalunya, Canarias—, sin embargo, estas ayudas se han reforzado como complemento del IMV, con incrementos presupuestarios que en algunos casos llegan a superar el 60% .

En cuanto a la evolución del número de perceptores de las RMI, las diferencias entre unas comunidades y otras también se ven reflejadas numéricamente. Allí donde se ha reducido el presupuesto, cae “significativamente” el número de personas beneficiarias, hasta en un 73% en Castilla-La Mancha, mientras que en la Comunitat Valenciana se ha incrementado en un 121%. Navarra y País Vasco destacan con elevados porcentajes de beneficiarios respecto a su población bajo el umbral de la pobreza (75,8% en Navarra y 55,8% en el País Vasco). Por el contrario, con un 0,6%, en Castilla-La Mancha se confirma la extinción de estas RMI.

La cuantía media por perceptor de las RMI en el conjunto de España supone el 15,9% de la renta media por hogar en nuestro país, una cantidad “extremadamente baja” según la Asociación Directoras y Gerentes de Servicios Sociales

La cuantía media por perceptor de las RMI en el conjunto de España supone el 15,9% de la renta media por hogar en nuestro país, una cantidad “extremadamente baja” según la Asociación Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, y que, además, se ha reducido más de un punto desde 2019, pasando del 17,1% al 15,9%.

Para este colectivo, los datos ponen de manifiesto que muchas comunidades “han desmantelado o están desmantelando su sistema de protección a las personas y familias en situaciones de exclusión social porque el IMV trata de aliviar situaciones de pobreza, aunque por su cuantía resulta a todas luces insuficiente”. También exigen que destinen el “ahorro” que ha supuesto la implantación del IMV a “reforzar sus programas de inclusión social”.


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Zer egin orain kalean lotan daudenekin? Nola aurre egin klase begirada politiko eraldatzaile batetik?
RamonA
2/1/2023 10:47

El “ahorro” de la RMI debe quedarse en políticas de protección social, ya ea complementando el IMV o invirtiéndolo en políticas de inclusión o en otros fines sociales de protección a lxs más vulnerables que los gobiernos autonómicos decidan. Prohibido desinvertir o ahorrar en políticas sociales con la que está cayendo.

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