Pobreza energética
Denuncian la tardanza con que el Gobierno aborda la prórroga del Escudo Social

La plataforma Aliança contra la Pobresa Energètica denuncia la reiterada tardanza del Gobierno en abordar la prórroga de las medidas que impiden el corte de suministros —electricidad, gas y agua— a las que se acogen 1,23 millones de personas. La plataforma indica que las medidas del llamado Escudo Social decaerán el 1 de julio y que se tratarán en la reunión del Consejo de Ministros, celebrada solo dos días antes, el próximo martes 28 de junio. Hasta ahora, se han prorrogado trimestralmente en el Consejo anterior al final del trimestre. Esta situación, añade la Aliança, genera incertidumbre en las familias afectadas. La plataforma solicita la prórroga de las medidas, así como una ampliación de los descuentos del bono social para evitar que se amplíe la deuda.

“El contexto actual no da tregua y a la situación de emergencia climática, que suele conllevar un mayor consumo eléctrico, se le deben sumar los altos precios de la electricidad en el mercado mayorista, de los que dependen la tarifa regulada, a la cual deben acudir todas aquellas familias vulnerabilidas que quieren acceder al bono social”, explica la plataforma. 

Ante la escalada del precio de la electricidad y del gas, la Aliança prevé que muchas familias que sufrieron el impacto de la pandemia, al que se ha sumado la especulación en el mercado energético y el impacto de la Guerra en Ucrania, no van a poder hacer frente a sus facturas y, otras muchas, van a seguir impagando. Por ello, solicita al Gobierno fórmulas para reducir la deuda de las familias a cero, que la moratoria vigente desde abril de 2020 siga garantizando los suministros y que amplíe los descuentos del bono social (del 25 al 60% y del 40 al 70%), “para que la deuda generada no sea mayor o para que no se produzcan impagos en el caso de las familias que sí pueden hacer frente a las facturas gracias a las rebajas del mecanismo”. La plataforma señala que la factura de la luz del usuario medio con la tarifa regulada y sin los descuentos del bono social alcanzó los 120.68 euros en mayo, un 47% por encima de los 82,13 euros de mayo de 2021, el sexto mes más alto de la historia.

La Aliança reclama aplicar el principio de precaución, que obligaría a las empresas suministradoras a consultar a los Servicios Sociales sobre la situación del hogar antes de cualquier corte y garantizar el suministro en situaciones de vulnerabilidad, incorporar el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, redefinir la figura del “consumidor vulnerable” —para que comprenda los tres suministros y establezca una tarifa social progresiva en función de los ingresos para los suministros de luz y gas y una mínima vital para el agua—, la asunción de los costes de la pobreza energética por parte de las empresas y que estas sufraguen las facturas impagadas por las familias vulnerabilizadas desde el inicio de la pandemia hasta implementar medidas definitivas. 

Desde Unidas Podemos abogan por ampliar el bono social para que hasta dos millones de personas queden cubiertas con medidas contra la pobreza energética

PSOE marca el ritmo

Por su parte, desde Unidas Podemos destacan que el PSOE marca el ritmo de cuándo se aprueban las prórrogas del Escudo Social —la última propuesta de UP era prorrogar hasta final de 2022, asumiendo en verano la prórroga de otoño—. Asimismo, la formación de Ione Belarra ha propuesto al Gobierno una normativa extra para el Plan de Respuesta al Impacto de la Guerra, que incluiría el principio de precaución, un protocolo para que las empresas consulten a Servicios Sociales antes de cortar los suministros  y, en caso de que se certifique la vulnerabilidad, la prohibición de cortar los tres suministros. 

Unidas Podemos considera también que el bono social debe ampliarse mediante la automatización de los trámites y el intercambio de información entre administraciones, regulando dicho principio de precaución. De este modo, las personas cubiertas por el bono social podrían alcanzar a dos millones. 

Este cambio en en la normativa, que incluiría a las personas protegidas en el Escudo Social que se creó con la pandemia y que se ha prorrogado desde entonces, incluye un bono de transporte que comportaría la reducción en todas las modalidades de abono de transporte urbano e interurbano hasta los 10 euros. Esta bajada de precio se sufragaría a través de la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un suplemento de crédito en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por un importe de 560 millones de euros, que financiaría un Fondo Extraordinario de Fomento al Transporte Público. 

En cuanto a los pensionistas, UP ha propuesto el aumento de las pensiones no contributivas con carácter inmediato, a la nómina de julio de 2022. “De este modo, las pensiones más bajas podrán hacer frente al incremento de precios que están sufriendo sin tener que esperar a final de año viendo una merma de su capacidad adquisitiva durante estos meses”, concreta la formación morada. Proponen un incremento de un 15% respecto a 2021 en la cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez del sistema de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva.